Ficha Corrida

29/08/2016

Autópsia do Aécio Neves argentino

P12 29082016Maurício Macri, como Aécio Neves, foi o candidato da plutocracia nas últimas eleições. Macri é o exemplo do que teria sido um governo Aécio Neves no Brasil. A diferença é que lá o perdedor respeitou os resultados eleitorais. Aqui, não. A plutocracia brasileira, capitaneada pela Rede Globo, desencadeou um jornalismo de guerra contra Lula, Dilma e o PT, para instalar uma cleptocracia encabeçada por Eduardo CUnha. Além deste, também fazem parte da plêiade cleptocrata José Sarney, Romero Jucá, José Serra, Eliseu Rima Rica, Aécio Neves e o ventríloquo Michel Temer.

Em comum, Argentina e Brasil sofrem nas mãos dos a$$oCIAdos da SIP, avó do Instituto Millenium. Grupo Clarín e Rede Globo se encarregaram de construir a narrativa de criminalização dos adversários e a beatificação de seus parceiros ideológicos. Lá como cá, tudo funciona aos moldes da Cosa Nostra.

A obsessiva caçada desenfreada contra Lula e o golpe em Dilma atende uma exigência externa. Foi revelada no WikiLeaks, por Julian Assange e Edward Snowden. Objetivo, entregar a Petrobrás às petrolíferas ianques, conforme acordo firmado no convescote de Foz do Iguaçu.

A cleptocracia brasileira que botou em curso o golpe paraguaio aparece em todos os casos de corrupção. Vem desde a ditadura, mas os lances mais recentes estão na Lista de Furnas, nos 450 kg de argumentos que viraram . Passa pela Lista Falciani do HSBC, pela Lista Odebrecht, pelo Panama Papers, pelo CARF, Zelotes, Portocred e por uma infinidade de outras situações criminosas. Esta mega quadrilha, para se proteger e sua famiglia, encontrou como única e insubstituível forma, o golpe em Dilma Rousseff.

Dado o golpe, instala-se a cleptocracia.  Dias piores, muito piores, virão. É a volta do efeito orloff 

Aporte sospechoso para ayudar al Presidente

El fiscal federal electoral Jorge Di Lello abrió una investigación para averiguar si esa y otras donaciones a distintos partidos se utilizaron para encubrir otras no declaradas o en negro en violación de la ley electoral.

Por Santiago O’Donnell

A raíz de un informe de la fiscalía nacional especializada en lavado de dinero que identificó como sospechoso a un aporte de campaña del cuñado del presidente Mauricio Macri, el fiscal federal electoral Jorge Di Lello abrió una investigación preliminar para averiguar si esa y otras donaciones a distintos partidos se utilizaron para encubrir otras donaciones no declaradas o en negro en violación de la ley electoral. Según la Procelac, dichas donaciones también podrían haber ocultado maniobras ilegales como la evasión impositiva y el lavado de dinero.

El informe de 28 páginas de la Procuraduría de Criminalidad y Lavado de Activos (Procelac), al que tuvo acceso este diario, fue entregado hace dos semanas a la fiscalía electoral. En el texto, el cuñado del presidente, el empresario textil Daniel Awada, aparece como uno de los seis donantes sospechosos identificados con nombre y apellido.

Después de detallar la situación impositiva de Awada y su participación en distintas empresas, incluyendo su condición de “empleador” en Cheek SA, dueña de la marca de ropa infantil Cheeky, el informe dice lo siguiente: “En los últimos meses habría percibido acreditaciones bancarias que ascendieron a 1.063.200 pesos.”

Por su parte Daniel Awada confirmó que había aportado 2,6 millones de pesos a la campaña Macri-Michetti para el ballotage de las elecciones del 2015, y hasta había exhibido un recibo del partido Cambiemos por ese monto a un periodista de Cronista.com, según consta en una breve crónica en ese sitio de noticias el 3 de mayo de este año.

Fuentes judiciales señalan que precisamente lo que llamó la atención de los investigadores es la magnitud del aporte, el más importante de toda la campaña macrista, en relación a la situación financiera del donante, ya que el monto entre duplica y triplica sus acreditaciones bancarias durante todo un año.

Según una investigación del sitio especializado en análisis de datos y discurso Chequeado.com del 10 de abril de este año, con “los 2,6 millones de pesos que declaró para la campaña previa al ballotage,” Daniel Awada es “el individuo privado que más dinero ha declarado haber aportado a la campaña de Mauricio Macri Presidente”. Esa investigación había detectado que la última campaña Cambiemos habría recibido más de tres millones de pesos en donaciones de gerentes y empleados de empresas contratistas con el gobierno de la ciudad, lo cual, según un fallo de la Cámara Nacional Electoral, equivaldría a un aporte empresarial encubierto, que está prohibido por la ley electoral.

Para la Procelac, la donación de Awada y otras similares deben ser investigadas para “desalentar a aquellos que eventualmente podrían estar facilitando su nombre para que figure un aporte de orígenes no permitidos por la ley de financiamiento a los partidos políticos o incluso hechos ilícitos,” según dice el informe.

Consultado por este diario Awada facilitó copias del comprobante de la transferencia y el recibo de Cambiemos y señaló por escrito lo siguiente: “Mi donación de 2.600.000 pesos, en el marco de la campaña presidencial, fue realizada a través de un banco y cuenta con toda la documentación respaldatoria necesaria, además de estar por debajo del monto máximo estipulado para el aporte de personas físicas”.

Por su parte el vocero de Macri, Iván Pavlovsky, derivó la consulta de este cronista a un amigo personal y estrecho colaborador del presidente con un importante cargo en el partido PRO y un rol clave en la fiscalización de la última campaña. “Awada dirige una empresa con más de 700 empleados, le sobra para hacer la donación que hizo. Yo hubiera querido que aporte más”, dijo la fuente, que pidió no ser nombrada. El asesor presidencial agregó que no le sorprende que el cuñado de Macri haya aportado más que los principales empresarios de la Argentina y aún más que el propio presidente, quien aportó dos millones de pesos y aparece en segundo lugar en la lista de donantes de Cambiemos. “Es normal que te apoye tu familia. Por ejemplo, cuando abrí mi estudio de abogacía mi familia me apoyó. Esta denuncia se va a terminar cuando consulten a Awada y él explique que se trata de fondos propios”, señaló.

La investigación de la Procelac, la fiscalía especial a cargo de Gabriel Perez Barberá y María Laura Roteta, contó con la colaboración de la UIF, la unidad fiscalizadora de delitos financieros que depende del Ministerio de Justicia. Surge de un convenio firmado por el organismo con la Cámara Nacional Electoral en marzo del año pasado, después de que una auditoría del tribunal encontrara irregularidades en los informes que presentaron las alianzas electorales.

Además del aporte de Awada, el informe señaló como aportes sospechosos a la campaña de Cambiemos los realizados por la poderosa empresaria industrial Ivana Karina Román, hija del llamado “zar de las grúas”, y por su pareja Ricardo Jose Mihura Estrada. Con 1.500.000 y 1.481.215, respectivamente, son los principales donantes a la campaña de Macri detrás del cuñado presidencial y del presidente. Mihura Estrada fue candidato en 2012 para representar a los abogados en el Consejo de la Magistratura de la Nación por el Bloque Constitucional, secundado por Victoria Villarruel, presidenta de la ONG Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (Celtyv), que fue recibida por el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, a pocos días de la asunción de Macri.

El capítulo del informe de la Procelac dedicado al Frente para la Victoria (FpV) incluye como sospechosos a los aportes de campaña de tres empresarios vinculados al dueño de medios, casinos y constructoras, Cristóbal López, que en total donaron 340.000 pesos. Se trata de Ricardo Benedicto, socio de López en Casino Club, que aportó $ 120.000; Héctor José Cruz, socio de López en Estados Unidos, que donó $ 120.000, y Carlos Fabián de Souza, socio de López en el canal de televisión C5N, que puso otros $ 100.000.

Con respecto a Compromiso Federal, del candidato presidencial era Adolfo Rodríguez Saá, la Procelac detectó que doce de los quince donantes privados más generosos de toda la elección hicieron aportes a esa campaña por un total de más de 4,3 millones de pesos.

En su informe, la Procelac le pide al fiscal Di Lello “profundizar la investigación del perfil patrimonial de los aportantes y los informes finales de campaña de los partidos políticos mencionados”. También solicita que la secretaría electoral remita los balances anuales de 2014 y 2015 “de los partidos de orden nacional que comprenden las alianzas mencionadas” o sea Cambiemos, FPV y Compromiso Federal, para analizar y cotejar los perfiles de los aportantes. Además, la Procelac pidió cruzar los datos de los donantes con la base de datos de la ANSES. Con un número sospechoso de donantes jóvenes aportando a la campaña de Cambiemos justo por debajo del límite establecido, se busca averiguar cuántos son empleados públicos en distritos macristas, ya que sus nombres podrían serían usados para encubrir aportes en negro, explicó una fuente.

