Argentina: Maurício Macri já mais milagres que o Papa Francisco

La Unidad 30 está ubicada en General Alvear y cuenta con múltiples instancias de seguridad y vigilancia.

• Un día de ironías y críticas
• “Es imposible sin connivencia”
• El ensayo de 2013

Triple fuga de la cárcel con un arma de juguete

Los prófugos son Víctor Schillaci y los hermanos Cristian y Martín Lanatta, quien en plena campaña electoral había vinculado a Aníbal Fernández con el crimen. La gobernación bonaerense removió a la cúpula penitenciaria y ofreció una recompensa.

María Eugenia Vidal experimentó ayer su primer tembladeral como gobernadora bonaerense. Tres condenados por el triple crimen de General Rodríguez se fugaron de la cárcel de máxima seguridad de General Alvear. Se trata de Víctor Schillaci, Cristian y Martín Lanatta. Este último fue quien acusó, pocos días antes de las elecciones primarias del 9 de agosto, al ex jefe de Gabinete Aníbal Fernández de ser el autor intelectual del asesinato. En ese entonces, Fernández era candidato a gobernador y competía con Vidal, quien centró buena parte de su campaña en aquella denuncia. Tras la fuga, la gobernadora bonaerense evitó responder a las insinuaciones del kirchnerismo de que hubo una evidente conexión entre la denuncia de campaña y el escape de los presos. Reaccionó con la remoción de la cúpula del Servicio Penitenciario bonaerense, inició una investigación interna y ofreció una recompensa de dos millones de pesos por información sobre los prófugos. “Que salgan como panchos por su casa de la cárcel es bastante extraño”, opinó la ministra de Seguridad nacional, Patricia Bullrich.

Los Lanatta y Schillaci se fugaron cerca de las 2.30 del domingo, del sector de sanidad de la cárcel de General Alvear. Los tres prófugos estaban cumpliendo su condena a prisión perpetua por el asesinato en 2008 en General Rodríguez de Sebastián Forza, Damián Ferrón y Leopoldo Bina, vinculado al tráfico de efedrina.

Según la versión oficial, los presos redujeron y maniataron a dos guardias y los ocultaron en uno de los baños. Luego transitaron los pasillos vestidos con ropa oscura –similar al uniforme de los penitenciarios– hasta que llegaron al exterior. Es decir que, literalmente, salieron caminando de la cárcel. Tanto el abogado de los prófugos como los de las víctimas hablaron de connivencia de las autoridades. Allí se subieron a un Fiat Uno de uno de los penitenciarios y avanzaron unos 200 metros hasta el puesto de guardia 1. En ese lugar, redujeron al custodio y lo amordazaron. Se lo llevaron en el auto hasta Villa Belgrano, un barrio que está a algunas cuadras del penal. Lo dejaron atado en el auto. Poco después consiguió pedirles ayuda a los vecinos.

Una cámara de seguridad captó su paso a las 2.45 por Belgrano y 9 de Julio. En esa imagen se observa una camioneta negra que dobla a gran velocidad hacia la Ruta 205. Los investigadores asumen que es el vehículo en el que continuaron la fuga.

En el auto que usaron para salir de la cárcel, la policía encontró una réplica de un arma de fuego (un arma de juguete realista), con la que los presos habrían amenazado a los guardias. La causa judicial que se abrió quedó en manos del fiscal Cristian Citterio, con intervención del juez de garantías de Azul, Federico Barberena.

Fuentes judiciales advirtieron sobre lo inverosímil de la información oficial respecto de la fuga. La Unidad 30, explicaron, posee tres sectores con nueve módulos, y en cada uno de ellos se dispone un “imaginaria de módulo” más otro en cada “pasillo de conexión”; además, todos esos “pasillos de conexión” conducen a un sector común asegurado por cuatro rejas custodiadas por más guardias. Así, quien intente fugarse debe reducir al guardia de su módulo y al del pasillo, atravesar esa fortaleza enrejada y neutralizar a los penitenciarios que la custodian. Finalmente, al salir se encontraría con una garita externa de control. La misma fuente precisó que, desde las 20, los presos están encerrados en sus celdas. Y concluyó: “Es imposible que tres tipos se escapen por el frente a las 2 de la mañana”.

Cúpula removida

En respuesta a la fuga, Vidal desplazó del cargo a la jefa del Servicio Penitenciario Bonaerense, Florencia Piermarini –quien había presentado su renuncia el miércoles 23 de diciembre, pero no se la aceptaron– y a la plana mayor, compuesta por el director general de Coordinación, inspector general Claudio Cardo; director general de Asistencia y Tratamiento, Carlos Russo; al director general de Seguridad, inspector general Marcelo Rotger; el director general de Instituto, inspector general Gabriel de Murtas, y al subdirector general de Recursos Humanos, Alberto Paez. También removió a los responsables de la Unidad 30 de General Alvear: el director, prefecto mayor Manuel Guevara, y al subdirector, prefecto Ariel Elichelibeti.

Según fuentes cercanas a la ex directora del SPB, ella había intentado renunciar apenas asumió Vidal, pero le pidieron unos días. Lo volvió a intentar el miércoles 23. Desde el gobierno bonaerense confirmaron que recibieron ese pedido, pero indicaron que no se le aceptó la renuncia y que le informaron que el SPB no podía quedar acéfalo. Conocida la fuga, Vidal resolvió cesantear a Piermarini. “Estaban a cargo los del gobierno anterior y estábamos en proceso de transición”, se desligó el ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo.

Vidal también inició una investigación interna. Como nuevo titular del SPB designó a Fernando Díaz, que era subjefe del Servicio Penitenciario Federal. Además, la gobernadora nombrará como nuevo subsecretario de Política Penitenciaria a Juan Baric, que reemplazará a César Albarracín. Según señalaron en un comunicado, ese funcionario sciolista “cesó en el cargo el 10 de diciembre pasado”.

Ritondo estuvo reunido ayer en Puente 12, en La Matanza, con la ministra de Seguridad nacional, Patricia Bullrich. Ambos evaluaron las alternativas de la búsqueda que llevan adelante diversas fuerzas federales, la AFI e Interpol. “No vamos a descansar hasta que regresen a donde la Justicia dictaminó que deben estar”, indicó Ritondo, quien firmó un decreto por el que ofreció el máximo dinero posible de recompensa por datos sobre el paradero de los prófugos: dos millones de pesos. También dispuso que los familiares de las víctimas de los condenados tengan custodia, al igual que uno de los abogados.

En el gobierno bonaerense se ocuparon de remarcar que la semana pasada enviaron al Congreso provincial un proyecto de ley que declara la emergencia penitenciaria por un año, lo que habilitaría al Ministerio de Seguridad a hacer compras y contrataciones con menores controles y convocar a personal de entre los retirados de la Policía bonaerense y entre los penitenciarios pasados a retiro.

Réplicas

Si ya de por sí la fuga de tres condenados de una cárcel de máxima seguridad garantizaba el escándalo, a eso se sumó que uno de ellos fue el protagonista de una de las denuncias más resonantes de la campaña para gobernador bonaerense. “El que dio la orden fue Aníbal Fernández”, sostuvo Martín Lanatta en un programa de televisión, cuando se refirió al asesinato por el que está condenado. Durante los seis años previos, el ahora prófugo había negado cualquier vinculación de Fernández con el caso. Tampoco aparecieron entrecruzamientos telefónicos ni otros elementos que le dieran, hasta ahora, solidez a esa denuncia.

Aníbal Fernández salió a hablar ayer: “Cuando pasó esto, lo poco que le pude contar a la sociedad argentina es que yo no sé quiénes son estas personas, que no tenía nada ver con ellos. Que cada uno saque sus propias conclusiones. Yo no voy a cambiar mi manera de vivir porque se hayan fugado estos personajes. No tengo nada que ver con eso”, indicó el ex jefe de Gabinete.

“Otra barbaridad más de Aníbal Fernández –reaccionó Ritondo ante una pregunta que le hicieron–. La causa de la efedrina no se la inventó nadie. Tiene que dar respuestas al juez”. “Hay ganas de ensuciar la cancha. Habría que ver qué declararon esas personas para ver a quiénes les convenía que no siguieran declarando”, insinuó el ministro de Seguridad bonaerense. “El narcotráfico manda mensajes todo el tiempo, pero a nosotros no nos van a amedrentar. Vamos a llegar hasta donde haya que llegar”, prometió la ministra de Seguridad nacional.

Desde el kirchnerismo, diferentes voces señalaron que, detrás de la increíble fuga de los detenidos, habría una “devolución de favores” del macrismo por la oportuna denuncia de campaña.

Página/12 :: El país :: Triple fuga de la cárcel con un arma de juguete

Aparición con vida

Por Horacio Verbitsky

La fuga de Martín Lanatta, Víctor Schillaci y Cristian Lanatta de una cárcel denominada de alta seguridad, en la que se había informado que tenían custodia permanente y eran monitoreados sin interrupciones desde un circuito cerrado de televisión es una de las noticias más inverosímiles aún en un país habituado a los actos de brujería. Los tres fueron condenados en 2012 por el asesinato cometido en 2008 contra los empresarios farmacéuticos Sebastián Forza, Damián Ferrón y Leopoldo Bina, cuyos cuerpos fueron hallados en General Rodríguez. Según el fallo judicial que los condenó a prisión perpetua, los sicarios los mataron para eliminarlos como competencia en el mercado mexicano ilegal de la efedrina.

Este año, durante la campaña electoral, Martín Lanatta dijo en el canal de televisión del Grupo Clarín que quien les dio la orden de ejecutarlos fue el ministro Aníbal Domingo Fernández. Luego el mismo Lanatta grabó un video con cámara oculta en el que se escenifica el ofrecimiento de una suma de dinero para que se retracte de aquella declaración. Hasta su abogado defensor, Roberto Casorla Valet, lo refutó. “Miente. Supongo que lo hace porque le habrán ofrecido algún beneficio. Martín Lanatta, según lo que dijo en el juicio y lo que siempre me contó a mí, no conoce a Aníbal Fernández. Buscó llegar a él, e incluso le mandó un mail, pero no lo consiguió, no lo vio jamás de acuerdo con lo que me contó”, le dijo a este diario.

Hasta hoy es incierto quien y con qué propósito autorizó el ingreso de las cámaras visibles e invisibles a la unidad penitenciaria, pero está fuera de discusión el efecto electoral de esa denuncia estridente y sin ninguna prueba que la sustentara. El eje de la campaña de Cambiemos fue la vinculación del candidato del FpV a la gobernación bonaerense con el comercio de drogas ilícitas. En forma insidiosa se preguntaba con quién dejaría los chicos si tuviera que salir, con Aníbal o María Eugenia. Este efecto fue potenciado por las exhortaciones en las iglesias de la provincia a no votar por el candidato oficialista. En las elecciones de octubre se produjo el corte de boleta más grande de la historia provincial, que llevó a la gobernación a Vidal. Esto, a su vez, provocó un deslizamiento de voluntades para la segunda vuelta de la elección presidencial y permitió el acceso a la presidencia por un exiguo margen de votos del candidato derrotado en la primera vuelta, el actual presidente Maurizio Macrì.

¿Cuál era el beneficio que según su abogado defensor le ofrecieron por ese servicio que resultó tan decisivo? La sospecha es inevitable una vez producida la fuga increíble. Lo sepan o no los prófugos, ahora su vida corre peligro. Su muerte, ya sea en un enfrentamiento con las fuerzas de seguridad que fueron lanzadas a perseguirlos o por cualquier otro medio que la imaginación aborigen pueda concebir, cerraría un círculo siniestro. Se sabe que los muertos no hablan. En su aparición con vida se juega la credibilidad de que puedan gozar los gobiernos de la Nación y de la Provincia de Buenos Aires.

Página/12 :: El país :: Aparición con vida

Ao invés de combater como Dilma, PSDB prefere chamar sua corrupção de "desorganizada"

E o PSDB, por seu capo di tutti i capi, pode dizer estas boçalidades impunemente porque tem de seu lado o escandalosamente lento e engavetador MPF. O MPF e parcela atrasada do Judiciário viraram cumplices seja pela engavetamento, seja legitimando práticas, como faz Gilmar Mendes e antes dele Geraldo Brindeiro.

Para azar deles, hoje não basta contar com o apoio da velha mídia, há que se contar também com a seletividade burra de midiotas. A estultice de anencefálicos atacando Dilma, sobre a qual não paira nenhuma acusação de corrupção, para assim livrar o lombo de um notório corrupto, desde os tempos de Collor, conhecido pelo apelido de Eduardo CUnha.

Há muito tenho notado que a campanha do MPF contra a corrupção é uma espécie diversionismo para eliminar a concorrência de seus próximos ideológicos. O estrabismo de suas atuações são por demais evidentes e a internet não para de revelar cada vez mais essa parceria que mantém o Brasil preso ao atraso. As Danusa Leão e os Luis Carlos Prates do MPF fazem das tripas coração para protegerem aquilo que o PSDB chama de choque de gestão e de meritocracia, que é simplesmente o privilégio que desde sempre gozam os que já nascem com privilégios. Outro exemplo neste mesmo sentido é aquele asilo de políticos velhos e velhacos que é o tCU. Afinal, o que diferencia Robson Marinho no TCE/SP de Augusto Nardes no tCU? A explicação pode ser dada com um exemplo: graças a seletividade de instituições como MPF/PF/PJ João Havelange, Ricardo Teixeira, J. Hawilla, José Maria Marin, Marco Polo del Nero e Eduardo CUnha circulam com desenvoltura e cheios de boça pelas altas esferas do Brasil, mas ou já estão presos no exterior ou se por lá circularem o serão. Por que um notório comprador de reeleição continua todos os dias ganhando espaço para deitar falação sobre honestidade?

“Desorganizada”, corrupção na Petrobras começou no primeiro mandato de FHC e rendeu frutos ao PSDB até 2010

publicado em 22 de dezembro de 2015 às 03:27

Da Redação

O acúmulo de informações sobre a Operação Lava Jato deixa claro: o Petrolão começou no governo do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso.

Diz ele que era, então, um esquema “desorganizado”. Ou seja, a corrupção do PSDB é mais “vadia” que a do PT/PMDB/PP/PSB e outros, parece sugerir o sociólogo.

É exatamente a mesma lógica utilizada para justificar como legais doações feitas pelas empreiteiras envolvidas na Lava Jato a Aécio Neves em 2014, quando aquelas que abasteceram os cofres de Dilma teriam sido “criminosas”.

“Mas, não tínhamos o que dar em troca, já que não controlávamos o Planalto”, argumentam os tucanos.

Porém, e os contratos fechados pelas mesmas empreiteiras com os governos paulistas de José Serra e Geraldo Alckmin, totalizando R$ 210 bilhões? E os fechados com os governos de Aécio Neves e Antonio Anastasia em Minas? Não poderia ter se dado aí o quid-pro-quo?

A lógica do PSDB, endossada pela mídia, deu certo no mensalão: embora os tucanos tenham amamentado Marcos Valério no berço, com dinheiro público de empresas estatais como Copasa (Companhia de Saneamento de Minas Gerais), Comig — hoje Codemig, Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais — e o extinto Bemge, o banco estadual mineiro, ninguém foi preso; o ex-presidente nacional do PSDB e senador Eduardo Azeredo foi condenado em primeira instância a 20 anos de prisão (leia íntegra da sentença aqui), depois de 17 anos! Dificilmente passará um dia na cadeia, já que em 2018 completa 70 anos.

Enquanto isso, o mensalão petista deu no que deu, apesar da controvérsia sobre se o dinheiro da Visanet, afinal, era ou não público.

Vejamos quais são os fatos que localizam o berço do Petrolão no quintal de FHC:

1. Delcídio do Amaral, ex-líder do governo Dilma no Senado, hoje preso, assinou ficha de filiação no PSDB em 1998 e foi diretor de Gás e Energia da Petrobrás em 2000 e 2001, no segundo mandato de FHC, quando conheceu Nelson Cerveró e Paulo Roberto Costa, que agora se tornaram delatores. Os negócios entre eles começaram então.

2. As usinas termelétricas construídas às pressas na época do apagão elétrico — o verdadeiro, não aquele que a Globo prevê desde o governo Lula –, durante o governo FHC, deram prejuízo à Petrobrás superior àquele atribuído à compra e venda da refinaria de Pasadena, no governo Dilma, segundo calculou a Folha de S. Paulo. Mas, vejam que interessante: a Folha apresenta o senador como sendo do PT quando, à época dos negócios denunciados, ele tinha ficha de filiação assinada no PSDB e servia ao governo FHC.

3. Delcídio é acusado de ter recebido R$ 10 milhões em propina da Alstom neste período. A Alstom foi operadora do trensalão tucano em São Paulo, que atravessou os governos Covas, Alckmin, Serra e Alckmin com uma velocidade superior àquela com que se constrói o metrô paulistano.

4. A Operação Sangue Negro, deflagrada pela Polícia Federal, refere-se a um esquema envolvendo a empresa holandesa SBM, que operou de 1998 a 2012, envolvendo pagamentos de U$ 46 milhões. Em 1998, registre-se, FHC foi reeleito para um segundo mandato.

5. Em delação premiada, o ex-gerente da Petrobras, Pedro Barusco, disse que coletou um total de R$ 100 milhões em propinas desde 1996. Portanto, desde a metade do primeiro mandato de Fernando Henrique Cardoso. Barusco, se contou a verdade, atuou no propinoduto durante seis longos anos sob governo tucano. Por que Lula e Dilma deveriam saber de tudo e FHC não?

6. Outro delator, Fernando Baiano, disse que seus negócios com a Petrobrás começaram em 2000, na metade do segundo mandato de FHC.

O curioso é que, em março de 2014, o PSDB acusou o PT, em nota no seu site, de ter tentado bloquear investigações sobre a Petrobrás.

Desde 2009, o PSDB no Senado solicita investigações sobre denúncias de irregularidades e na direção oposta, o esforço para aprovar a criação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) sobre a estatal petroleira foi derrubada pelo governo federal no mesmo ano. […] Em 15 de maio de 2009, o senador Alvaro Dias (PSDB-PR) protocolou um pedido de abertura da comissão, assinado por 32 colegas de diversos partidos, incluindo até mesmo alguns de legendas que apoiam o governo. O requerimento pedia a investigação a fraudes que já haviam sido motivo de trabalhos na Polícia Federal, Tribunal de Contas da União e Ministério Público federal.

Na justificativa, o tucano argumentou que havia indícios de fraudes em construção e reforma de plataformas de petróleo – em especial relacionadas a grandes superfaturamentos – e desvios de verbas de royalties da exploração do petróleo, sonegação de impostos, mal uso de verbas de patrocínio e fraudes em diversos acordos e pagamentos na Agência Nacional de Petróleo. No entanto, o governo operou internamente com sua base para engavetar o pedido de CPI. Mas o PSDB apresentou requerimentos relacionados à Petrobras, no esforço de buscar respostas às denúncias.

Porém, mais tarde soubemos que foi o ex-presidente do PSDB e ex-senador Sergio Guerra, já falecido, quem teria recebido R$ 10 milhões para enterrar a CPI, segundo o delator Paulo Roberto Costa.

No Estadão:

O ex-diretor de Abastecimento da Petrobrás Paulo Roberto Costa afirmou em sua delação premiada que o então presidente nacional do PSDB, senador Sérgio Guerra – morto em março deste ano –, o procurou e cobrou R$ 10 milhões para que a Comissão Parlamentar de Inquérito da Petrobrás, aberta em julho de 2009 no Senado, fosse encerrada. Segundo Costa, o tucano disse a ele que o dinheiro seria usado para a campanha de 2010. Aos investigadores da Operação Lava Jato, Costa afirmou que os R$ 10 milhões foram pagos em 2010 a Guerra. O pagamento teria ocorrido depois que a CPI da Petrobrás foi encerrada sem punições, em 18 de dezembro de 2009. O senador era um dos 11 membros da comissão – três integrantes eram da oposição e acusaram o governo de impedir as apurações.

A extorsão, segundo Costa, foi para abafar as descobertas de irregularidades nas obras da Refinaria Abreu e Lima, em Pernambuco – alvo do esquema que levou ao banco dos réus o ex-diretor da estatal e o doleiro Alberto Youssef. A obra era um dos sete alvos suspeitos na Petrobrás que justificaram a abertura da comissão, em julho. […] O ex-diretor declarou que o então presidente do PSDB estava acompanhado do deputado federal Eduardo da Fonte (PP-PE), a quem chamou em seu relato de “operador” […] O delator afirmou que Guerra relatou a ele que o dinheiro abasteceria as campanhas do PSDB em 2010. Naquele ano, o presidente do partido foi o coordenador oficial da campanha presidencial do candidato José Serra. Integrantes da campanha informaram que o ex-senador não fez parte do comitê financeiro.

Vejam vocês que os tucanos denunciados são graúdos: dois senadores e ex-presidentes do partido, Eduardo Azeredo e Sergio Guerra. Não é, portanto, coisa da arraia miúda do PSDB.

No caso de Guerra, supostamente atuou com um operador de outro partido, demonstrando que o Petrolão obedecia a linhas partidárias tanto quanto aquela famosa foto de Delcídio (PT) com Romário (PSB), Eduardo Paes, Pedro Paulo e Ricardo Ferraço (PMDB) celebrando uma “aliança partidária”.

Nosso ponto é que o mensalão, assim como o trensalão e o petrolão, são suprapartidários e expressam a destruição do sistema político brasileiro pelo financiamento privado, aquele que transformou o presidente da Câmara Eduardo Cunha num traficante de emendas parlamentares escritas pela OAS e apresentadas por gente como Sandro Mabel (PMDB) e Francisco Dornelles (PP).

Se é certo que o PT hoje age igualzinho a todos os outros partidos, também o é que o PSDB não paira ao lado do DEM no panteão da moralidade, né Agripino?

As informações acima não diminuem ou pretendem diminuir a responsabilidade de integrantes do PT e de todos os outros partidos envolvidos no Petrolão: PMDB, PP, PSB e outros.

Porém, servem para demonstrar que o Petrolão floresceu num período em que, tendo a oportunidade de fazê-lo, o PSDB não fortaleceu as instituições que poderiam desmontá-lo no nascedouro. Pelo contrário, os dois mandatos de FHC ficaram famosos pela atuação do engavetador-geral da República. O presidente se ocupava de coisas mais importantes, como vender por U$ 3 bilhões uma empresa que valia U$ 100 bi, noutro escândalo, aquele sim, jamais investigado.

Leia também:

Rogério Correia: Candidatos que receberam de Azeredo foram excluídos do processo. Inclusive Aécio

Esquema de quase R$ 40 milhões, Lista de Furnas ficou impune

"Desorganizada", corrupção na Petrobras começou no primeiro mandato de FHC e rendeu frutos ao PSDB até 2010 – Viomundo – O que você não vê na mídia

Estatuetas para os delatores: penar em casa e com a grana roubada segura no banco

Como bem diz o mais lúcido dos colunistas políticos brasileiro, Janio de Freitas, pelo menos para os delatores o crime compensa. A lição que fica seria a de “corrompa”. Se for pego, delate. O produto fica com o delator e a punição com o delatado. Se não, mas uma justiça saci, cega para uns mas de olho aberto em relação ao produto do roubo.

O PP gaúcho, um dos tentáculos administrados pela famiglia Dornelles, que mesmo sem exame de DNA sabe-se que está ligada a Aécio Neves, esteve ao lado do Napoleão das Alterosas. Talvez isso explique porque ainda não foi denunciado.

JANIO DE FREITAS

Menos uma frase

Na Lava Jato, difundiram-se os valores da propina, mas os procedimentos da corrupção foram silenciados

O prêmio, convenhamos, é graúdo mesmo. Paulo Roberto Costa, por exemplo, cara, alma e cofre de gatuno, porta-bandeira da corrupção na Petrobras, fica em prisão doméstica até outubro e, a partir de então, só aos sábados e domingos. Caso sobrevenham outras condenações, está assegurado que não levem à prisão. No lado corruptor, Dalton Avancini, ex-presidente da empreiteira Camargo Corrêa, fica em casa por uns três anos. Paga por ambos a multa correspondente ao valor que atribuíram às ordinarices em comum, a dinheirama que lhes reste estará em condições perfeitas de legalidade e gozo para o resto da vida.

Pelo visto, as delações bem premiadas só não minimizam uma condenação, não explicitada nas sentenças. Nenhum dos premiados poderá dizer, jamais, uma frase: "O crime não compensa".

Uma peculiaridade, em particular, distingue a chegada da Lava Jato à fase das sentenças e a mesma etapa nos processos criminais em geral. Nestes, ou a opinião pública tem conhecimento suficiente dos fatos geradores do julgamento, ou pode tê-los nos fundamentos da própria sentença. Com o hipotético segredo de Justiça da Lava Jato, foi difundido um amplo sistema de valores pagos e recebidos –nem sempre verdadeiros, por fraude informativa de procuradores ou policiais federais. Mas a revelação, até pedagógica, de procedimentos da corrupção ficou silenciada. Se é que a Lava Jato se interessou por essa parte, do que não há sequer sinal.

Os aditivos de preço e suas pretensas justificativas, as alterações de projeto com a obra já em andamento, os efeitos da elaboração do projeto pela empreiteira –essas vias de assalto aos cofres e de corrupção administrativa são corriqueiras nas relações entre empreiteiras e o poder público. Os corruptos da Petrobras desenvolveram muitos métodos próprios, e não se sabe quantos já irradiados para outros setores de obras e compras. O país nada ficou sabendo a respeito, logo, nada aprendeu sobre esses canais de elevação das obras públicas brasileiras entre os mais altos custos do mundo. O Metrô de São Paulo, parece coisa já esquecida, a certa altura custou por quilômetro mais de três vezes o que custava, nos mesmos dias, a ampliação do metrô em Paris.

A VOZ DO PASMO

A falta total de manifestações ao menos amigáveis a Eduardo Cunha é o aspecto político mais importante do seu rompimento formal com o governo e dos ataques ao procurador-geral Rodrigo Janot. Em reação ao gol de Ghiggia, ouviu-se a voz do pasmo: o oceânico e sussurrado "ooooh" multitudinário. E nada mais, nenhum brado de raiva, nem de desespero, o Brasil ainda sairia campeão. Ainda há muitas testemunhas daquele Brasil tão diferente do atual.

Do seu lado, Cunha não viu surgir nem alguma coisa abafada como a voz do pasmo. Toda a repercussão, grande, sim, foi no sentido de tirar importância ao que disse, de isolá-lo, exposto na sua personalidade temerária.

Talvez por isso, Cunha deu um passo atrás na agressividade ao comunicar o rompimento: vai se conduzir na presidência da Câmara "da mesma forma que venho [lá ele] me conduzindo (…), com harmonia com os demais Poderes". Harmonia.

Alguma coisa parecida com harmonia é o que parece, agora, menos distante dos planos de Michel Temer para o PMDB e o governo, como um presente inesperado de Cunha.

EM TEMPO

O juiz Sergio Moro deu resposta satisfatória a Cunha, que o acusou de conduzir, em vez de mandar ao Supremo Tribunal Federal, o processo em que foi acusado da extorsão de US$ 5 milhões: "Não cabe ao juízo silenciar testemunhas ou acusados na condução do processo".