En el caso específico de Awada, la Procelac informó que el empresario registra el Reporte de Operación Sospechosa o ROS número 39296384 del 24 de enero de 2012, en el cual “una aseguradora informó que no pudo definir el perfil del cliente atento a la imposibilidad de obtener la información y documentación” correspondiente. Además, y solicita que “se realice una amplia certificación de la causa 5583/2013 de la justicia en lo Penal Económico caratulada AWADA, Daniel y otros sobre infracción 22.415”. En esa causa, Awada había sido imputado por contrabando de ropa desde China a través de una falsa triangulación a Paraguay, ya que dos choferes denunciaron a la policía que habían perdido la mercadería en un robo pero luego declararon ante la aduana que la habían dejado en el depósito de Cheeky de Cuyo 3040, Martínez, por orden de un tercero. Sin embargo, según informó el sitio Perfil.com., el 28 febrero, dos meses después de la asunción presidencial de Macri el juez Diego Amarante sobreseyó a Awada “por el beneficio de la duda” a pesar de que los recibos aduaneros y de la AFIP de la ropa en cuestión estaban a nombre de Cheeky.

Awada también se benefició con sobreseimientos recientes en sendas causas por reducción a la servidumbre en los talleres clandestinos que proveían trabajo esclavo para confeccionar la ropa que vende en sus tiendas, tal como denunció en varias oportunidades la fundación La Alameda desde 2006. El primer sobreseimiento provino del entonces juez federal Guillermo Montenegro poco antes de asumir como ministro de seguridad de Macri en la ciudad en diciembre de 2007. Más cerca en el tiempo, en abril del año pasado, la jueza porteña María Fontbona de Pombo sobreseyó a Awada, y otros dueños de marcas de ropa de moda, en una causa similar por “reducción a la servidumbre de costureros bolivianos con documentación irregular”. La jueza falló que no es delito contratar a talleres clandestinos. Según la apelación del fiscal Adrián Madrea, citado en el sitio CosechaRoja.com, el fallo equivale a decir que para Awada “contratar a un taller donde trabajan esclavos para producir ropa de su marca para beneficiarse con ello no es su problema ni está prohibido”. El fallo de la jueza porteña fue confirmado en Cámara.

Tras recibir el informe de la Procelac sobre aportes de campaña sospechosos, fuentes de la fiscalía señalaron que Di Lello abrió una “investigación preliminar” y dispuso una serie de medidas esta semana. Por un lado, pidió al Cuerpo de Auditores Contables de la Cámara Nacional Electoral que remitan a su fiscalía “todos los informes que haya realizado hasta el momento con relación a las campañas electorales de orden nacional celebradas durante el año 2015 respecto de las alianzas Cambiemos, FpV y Compromiso Federal”. Por otra parte, pidió a la Procelac que profundice su investigación para determinar “en qué circunstancias detalladas en la presentación resultan, si bien en forma provisoria, suficientes para iniciar una investigación en el campo electoral”.

El llamativo aporte de campaña del cuñado presidencial quedó así en la mira de la justicia electoral, a la espera de novedades.

@santiodonnell

Ticket de la transferencia y recibo (abajo) de la donación de Awada.

Página/12 :: El país :: Aporte sospechoso para ayudar al Presidente

26/08/2016

O Eduardo CUnha argentino atuou sob as barbas dos arapongas brasileiros

Macri ArgentinaMaurício Macri está para Argentina como Aécio Neves está para o Brasil. A diferença é que lá, ao contrário do Brasil, o perdedor reconheceu o vencedor. Claro, ele não precisou golpear a democracia para se proteger dos próprios crimes. No Brasil não havia possibilidade de proteção a Eduardo CUnha, Aécio Neves, Romero Jucá, Renan Calheiros, José Serra, Rede Globo, Mossack & Fonseca, Michel Temer, família Sirotsky, FHC, José Sarney, Eliseu Rima Rica. A plutocracia brasileira se protegeu elevando a cleptocracia à condição de governo.

Não é sintomático que Macri, cartola dono do Boca Jrs, tenha vindo ao Brasil de José Maria Marin, Ricardo Teixeira, Rede Globo, Mossack e Fonseca, João Havelange para montar sua lavanderia Panama Papers?! Por que esta lavanderia, assim como o Operação Zelotes, virou, para delírio do Napoleão das Alterosas, pó!?

Hoje, a partir do momento em que a delação da OAS deixa de ser aceita porque entrega o primeiro a ser comido, o tarja preta e o suíço CUnha, fica ainda mais claro porque Lula foi obsessivamente caçado. A caça ao grande molusco foi uma cortina de fumaça perfeita para a proteção do bestiário que tomou o planalto central de assalto. A desfaçatez da plutocracia, perfeitamente tipificada pelos patos da FIESP, assaltou e levou na mão leve 54 milhões de votos.

A democracia está sendo estuprada à luz do dia, sob o olhar complacente e luxurioso dos grupos mafiomidiáticos.

E depois ainda dizem que não há crime perfeito. É tão perfeito que as pessoas mais esclarecidas restam petrificadas diante do assalto descarado à democracia. A sensação de impotência é aquela de roubo, quando os bandidos invadem nossa casa e vão carregando, um a um, nossos bens sem que possamos reagir!?  

El crimen se consumó en Brasil

La offshore Fleg de Mauricio Macri estuvo en el origen del delito investigado y en Brasil se articuló con otras dos empresas, Socma y Owners. Delgado remitió un escrito al juez Casanello considerando que fue una tríada que comenzó a armarse en las Bahamas.

Por Martín Granovsky

Por Martín Granovsky @

La causa contra Mauricio Macri por presunto lavado de activos a través de sus offshore subió un escalón clave. El fiscal Federico Delgado sacó las primeras conclusiones sobre Fleg, la sociedad radicada en Bahamas sobre la que este diario viene informando en detalle desde abril. Escribió Delgado: “La causa ya muestra que Fleg fue una empresa madre de otras empresas”.

En su escrito elevado al juez Sebastián Casanello, el fiscal sostiene que “a esta altura del proceso es posible ir precisando caminos por recorrer cada vez con más precisión”.

Uno de los caminos es el indicado: que Fleg fue una empresa madre.

Otro de los caminos debe seguirse de este modo según el acusador: “También hay que leer la relación entre Fleg y Owners como dos caras de una moneda”.

Y el tercer camino surge de esta frase del fiscal: “Finalmente, que Owners, Fleg y Socma Americana constituyen una tríada a la que subyace una misma realidad económica, más allá del velo societario”.

Según el escrito “esa tríada se comenzó a gestar en Bahamas y se perfeccionó en Brasil”.

Delgado suele eludir la jerga jurídica. Sin embargo el verbo perfeccionar, en Derecho, significa consumar. O sea que según Delgado el presunto delito comenzó a gestarse en Bahamas y se consumó en Brasil.

También en el último escrito el fiscal continuó con la carátula “Macri, Mauricio s/infracción art. 303”. La primera parte del artículo 303 del Código Penal establece que será “reprimido con prisión de tres a diez años y multa de dos a diez veces del monto de la operación, el que convirtiere, transfiriere, administrare, vendiere, gravare, disimulare o de cualquier otro modo pusiere en circulación en el mercado bienes provenientes de un ilícito penal, con la consecuencia posible de que el origen de los bienes originarios o los subrogantes adquieran la apariencia de un origen ilícito”.

Si el fiscal invocó ese artículo es porque tiene la hipótesis de que los hechos sobre los que está desarrollando su pesquisa podrían ajustarse al tipo penal del 303.

La gestación en Bahamas sería la creación de Fleg, con Mauricio Macri en el directorio junto a su padre, Franco.

En cuanto a la consumación, aquí va el párrafo del escrito de Delgado: “La relación entre Owners, Fleg y Socma Americana se realizó en Brasil y se cristalizó en un tiempo relativamente corto. Durante el mes de septiembre de 1998”. Según el diccionario de la Real Academia Española, cuando el verbo “cristalizar” se aplica a las ideas, los sentimientos o los deseos de una persona o de una colectividad significa “tomar forma clara y precisa, perdiendo su indeterminación”.

Fleg habría sido el primer paso de un despliegue territorial que remató en la creación de sociedades en Brasil.

El fiscal, tras analizar indicios aportados por el diputado neuquino del Frente para la Victoria Darío Martínez, los da por ciertos a tal punto que utiliza esos datos para construir su propia descripción de cómo sucedieron las cosas. Dice sin verbos condicionales que Socma Americana cobró nueve millones de dólares por parte de Fleg a cambio del 99 por ciento de las acciones de Owners do Brasil. Recuerda que Fleg quedó como accionista mayoritaria de Owners el 21 de septiembre de 1998.