Não foram impróprias, portanto, as críticas ao corte abrupto de depoimentos que o juiz Moro fez, nas primeiras fases da Lava Jato, quando o depoente citava um político. Ficava o nome, mas o depoente era impedido de chegar ao fato que o lembrava.

Crime premeditado: cacetada pode; pedalada, não!

Quem é o sujeito de “Geha foi repreendido e destituído do comando da ação”? Lula, claro, ou a Dilma. Se não foi nenhum destes, certamente foi alguém do PT, diria Fernando Francischini, Beto Richa, Aécio Neves, Álvaro Dias, FHC, José Serra, Geraldo Alckmin ou a Folha. Claro, e onde mais isto poderia estar acontecendo senão no Estado onde os sociopatas estão na vitrine?!

Como foi premeditado no seio do partido queridinho da mídia, Poder Judiciário, Polícia Federal e Ministério Público, o jornal porta-voz da bandidagem tucana também se encarrega de construir, no meio da reportagem, a justificativa: “A lei gerou uma economia bilionária ao governo, que enfrenta uma crise financeira.” Quer dizer dar pedaladas fiscais é crime, se feitas pela Dilma, mas se forem pauladas nos professores, pelo PSDB, pode? Esse é o sentido da frase da Folha. A voz passiva empregada é a sentença de absolvição de quem exonerou o comandante: “Na terça, porém, após conduzir negociação para aproximar o carro de som dos manifestantes da Assembleia, Geha foi repreendido e destituído do comando da ação.” Embora o tCU ainda sequer tenha se manifestado, todo dia a velha mídia insiste em dizer que Dilma deu uma pedala fiscal. Criam na cabeça das pessoas aquilo que os a$$oCIAdos do Instituto Millenium querem usar de subterfúgio lacerdista para cassar o poder, e quiçá o mandato, e colocar no lugar o toxicômano das alterosas. Aquele que acha que a Presidência lhe pertence por direito divino.

Lei Rubens Ricúpero 

O que me deixa indignado em relação ao comportamento de nossa velha mídia é este tergiversionismo quanto envolve violência de seus parceiros ideológicos. E é um comportamento que vem desde sempre, a começar pelo Massacre de Eldorado dos Carajás…

Fosse um governo de esquerda, no título já estaria a criminalização do partido e o nome de quem os coxinhas precisariam linchar. Para o PSDB, continua a aplicação da lei perpetrada nos estúdios da Rede Globo, entre Carlos Monforte e Rubens Ricúpero: “o que é bom a gente mostra, o que é ruim a gente esconde”.

Estou convencido que os bandidos mais perigosos não são os entregadores de pó, como Fernandinho Beira-Mar. Estes só entregam aos celerados que consomem. Quem, além de consumir o produto do Beira-Mar endossa crimes e incentiva golpe, criminaliza inocentes e alcovita bandidos é criminoso infinitamente mais perigoso. Afinal, o que é pior, entregar cocaína ao Casagrande ou insuflar golpe de Estado? Até porque Casagrande se limpou, mas seus patrões, não. Continuam fazendo editorial clamando por golpe de Estado.

Como no caso do helipóptero, que, num passe de mágica, virou pó no noticiário, as barbaridades do PSDB em direção ao golpe, inclusive o massacre de professores, são todas perdoadas. É por isso que um Napoleão de hospício, como Aécio Neves, como um alucinado pela síndrome de abstinência, perpetra os mais absurdos atropelos éticos, linguísticos e institucionais e, como se fosse um inimputável, nada lhe é cobrado, como se o aloprado das alterosas não fosse um ex-candidato à Presidência e Presidente do PSDB.

Ou o Brasil acaba com as bestas golpistas encasteladas nos grupos mafiomidiáticos, ou eles ainda vão reimplantar outra ditabranda, digo, ditadura.

Coronel alertou sobre ‘abuso’ antes de ação policial no Paraná

Geha foi afastado no dia anterior ao confronto com professores

ESTELITA HASS CARAZZAIDE CURITIBA

Comandante inicial da operação que deixou quase 200 feridos num protesto contra o governo Beto Richa (PSDB), o coronel da Polícia Militar do Paraná Chehade Elias Geha alertou os superiores sobre o "flagrante abuso de autoridade" da ação e acabou afastado um dia antes do confronto, em abril.

Geha depôs ao Ministério Público do Estado sobre o episódio, no qual manifestantes, a maioria professores, foram alvos de balas de borracha.

Ele era um dos militares a cargo da operação, que pretendia impedir a invasão da Assembleia e permitir a votação do projeto que alterou a previdência dos servidores. A lei gerou uma economia bilionária ao governo, que enfrenta uma crise financeira.

Em mensagem de celular ao então subcomandante-geral da PM, Geha disse que impedir o acesso aos arredores do prédio criaria "um grave problema" para "a imagem do Estado, governo, PM e da segurança da Assembleia".

"Não vejo como impedir o acesso de pessoas, caminhão de som, montagem de barracas. Nossa missão é garantir que a Assembleia não seja invadida e, caso ocorra, reintegrar a mesma. Outras providências caracterizam abuso de autoridade", escreveu ele.

O plano das autoridades era impedir a circulação e manifestação de pessoas no entorno da Assembleia. O governo queria "blindar" o prédio, invadido no início do ano por manifestantes.

Geha se opôs ao plano. "Gostaria que reestudassem o que planejaram anteriormente", escreveu no domingo, a três dias da operação.

Na segunda, Geha se reuniu com o então secretário de Segurança, Fernando Francischini, e com o comando da polícia e fez novos alertas.

Na terça, porém, após conduzir negociação para aproximar o carro de som dos manifestantes da Assembleia, Geha foi repreendido e destituído do comando da ação.

Segundo a Promotoria, a "abrupta e temerária" mudança no comando mostra que as autoridades estavam dispostas "a utilizar seu poderio militar para impedir qualquer manifestação democrática".

Na semana passada, o órgão ingressou com ação de improbidade contra Richa, Francischini e quatro comandantes da operação, por violarem o direito à reunião e à livre manifestação.

OUTRO LADO

A PM informou que não iria comentar a troca de comando, pois investiga a operação num inquérito próprio, que deve ser concluído até o final do mês. Richa refuta as acusações. Geha não quis dar entrevista.

Entenda porque é do Paraná que saem os ataques a Lula e ao PT

A proximidade com o Paraguai fez do Paraná, por osmose e identidade política, um laboratório de tentativas golpistas. Álvaro Dias, Fernando Francischini, Beto Richa são da terra que acolheu o exílio do ditador Alfredo Stroessner. O abrigo ao ditador rendeu lições que agora estão sendo postas em prática. E não estou falando no massacre dos professores. Aliás, a violência contra professores é bem vendida pela Veja, quando publica que precisamos de “menos escolas, mais prisões”. Enquanto não entendermos a linha de montagem entre os pregadores ideológicos da Veja e as práticas de seus parceiros na política jamais conseguiremos nos desvencilhar dos fascistas incrustados nas instituições públicas como se está vendo no Paraná.

O grupo Língua de Trapo canta que pela Ponte da Amizade tudo pode, “PÓde cocaína, Póde Guaraná”. O golpe paraguaio no Fernando Lugo foi mais rápido que emissão de multa de trânsito. É mais fácil derrubar um presidente no Paraguai do que o Aécio Neves fazer o teste do bafômetro no Brasil.

Como diria o Jorge Pozzobom, o PSDB goza de imunidade judiciária. Tudo PÓde. Diante da máquina montada para derrotar o PT, vê-se que no Paraná não é apenas a incubadora de vícios paraguaios, mas também de locupletamento com toda sorte de crimes. Como não há nenhum movimento nos governos Lula e Dilma para impedir investigações, o PSDB resolveu instrumentalizar seus simpatizantes nas instituições públicas para desencadear toda sorte de acusações daquilo que põe em prática. É o velho ditado latino ("Acometter, pera vencer") em ação: “a melhor defesa é o ataque”. Enquanto vende, em parceria com os mesmos grupos que deram sustentação à privataria e  à ditadura, que o PT, Lula e Dilma são os problemas do Brasil, no Paraná montam esquema de exploração sexual, de ataque aos professores, e de apropriação das receitas fazendárias. Por aí se entende porque é do Paraná que partem toda sorte de acusações. O laboratório made in Paraguai é apenas uma tática diversionista. Enquanto atacam, o PSDB e seus agentes praticam exatamente o que acusam adversários.

E se tudo isso acontece sem que haja qualquer tipo de reação da sociedade é  porque essa mesma sociedade prefere um narcotraficante da Presidência da República do que qualquer pessoa ligada ao PT. Para a direita brasileira, pode ser ditador, bêbado, toxicômano, ladrão, bandido, só não pode ser do PT. Pode ser Fernandinho Beira-Mar, Aécio Neves, Silas Malafaia, Marco Feliciano ou FHC que não faz a menor diferença. Só não pode ser Lula.

Primo de Richa é filiado ao PSDB de Londrina

Empresário Luiz Abi Antoun se entregou na noite desta quinta-feira (11) na sede do Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado), após mandado de prisão por suspeita de corrupção; além de ser primo, ex-assessor parlamentar e amigo do governador do Paraná Beto Richa, ele é filiado ao PSDB de Londrina

12 de Junho de 2015 às 07:43

247 – O empresário Luiz Abi Antoun, primo do governador do Paraná, Beto Richa (PSDB), suspeito de corrução, se entregou na noite desta quinta-feira (11) na sede do Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado), em Londrina (PR).

Além de ser primo, ex-assessor parlamentar e amigo de Richa, ele é filiado ao PSDB de Londrina. Sua prisão foi decretada na quarta-feira (10) e ele era considerado foragido até então.

A operação do Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime, vinculado ao Ministério Público) apura a existência de um esquema organizado que cobra propina de empresários do Paraná. Auditores exigiam dinheiro de empresários para abater ou anular dívidas.

Abi Antoun é considerado um dos mais influentes e importantes membros da organização criminosa, segundo denúncia dos promotores. "É evidente que Luiz Abi Antoun atua não apenas como ascendência sobre os maiores escalões da Receita, mas também com toda sua influência política no governo estadual", segundo trecho da denúncia do Gaeco.

O documento traz foto de Richa ao lado de Abi Antoun e de Márcio de Albuquerque Lima, companheiro de corridas do governador e ex-inspetor geral de fiscalização da receita. Lima foi preso na quarta-feira. A denúncia também aponta que dinheiro da propina recolhida dos empresários abasteceu a campanha de reeleição de Richa, em 2014. O PSDB e o governador tucano negam a denúncia.

Primo de Richa é filiado ao PSDB de Londrina | Brasil 24/7

No Brasil, HSBC rima com FHC

OBScena: Gerdau & Sirotsky, rindo de quem paga imposto?!

O que liga a Operação Zelotes aos narcos mexicanos? O crime de sonegação e lavagem de dinheiro via HSBC. O sistema de lavagem de dinheiro começou a ser desmontado pelos EUA quando suspeitaram que a lavagem financiava o terrorismo internacional. Sim, finanCIA o terrorismo. É com a falta de deste dinheiro que muito serviços sociais, essenciais, são sonegados aos que dele necessitam. Os mesmos que condenam o Bolsa Família usaram o HSBC para lavar dinheiro mal havido. Lá está um tal de Márcio Fortes, homem forte das campanhas e tesoureiro do PSDB. E por aí se explica o silêncio obsequioso que a velha mídia golpista dedica ao assunto. Só tem gente de Benz, aqueles que dizem pagar impostos. São os mesmos impostores que criaram o impostômetro. São, sim, sonegadores!

Quem foi que trouxe o HSBC? Quem foi que se fez de camelô e entregou nossas maiores empresas aos sistema financeiro internacional senão o exterminador do futuro, FHC. É dele a privataria tucana que entregou de mão beijada a Vale do Rio Doce. Com a concessão por 20 anos de três aeroportos Dilma arrecadou mais que FHC pela entrega da Vale. A diferença que cumprido o prazo, os aeroportos voltam às mãos do poder público. Como no soneto do Raimundo Correia, As Pombas, a Vale ao Governo Federal não volta mais. É por isso que se diz que não há legado da era FHC que se use tijolos e cimento. Igual aos seus pares latinos, Fujimori e Menem, FHC foi apenas um camelô do patrimônio alheio. Diferente deles, é que no Brasil, como assegura o deputado gaúcho do PSDB, Jorge Pozzobom, o PSDB tem licença e impunidade para roubar. Fujimori e Menem estão presos, FHC está solto como estão todos os larápios que não sejam do PT. A Operação Zelotes, assim como a Lista Falciani do HSBC, estão aí para provar que nosso impoluto Ministério Público só tem olhos para criminalizar o PT. Não porque sejam contra a corrupção, como já demonstrou Rodrigo De Grandis, mas porque não querem concorrência na corrupção.

Quando irão invadir os escritórios da GERDAU e da RBS para apreenderem papéis que comprovam a sonegação bilionária? Será que se Gerdau e os Sirotsky fossem petistas já não estariam presos à espera de uma delação premiada. Que me perdoem os estrábicos, mas não encontro outra figura de linguagem para explicar a diferença de comportamento de nossas polícias, ministério público e judiciário.

Todo mundo sabe há muito tempo que a Suíça lava mais banco. É para lá que todo sonegador brasileiro encaminha o dinheiro sonegado à construção de hospitais e escolas públicas.