Después, en octubre de 1998, Socma Americana “constituye otras tres sociedades nuevas y realiza aportes de dinero en cada una de ellas”. Las empresas son Partech-Unnissa (aporte de 1.892.000 reales), Partech (5.539.000 reales, a la que también se sumó la offshore de Caymand Island Equifax) e Itron do Brasil (3.417.872 reales).

A su vez Owners, dice el escrito del fiscal, se relaciona con tres firmas nuevas. Una es Martex do Sul, formada en 1999 con capital inicial aportado por Socma Americana. En 2007 se incorpora Owners-Fleg a Martex. Otra, formada en 2002, es Mega Consultoria, que también recibe a Owners-Fleg en el mismo año. La tercera es Itron do Brasil, formada en 1995 y también con el agregado de Owners-Fleg en 2007.

Resumen de Delgado: “Es decir que de la tríada Fleg-Socma Americana-Owners se constituyeron tres sociedades por el lado de Socma Americana (Partech-Unnisa, Itron do Brasil y Partech) y a la par Owners se incorporó a otras tres sociedades (Martex do Sul, Mega Consultaría e Itron do Brasil)”.

Misterio a develar según Delgado: “Hay en juego aproximadamente nueve millones de dólares cuyo origen hay que descubrir”.

Meta de máxima para Delgado: “Esos actos de comercio en los que se objetivó la relación triádica deberían estar registrados en el país vecino y con ese objetivo deben librarse los exhortos, los cuales deben estar orientados a solicitar información vinculada a las sociedades en relación a toda la información registral societaria, movimientos bancarios e información fiscal”.

Objetivo inmediato del fiscal: mientras las Cancillerías y las Justicias se intercambian los exhortos, un sistema en el que Delgado confía poco porque anota que en vez de contestar piden más información, el juez Casanello podría pedir la colaboración del Cuerpo de Peritos Contadores de la Justicia Nacional para que examinen la documentación afectada al proceso y señalen si el ‘grupo Macri’ asentó la salida de 9.300.000 dólares con el objetivo de constituir Fleg y si de alguna manera se registró la relación entre Fleg, Owners y Socma Americana en la AFIP”.

Recomendación de Página/12: releer ya mismo el artículo 303.

martin.granovsky@gmail.com

Página/12 :: El país :: El crimen se consumó en Brasil

21/08/2016

Público na privada

Filed under: Cleptocracia,Maurício Macri,Panama Papers,Público na Privada,Plutocracia — Gilmar Crestani @ 7:55 pm
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macriA volta dos mortos vivos, muito vivos. Pensava-se que depois de Alberto Fujimori, Carlos Menem e FHC não haveria mais espaço para retorno da plutocracia viciada em jogar recursos públicos na privada. Mas roda da história gira, e a lusitânia, roda.

Os governos de esquerda pagam as dívidas, constroem empresa lucrativas e, com os lucros, investem em programas de inclusão social. Na Argentina do Grupo Clarin ou no Brasil da Rede Globo, ambos filiados a SIP, avó do Instituto Millenium, investir em programas de inclusão social é crime inafiançável.

A Rede Globo escalou seu magarefe para atacar as cotas raciais. Ali Kamel escreveu “Não Somos Racistas”. Claro, se pudessem caçariam a Princesa Isabel e revogariam a Lei Áurea. Como não podem, atiçam seus capitães de mato contra Lula.

Na Argentina a direita pelo menos teve a decência de vencer no voto. No Brasil, a cleptocracia foi ardorosamente defendida pela Marcha dos Zumbis recrutados pela Rede Globo. Não por acaso os principais personagens do golpe estão, como Maurício Macri, finanCIAdos pela Mossack & Fonseca, passando lua de mel no Panamá

Mais uma vez, tudo o que foi construído ao longo de 12 anos virou, para delírio do primeiro a ser comido, pó. Vem aí novos empréstimos no FMI e dinheiro do BNDES para financiar a compra do que não são capazes de administrar, quanto mais construir. Para os promotores do golpe paraguaio, a privataria tucana foi uma bênção. É a volta do público na privada.

É o efeito orloff, aconteceu na Argentina, acontece no Brasil.

 

Estado bobo, privado rico

Por Alejandro Giuffrida
Una nueva ley de asociación público privada se cocina en el Congreso de la mano del PRO y a la medida de las multinacionales. El Estado siempre será minoría en las sociedades, los contratos escaparán a las regulaciones nacionales pero se beneficiarán de los fondos y las investigaciones públicas argentinas.
El gobierno de Mauricio Macri avanza en el Congreso con una ley que fija un nuevo régimen de inversión en la obra pública, que le abra las puertas de par en par al capital foráneo sin controles pero con garantías. La discusión comenzó la semana pasada en el Senado, pero el texto en debate es un caballo de Troya: se redactó en los escritorios de los bufetes de abogados de las grandes multinacionales. En esos estudios hablan de un texto de ley light para que lo aprueben los aliados legislativos de Cambiemos, y aseguran tener información de que luego de sancionada la ley, la reglamentación será pro-multinacionales por parte del Ejecutivo.
El esquema implica, en concreto, la prestación directa al usuario de un servicio público por parte de una empresa privada. Los apóstoles de este sistema se esfuerzan por despegarlo del término “privatización”, pero en los papeles hay muchos puntos en común. Uno de ellos es el retorno a los tribunales externos para la resolución de conflictos, es decir los juicios ante el Ciadi.
Denominado en la región tanto Asociación Público-Privada (APP) como Participación Público-Privada (PPP), el formato tiene como principales referentes latinoamericanos a las economías de México, Colombia y Perú. En la Argentina hubo algunos antecedentes pero no llegaron a aplicarse.
En los hechos, el proyecto en debate en el Senado anula las leyes de Obra Pública y de Concesión de Obra Pública. Es decir que las obligaciones que deberá afrontar el privado serán sólo aquellas que se encuadren en la ley que se está debatiendo (de contenidos generales y sin demasiado detalle, para habilitar una reglamentación a medida) y, sobre todo, las que fijen el contrato y el pliego de licitación de cada obra.
En otras palabras, el Ejecutivo tendrá frente a cada proyecto que quiera canalizar por el régimen de PPP la capacidad arbitraria de fijar las obligaciones que el sector privado tendrá que cumplir en esa operación. Además, si bien el régimen es de participación mixta, el Estado Nacional nunca podrá tener una posición mayoritaria en la asociación con un privado. Las reglas no las fijará el capital público.
Otro punto polémico es que las contrataciones podrán ser directamente en dólares o, si se trabaja con un esquema en pesos, el contratista podrá exigir la redeterminación del precio de la obra al momento de la ejecución, burlando plenamente el pliego y la oferta aprobada. Para esto, Cambiemos tuvo que cargarse la ley de convertibilidad de Cavallo, que tiene artículos específicos sobre la prohibición de indexaciones. Incluso, si la empresa se endeuda para hacer la obra licitada y después no puede hacer frente a sus obligaciones financieras, entonces el contrato pasa directamente a favor del acreedor.
El encargado oficial de avanzar sobre los PPP es Horacio Reyser, el hombre en Presidencia que tiene a su cargo transformar en realidad la “lluvia de inversiones” esperada. Su promesa hacia Macri fue consolidar un flujo de Inversión Extranjera Directa (IED) por sobre los 25.000 millones de dólares anuales.
Durante la campaña electoral, también el equipo de Daniel Scioli había adelantado su voluntad de crear un esquema público-privado, que es habitualmente impulsado por el Banco Mundial y otros organismos internacionales de crédito.
La pluma del abogado
El proyecto que ingresó el Poder Ejecutivo en la Cámara Alta –y que ya está en discusión en Comisiones- fue directamente armado por los bufetes de abogados de las grandes corporaciones, en consonancia con el rol que solían tener durante el menemismo.
Según pudo saber Nuestras Voces en palabras de una fuente del Senado, el proyecto tiene la pluma de dos estudios de abogados representantes de los grandes capitales extranjeros que operan en el país: Beccar-Varela y O’Farrell.
El Estudio Beccar Varela tiene como cartera de clientes al mundillo financiero local y externo. El Citi, Galicia, Itau, Merrill Lynch, J.P.Morgan, Credit Suisse, Deutsche Bank, por sólo citar a los más renombrados. Sus oficinas están en el tercer piso del Edificio República, aquel que alguna vez fuera sede del banco de Raúl Moneta.
El Estudio O’Farrell, en tanto, se destacó como el representante habitual de multinacionales, muchas de ellas con antecedentes de conflictos legales contra el propio país, y otras tantas ligadas al mercado energético y minero.
La plataforma de abogados es también la garantía de Cambiemos para llenar su mini cumbre de negocios internacional, bautizada Foro de
Negocios e Inversión.
A mediados de septiembre, el Gobierno reunirá en el Centro Cultural Kirchner (CCK) a banqueros y CEOS del Banco Mundial, Goldman Sachs, JP Morgan, Council of the Americas, el Citigroup, la CNN, Coca Cola, entre tantas otras multinacionales y organismos de crédito. Para ese entonces, aspiran a presentar una Ley de Participación Pública-Privada sancionada, o por lo menos a punto de…
En los centros financieros de Estados Unidos y Europa ya circula un documento, en el que directamente se asegura que el Gobierno de Macri presentó ante el Congreso un proyecto lavado, con poco detalle de regulación, para que una vez sancionado el Ejecutivo pueda incluir las cláusulas “necesarias para establecer un régimen global”, que “se espera que sea consistente con los más avanzados regímenes de otras jurisdicciones de América Latina”.
Los textuales pertenecen a una de las últimas presentaciones de la firma de abogados Clifford Chance, una multinacional con sede en Londres, que encabeza el listado de bufetes mundiales destinados a “Capital markets” y “Litigation & Dispute resolution”. La promesa de Macri de traer inversiones extranjeras venía silenciosamente acompañada de la pérdida de controles y regulaciones.
Nuestras Voces
http://www.nuestrasvoces.com.ar