Ao invés da maioridade penal, haveria de ter a sênior penal, para evitar que os crimes praticados pela direita amiga dos velhos coronéis eletrônicos os tornem inimputáveis quando completam 70 anos. Ao invés de descer aos 16, suba aos 100 anos. Não deve haver limite máximo de idade para bandido! É um escárnio, como denunciou a própria Folha de São Paulo em editorial, que os criminosos do PSDB fiquem impunes porque a Justiça só é rápida para os quatro pês: pobre, preto, puta e petista. Quando envolve RBS, Bradesco, Rede Globo, Gerdau, Márcio Fortes e tutti quanti, não há pressa nem delação premiada. É silêncio, e não se fala mais nisso.

Clima de apreensão nos bastidores da Operação Zelotes

Rrevista dedicou a capa da edição de 10 de abril à operação, que segue na pauta | Reprodução JÁ

Elmar Bones

A matéria mais completa publicada até agora sobre a “Operação Zelotes”  está na Carta Capital desta semana, assinada por Fábio Serapião. A revista dedicou ainda a capa da edição do dia 10 de abril ao assunto.

Além de detalhar a operação (em que consiste, quais são os envolvidos e como se operavam as fraudes) o autor registra o temor dos delegados que conduzem o processo: pelo poderio e a influência dos envolvidos, eles temem pela continuidade das investigações.

Diz ele:

“Enquanto os documentos amealhados nas buscas e as transações financeiras das outras empresas ligadas aos integrantes do esquema são analisados, nos bastidores da Zelotes o clima é de apreensão. Com o retrospecto negativo na relação com o juiz Ricardo Leite, os investigadores duvidam que novas diligências e quebras de sigilo sejam autorizadas. Cientes do poder financeiro e político dos envolvidos, a frase mais repetida entre as autoridades é: “Precisamos de um Sergio Moro em Brasília”.”

Eis a integra:

A OPERAÇÃO ZELOTES CAMINHA COM DIFICULDADES

por Fabio Serapião

A dimensão da Zelotes estarrece: o valor investigado soma o dobro daquele até o momento apurado na Operação Lava Jato. E, mais ainda, fere a consciência dos cidadãos honestos a constatação de como a corrupção faz parte do estilo de vida dos poderosos do Brasil. Está sobretudo neste poder a dificuldade de uma investigação profunda e independente. Ao comparar Zelotes com Lava Jato, em primeiro lugar, na análise dos comportamentos das autoridades judiciárias atuantes nos procedimentos, verifica-se de imediato a inexorável discrepância política entre graúdos sonegadores e funcionários petistas destinatários do propinoduto da Petrobras.

Última instância à qual o contribuinte brasileiro pode recorrer para reverter dívidas com a Receita Federal, o Carf  acumula, atualmente, cerca de 105 mil processos cujo valor ultrapassa 520 bilhões de reais. Até então esquecido dentro da estrutura do Ministério da Fazenda, o órgão ganhou o noticiário após a Polícia Federal desarticular um esquema responsável por negociar votos de seus conselheiros e fraudar votações que causaram um prejuízo estimado em 6 bilhões de reais. São 74 processos investigados no valor de 19 bilhões de reais em dívidas de bancos, montadoras de automóveis, siderúrgicas e inúmeros grandes devedores que apostavam na corrupção de agentes públicos para burlar o pagamento de impostos. Na opinião dos investigadores da PF, trata-se da maior fraude tributária descoberta no Brasil.

Com números tão expressivos e nomes acostumados a frequentar as mais badaladas listas de grandes empresas, a Operação Zelotes acumula muitos dos requisitos necessários a uma investigação de futuro incerto. Ciente desse cenário nada favorável, a PF, desde o recebimento da denúncia anônima que deu origem ao inquérito, toma todos os cuidados para evitar um desfecho sem punições. Para desviar do caminho de operações como a Castelo de Areia, aniquilada pelo fato de ter começado com uma denúncia não identificada, os investigadores realizaram uma série de diligências preliminares que resultaram em um acervo probatório capaz de tirar o sono de grandes empresários cujas dívidas fiscais foram abatidas pelo Carf entre 2005 e 2015.

Os recursos de dívidas tributárias funcionam da seguinte maneira. O processo administrativo fiscal, o PAF, começa com o auto de infração pela delegacia da Receita de cada estado. Caso o contribuinte reclame, o procedimento segue para a Delegacia da Receita Federal de Julgamento, a DRJ, considerada a primeira instância. Posteriormente, os recursos seguem para o Carf, onde passam primeiro pelas turmas ordinárias e especiais e, caso prossiga o impasse, são decididos no pleno da Câmara Superior de Recursos Fiscais. O órgão é composto de 216 conselheiros, dos quais 108 indicados pela RF e 108 pelos contribuintes. Eles não recebem remuneração e na prática as indicações são todas políticas. “O que vimos e foi demonstrado é que muitos conselheiros agem em benefício de causa própria, utilizando o órgão como um meio de obter acesso fácil a clientes e causas importantes, utilizando-se das facilidades de acesso a sistemas e outros servidores e conselheiros, tudo em prol do seu interesse particular de enriquecimento em detrimento dos cofres da União, fazendo do Carf um lucrativo balcão de negócios”, descreveu o delegado federal Marlon Oliveira Cajado dos Santos no pedido de busca e apreensão contra os integrantes da organização criminosa.

Foi ao solicitar as prisões, em janeiro deste ano, que os investigadores tiveram certeza das dificuldades a serem enfrentadas. O juiz Ricardo Leite, da 10ª Vara Criminal de Brasília, única especializada em lavagem de dinheiro na capital, negou todos os pedidos de prisão contra integrantes do esquema. Mas antes, ainda em 2014, os investigadores perceberam que algo estranho ocorria. Após as diligências preliminares confirmarem a denúncia anônima, a PF solicitou a quebra de sigilo fiscal das empresas e pessoas apontadas como integrantes do esquema. Os arquivos com as informações bancárias revelaram aproximadamente 163 mil transações financeiras entre as empresas e pessoas investigadas. A soma alcançou a cifra de 1,3 bilhão de reais. Com esses números, ficou evidente para os delegados a necessidade de interceptações telefônicas a fim de descobrir qual era o modus operandi do grupo e quem eram seus clientes finais. Nesse primeiro momento, estavam na mira dos federais dois núcleos de empresas de fachada intermediadoras do pagamento de propina.

O primeiro deles era comandado pelo ex-conselheiro José Ricardo da Silva. Filho do também ex-conselheiro Eivany Antonio da Silva, investigado no passado em esquemas de fraudes tributárias parecidas com os que são alvos da Zelotes. Silva, diz a PF, “esteve envolvido em associação criminosa com João Batista Grucinki, o ex-conselheiro Edison Pereira Rodrigues, Adriana Oliveira e o conselheiro Paulo Roberto Cortez”. Para os investigadores, as interceptações telefônicas e telemáticas comprovaram que José Ricardo da Silva, quando conselheiro, foi corrompido para atuar em processos da Gerdau de 1,2 bilhão de reais. Embora tenha atuado diretamente em votações, a PF descobriu que Silva, após deixar o Carf, passou a utilizar ao menos oito empresas de fachada para receber vultosas quantias de partes integrantes de processos na Receita Federal.

Por conta da extensa quantidade de informações colhidas com a quebra do sigilo das empresas de Silva, a PF conseguiu, na primeira fase da Zelotes, apenas mapear e analisar as transações da SGR Consultoria Empresarial. Entre 2005 e 2013, a empresa movimentou cerca de 115 milhões de reais. Ao mapear as 909 transações financeiras, a PF descobriu que a origem dos valores são empresas com processos pendentes no Carf. Com 11,9 milhões em depósitos, a RBS, afiliada da Globo no Rio Grande do Sul, lidera o ranking de empresas que mais depositaram nas contas da SGR. Diz a PF sobre a relação das duas empresas. “A empresa RBS foi citada como tendo sido beneficiada com a venda de decisão favorável pelo esquema do Carf. Em que pese ainda não tenhamos prova cabal da corrupção, o fato de José Ricardo se declarar impedido no julgamento somado com as transferências de dinheiro para as contas da SGR acaba dando provas de que ele defendia o interesse privado da RBS.” A empresa discutia uma dívida de 672 milhões de reais no órgão.

Três bancos também foram responsáveis por depósitos nas contas da SGR. O Brascan depositou 2,7 milhões de reais em 22 de setembro de 2011. O banco possui ao menos três processos no Carf. Em um deles, Silva participou de um dos julgamentos mesmo com sua empresa mantendo vínculo com o Brascan. Envolvido em um escândalo mundial de lavagem de dinheiro, o HSBC figura na lista como depositário de 1,5 milhão de reais efetuado em 2005. Dois processos em desfavor do banco foram encontrados no Carf. O julgamento dos recursos, segundo a PF, coincide com os depósitos. O terceiro banco que manteve relações com a SGR foi o Opportunity. Por meio de sua gestora de recursos, segundo a PF, o banco de Daniel Dantes depositou, em 2009, 177 mil reais nas contas da empresa. Foram encontrados 18 processos no Carf relacionados ao grupo alvo da Operação Satiagraha.

Outras empresas que depositaram nas contas da SGR são: a Marcondes e Mautoni Emprrendimentos, com 4,7 milhões, Via Engenharia (1,8 milhão), GRV Solutions (1,1 milhão), Tov Corretora (566 mil), Suzano Celulose (469 mil), Votorantim (469 mil), Werebe Associados (422 mil), Incobrasa (405 mil), Electrolux (387 mil), Qualy Marcas (305 mil), Caenge SA (300 mil), Avipal (292 mil), Merck SA (257 mil), Hotéis Royal Palm (217 mil), Gestão Planejamento (128 mil), Vinicio Kalid Advocacia (222 mil) e Lemos Associados (117 mil). Por sua vez, a PF registrou um depósito de 12 mil reais da empresa de Silva para Silas Rondeau. Ex-ministro das Minas e Energia, entre 2005 e 2007, Rondeau ocupou cadeiras nos conselhos da Eletrobras, Petrobras e Eletronorte.

Embora inicialmente Silva fosse o alvo principal, com o andamento da investigação um segundo grupo foi descoberto. O núcleo era formado por Jorge Victor Rodrigues, tendo como parceiros o assessor de Otacilio Cartaxo, atual presidente do Carf, Lutero Nascimento, o genro de Cartaxo, Leonardo Manzan, o chefe da delegacia da Receita em São Paulo, Eduardo Cerqueira Leite, e o ex-auditor do Tesouro Jeferson Salazar. Sócio da SBS Consultoria Empresarial, o conselheiro Jorge Victor foi flagrado nos grampos telefônicos ao negociar o pagamento de propina em vários casos envolvendo recursos bilionários no Carf. Em um deles, uma dívida 3,3 bilhões de reais do Banco Santander, o conselheiro aparece em conversas com Lutero Nascimento, assessor de Cartaxo, nas quais eles tratam os detalhes do plano para cooptar o conselheiro Jorge Celso Freire da Silva.

Entre setembro e outubro de 2014, as coversas entre os dois, segundo a PF, demonstram que o plano teve êxito e contou com a participação de Manzan, genro de Cartaxo. De acordo com o levantamento feito pelos investigadores, o processo em questão era relativo à compra do Banespa pelo banco espanhol e a comissão para o grupo conseguir barrar a cobrança ficaria entre 1% e 1,5% do valor da dívida abatida. Diz o relatório da investigação sobre o caso Santander: “Entendemos restar demonstrado que o grupo corrompeu o Presidente da Turma Jorge Celso Freire da Silva para fazer o exame de admissibilidade e colocar em pauta, tendo este cobrado 500 mil reais”.

Enquanto acompanhavam o desenrolar das negociações envolvendo o Santander, os agentes federais perceberam que Jorge Victor também atuava em outros casos milionários. Em um deles, sobre um processo do Banco Safra de 767 milhões de reais, foi possível detalhar a ação do grupo e a participação de João Inácio Puga, integrante do Conselho de Administração do banco. Para este caso, diz a PF, foi acordado um pagamento de 28 milhões de reais para o grupo de Jorge Victor “a fim de que fossem distribuídos entre o pessoal de São Paulo, Jorge Victor e conselheiros para a agilização dos processos dentro do Carf”. Outros 2,5 milhões de reais foram solicitados em forma de adiantamento a “pretexto de localizar e cooptar a pessoa certa para a manipulação”. Com o objetivo de comprovar as negociações, a Polícia Federal acompanhou o encontro agendado por telefone entre Puga e os integrantes do esquema. No dia 25 de agosto de 2014, os agentes fotografaram desde o encontro dos envolvidos no aeroporto, a reunião em um restaurante na capital paulista e o retorno de Puga para a sede do Safra na Avenida Paulista (quadro ao lado).

Foi a ação do grupo de Jorge Victor em um processo do Banco Bradesco o responsável por acender o alerta vermelho, em 2014, dentro da PF. Após as diligências preliminares e quebras de sigilo, o juiz Ricardo Leite autorizou que as interceptações telefônicas começassem em 28 de julho de 2014. A partir desse momento, as suspeitas, uma a uma, foram confirmadas pelas conversas entre membros do grupo criminoso, conselheiros e representantes das empresas beneficiadas. Tudo ia bem, até que no início de setembro os grampos mostraram os preparativos para uma reunião entre integrantes do grupo criminoso e a cúpula do Bradesco.

Em conversas realizadas entre setembro e outubro, o conselheiro Jorge Victor fala ao ex-auditor do Tesouro Jeferson Salazar e ao chefe da Delegacia Especial da Receita em São Paulo, Eduardo Cerqueira Leite, dos detalhes do encontro. Diz o relatório da PF: “As ligações corroboram não só o encontro, mas também as tratativas para o julgamento. Salazar chega a dizer que Eduardo foi bem em suas colocações na reunião com o BRA(Bradesco). Estavam todos, os vices e o presidente. O Trabu (Trabuco) esteve presente, cumprimentou a todos e saiu”. A PF chegou a mobilizar uma equipe para acompanhar o encontro, mas não teve êxito em registrar com fotos, porque os policiais foram convidados a se retirar do prédio da presidência do banco, em Osasco.