Nota de tapa

A cleptocracia se lambuza no Panama Papers

OBScena: capa do jornal argentino Pagina12 trata o golpe no Brasil como uma farsa.

Pagina12 21082016E demonstra que os golpistas, lá como cá, deram o golpe para se protegerem. Como escreve o jornalista Martin Granovski no Página 12, “Después del milagro argentino, Socma quiso ser protagonista también del milagro brasileño para fortalecer su milagro en la patria. Tantas operaciones en 1998 tal vez no sean una casualidad. Era el último año de gobierno del primer período de Fernando Henrique Cardoso, el presidente neoliberal que gustaba ser visto en el exterior como un socialdemócrata.”

Faltou apontar a parceria dos grupos mafiomidiáticos, tanto do Grupo Clarín como da Rede Globo. Não por acaso, ambos, assim como toda plutocracia brasileira, estão no Panama Papers. E é exatamente por isso que a cleptocracia fez do Palácio do Planalto Central um bunker. Não só para se protegerem mas, principalmente, para continuar se alimentando. A desgraça destes dois países são os golpes. Mas há algo ainda pior. Os golpes não aconteceriam não fossem as doses diárias de amestramento numa massa cheirosa de midiotas. O adestramento de anencefálicos é a segurança dos golpistas.

Maurício Macri está em boa companhia. João Dória JR, o candidato dos golpistas em São Paulo, lhe faz companhia nas offshores…

Aqui está uma boa explicação do porque o Panama Papers ter sumido dos jornais brasileiros. A mídia brasileira tem direito a silenciar para nãos e incriminar. E é pelo mesmo motivo que não fala mais em Lista de Furnas, Lista Falciani do HSBC, na Operação Zelotes, na Lista Odebrecht. Claro, em todas estas falcatruas estão todos os caçadores do grande molusco. São aparecem Lula e Dilma…

O ódio da plutocracia em relação a Lula é diretamente proporcional à sua inocência. Tanto mais investigam, mais são os cleptocratas aparecem. Lula é culpado, claro. Só falta encontrarem o crime. Procuram desde que Lula ousou nascer mas até agora, nada. Medalha de lata aos investigadores!

EL PAIS › PANAMA PAPERS: NUEVAS REVELACIONES DE SOCIEDADES OFFSHORE DE MACRI EN BRASIL Y MOVIMIENTOS DE DINERO

Las mamushkas del Presidente

El juez Casanello y el fiscal Delgado dispondrán de datos frescos para reconstruir un sistema completo de fabricación de empresas a partir de firmas offshore.

Por Martín Granovsky

Los Panamá Papers del Presidente, a quien la Justicia investiga por supuesta infracción al artículo 303 del Código Penal, son cada vez más que papeles. En Brasil ya hay pistas que permiten explorar la ruta de 9 millones de dólares intercambiados entre sus distintas sociedades de todo tipo: argentinas, brasileñas y offshore con sede en Panamá o Bahamas. Y hay otra novedad: por primera vez aparecen en superficie tres empresas más vinculadas a su firma Fleg Trading, la offshore de Macri revelada por los Panamá Papers, pieza clave de las operaciones de Socma (Sociedades Macri, en el mercado brasileño.

El diputado nacional Darío Martínez, un neuquino del Frente para la Victoria, se apresta a ampliar sus dos denuncias anteriores al fiscal Federico Delgado.

“El fiscal se propuso establecer si la actividad de Fleg y de otras sociedades infringieron algún tipo penal y a mí me parece un camino serio al que quiero contribuir”, dijo Martínez en diálogo con Página/12.

“El grupo Macri se instaló en Brasil en 1995 y desarrolló actividades por lo menos hasta 2007”, recordó el diputado. “Diseñaron un entramado de sociedades a partir de una firma creada en Bahamas, Fleg Trading Ltd., que justamente está en el centro de la investigación del fiscal.”

Añadió que “para colaborar con la Justicia voy a pedir que se cite a declarar a Francisco Macri, Mauricio Macri y Mariano Macro como directores de Fleg Trading para que digan cuál fue el origen de la suma utilizada para comprarle a Socma Americana su participación en Owners do Brasil”. Otro de los puntos que formarán parte de la política de colaboración con la pesquisa será el pedido de citación a Francisco Macri y Mauricio Macri como directivos de Socma Americana para que informen de dónde salieron los fondos aportados en tres sociedades.

El artículo 303 del Código Penal que invoca Delgado en la carátula de la causa donde tiene competencia el juez Sebastián Casanello dice textualmente en su inciso primero: “Será reprimido con prisión de tres a diez años y multa de dos a diez veces del monto de la operación, el que convirtiere, transfiriere, administrare, vendiere, gravare, disimulare o de cualquier otro modo pusiere en circulación en el mercado, bienes provenientes de un ilícito penal, con la consecuencia posible de que el origen de los bienes originarios o los subrogantes adquieran la apariencia de un origen ilícito y siempre que su valor supere la suma de pesos trescientos mil, sea en un solo acto o por la reiteración de hechos diversos vinculados entre sí”.

Los lectores de este diario conocen la existencia de Fleg por numerosas notas publicadas en los últimos meses. Esas cuatro letras colocaron a Mauricio Macri en medio de las revelaciones de los Panamá Papers, difundidas el 3 de abril de este año por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. Son sociedades offshore formadas en paraísos fiscales para facilitar operaciones internacionales, encubrir titularidades en terceros países o evadir impuestos. La creación es obra del estudio de abogados de Panamá Mossack Fonseca. Fleg, radicada en Bahamas, es una de esas firmas que abarcan un mundo de dirigentes políticos, funcionarios, artistas, empresarios y deportistas.

A principios de abril Macri se desentendió de la importancia de las sociedades que sirvieron a su vez para crear otras sociedades. Dijo que figuró como director de Fleg “cuando mi padre quería extender Pago Fácil a Brasil, pero finalmente no pudo”.

Varias investigaciones del periodista Tomás Lukin en este diario revelaron que no solo que Pago Fácil realmente funcionó sino que otras empresas se desarrollaron a partir de las offshore Fleg y Kagemusha, entre otras, donde participaron diferentes miembros de la familia Macri como Franco, Mauricio y el hijo menor, Gianfranco.

Máscara

Lukin publicó el 15 de mayo que Fleg compró el 99,9 por ciento del capital social de una firma con nombre inmodesto: Owners do Brasil Participacoes Ltda. Es decir, Dueños de Brasil Participaciones Limitada.

Los directivos de Socma ya figuraban entre los grupos más poderosos de la Argentina. Los economistas Eduardo Basualdo, Manuel Acevedo y Miguel Khavise señalaron tempranamente, en 1984, que de siete empresas en 1973 los Macri llegaron a 47 a finales de la dictadura. Llegaron a ser propietarios de Sevel, de Sideco, de Socma financiera, de Manliba, de Itron y de Iecsa. Reforzarían su poder de manera decisiva durante el gobierno de Carlos Menem, en buena medida gracias a los contratos y a la financiación voluntaria o forzosa del Estado. En 1999 la deuda del grupo ascendía a 900 millones de dólares repartidos entre acreedores privados y estatales. Hacerse dueños también de Brasil era una apuesta fuerte. Por eso, asociarse con los dueños de Brasil, ¿por qué no sería posible para un clan bien asentado en la Argentina como el de Franco y Mauricio Macri?

Fleg gastó en Owners 11,2 millones de reales. Al cambio de la época eran 9,3 millones de dólares.

Según las averiguaciones de Martínez, “esa compra convirtió a Owners en la máscara de Fleg en Brasil”. Los especialistas sostienen que las empresas offshore se usan no solo para evadir sino para triangular entre firmas del mismo dueño. Piensa el diputado que las sociedades en las que aparezca Owners como accionista “estarán directamente relacionadas con Fleg, y por lo tanto son de interés de la investigación que está llevando a cabo el fiscal Delgado”.

Tres más

Hay tres de esas sociedades que hasta ahora no estaban bajo la lupa de los investigadores argentinos. En las tres la accionista es Owners. O sea Fleg. O sea Socma. O sea Macri. Los Macri. Inclusive Mauricio, entonces solo empresario y hoy empresario y Presidente de la Nación.

Una empresa que tiene a Owners como accionista se llama Itron do Brasil.

Otra, Martex do Sul.

Otra más, Mega Consultoría Servicios e Participacoes.

¿Cómo se formó el capital accionario de Owners? Sencillo: Fleg colocó en Socma Americana SA 9,3 millones de dólares.

¿Qué pasó con esos 9,3 millones de dólares? El destino exacto es, todavía, una incógnita. Pero ya hay pistas. Porque hay coincidencias. Una coincidencia no es una causa. Si la pesquisa fuerza los hechos estará construyendo una teoría conspirativa. Los hechos suelen destruir esas teorías con la venganza de la realidad, que es, naturalmente, una venganza terrible. Todo se desmorona en un soplo. Pero varias coincidencias juntas permiten, por lo menos, una sospecha legítima. Los buenos fiscales conocen bien esa sensación. A veces todavía no saben qué hay detrás de lo que ven pero notan que algo no les cierra. En ese tablero, cuando aparecen datos y números los investigadores pasan de la curiosidad inicial a la hipótesis.

Conviene seguir el hilo con paciencia.

El 21 de septiembre de 1998 Fleg ingresó en Owners.

En la misma época Socma Americana puso capital en tres empresas.

Colocó 3,4 millones de reales de entonces en Itron do Brasil.

Puso 1,8 millones de reales en Partech-Unnisa Participacoes.

Invirtió 5,3 millones de reales en Partech.

Un total de 10,5 millones de reales. Al cambio de la época, 8,4 millones de dólares.

Las cifras son muy parecidas a las que figuran más arriba y forman parte de una operación conocida, el gasto en acciones de 11,2 millones de reales (9,3 millones de dólares) con origen en Fleg y destino en Owners.

Cuando se difundió la existencia de Fleg, el Presidente dijo que “nunca funcionó”. Tampoco, según Macri, desarrolló actividad alguna ni poseyó cuentas bancarias. ¿Y Owners? Cada vez hay más indicios de que funcionó, desarrolló actividades y, por lógica, fue titular de cuentas bancarias a través de las sociedades creadas. Un conjunto de hechos que el fiscal Delgado llamó con criterio realista “actividad social” de las empresas. Porque los papeles de Panamá no tratan de simples inscripciones en estudios de abogados sino de la fundación de sociedades con capacidad de multiplicarse y maximizar ganancias.

Voluntad

Sobra información pública en la Junta Comercial del Estado de Sao Paulo. Un rastreo allí demuestra que el tandem Fleg-Owners tuvo movimientos de fondos entre 1998 y 2007.

El punto es cómo, más allá de la investigación particular, la Justicia argentina se hace de la documentación.

En su presentación del 7 de junio el fiscal Delgado hizo una afirmación infrecuente. Reconoció que chequear esta parte de la investigación es “complicadísimo”. Quien recorra los escritos de Delgado sabrá que el acusador prefiere el estilo llano a la jerga incomprensible de Tribunales pero a la vez es claro cuando envía un mensaje público. Dijo Delgado: “Dependemos de los vetustos exhortos cuya eficacia y velocidad está dada, exclusivamente, por la voluntad de los gobiernos requeridos y por la habilidad diplomática de los Estados requirentes”.

Cuando la Justicia de un país investiga y requiere de la ayuda de sus colegas de otro país eleva el pedido a su propia Cancillería. Es ella la que traslada el exhorto a la Cancillería del otro país, que a su vez la transmite a los funcionarios judiciales.

Se requiere habilidad, como declaró Delgado, y naturalmente también voluntad. En la Argentina la celeridad depende de la vocación por la transparencia que tenga el Ministerio de Relaciones Exteriores encabezado por la ex jefa de gabinete del secretario general de la ONU y aspirante a secretaria general Susana Malcorra. En Brasil depende de Itamaraty, a cargo del eterno postulante a presidente José Serra. Y luego, también en Brasil, de la Justicia en el área que corresponda. Con un detalle adicional: la habilidad y la voluntad de las cancillerías puede adelantar o atrasar las causas judiciales pero a esta altura no impide el conocimiento de la verdad. La opacidad tiene patas más largas que la mentira, pero no tanto.

Abuelitas

El diputado Martínez está convencido de que las sociedades, sean offshore o no, estén radicadas en Bahamas, Panamá, Brasil o la Argentina, actúan como las mamushkas, esos juegos rusos de muñecas donde dentro de una abuela siempre había otra, y así hasta llegar hasta la abuelita más pequeña. De paso, lo de “mamushka” es un argentinismo, porque las muñecas en ruso se llaman “matrioshkas”.

“Son sociedades creadas para estar dentro de la cáscara de otras sociedades”, dijo. “Fleg oculta a sus dueños en un paraíso fiscal con acciones al portador y Owners oculta a Fleg. Esto nos lleva a suponer (y por ende a buscar) que existen otras sociedades en Brasil que tienen por socia a Fleg-Owners, y que pueden existir muchas combinaciones más de mamushkas.”

La mamushka Socma y la mamushka Socma Americana constituyeron la mamushka Owners.

La mamushka Fleg compró a la mamushka Socma Americana su participación en Owners.

“Cuando hablamos de Owners está claro que es la misma Fleg con nombre brasileño”, señaló Martínez.

¿Para qué sirve Owners? No hace falta tejer suposiciones. En su estatuto social dice que “la sociedad tiene por objeto social principal la participación en el capital de otras sociedades como socia quotista o accionista”.

Owners es una mamushka que actúa a su vez como una creadora de mamushkas. El Macri Presidente de hoy diría que el Macri empresario de entonces era un modelo de emprendedorismo. Firmaba contratos con el Estado argentino y buscaba firmar contratos de obra pública o informática también con el Estado brasileño mientras fabricaba cáscaras. Un emprendimiento productivo, porque las cáscaras son una forma del emprendorismo a escala mundial. Facilitan negocios sin la molesta observación de los Estados y la agobiante fiscalización de las agencias recaudadoras de impuestos. Mueven dinero.

Por ejemplo Martex do Sul, una de las firmas hasta hoy desconocidas por el público, fue constituida en 1999 con 1.919.000 reales aportados por Socma Americana Sociedad Anónima y 70 reales aportados por el señor Alberto Guillermo Tarantini. En 2004 el capital de Socma en Martex era de solo 4700 reales. ¿El resto se evaporó? ¿Circuló entre sociedades y operaciones mediante el uso de cuentas? ¿Una sociedad transfirió a otra parte de su patrimonio neto?

La apuesta de los Macri en Itron do Brasil fue vigorosa. En 1998 ingresó allí con 3.417.000 reales. El señor Tarantini, siempre módico, aportó uno. Cuatro años después el capital social se había reducido a 1.932.000 reales. ¿Qué pasó en el medio? ¿Otra transferencia de patrimonio neto de una mamushka a otra?

Si las cancillerías fueran tan habilidosas como los emprendedores Macri y la Justicia brasileña cooperase con algo más que respuestas escuetas, todo sería fácil. Gente práctica, los directivos de Socma Americana, Fleg, Owners y demás mamushkas ni siquiera se exponían a las grandes distancias en la mismísima ciudad de San Pablo. Martex e Itron do Brasil fueron constituidas con la misma dirección. Era la rua Pedroso Alvarenga 1264, 6 andar, Itaim Bibi, Sao Paulo. Itaim Bibi es un hermoso barrio, estilo Belgrano, muy cerca del Museo de Arte Moderno.

Se puede ser offshore y chic al mismo tiempo.

martin.granovsky@gmail.com


Los directivos de Socma Americana, entre ellos Mauricio Macri.

El contrato social de Owners, la contracara de Fleg.


La ficha de Owners do Brasil según consta en la Junta Comercial del Estado de San Pablo. Figuran Fleg y Socma Americana.

Página/12 :: El país :: Las mamushkas del Presidente

EL PAIS › DEL MILAGRO BRASILEÑO AL MILAGRO ARGENTINO

Los socios del primo Angelo

La pista de las offshore descorrió el velo de las asociaciones emprendidas por los Macri en Brasil y de las sociedades formadas para ampliar los negocios en la Argentina.