A partir desse primeiro encontro, em outubro, os investigadores acompanharam várias conversas entre os integrantes do núcleo de Jorge Victor sobre as negociações com o Bradesco. As expectativas do grupo melhoraram em 12 de novembro, quando o Carf negou por unanimidade um recurso do banco. Com a negativa, os integrantes do grupo debateram nas conversas interceptadas ser momento de tentar fechar um contrato para intermediar, como aponta a PF, “a reversão do resultado do processo na Câmara Superior”. Seria prometido achar “o paradigma para o recurso especial e alguém para apreciar e aceitar” a argumentação. Um dia após a votação, em 13 de novembro, a negociação com a cúpula do Bradesco fica explícita em um grampo. Em conversa grampeada com Eduardo Leite, o empresário Mário Pagnozzi, apontado pela PF como responsável por captar clientes para o esquema, comenta que o próprio Luiz Carlos Trabuco, presidente do Bradesco, conversou com ele e afirmou: “Mário, fico feliz de você estar aqui, ajudando o banco”.

Com essas informações, os investigadores se animaram e aguardavam o desenrolar das negociações para provar a corrupção envolvendo o Bradesco e o grupo. Entretanto, sete dias após a conversa interceptada citar a fala de Trabuco a Pagnozzi, em 20 de novembro, o juiz Ricardo Leite mandou cessar as interceptações telefônicas e impediu a PF de confirmar se o banco aceitara a proposta. A decisão irritou os investigadores e confirmou as desconfianças sobre a dificuldade em investigar os desmandos dentro do Carf. Nos bastidores, os agentes federais fazem questão de lembrar que o ministro da Fazenda Joaquim Levy, também ex-funcionário do banco, logo que assumiu nomeou como vice-presidente do Carf a advogada do Bradesco Maria Teresa Martinez Lopes.

Questionado, o banco esclareceu que “possui estrutura própria suportada por renomados escritórios contratados para atuar em sua defesa no âmbito judicial e administrativo, os quais são os únicos autorizados a representar em nosso nome nos processos”. Sobre a reunião com integrantes do grupo investigado pela PF, o banco informou que ela foi solicitada por eles e contou com a participação dos executivos Domingos Abreu e Luiz Carlos Angelotti. “Não procede a informação de que o presidente do Bradesco, Luiz Carlos Trabuco Cappi, tenha participado.” Sobre a nomeação da advogada Maria Lopes para a vice-presidência do Carf, o banco diz que ela faz parte do conselho do órgão há 15 anos.

Por meio de nota, a Gerdau informou não ter sido procurada até o momento e que todos os processos referentes à empresa ainda estão em trâmite no Carf. “Com relação a estes processos, nenhuma importância foi paga, a qualquer título, a qualquer pessoa física ou jurídica por conta de sua atuação em nome da Gerdau.” A RBS, por meio de nota, afirmou ter “a convicção de que, no curso das investigações, ficará demonstrada a correção dos procedimentos da empresa. Tão logo seja contatada pelas autoridades competentes, o que ainda não ocorreu, a empresa terá a oportunidade de colaborar para a plena elucidação dos fatos”.

O Santander informou que “a defesa da empresa é sempre apresentada de forma ética e em respeito à legislação aplicável e que o banco está à disposição dos órgãos competentes para colaborar com qualquer esclarecimento que seja necessário”. A Electrolux afirmou que até o presente momento não foi notificada por qualquer autoridade e defendeu que “seus negócios são guiados por um código de ética e compliance independente”. O HSBC também disse não ter sido comunicado pelos órgãos responsáveis pela investigação e negou qualquer pagamento com “vistas a influenciar a atuação de agentes públicos”.

Enquanto os documentos amealhados nas buscas e as transações financeiras das outras empresas ligadas aos integrantes do esquema são analisados, nos bastidores da Zelotes o clima é de apreensão. Com o retrospecto negativo na relação com o juiz Ricardo Leite, os investigadores duvidam que novas diligências e quebras de sigilo sejam autorizadas. Cientes do poder financeiro e político dos envolvidos, a frase mais repetida entre as autoridades é: “Precisamos de um Sergio Moro em Brasília”.

Leia também:

• Gerdau e RBS na lista da Operação Zelotes
• Zelotes vira “operação que apura fraudes ao fisco”
• Como a Policia Federal chegou à Petrobrás
• Petrobras contrata investigação independe para apurar corrupção
• Cartel do metrô: 33 indiciados em São Paulo

Autor: Elmar Bones

Nasceu em Cacequi (RS) em 1944. Começou na Folha da Tarde, de Porto Alegre, em 1967. Trabalhou em Veja, IstoÉ, Gazeta Mercantil, O Estado de São Paulo, Folha da Manhã. Foi um dos fundadores do Coojornal, do qual foi editor.

Website: http://jornalja.com.br/author/elmar/

Google Profile

Clima de apreensão nos bastidores da Operação Zelotes | Jornal Já | Porto Alegre | Rio Grande do Sul

Surge a explicação para a defesa dos cartéis por José Serra

Para os oportunistas que não têm memória, vamos recordar o que disse o impoluto varão da velha mídia: “Cartel não é sinônimo de delito, diz Serra." Só Serra não sabe que Cartel é um crime tipificado. Não fosse assim porque a Polícia Federal e o Ministério Público gastariam energia investigando. Para o PSDB crime só é crime se for perpetrado por adversários. Por isso, toda vez que algum político do PSDB levantar o dedo para denunciar a corrupção dos outros ele está apenas querendo evitar concorrência. Qualquer aluno do segundo semestre de Direito sabe que ‘Cartel, além de ser um ilícito administrativo, é crime punível com pena de 2 a 5 anos de reclusão ou multa, nos termos da Lei 8137/90’.

Órgão federal vê indício de cartel em estacionamentos de São Paulo

Cade investigará seis empresas suspeitas de combinarem preços entre 2010 e 2011 na capital

E-mails sugerem que elas simularam concorrência; se forem condenadas, podem ser multadas pelo governo

DE BRASÍLIA

Seis empresas de estacionamento serão investigadas pelo Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica) pela prática de cartel em São Paulo.

Segundo o órgão federal, que pertence ao Ministério da Justiça, há indícios de que as empresas combinaram preços e trabalharam em conjunto para dividir o mercado de estacionamentos durante os anos de 2010 e 2011.

O processo administrativo para apurar o caso foi aberto nesta quinta-feira (11).

As evidências foram obtidas numa operação de busca e apreensão do próprio Cade em abril de 2012 na sede de uma das empresas suspeitas de formar o cartel.

O material indicou que ocorriam acertos entre seis operadoras. A ideia era simular concorrência em licitações, para dar uma falsa aparência de competição.

De acordo com a nota técnica que baseia o processo, a combinação é sugerida em trocas de e-mails entre funcionários das companhias.

Numa delas, os executivos combinavam como as redes de estacionamento atuariam na licitação do Centro Empresarial Nações Unidas, aberta em 2011. O empreendimento é um dos maiores centros de negócios do país.

Há um mês o espaço trocou a empresa que gerencia seu estacionamento. Atualmente, parar o carro ali por três horas custa R$ 29.

Foram encontrados indícios de acordos semelhantes para o estacionamento do Instituto Tomie Ohtake, também na zona oeste. Hoje, o preço para estacionar no local por três horas é R$ 30.

O cartel é considerado a mais grave infração à ordem econômica, já que prejudica os consumidores com o aumento artificial de preços.

As empresas investigadas estão entre as maiores do setor na capital paulista. São elas: Allpark (do grupo Estapar), Garage Inn, Multipark, Netpark, Rod e Zig Park.

Procuradas por volta das 20h desta quinta, após a divulgação da investigação, as empresas não responderam.

Além das empresas, 17 pessoas serão investigadas por participação no cartel.

TRÂMITE

Os acusados agora irão apresentar suas defesas e só então a Superintendência-geral do Cade fará sua recomendação. Caso opine pela condenação, o processo será julgado pelo tribunal do órgão.

Se condenadas, as empresas podem ser multadas em até 20% de seu faturamento bruto em 2013 (ano anterior à instauração do processo administrativo).

As pessoas físicas estão sujeitas a multas entre R$ 50 mil e R$ 2 bilhões caso seja comprovado envolvimento no suposto cartel.

(RENATA AGOSTINI)

Fugindo os criminosos do colarinho branco

 

Hervé Falciani: “Estados Unidos me avisó: Ve a España, tu vida corre peligro”

EL PAÍS entrevista en exclusiva al exempleado del HSBC de Ginebra, y colaborador de la Justicia española

Manuel Altozano Madrid 21 ABR 2013 – 00:00 CET688

Hervé Falciani, con peluca y gafas, en la vista de su extradición a Suiza, el pasado lunes. / J. C. Hidalgo

¿Por qué vino a España si sabía que había una orden internacional de busca y captura contra usted?

— Porque mi vida corría peligro. Estados Unidos me había avisado poco antes de que sería fácil que alguien pagara para que intentaran matarme. Tuve que planear mi huida al milímetro. Y elegí España sabiendo que iría a la cárcel y que Suiza pediría mi extradición. Nada ha sido casual.

Hervé Falciani (40 años) recorre con su dedo pulgar su cuello de flanco a flanco para subrayar el riesgo que corría de ser asesinado. El exempleado francoitaliano de la sede del Hong Kong Shanghai Bank Corporation (HSBC) en Ginebra ha dejado atrás la abultada peluca y las gafas de pasta negra con las que trató de ocultar su imagen durante su juicio de extradición a Suiza del pasado lunes. Han pasado dos días desde entonces, y Falciani se muestra con su aspecto habitual, quizá modificado por una coqueta perilla.

La cita con EL PAÍS —la primera entrevista que concede a un medio español— se produce cerca del escondite en el que permanece desde que la sección segunda de la Audiencia Nacional lo dejó en libertad en diciembre. El lugar secreto desde el que colabora codo con codo y cada día con la Fiscalía Anticorrupción para seguir delatando evasores fiscales. Oculto y protegido para evitar cualquier atentado que se pueda perpetrar contra él. Porque Falciani tiene grandes enemigos: el HSBC —el cuarto banco del mundo por valor en bolsa— de cuyo sistema extrajo entre 2006 y 2008 las cuentas de 130.000 clientes; el sistema financiero suizo, siempre celoso de su opacidad; y miles de presuntos de defraudadores a los que ha denunciado desde 2009, algunos con vínculos con grandes cárteles del narcotráfico, grupos de criminalidad organizada de caracter trasnacional y organizaciones terroristas.

— ¿Cuál era el riesgo del que le alertó Washington?

Los norteamericanos me propusieron dos fechas para viajar. Sabían hasta qué juez estaba de guardia

— El 1 de junio de 2012, un mes antes de llegar a España, comencé a trabajar de nuevo con la Justicia estadounidense desde París. Los americanos me avisaron de que el Senado de Estados Unidos iba a lanzar graves acusaciones contra el HSBC por su falta de control sobre el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Que el banco iba a ser declarado culpable. Me dijeron que, a partir de entonces, mi vida correría peligro. Tenía dos opciones: iniciar una nueva vida en Estados Unidos o viajar a otro lugar para ganar tiempo. Me dijeron que el único sitio seguro en Europa sería España, que había utilizado con éxito mi información en casos importantes como el de la familia Botín. Creían que sería poco probable que España aprobara mi extradición a Suiza. Así, podría seguir colaborando con la Justicia.

— ¿Sondeó a las autoridades españolas antes de partir?

— Contacté con algunos elementos.

— ¿Qué elementos?

— No se lo puedo decir, pero se lo puede imaginar…

El 1 de julio de 2012, Falciani fue detenido en el puerto de Barcelona, al que llegó a bordo de un barco procedente de Sète (Francia). Hasta hoy, se creía que su arresto, en virtud de una orden de detención internacional emitida por Berna, fue casual. Fuentes policiales aseguraron que los agentes se lo encontraron gracias a un control rutinario de documentación que se realizó al pasaje. Su salida de Francia era un misterio. Porque hasta entonces, Falciani permanecía refugiado en su casa de Castellar, el último pueblecito de la Costa Azul pegado a la frontera italiana, al que huyó el 21 de diciembre de 2008 desde Ginebra. En medio de los dos países de los que tiene pasaporte y a salvo de ser extraditado a Suiza, porque ni Francia ni Italia entregan a sus ciudadanos.

— Podría haber cogido el coche o el tren y, una vez aquí, presentarse en la primera comisaría en lugar de viajar en barco a Barcelona, ¿por qué no lo hizo?

— El barco era la manera más segura de que saltara la orden internacional de detención emitida por Suiza contra mí. A pesar de que viajaba a territorio Schengen, en el puerto de Sète me pidieron el pasaporte ya que el barco salía a aguas internacionales. Eso es lo que provocó que, a mi llegada a Barcelona, la policía española me estuviera esperando. En cuanto pisé España fui detenido.

— ¿Qué sentido tenía acabar en una cárcel española?

— La prisión era un lugar seguro. Los americanos me propusieron inicialmente dos fechas para viajar, el 1 y el 3 de julio del año pasado. Al final decidieron que debía coger el barco el 1 de julio. Sabían hasta qué juez estaría de guardia a mi llegada. Cuál sería el más favorable a nuestra estrategia. En función de ello se decidió mi salida hacia España.

El organismo estadounidense con el que, por entonces, colaboraba Falciani era el departamento de Justicia del Gobierno de EE UU, según fuentes de la Audiencia Nacional. El exemplado del HSBC ayudaba a sus funcionarios a investigar al banco, para el que había trabajado entre 2000 y 2008 como técnico de sistemas mientras se concluía la investigación abierta un año antes por el Senado estadounidense. Dos semanas largas después de su huida a España y su detención en Barcelona, el subcomité permanente de investigaciones sobre seguridad interior de la Cámara hizo públicas sus conclusiones.

Se desató el escándalo. El HSBC y su filial estadounidense, HBUS, habían descuidado durante años sus controles sobre blanqueo de dinero, lo que permitió a muchos de sus clientes lavar fondos procedentes de actividades ilícitas. La filial mexicana del banco había transferido a la americana 7.000 millones de dólares entre 2007 y 2008, parte de los cuales procedían de la venta de droga en EE UU por cárteles del vecino del sur. El subcomité también descubrió sus transacciones con otros bancos de Arabia Saudí y Bangladesh relacionados supuestamente con Al Qaeda y organizaciones terroristas satélites, así como unas 25.000 transferencias con Irán, archienemigo de Washington.

El presidente ejecutivo del HSBC, Stuart Gulliver, tuvo que pedir disculpas públicas el 29 de octubre y aseguró sentir “vergüenza” y “dolor” por lo ocurrido. Pero eso no bastó. El banco, además, se vio obligado a provisionar 2.000 millones de dólares para hacer frente a las posibles multas que, como resultado de esa investigación, se le impusieran en Estados Unidos y otros países por facilitar el blanqueo de capitales. Algo que no se podría haber logrado sin la ayuda de Falciani que, según su abogado, Joan Garcés, había colaborado activamente con el Senado de EE UU.

Cuando la Cámara hizo público el documento, el francoitaliano ya estaba en la cárcel de Valdemoro, en las cercanías de Madrid. A salvo, como él mismo sostiene. Solo amenazado por la demanda de extradición de Suiza, que le acusa de haber intentado lucrarse con su lista de evasores. Falciani viajó a Líbano el 4 de febrero de 2008 y se presentó en las oficinas del banco Audi, en Beirut, bajo el pseudónimo de Ruben Al-Chidiak. El Gobierno suizo insiste en que su interés primordial era económico. Mantiene que quería vender la lista y que, como no lo consiguió, comenzó entonces a colaborar con la justicia de distintos países. Falciani, sin embargo, sostiene que, con ese viaje trató de provocar una alerta de Swissbank, la patronal bancaria suiza. Esa alarma saltó un mes después, en marzo, e indicaba que el tal Al-Chidiak, había ofrecido una serie de bases de datos de clientes de bancos suizos, según la demanda de extradición de Berna. Falciani, sin embargo, solo fue interrogado por la justicia suiza nueve meses después, el 20 de diciembre. Y la policía lo dejó libre tras el interrogatorio. Al día siguiente, el francoitaliano abandona Suiza y se se instala en Castellar.

— ¿Pidió dinero por sus datos?

— Yo nunca he pedido nada por ellos. Solo he tratado de ayudar a la justicia. Estoy harto de escuchar infundios procedentes de Suiza. La justicia de ese país dice una y otra vez que lo intenté porque es la única manera que tienen de acusarme del delito de espionaje industrial que me imputan. Solo si demuestran que yo intenté lucrarme con mi información podrían achacarme ese delito.

— Pero habría podido hacerlo.

— Por eso precisamente no tiene sentido lo que dice Suiza. El otro día leí en un periódico que Alemania había pagado cuatro millones de euros por un disco con información de evasores con cuentas en bancos suizos. Yo también podría vendérselos. Incluso ahora mismo. Porque sin mí, esos datos no se pueden utilizar. Y, sin embargo, no lo he hecho. La información que yo he suministrado está encriptada y asegurada. De ese modo, solo puede acceder a ella la justicia con mi ayuda. Lo hice así por mi propia seguridad. Y ahora tengo pruebas de ello.

— ¿Qué pruebas?

— Las que se expusieron en el juicio de extradición. Hasta que se celebró, el lunes, solo tenía mi palabra contra la del HSBC. En el juicio se ha demostrado que yo no traté de enriquecerme, que solo he querido colaborar con la justicia. Así lo mantuvieron tanto la fiscal española como el fiscal francés, Éric de Montgolfier, que declaró como testigo. Ambos dejaron claro que la persecución del HSBC contra mí no comenzó con mi viaje a Líbano, sino en el momento en que yo empecé a colaborar con Francia. Ahora es la justicia española, y no solo yo, quien ha demostrado que yo no quería vender mi información. La alerta de Swissbank sobre mi viaje a Beirut es de marzo de 2008, pero el HSBC no presentó su denuncia contra mí hasta marzo de 2009, cuando se sabía que yo ya trabajaba con Francia. Era eso lo que el banco quería evitar. Que colaborara. También se ha probado que ha sido imposible que la justicia suiza se ocupe de las ilegalidades que cometen sus bancos. Ellos no quisieron investigar a pesar de mis denuncias.

Los supuestos defraudadores tratan con personas que los bancos suizos envían a los países a buscar clientes

Por esa razón ha decidido hablar. Porque ahora no es solo él quien mantiene su versión. Las fiscalías de la Audiencia Nacional y la francesa han defendido en un proceso judicial, el de su entrega a Suiza, que su intención solo fue la de colaborar. También Anticorrupción, con quien trabaja desde el 17 de septiembre, ha adjuntado a las diligencias de extradición un certificado en que asegura que su cooperación con las autoridades españolas es completamente desinteresada. Que lo hace gratis.

Montgolfier, el fiscal francés que declaró en el juicio, es un personaje clave en la trayectoria de Falciani. El exjefe de la fiscalía de Niza, actualmente destinado en la Corte de Apelación de Bourges, fue quien judicializó por primera vez la información suministrada por el exempleado del HSBC. Es su número dos el que, el 20 de enero de 2010, se presenta en la casa del informático en Castellar con un retén de policía para detenerlo y requisar “una serie de datos personales robados” que reclamaba la justicia suiza. Falciani explica al fiscal francés y a los agentes que se presentan en su domicilio que, en realidad, lo que busca Berna son las identidades de miles de evasores fiscales que están en su poder. Montgolfier, ante la importancia del hallazgo —“la información podría llenar varios trenes de mercancías”, dijo el lunes en el juicio—, abre su propia investigación contra los defraudadores.

Hervé Falciani, en 2009.

De la mano de Montgolfier, Falciani empieza a colaborar con la Gendarmería para desencriptar su lista. Y Francia, tras algunos titubeos, decide no devolverla a las autoridades helvéticas. El Gobierno de Nicolas Sarkozy envía copias a los países con los que tiene tratado de cooperación en materia fiscal, entre ellos España. Hacienda los recibe el 24 de mayo de ese mismo año. Comienza “la mayor regularización de la historia de España”, como recordó en el juicio del pasado lunes Carlos Ocaña, secretario de Estado de Hacienda en el Ejecutivo de Zapatero, que intervino como testigo en la causa. De los 1.500 nombres que envía Francia, Hacienda identifica a 659. Así recupera 260 millones de euros supuestamente evadidos al fisco. La lista contiene nombres como el del presidente del Santander, Emilio Botín, y su familia. También el empresario catalán Manuel Lao. O una sociedad de Francisco Correa, el cabecilla de la trama Gürtel y su cómplice y exalcalde de Boadilla, Arturo González Panero.

— ¿Podría darme algunos nombres de los españoles de su lista?

— No. De ninguna manera. Se ha hablado mucho de la lista Falciani, pero los datos que yo he proporcionado no son solo listas de evasores. La información que yo tengo demuestra que los bancos suizos libran una guerra económica. Ellos son el enemigo. Y se trata de un enemigo que no es estático sino dinámico. Se adapta a cualquier directiva contra la evasión fiscal o el blanqueo de dinero para seguir haciendo caja. Además, los distintos paraísos fiscales funcionan en red.

Ahora es la justicia española y no solo yo quien ha demostrado que no quise cobrar por mi información

— Está diciendo que, los bancos suizos se saltan la normativa sistemáticamente…

— En esa adaptación de los bancos a los límites que se les imponen juega un papel fundamental la tecnología. Cada vez que aparece una nueva norma o directiva se crea un nuevo proyecto estratégico para sortearla. Sin expertos en esos proyectos tecnológicos la justicia será incapaz de desarrollar su propia estrategia contra el fraude. Es ahí donde yo puedo echar una mano.

— ¿En qué colabora ahora con la Fiscalía Anticorrupción?

— Trabajamos en el tema de los intermediarios, de los gestores. Se trata de personas que se dedican a captar clientes para los bancos suizos en España, Francia, Italia, Alemania… Los supuestos defraudadores tratan con ellos para entrar en contacto con los bancos suizos. Con el rescate europeo a Chipre, muchos de ellos tratan ahora de captar a los ciudadanos rusos que tenían su dinero en ese paraíso fiscal. También ayudo a España y Francia en la creación de un órgano multidisciplinar dedicado a la vigilancia de la evasión fiscal y el blanqueo de dinero con personas que tengan conocimientos tecnológicos similares a los míos.

Falciani, sin embargo, ha sufrido hasta llegar aquí la detención, la cárcel, la separación de su esposa y su hijo… ¿Ha valido la pena?

— Ahora podría vivir tranquilo en Estados Unidos. ¿Por qué no aceptó su oferta?

— América puede ayudarnos en esta lucha, pero no podemos dejar todo este trabajo en sus manos. Francia, España, Europa en general, también tienen que librar esta guerra. Porque es la gente normal la que está sufriendo sus consecuencias.

Francia envía otras 2.500 cuentas

La investigación abierta por la Fiscalía Anticorrupción sobre los evasores que aparecen en la lista Falciani no deja de crecer. A los 1.500 nombres de la relación inicial de 2010 —entre los que se encontraban la familia Botín; el recién juzgado médico del dopaje Eufemiano Fuentes; el cabecilla de la trama Gürtel, Francisco Correa; o el exalcalde de Boadilla del Monte (Madrid) Arturo González Panero, imputado en ese mismo caso— se sumaron el pasado 4 de abril otras 2.508 cuentas facilitadas también por Francia gracias a la colaboración de Falciani con ese país. Anticorrupción ya está analizando toda esa información y, con la ayuda del extrabajador del HSBC, trata de detectar a los nuevos evasores con deudas fiscales millonarias con el Estado español.

Los primeros 1.500 nombres enviados por París se recibieron en la Agencia Tributaria el 26 de mayo de 2010. Fue el consejero financiero de la Embajada francesa el que, a finales del año anterior, se había puesto en contacto con el que era entonces director general de la Agencia Tributaria, Luis Pedroche, según declaró este el pasado lunes en el juicio de extradición de Falciani en la Audiencia Nacional. Tras cotejar esas cuentas con las investigaciones que Hacienda tenía abiertas sobre algunos de esos titulares de cuentas en el HSBC de Ginebra, se logró identificar a 659 presuntos defraudadores españoles. En total, la cantidad recuperada, aseguró Carlos Ocaña en el juicio de extradicción de Falciani —el secretario de Estado de Hacienda entonces— ascendió a 260 millones de euros. Sin embargo, las sumas puestas a buen recaudo en el banco suizo, según Ocaña, por estos defraudadores podían ascender a los 6.000 millones.

Estos primeros 1.500 nombres son los que manejaba el Ministerio de Justicia francés. Francia sacó extractos de la lista sobre nacionales de distintos países con los que ha firmado acuerdos de cooperación en materia fiscal, como España, Italia, Reino Unido o Alemania, y los envió a sus respectivos Gobiernos. La nueva lista que acaba de obtener España es la que elaboró la gendarmería francesa después de que el fiscal francés Éric de Montgolfier, atendiendo a una petición de la justicia suiza, ordenara detener e interrogar a Falciani así como registrar su domicilio de Castellar, donde se había refugiado el 21 de diciembre de 2008 huyendo de Ginebra. Durante la entrada de los agentes en su casa, el francoitaliano puso a disposición de la fiscalía de Niza y de la Gendarmería toda su información. Y colaboró durante meses con el Instituto de Investigación Criminal del cuerpo policial francés. En esa lista, según fuentes de la investigación, aparecen 2.508 personas y sociedades españolas o con actividad en nuestro país.

La colaboración de Anticorrupción con Falciani comenzó el 17 de septiembre, cuando el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ordenó la apertura de unas diligencias de investigación, así que el informático comenzó a trabajar codo con codo con el Ministerio Público cuando todavía se encontraba en prisión. Las nuevas cuentas enviadas por Francia responden a una comisión rogatoria mandada en octubre a las autoridades judiciales de ese país en el marco de esas diligencias de Anticorrupción.

La información de Falciani es como un puzle que solo él sabe resolver, por lo que su colaboración es indispensable. Los datos sobre cada una de las cuentas del HSBC aparecen disgregados en diferentes columnas y encriptados con un complejo sistema de seguridad diseñado por el banco. Una vez descifrados, junto a cada nombre aparecen decenas de cifras. Cada una corresponde a un saldo diferente: fideicomisos, testaferros, intermediarios, sociedades pantalla…, que llevan al mismo titular.

Falciani también asesora a la Fiscalía sobre la figura de los gestores, recogida en el derecho bancario suizo. Se trata de personal ajeno al banco que se dedica a captar clientes en el extranjero. Sirven para que la entidad pueda abrir cuentas sin preguntar por la procedencia del dinero, ya que, en caso de que los fondos provengan de actividades ilícitas como el narcotráfico, son los gestores los que asumen la responsabilidad derivada de esas conductas. Anticorrupción, gracias a Falciani, ya ha detectado algunos de estos agentes que operan en España y que están relacionados con investigaciones abiertas en la Audiencia Nacional.