Por Martín Granovsky

Después del milagro argentino, Socma quiso ser protagonista también del milagro brasileño para fortalecer su milagro en la patria. Tantas operaciones en 1998 tal vez no sean una casualidad. Era el último año de gobierno del primer período de Fernando Henrique Cardoso, el presidente neoliberal que gustaba ser visto en el exterior como un socialdemócrata.

Cardoso es el padre político de Serra, el actual canciller de Michel Temer. En 1998 disputó y ganó la reelección contra Luiz Inácio Lula da Silva, que se presentaba por tercera vez en nombre del Partido de los Trabajadores. Cardoso le ganó en primera vuelta. Obtuvo el 53 por ciento porque no dijo la verdad. Hizo campaña asegurando que no devaluaría. Lula le replicó que había que devaluar porque la relativa equivalencia entre el real y el dólar era ficticia. Cardoso asumió su segundo mandato el 1° de enero de 1999. El 6 de enero devaluó. Hizo en el gobierno lo contrario de lo prometido porque si hubiera prometido lo contrario tal vez habría perdido. Cualquier semejanza con otras realidades en otros tiempos no es mera coincidencia.

El asentamiento progresivo de Socma en Brasil coincide con las diferentes etapas de la crisis del Plan de Convertibilidad argentino, agudizadas con cada cimbronazo mundial. En 1995 una Argentina sin capacidad monetaria de maniobra recibió el golpe del Tequila mexicano. En 1997 el mandoble vino de la catástrofe asiática. En 1998 de la caída rusa. Ya parecía suficiente cuando la devaluación brasileña terminó de hacer más inestable un plan que ya era frágil y había cumplido hacía tiempo su papel de estabilización antiinflacionaria de la Argentina.

Sin un Mercosur asentado en los Estados o los pueblos, las corporaciones transnacionales y los grandes grupos económicos de cada país fueron tejiendo acuerdos o formando empresas transitoriamente unidas para objetivos específicos. Un Mercosur de las megaempresas.

El secreto pudo estar en los manejos financieros y en la creación de sociedades. No hubo secreto en los objetivos que Delgado calificaría como reales. Y efectivamente lo eran. El 12 de mayo de 1997 el periodista Marcelo Cantón publicó en Clarín una nota según la cual el grupo Itron de la Argentina, concebida para informática y comunicaciones, estaba organizada en un holding llamado Mercosur Technology and Communications, MTC, que controlaba dos empresas: Itron Argentina e Itron do Brasil. “De cada una de ellas depende un conglomerado de compañías”, escribió Cantón. “Francisco Macri es el dueño del 100 por ciento de MTC.” Informaba también que Itron do Brasil era socia al 50 por ciento del grupo brasileño Andrade Gutiérrez. ¿Dónde? En Partech, una de las sociedades presentadas antes en esta nota. Partech controlaba a Proceda y Unnissa.

Una mamushka más para la colección: Unnissa era nada menos que la administradora de las tarjetas Visa y Mastercard para diversos bancos, a los que asesoraba en resúmenes y marketing.

“Hemos decidido volcarnos de lleno a Brasil”, declaró en 1999 Salvestrini, piloto de MTC, deslumbrado entonces con la posibilidad de entrar al negocio de las telecomunicaciones en Brasil. Salvestrini es cosmopolita para los negocios. Fue uno de los impulsores del famoso desembarco de los Macri en Nueva York. La leyenda dice que ese desembarco falló por culpa de Donald Trump. Franco y Mauricio Macri saben la verdad: no pudieron convertirse en constructores neoyorquinos porque otros paisanos habían llegado antes.

En la Argentina, Itron quiso quedarse con el negocio de los DNI y el control de migraciones. Sus proveedores, según Cantón, eran OCA y una empresa destinada a la fama: Ciccone. Competía con IBM y Siemens. Siemens no solo terminó ganando la licitación sino que cambió el mercado a tal punto que en 1999 compró la mayoría del paquete accionario de Itron argentina.

Andrade

Andrade Gutiérrez, el socio de los Macri en el sueño del milagro brasileño, no era una pyme. Fue la constructora de la represa de Itaipú. Es el segundo gigante de Brasil, después de Odebrecht, en energía, obras públicas y comunicaciones.

En la Argentina tiene su sede en Córdoba 1318. Y parte de sus operaciones se desarrollaban en la provincia de Córdoba. Uno de sus socios argentinos era Iecsa. Las mamushkas parecen infinitas, porque el dueño de Iecsa es –o era hasta hace poco, si es que ya concretó la venta que prometió– Angelo Calcaterra, el primo de Mauricio Macri dedicado a las grandes obras. Una de esas obras, en este caso no con Andrade Gutiérrez sino con Odebrecht, consiste en soterrar el Ferrocarril Sarmiento, con fondos que representan una porción importante del gasto nacional en obra pública. Iecsa era de Socma hasta que en 2007 Franco Macri se la vendió a su sobrino.

Como Odebrecht, Andrade Gutiérrez y sus directivos, como el presidente Otavio Marques de Azevedo, quedó en la mira de las investigaciones por la corrupción alrededor de Petrobrás, que por cierto no tiene nada que ver con el juicio político entablado contra Dilma Rousseff. El juicio por supuestas irregularidades en el manejo de las finanzas públicas no ofrece las garantías suficientes según una petición de parlamentarios brasileños presentada en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por el jurista argentino Damián Loreti.

Los investigadores locales confían en que la Justicia brasileña aplique al menos una parte de su energía al caso Fleg y a la necesidad de levantar el secreto bancario de esa empresa y sus distintas mamushkas para determinar la ruta de los once millones de reales cuyos detalles aún constituyen un misterio.

El diputado Martínez dijo que colaborará en lo que sea necesario con la Justicia brasileña como lo hizo y lo seguirá haciendo el fiscal Delgado. El diputado le pedirá que se libre un exhorto a Brasil para que llegue toda la información societaria, fiscal, contable, bancaria y registral relacionada con SOCMA, SOCMA Americana, Martex, Mega, Partech-Unnisa, Partech e Itron do Brasil.

Así se sabrá cómo el milagro argentino se convirtió en milagro brasileño y cómo el milagro brasileño se transformó después en un nuevo milagro argentino.

martin.granovsky@gmail.com

06/08/2016

Hebe Bonafini, como Lula, também é caçada

No Brasil e na Argentina, plutocracia se una à cleptocracia na caça a líderes populares.

A triste coincidência que une, como na Operação Condor, Brasil e Argentina. A caçada ao grande molusco inspira ao lavador do Panama Papers, Maurício Macri, fazer da representante das Mães da Praça de Maio, Hebe Bonafini, alvo de sua natureza espúria. Coincidentemente, o esporte praticado nos dois países, que jamais será considerado esporte olímpico, se destina a caçar exatamente aquelas pessoas mais identificadas com os setores sociais sempre vítimas dos autoritarismos. Líder na luta para identificar os milhares de filhos roubados pela ditadura argentina, Hebe virou vítima preferencial de um governo que levou o término de políticas sociais e elevou os impostos às estratosferas. Nada diferente do que prentendem os caçadores de Lula no Brasil. Lá Maurício Macri tem o apoio do Grupo Clarin, colega no Panama Papers. No Brasil, qualquer um que se decida por caçar o grande molusco sempre contará com o apoio da Rede Globo, igualmente, via Mossack & Fonseca, no Panama Papers.

EL PAIS › Nota de tapa

EL DIA DE LA MADRE

Por Irina Hauser

Hebe de Bonafini y la multitud que se reunió para respaldarla lograron su objetivo: el juez Martínez de Giorgi levantó la orden de detención y aceptó ir él a la Casa de las Madres a tomarle declaración.

Una clase magistral de las Madres

Tras una larga charla con los abogados de Madres, el juez Marcelo Martínez de Giorgi aceptó el pedido de eximición de prisión. La movilización solidaria con Hebe –ayer recibió el llamado de CFK– obligó a rever el marco de la indagatoria.

Por Irina Hauser

Hay una foto que la muestra a Hebe de Bonafini subida a la combi que la llevaba a Mar del Plata ayer a la tarde donde tiene la sonrisa amplia, los labios pintados y los ojos chiquitos pero luminosos. Siempre es raro verla sin el pañuelo blanco de Madre de Plaza de Mayo, con su pelo corto y gris. Estaba contentísima. Se lo decía a todo el mundo. Había logrado que Marcelo Martínez de Giorgi levantara la orden de detención. Ella le mandó a decir, a través de su abogado, que aceptaba que le tomen la declaración indagatoria en la causa “Sueños Compartidos” mientras sea en la casa de las Madres, y también lo consiguió. Es posible que el juez vaya en los próximos días, aunque no estableció cuándo.