Así pues, lo importante de la información del francoitaliano no es solo el nombre de las personas físicas o jurídicas con cuentas en el HSBC. También la complejidad del sistema informático del banco. Los investigadores creen que los métodos de esa entidad podrían ser extrapolables a toda la banca suiza.

Hervé Falciani: “Estados Unidos me avisó: Ve a España, tu vida corre peligro” | Política | EL PAÍS

BASF y Shell no crime, isso não sai por aqui

Se fosse a Petrobrás, sairia…

BASF y Shell pagarán una compensación millonaria por contaminación en Brasil

BASF y Shell pagarán por la exposición a sustancias tóxicas en una antigua fábrica de pesticidas en el estado de Sao Paulo

EFE Sao Paulo 9 ABR 2013 – 03:35 CET3

ampliar foto

El acuerdo busca compensar a los afectados de una fábrica de pesticidas. / EFE

El grupo químico alemán BASF y la firma de hidrocarburos anglo-holandesa Shell pagarán 400 millones de reales (unos 200 millones de dólares) en concepto de daño moral colectivo e indemnizaciones por la exposición a sustancias tóxicas en una antigua fábrica de pesticidas en el estado de Sao Paulo.

El Ministerio Público de Trabajo de Brasil precisó que el acuerdo judicial firmado hoy en el Tribunal Superior del Trabajo por representantes de los trabajadores y de las compañías beneficiará a 1.058 empleados y sus dependientes.

Los afectados, extrabajadores que han sufrido graves secuelas de salud debido a la exposición a toxinas, serán indemnizados con 170 millones de reales (unos 85 millones de dólares). Además, también tendrán garantizada la atención médica y odontológica integral de forma vitalicia, según un comunicado.

Otras 84 personas se podrán acoger al acuerdo si cancelan las acciones legales individuales que habían interpuesto en el plazo de 60 días, lo que incrementaría el desembolso de las empresas en 30 millones de reales (unos 15 millones de dólares).

Asimismo, el acuerdo prevé una indemnización por daño moral colectivo de 200 millones de reales (unos 100 millones de dólares) que se destinará a entidades con programas de prevención y cuidados de víctimas de intoxicación o enfermedades causadas por exposición a sustancias tóxicas.

El procurador general de Trabajo, Luís Camargo, dijo que el acuerdo supuso una victoria social. "El objetivo principal fue alcanzado: la garantía de asistencia médica y odontológica integral y vitalicia para los trabajadores. También establecimos un marco, situaciones como estas no pueden quedar sin punición", declaró.

El acuerdo alcanzado hoy busca compensar a los afectados de una fábrica de pesticidas que operó en la localidad de Paulinia (Sao Paulo) entre 1977 y el 2002, que fue vendida por Shell en 1995 y comprada por BASF en el año 2000, dos años antes de clausurarla.

Cerca de mil empleados exigieron indemnizaciones por los daños sufridos por la contaminación de la fábrica, que afectó también al suelo y la capa freática de la región.

A decenas de exempleados les diagnosticaron distintos tipos de cáncer, especialmente de próstata o de tiroides, enfermedades del aparato circulatorio, hepáticas e intestinales, además de alteraciones en la fertilidad e impotencia sexual.

BASF y Shell fueron condenadas en agosto de 2010 pero el caso se ha alargado por varios recursos.

BASF y Shell pagarán una compensación millonaria por contaminación en Brasil | Economía | EL PAÍS

O colarinho branco, com ajuda da justiça, venceu

O uso de gravações telefônicas é terminantemente proibido quando se trata de crimes do colarinho branco. É que com o dinheiro roubado pode-se contratar bons advogados. Ladrões de galinha podem ser grampeados, presos e torturados e até ficarem presos por anos sem julgamento. A proibição do uso do grampo e o fim da CPMF foi a grande vitória dos ladrões que moram em condomínios de luxo. Podem desviar recursos para paraísos fiscais, traficar, lavar dinheiro em qualquer banco. O dinheiro que transita pelas contas bancárias não paga, graças ao término da CPMF, um centavo de tributo e sai limpinho da silva. Graças aos impostores do impostômetro, traficar e lavar dinheiro compensa. Mais do que pagar, a CPMF era a pista para seguir o dinheiro, por isso que todo traficante festejou.

Grampear telefone é ‘só em último caso’, diz chefe da PF

Após anulação de operações na Justiça, polícia defende ser menos invasiva

Diretor da instituição no governo de Dilma Rousseff prega agora maior ‘seletividade’ em prisões e buscas

FLÁVIO FERREIRADE SÃO PAULO

Depois de sofrer derrotas na Justiça que anularam operações sob a acusação de violar direitos individuais, a Polícia Federal defende atualmente um novo padrão de investigações, buscando abrir mão de técnicas invasivas como as escutas telefônicas.

"Grampo só em último caso", disse em entrevista à Folha Leandro Daiello Coimbra, diretor-geral da instituição.

Ele chefiava a Superintendência Regional da PF em São Paulo em 2008 e 2009, quando foram deflagradas no Estado as operações Satiagraha e Castelo de Areia.

A primeira, sobre crimes financeiros atribuídos ao banqueiro Daniel Dantas. A segunda, sobre suspeitas de fraude a licitações e corrupção envolvendo executivos de construtoras e políticos.

Nesses casos, a PF foi acusada por advogados de abusar de técnicas invasivas, como escutas telefônicas e quebra de sigilos. As operações foram anuladas pela Justiça.

Coimbra considera que "as críticas foram injustas" porque, mesmo na época, os inquéritos com interceptações eram minoria -0,5%, diz ele.

"Nos últimos anos a Polícia Federal aprendeu com os erros e mudou procedimentos", diz Oslain Campos Santana, chefe da Dicor (Diretoria de Investigação e Combate ao Crime Organizado) da PF, que acompanhou Coimbra na entrevista à Folha.

O atual formato das operações, afirma, sofreu influência direta do Poder Judiciário.

A maior das operações, a Castelo de Areia, foi anulada pelo STJ (Superior Tribunal de Justiça) sob a alegação de que começou com denúncia anônima e isso não seria suficiente para justificar as investigações subsequentes com técnicas invasivas.

PRISÕES E BUSCAS

Embora evite críticas ao trabalho dos antecessores na PF, na prática a atual direção defende um modelo oposto ao empregado no começo das grandes operações policiais.

O diretor-geral da PF afirma que foi dada uma orientação para maior "seletividade" no pedido de prisões, porque um número excessivo de detidos pode tumultuar inquéritos e ações judiciais.

Diz ainda ter adotado uma nova política para as buscas em casas e escritórios. "O importante atualmente não é saber o que deve ser apreendido, mas o que não deve ser apreendido", defende.

As grandes operações da PF com ampla divulgação e nomes sugestivos (como Anaconda e Têmis) ganharam destaque no governo Lula.

O novo modelo defendido pela direção da PF, agora na gestão Dilma Rousseff, é "evitar operações gigantescas".

O ideal, segundo Coimbra, é a abertura de inquéritos específicos se houver vários crimes de natureza diferente. "Com focos de investigação mais delimitados, as apurações ficam mais objetivas e as provas mais consistentes."

Segundo Oslain Santana, antes algumas operações duravam até três anos. O prazo ideal é até um ano, diz.

PORTO SEGURO

Outra nova orientação é a de que, se surgirem políticos ou outras pessoas com foro privilegiado nas apurações, as informações sobre eles devem ser separadas logo no início para envio aos tribunais competentes, que abrirão procedimentos investigatórios próprios. Essa medida, diz a PF, traz mais agilidade.

Após completar dois anos no comando da instituição, Coimbra diz que a operação Porto Seguro (sobre compra de pareceres em órgãos federais), no fim de 2012, seguiu a nova de linha de atuação.

"A princípio, não havia a necessidade de realizar escuta na operação, pois havíamos conseguido provas documentais a partir do relato do denunciante do caso", diz.

Mas, segundo ele, os grampos foram pedidos à Justiça -em caráter excepcional- porque o delator do esquema avisou a PF ter sido procurado por um acusado.

Agora, bem Pensant, é conveniente

 

Paulo Muzell

15/03/13

Um troca inconveniente

O jornal Zero Hora, na edição do dia 9 de março passado, veiculou uma notícia surpreendente: a juíza Simone Barbisan Fortes, titular da Primeira Vara da Justiça Federal de Santa Maria pediu neste mês de janeiro passado sua transferência para Florianópolis.

Justamente agora, neste início de 2013, no momento em que ela anunciava que no final deste primeiro semestre, muito possivelmente, “bateria o martelo” sobre a sentença” dos 31 réus do processo do rumoroso caso DETRAN. A importância do processo, nunca é demais lembrar, decorre do montante dos valores desviados – corrigidos e expressos a preços de hoje são mais de 60 milhões de reais –, e dos nomes das pessoas envolvidas, figuras importantes da política gaúcha.

Os desvios tiveram origem no governo de Germano Rigotto (2003/2006) e foram denunciados em março de 2007, seis anos atrás. A Operação Rodin, que prendeu alguns envolvidos, completou no início de novembro passado cinco anos. Na longa lista de indiciados destacam-se os nomes de José Otávio Germano (ex-deputado estadual e federal, Secretário de Segurança do governo Rigotto), Flávio Vaz Neto, ex-presidente do DETRAN, Fernando e Ferdinando Fernandes irmãos e proprietários da empresa Pensant, Luiz Paulo Germano, advogado, irmão de Otávio Germano, Carlos Ubiratan dos Santos, ex-diretor do TRENSURB, Antonio Dorneu Dorneles, ex-diretor-geral da Assembleia Legislativa, RS, figura influente no PP, já falecido.

Causa desconforto e é difícil explicar o contraste entre a rapidez do julgamento da ação penal 470 no Supremo, o “famoso mensalão do PT” e o lento arrastar-se das demais denúncias de irregularidades contra políticos de outros partidos. Como este caso DETRAN, que entra no seu sétimo ano e que terá, muito provavelmente, mais um ou talvez até dois anos antes ser concluído.

O jornalista Paulo Moreira Leite em seu livro “A outra história do mensalão: as contradições de um julgamento político” assinala com propriedade que apanhados num esquema semelhante, políticos do PSDB-MG tiveram uma “tratamento bem mais brando: o desmembramento foi um benefício importante para que melhor organizassem suas defesas.” Moreira sintetiza com muita propriedade que no caso do “mensalão do PT” tivemos “provas fracas e penas robustas”. E que o “furor punitivo” que contaminou quase todas “excelências” do Supremo, extrapolaram os limites mínimos do bom senso e do decoro. Moreira aponta como exemplo o voto do ministro Celso de Mello que autorizava o Supremo a definir a perda dos mandatos dos parlamentares condenados, o que claramente contraria o artigo 55 da Constituição, pois fere o princípio da independência dos poderes. Cassar mandatos é atribuição exclusiva do legislativo Observa, também que o Supremo, a grande imprensa – o Estadão, a Folha, a Globo, dentre outros veículos -, tentaram transformar o “mensalão” no Thermidor de Lula e do PT. Não conseguiram. E lembra, oportunamente, a lição da Revolução Francesa. Aberto por Robespierre, um juiz implacável no combate a corrupção. Ele iniciou um processo que acabou por vitimá-lo, reduziu liberdades democráticas, concentrou poderes e que culminou num retrocesso: a restauração da monarquia.

Assumiu a Primeira Vara, substituindo a juíza Simone o juiz Loraci Flores de Lima, afirmando que “não há maior dificuldade no caso da operação Rodin”, mas que desconhece o alentado conteúdo do processo que tem – pasmem – mais de 120 mil páginas, o maior da história da Justiça Federal do Estado. Reconheceu que a sentença vai atrasar mais ainda, não se arriscando a definir prazos possíveis.

A matéria de ZH informou, também, que dia 12 de março encerrava-se o prazo para a entrega à Justiça as 150 contas bancárias dos indiciados no Processo. É de se estranhar que uma informação desta importância – peça básica do processo – só esteja disponível muitos anos depois do início da sua tramitação.

A saída da juíza – decorrente de um pedido de transferência feito por ela – é, sem nenhuma dúvida, fato inconveniente e estranhável. Independente de motivações pessoais que tenham influído na decisão da magistrada, a troca tornará mais distante a sentença final, “esfriando a memória dos fatos” e beneficiando a estratégia protelatória da defesa.

Num processo judicial desta importância – pelos milhões de recursos públicos desviados, pela notoriedade pública de algumas personagens envolvidas e a consequente repercussão na opinião pública – não é possível que tramite por cinco ou seis anos sem que haja sentença. E que ocorra o pior: que às vésperas do “bater martelo” ocorra uma inexplicável substituição.

Fatos como esse explicam o crescente desprestígio do Poder Judiciário junto à população brasileira.

Sul 21 » Um troca inconveniente

Veja incita ao crime

 

Twitter de Veja pediu fotos do Enem

Como os alunos eram proibidos de levar câmeras fotográficas ou celulares às provas, publicação foi chamada de "talibã da imprensa" por supostamente estimular a fraude e a desclassificação de estudantes

5 de Novembro de 2012 às 06:10

247 – Nesta madrugada, às 0h44, o ator Paulo Cesar Pereio postou o seguinte tweet. "Veja partiu para a delinqüência. Inventa matéria contra Lula, frauda prova do Enem… É a talibã da imprensa, o PCC da comunicação." O motivo: antes da prova de redação, ocorrida neste domingo, o Twitter oficial de Veja postou, às 11h59m, a seguinte mensagem: "Compartilhe fotos do Enem no Instagram: #VEJAnoEnem. As melhores serão exibidas em VEJA goo.gl/e2wq1"

Detalhe: pelas regras do Exame Nacional do Ensino Médio, os alunos não poderiam levar nem câmeras fotográficas nem celulares aos locais das provas. E quem fosse flagrado tentando capturar alguma imagem seria imediatamente desclassificado, como ocorreu com dezenas de estudantes. Depois desse tweet infeliz, as fotos no Instagram não foram postadas no site de Veja.com.