El jueves a la noche, después de haber estado rodeada de una inmensa masa humana que la acompañó en la sede de las Madres ante la orden de detención de Martínez de Giorgi por no ir a la indagatoria, Bonafini se reunió con sus colaboradores de confianza y con su abogado Juan Manuel Morente. Para ella había sido un día de gloria, ya que no hubo modo de que la indagaran, pero les dijo que temía que si la iban a buscar para detenerla se generaran situaciones de violencia con las fuerzas de seguridad. Morente le propuso descomprimir, mostrar disposición a declarar en la sede de las Madres, y que la eximan de prisión. Cuando llegó ayer a la mañana al despacho del juez en los tribunales de Comodoro Py no fue recibido de buena gana, pero la situación se distendió con el correr del diálogo.

Morente pidió por escrito levantar la captura y señaló que las fuerzas de seguridad habían puesto “en peligro cierto la salud y la vida de varios ciudadanos que se autoconvocaron”. Agregó que ante “la potencial disposición a la ejecución por parte del Ministerio de Seguridad de concretar una medida en forma abusiva que ponga en riesgo a terceras personas, sumado a las condiciones personales de la citada, y teniendo tal acto el fin único de garantía de defensa de mi defendida, que no genera perjuicio a terceros, es que solicito se formalice el acto de declaración en la sede de Hipólito Yrigoyen 1584”. Las deliberaciones con el juez llevaron cerca de tres horas.

En el ínterin la fiscal Paloma Ochoa dictaminó a favor del pedido de eximición de prisión. Ya el día de la orden de detención intentó poner un freno a Martínez de Giorgi al exigirle garantías de que la indagaría de inmediato sin dejarla detenida. Ahora que el juez aceptó, lo único que dejó pendiente es que le planteen más argumentos (por ejemplo de salud) para trasladarse a tomar la declaración.

Fuera de la formalidad, con su bravura habitual Hebe dijo que “Martínez de Giorgi no tiene huevos”, “se las agarra con las Madres, con las indefensas, y no con quien debería”. “Al juez no lo respeto, porque él no nos respeta a nosotros, a un juez pago por el Estado y por otros, como Clarín, no lo puedo respetar, no lo puedo respetar como mujer del pueblo, como madre de desaparecidos (…) que revise las 40 cajas que le mandamos que ni las miró, se las agarró conmigo, pero que se las agarre con (Sergio) Schoklender, con los que roban, pero no con las madres (… ) es un desvergonzado, le tiraron de los huevos porque no hizo nada por esta causa desde hace mucho. Ahora le dijeron, ´movela´, y con quien la mueve, con las indefensas”, estalló Bonafini.

Martínez de Giorgi replicó públicamente: “ordené la indagatoria de la Bonafini constructora de viviendas, no de la defensora de los derechos humanos”. También dijo que los mismos ex funcionarios “que acompañaron a Bonafini en la Fundación (para evitar su detención) son los que la pusieron a construir viviendas” y en diálogo con este diario dijo que analiza imputarles “encubrimiento”, o derivar una denuncia (ver aparte). De hecho, recibió una presentación del abogado Santiago Dupuy de Lome (denunciante frecuente) contra la ex ministra de Cultura, Teresa Parodi, el ex secretario legal y técnico Carlos Zannini y el diputado Andrés Larroque por impedir que Hebe fuera detenida.

La causa conocida como “Sueños compartidos” –el nombre del programa para construcción de viviendas sociales de las Madres– se inició en 2011, cuando salieron a la luz maniobras con cheques de los hermanos Sergio y Pablo Schoklener, apoderados de la Asociación, a quienes les habían confiado el manejo de la administración. Sueños Compartidos recibía dinero del Ministerio de Planificación para la construcción de viviendas con unos paneles móviles que importaba Sergio Schoklender. En un comienzo el ex juez Norberto Oyarbide investigó lavado de dinero, al seguir la ruta de gran cantidad de cheques que recibían los hermanos en cuestión, a quienes procesó por desviarlos de su finalidad, además de no pagar cargas sociales de los trabajadores. Martínez de Giorgi investigaba los contratos y a los funcionarios públicos implicados. Ahora hay una única causa. Los Schoklender estuvieron detenidos en 2012 y fue un gran escándalo. Luego no pasó casi más nada.

La detención del ex secretario de Obras Públicas, José López, con los nueve millones de dólares en el convento, empujó al juez a despabilar el expediente, porque López sería uno de sus principales implicados, ya que distribuía fondos para obras. El juez citó a 43 personas, entre ellas Hebe. Ya declararon los Schoklender, el ex ministro de Trabajo Carlos Tomada, el ex subsecretario de Obras Públicas Abel Fatala, López (trasladado desde el penal de Ezeiza) y el show seguirá también con el ex ministro de Planificación Julio de Vido. La acusación común es la de defraudación, en unos 200 millones de pesos.

Hebe pasó la mañana en la casa de las Madres, y recibió un llamado de Cristina Fernández de Kirchner, que la hizo llorar. Pero lloraba mucho, cada vez que hablaba del impacto de ver “al pueblo movilizado” a su alrededor.

Página/12 :: El país :: Una clase magistral de las Madres

 

El Madrazo

Por Luis Bruschtein

Fue más que rebeldía. Y no fue nada alocado. Al negarse a concurrir al juzgado, que es un hecho judicial, Hebe de Bonafini lo desconoció como tal. No lo reconoce como hecho judicial sino como hecho político y lo rechaza, por esa razón, como siempre hicieron las Madres: con resistencia civil, es una forma de no violencia para alertar por la violencia que se está incubando al usar a la justicia como instrumento de persecución política. Más allá de su peso ético en una sociedad en la que algunos sectores intentan, sin lograrlo, esquivar su gravitación, Hebe funcionó en este caso como síntoma de algo que está muy extendido. Los referentes funcionan así, como marcadores de temas que crecen en forma subterránea y se manifiestan cuando ya no tienen remedio. El gesto de rebeldía de Hebe de Bonafini es un síntoma y al mismo tiempo una advertencia. Aunque la acusen de intransigente y hasta de violenta en sus expresiones, ese gesto que puede ser calificado de ambas cosas por quienes la detestan, en realidad es una forma de prevenir las consecuencias violentas de la intransigencia del gobierno.

A esta altura no ve el que no quiere. En estos siete meses, el gobierno conservador avanzó en forma fulminante en decisiones económicas altamente agresivas del consumo popular y la producción interna. La velocidad se vio como fundamental para aprovechar el momento de mayor respaldo tras el triunfo electoral. El mismo criterio sirvió para avanzar en el plano político desarmando con rapidez y una facilidad inusitada al Frente para la Victoria, sembrando la dispersión a partir de fuertes presiones económicas a los gobernadores e intendentes, las que repercutieron en los bloques del FPV y en el kirchnerismo y su campo de alianzas. Y el mismo criterio de guerra relámpago se aplicó en la ofensiva mediática y judicial contra referentes del movimiento social y contra Cristina Kirchner, que puede convertirse en la cabeza de la oposición con mayor convocatoria.

El capital político que devino del triunfo electoral fue subestimado por el FPV y bien calibrado por el PRO-Cambiemos que lo aprovechó hasta la última gota. Pudo aplicar, aunque con dificultades, medidas económicas por las que en otras épocas se hubiera incendiado el país, y generó una crisis en el FPV que todavía está en desarrollo. Estos dos planos de acción son visualizados por la sociedad como movidas políticas del gobierno. Pero no sucede lo mismo con la campaña de desprestigio y neutralización en contra del movimiento social y de dirigentes opositores porque el gobierno se oculta detrás de los grandes medios del oficialismo y sus periodistas, así como de jueces y fiscales del partido judicial.

Pero para alcanzar las metas que obtuvo en los tres niveles de su blitzkrieg, el gobierno quemó naves y capital político. Los costos de la ferocidad del PRO-Cambiemos en estos siete meses se empiezan a ver en el profundo malestar creado por la inflación, la desocupación y la carestía de la vida, que se expresó en movilizaciones masivas y cacerolazos. Y a nivel político, la brutalidad del ajuste impactó en fuerzas amigas de la oposición, como las cúpulas sindicales dispuestas a conciliar, el massismo y progres antiperonistas, que difícilmente puedan sostener su política de diferenciación del kirchnerismo, que aparece así como la única fuerza de oposición real en sintonía con los que están afectados y se movilizan contra las medidas económicas.

El tercer nivel –la persecución judicial y el desprestigio mediático a este sector de la oposición– tuvo menos resistencia porque fue menos visible, ocultado tras argumentos de anticorrupción que son altamente sensibles para la sociedad. Hasta que Hebe de Bonafini se les plantó el jueves, el mismo día del ruidazo contra el tarifazo, y puso en evidencia con ese gesto que las medidas económicas antipopulares y el ataque judicial y mediático a dirigentes de este sector de la oposición forman parte del mismo paquete.