Twitter de Veja pediu fotos do Enem | Brasil 24/7

Crime organizado e bem protegido pelo silêncio

 

A ‘delinquência jornalística’ na CPI do Cachoeira

Enviado por luisnassif, sab, 25/08/2012 – 09:32

Por Geraldo Galvão Filho

Petista critica proteção a ‘delinquência jornalística’ na CPI do Cachoeira

Da Rede Brasil Atual

Apesar das evidências envolvendo a revista Veja no esquema do contraventor, maioria na comissão se recusa a convocar diretor da sucursal em Brasília

O deputado Fernando Ferro (PT-PE) manifestou, no Plenário da Câmara, seu “estranhamento” com o “pacto de silêncio” na CPMI do Cachoeira para convocar representantes do Grupo Abril e o jornalista Policarpo Júnior. “Sob o discurso de liberdade de imprensa, vemos uma proteção a uma delinquência jornalística, em parceria com o crime organizado. Não há outro nome”, disse o deputado.

Fernando Ferro enfatizou que as recentes informações dando conta de que a namorada de Cachoeira ameaçou um juiz com um dossiê produzido pelo jornalista Policarpo “revelam a extensão desse problema e a ousadia desse grupo mafioso”. Para o deputado, “essas são práticas da máfia, de grupos criminosos, perigosos e altamente articulados: dossiês para chantagear juízes, produzidos por jornalistas a serviço de criminosos, como o sr. Carlos Cachoeira”, enfatizou.

O deputado considerou ainda que esse silêncio deixa outra dúvida: “Será que existem deputados ou senadores da CPMI ameaçados por dossiês do Cachoeira?”. Para Fernando Ferro, ao se recusarem a convocar o jornalista, “eles estão dando claramente sinais de que ou têm medo ou são cúmplices desses delinquentes”.

Na avaliação de Ferro, isso é extremamente preocupante. “Sugiro ao presidente da CPMI que inquira, que pergunte se está havendo alguma chantagem contra algum desses parlamentares”, completou .

Fernando Ferro lembrou que, por muito menos, na Inglaterra foi aberto um processo que culminou no fechamento de um jornal de grande expressão daquela nação devido a problemas de espionagem política patrocinada por esquemas que utilizaram jornalistas.

– Apelamos aos parlamentares que participam da CPMI para que convoquem o jornalista Policarpo, o Grupo Abril, para que falem sobre suas relações com Carlos Cachoeira. Isso é bom para a democracia e para desmascarar certo tipo de jornalismo que faz associação com o crime organizado para promover dossiês, ameaças e escândalos, como temos visto neste País – finalizou o deputado.

Código de Silêncio

O silêncio do ex-tesoureiro da campanha do tucano Marconi Perillo (PSDB) ao governo de Goiás Jayme Eduardo Rincón e do ex-corregedor da Polícia Civil Aredes Correia Pires, convocados para depoimento à CPMI do Cachoeira na quarta-feira (22), reforça a tese sustentada pela procuradora Léa Batista da existência de um “código de silêncio” que protege a organização.

– A quadrilha age de forma articulada e unitária, onde ninguém entrega ninguém e todos são protegidos pelo chefe Carlos Cachoeira – enfatizou o relator da CPMI, deputado Odair Cunha (PT-MG).

Ambos compareceram à comissão protegidos por Habeas Corpus concedido pelo Supremo Tribunal Federal (STF) para permanecerem em silêncio. Em depoimento na terça-feira à comissão a procuradora disse que “o silêncio é um direito de todos, mas o código de silêncio adotado nos depoimentos à CPMI e à Justiça Federal é típico de organizações mafiosas”, declarou.

De acordo com o relator, os depoentes perderam a oportunidade de esclarecer as denúncias que pesam sobre eles. No caso do Jaime Rincón, presidente da Agência Goiana de Transportes e Obras Públicas (Agetop), áudios da Polícia Federal apontam denúncias graves de “acerto” de licitações.

– Os áudios evidenciam que há interesse da Delta Construções na Agetop. Esse interesse foi materializado quando dois lotes de empresas que concorriam com a Delta foram desclassificados. Essa desclassificação ocorreu seis dias após pedido do Vladimir Garcez, braço político da organização criminosa – denunciou Odair Cunha.

Além disso, as investigações da PF revelam um depósito do grupo de Cachoeira no valor de R$ 600 mil na conta da empresa Rental Frota Ltda, que tem Rincón como um dos sócios.

A ‘delinquência jornalística’ na CPI do Cachoeira | Brasilianas.Org

Bancos@masnãofaz.semvergonha.com

Não se pode transferir aos bancos o dito popular que identifica Maluf: rouba mas faz. A @ é um símbolo nascido do sistema mercantil  para abreviar "cada uma a", de forma que "12 maçãs @ R$1" custariam R$12, R$1 para cada. Arroba é também a medida de peso, uma quarta parte. Os bancos ficam com a quarta parte porque es’quart"’ejam seus clientes. Na bonaza, ficam com os louros; no prejuízo, socializam ao público. Nunca ninguém leu uma notícia em que o Banco, em virtude dos grandes lucros alcançados, resolveu dividir uma quarta parte com os bancários ou com seus clientes. Mas na hora do prejú, aí, sim.

El fiscal de Nueva York cita a siete bancos por la manipulación del líbor

Barclays, Citigroup, JPMorgan Chase, Deutsche, UBS, RBS y HSBC declararán

Sandro Pozzi Nueva York17 AGO 2012 – 01:40 CET40

Una oficina de Barclays. / OLI SCARFF (GETTY IMAGES)

Las autoridades en Estados Unidos siguen estrechando el cerco en el marco del escándalo por la manipulación del líbor, el tipo de interés para préstamos entre bancos que se fija en Londres y que sirve de referencia para operaciones financieras de todo el mundo. Los fiscales generales de Nueva York y de Connecticut acaban de enviar una citación judicial a siete grupos financieros, en un intento de depurar responsabilidades.

Las entidades en cuestión son, además de Barclays, la primera en admitir estas prácticas irregulares a finales del pasado junio, las estadounidenses Citigroup y JPMorgan, la alemana Deutsche Bank, la suiza UBS y las británicas Royal Bank of Scotland y HSBC. Los dos Estados, donde se encuentra la sede de la mayor parte de las entidades financieras del país, llevan investigando este asunto desde hace meses.

La nueva maniobra salta a la luz cuando vuelve a tomar cuerpo el debate sobre si los castigos impuestos hasta ahora a Wall Street han servido o no para cambiar su conducta. El regulador financiero del Estado de Nueva York decidió esta semana multar a Standard Chartered con 340 millones de dólares (unos 257 millones de euros) por violar el embargo a Irán, multa mínima comparada con los 6.800 millones de dólares (unos 5.500 millones de euros) que ganó el año pasado.

Goldman se libra de cargos penales por la titulización de hipotecas basura

También fue mínima frente a su volumen de negocio la penalización que hace dos meses se impuso a Barclays a ambos lados del Atlántico por la manipulación del líbor. La sanción combinada ascendió a 454 millones de dólares, 200 millones impuestos por el regulador del mercado de futuros en Estados Unidos y otros 160 millones por el Departamento de Justicia. La entidad ganó 3.000 millones en 2011.

Al debate se suma la decisión de la Administración de Barack Obama, que la semana pasada abandonó la investigación abierta hace algo más de un año contra Goldman Sachs para determinar posibles responsabilidades penales por la titulización de deuda vinculada a hipotecas basura. Nadie esperaba que este proceso fuera a llegar lejos, pero tampoco se anticipaba que soltara tan pronto la presa. El banco pactó hace dos años pagar 550 millones para zanjar la cuestión por la vía civil; ganó 8.350 millones en 2010.

Standard Chartered y Barclays pagan multas mínimas por sus irregularidades

También ha escapado Jon Corzine, que fuera consejero delegado de Goldman Sachs antes de ser gobernador de Nueva Jersey entre 2006 y 2010, y máximo responsable de la quiebra de la firma de valores MF Global. Los investigadores no han podido probar que Corzine realizara ningún acto fraudulento al mover el dinero de sus clientes.

Llueve así sobre mojado. Cuando se cumple cinco años del inicio del colapso financiero que acabó con Lehman Brothers y hundió a la economía global en la Gran Recesión, los reguladores estadounidenses admiten que, de acuerdo con la legislación actual, no cuentan con pruebas suficientes para lanzar causas criminales contra los gestores de grandes fiascos financieros.

La carga de la prueba podría funcionar en la investigación por la manipulación del líbor. Pero, en este caso, los reguladores estaban al corriente de lo que pasaba, como demuestra la carta que el ahora secretario del Tesoro, Timothy Geithner, envió cuando era presidente de la Reserva Federal de Nueva York a las autoridades británicas solicitando cambios en el sistema de fijación de ese tipo de interés.

El fiscal de Nueva York cita a siete bancos por la manipulación del líbor | Economía | EL PAÍS

Veja, uma avestruz

 

Veja adota tática do avestruz no caso Policarpo

Foto: Edição/247

Não é normal um jornalista pedir a um bicheiro, useiro e vezeiro de grampos ilegais, que levante ligações de um deputado; no entanto, em vez de responder à reportagem de Carta Capital sobre as ligações entre Policarpo e Cachoeira, a editora comandada por Fábio Barbosa se calou sobre o caso; nesta edição, a revista declara apoio ao governo Dilma

11 de Agosto de 2012 às 09:26

247 – Na próxima terça-feira, o deputado Doutor Rosinha (PT-PR) apresentará o pedido para convocação do jornalista Policarpo Júnior, chefe da revista Veja em Brasília, pela CPI da Operação Monte Carlo. Durante anos, o bicheiro Carlos Cachoeira, useiro e vezeiro de grampos clandestinos e ilegais, foi a principal fonte de Policarpo. O argumento pela convocação de Policarpo foi reforçado pela capa da revista Carta Capital deste fim de semana, que traz um grampo em que Policarpo pede a Cachoeira que levante algumas ligações de um deputado: o goiano Jovair Arantes, do PTB. O bicheiro promete resolver o assunto com o araponga Idalberto Matias, o Dadá, especializado em arapongagem clandestina.

Há, no entanto, um pacto de silêncio na imprensa brasileira. Nenhum veículo que integra a chamada “grande mídia” – ou o chamado “Partido da Imprensa Golpista”, como alegam seus críticos – repercute notícias da revista Carta Capital. Foi assim, por exemplo, na lista recente sobre o mensalão mineiro e o mesmo ocorre no caso Policarpo. Alguns jornais, como a Folha de S. Paulo, por exemplo, já decretaram que há apenas uma relação “fonte-jornalista” no envolvimento Policarpo-Cachoeira.

No resto do mundo, no entanto, escândalos que atingem a mídia são cobertos por todos os veículos – a começar por aqueles que são atingidos pelas denúncias. Nesta semana, por exemplo, a revista Time e a televisão CNN decidiram suspender o colunista Fareed Zakaria, um dos mais consagrados comentaristas norte-americanos, porque ele está envolvido num caso de plágio. Na Inglaterra, a ex-toda-poderosa Rebekah Brooks, que comandava o império de tabloides de Rupert Murdoch, terminou no banco dos réus porque estava envolvida, também, num escândalo de grampos ilegais contra celebridades. Murdoch pediu desculpas e fechou um jornal.

Tática do avestruz

No Brasil, o jogo é muito diferente. Embora o caso Policarpo-Cachoeira tenha se espalhado como pólvora na internet e nas redes sociais, a revista finge que não é com ela. Falou uma vez, no início da crise, citando um trecho parcial de um grampo, em que Cachoeira dizia que “Policarpo nunca vai ser nosso”, e na semana retrasada, quando Andressa Mendonça, esposa do bicheiro, chantageou um juiz, ameaçando soltar, pelas mãos de Policarpo, um dossiê negativo contra ele, em Veja.

Nesta semana, seria natural que Veja voltasse a falar sobre o caso. Afinal, não é normal que um jornalista peça a um bicheiro que levante ligações de um deputado democraticamente eleito. O crime não pode ser colocado a serviço da agenda política de uma revista. Por mais que isso pareça óbvio, Veja decidiu se calar. E a Editora Abril, comandada pelo executivo Fábio Barbosa, antes um porta-voz da transparência corporativa, cada vez mais adota a estratégia do avestruz, enfiando a cabeça debaixo da terra.

Mais do que simplesmente não se posicionar, há também um intenso jogo de pressões. Barbosa, no início do CPI, foi a Brasília e falou com líderes de vários partidos, para que nem Policarpo nem Roberto Civita fossem convocados. O vice-presidente, Michel Temer, foi também procurado por João Roberto Marinho, das Organizações Globo, que apresentou a mesma demanda: imprensa na CPI, jamais!

Quem ganha com isso? A internet, que se consolida como terreno da liberdade, onde todos os assuntos podem ser tratados sem nenhum tipo de censura.

Neste fim de semana, Veja não fala sobre o caso Policarpo-Cachoeira. Mas declara seu apoio à presidente Dilma Rousseff. A capa, que trata de um suposto “choque de capitalismo” promovido pelo governo, aborda o plano de concessões que será divulgado na quarta-feira. “Está aí uma batalha para a qual a presidente vai precisar do apoio da opinião pública. O de Veja fica desde já aqui hipotecado”, escreve Eurípedes Alcântara, em sua Carta ao Leitor.

No momento em que sua imagem é abalada por um escândalo, Veja “dilmou”.

Veja adota tática do avestruz no caso Policarpo | Brasil 247