No se negó a declarar ni a esclarecer un hecho delictivo ante la justicia. Con el plantón denunció a la Justicia por prestarse a la persecución de dirigentes sociales y políticos con la excusa de perseguir la corrupción. Ya sea porque participa de esa estrategia o porque se hace cargo de la inercia creada por los medios y varios de sus colegas, el juez no la convocó para aclarar nada, sino para machacar con el desfile de una Madre de Plaza de Mayo ante los tribunales, que es una forma de degradarla mediáticamente, como lo hicieron con la exposición pública, ilegal e innecesaria judicialmente, de las pilas de billetes de la herencia de Florencia Kirchner.

Como ha sido la herramienta más eficaz, la campaña judicial y mediática contra integrantes de los gobiernos anteriores se convirtió en algo cotidiano, pero el abuso de estos mecanismos terminó por ponerlos en evidencia y el gesto de Hebe ha sido expresión de esta eclosión de un sentido opuesto al antikirchnerismo exacerbado que le imponían los medios del macrismo.

Hay ex funcionarios del kirchnerismo que fueron acusados y como se alinearon en otras fuerzas, ya no lo son. Cada ex funcionario kirchnerista, incluyendo a la ex presidenta, no tiene una sola causa, sino multitud de causas, muchas de ellas absurdas, como viajes en helicóptero o transferencias de autos usados en los años 90, lo que pone en evidencia la búsqueda del efecto mediático a través de la saturación y la manipulación, así como la complicidad de los jueces que aceptaron abrir esas causas descabelladas. Los allanamientos innecesarios y abundantemente reproducidos por los medios oficialistas que saturan los medios, igual que las persistentes citaciones y las medidas extremas de los jueces como el congelamiento de los fondos de la ex presidenta, más las interminables falsas denuncias nunca demostradas de cuentas en el exterior de la familia Kirchner o declaraciones públicas de grandes empresarios o ex funcionarios que después se desdijeron cuando tuvieron que declarar ante la justicia, a las que se suman las acusaciones por delitos que claramente fueron cometidos por los que denuncian, como en la causa del dólar a futuro y Fútbol para Todos, o campañas que se montaron sobre declaraciones compradas a delincuentes y pruebas falsas colocadas por funcionarios policiales, como fue la acusación feroz contra Aníbal Fernández. Toda esa pudrición de la política ha quedado tan expuesta que a esta altura nunca se sabrá si hubo corrupción o no durante el kirchnerismo, porque toda la campaña contra el gobierno anterior está infectada, corrompida hasta la raíz. No es como dijo un comentarista de la televisión: esta causa sí y esta no; porque todo el paquete huele a podrido, y no por la corrupción k sino por la corrupción de los políticos, fiscales y jueces que han pervertido estas herramientas para sacarles provecho político o personal.

La complicidad de jueces y fiscales y de la prensa oficialista le dio cierta impunidad a esa estrategia, pero el malestar provocado por la crisis económica tendió a sacar estos temas del foco de interés de la sociedad que los empezó a mirar con distancia, con más objetividad y así la mugre salió a la vista. Cuando Hebe se plantó, sabía que ya existía un plafón social que podía entender lo que estaba haciendo. Estaba expresando el hartazgo por la persecución política a través de la Justicia y dijo “Macri, pará la mano”, explicó que lo mismo le había hecho el gobierno radical-policial de Jujuy a Milagro Salas y que lo mismo tratan de hacer con Cristina Kirchner.

Hay una semilla fértil de violencia en esta persecución a una fuerza que cuenta con un fuerte respaldo popular. Es violencia que se incuba. Igual que la denuncia que está impulsando la cúpula de la colectividad judía contra Cristina Kirchner por el memorándum nunca aplicado entre Argentina e Irán. La iniciativa se suma a la campaña judicial y mediática contra el gobierno anterior y parcializa y expone por primera vez en Argentina a la colectividad judía como parte central de un conflicto cada vez más violento contra una fuerza política popular. Es una actitud temeraria por parte de esos dirigentes que rompen una tradición histórica de la colectividad judía donde hay diversidad de pensamiento. Las acciones del Isis buscan desatar una campaña contra los musulmanes para que estos se radicalicen hacia sus posiciones de guerra santa. El gobierno de derecha de Israel coincide con esa política de los terroristas, aunque por distintas razones: Espera que esa ola antimusulmana consolide su alianza con las potencias occidentales frente a los reclamos palestinos. Las decisiones que ha tomado la conducción de la colectividad judía argentina en consonancia con el gobierno macrista y la derecha israelí evidencian que quieren importar a la Argentina el clima de violencia que está haciendo estragos en Europa y los Estados Unidos.

Página/12 :: El país :: El Madrazo

 

Hebe, el ruido y el silencio

Por Sandra Russo

El jueves estaba pensando en escribir sobre el ruido y el silencio. Esa noche iba a haber ruidazo, y pensaba que, de alguna manera, ese estruendo metálico matizado con silbatos y bocinas que iba a unificar a todo el país sería un “pará la mano Macri” también con el silencio. Un basta de silencio. Hay un torniquete de silencio que nos está atormentando. Porque ante los sucesivos reclamos populares, este modelo opone silencio. La indiferencia es una forma del silencio. Las frases hechas son una forma del silencio. El cinismo es una forma del silencio. Estaba pensando en eso cuando me enteré que estaban por detener a Hebe, y salí para la plaza.

Entonces unas palabras sobre Hebe y el silencio: ella fue la que siempre lo rompió. Ella fue el gran ruidazo argentino desde hace cuarenta años. Ella siempre dijo lo indecible. Lo que por buenos modales, por educación, por corrección política, por conveniencia, por miedo, por hipocresía, depende el caso, muchos otros no dijeron. Hebe es una desmesura de luchadora, la que le corresponde a este país en proporción con sus tragedias. Ella es el grito que quedó vibrando para siempre. Ella y sus palabras y sus palabrotas son el filo que siempre rasga el silencio. Milagro, Cristina y Hebe son, además todo lo otro que son, voces en alto. Y son mujeres los blancos elegidos para el escarmiento. Mujeres con feminidades que no responden a la expectativa del poder global, patriarcal, clasista. Las tres dicen lo que ese poder prefiere mantener en silencio. Y no hablan por sí mismas. Hablan por otros.

Durante décadas, la imagen estampada en la memoria colectiva como la síntesis de la vida cotidiana en la dictadura fue el Obelisco enfundado en una pancarta que rezaba: “El silencio es salud”. Ese concepto no se circunscribía al ruido urbano en un país en el que la oposición política, social, estudiantil y sindical estaba siendo sistemáticamente eliminada. “Eliminada” no remite aquí a su noción contemporánea. Hoy eliminamos virus, eliminamos publicaciones o contactos que nos interfieren o nos agreden. Cuando fue colgado aquel cartel, eliminar era secuestrar y desaparecer. Para silenciar.

Se trataba de convertir el silencio en una zona de confort de la que fueran arrancadas las voces críticas. Así opera el poder antidemocrático cuando sus propias acciones y propósitos son oficialmente ocultados y la realidad que podría ser tapa, se tapa. Silenciando. Dentro de esa aspiración totalitaria hay un amplio abanico de silenciamientos. Desde su clímax, que fue la metodología que probaron y condenaron los juicios a los represores, hasta la uniformidad de opiniones en los medios de comunicación, la monotonía de las mentiras, la supresión de la política, pasando por la banalización industrial de la cultura, y llegando al núcleo, al corazón del silencio: quebrar la voluntad de decir de cada uno.

Los dispositivos para implantar el silencio de facto siempre persiguen eso. Que cada vez más gente prefiera no abrir la boca. Que cada vez más gente pierda la dimensión de su propia capacidad de comunicación. Que cada vez más gente se sienta tan impotente y presionada, que ya no sean necesarios los comisarios de las ideas. El ciudadano modelo en los regímenes totalitarios es el que absorbe su dolor o sus pérdidas sin ánimo de describirlo, ni denunciarlo ni de intentar reparar nada. Un ciudadano vencido y parco. Callado. Eso avizoró Orwell hace sesenta años y cuando el capitalismo todavía no había enloquecido tanto. Que vigilar no sólo sirve para acallar, sino también para hacer perder la voluntad de hablar.

En su ensayo Lenguas sueltas, el escritor británico pakistaní Hanif Kureishi, repasando el patrón disciplinador de regímenes e instituciones dominantes, dice que “en parte, la historia del siglo XX es la historia del silencio”. Minorías sociales, étnicas, raciales, sexuales y a veces hasta mayorías –como en los dieciocho años de proscripción del peronismo, durante el cual se pretendió vivir en democracia– han sido silenciadas para dejar en pie sólo un punto de vista, el oficial. Kureishi complejiza el tema porque entrecruza el mandato de silencio político con el vínculo personal, íntimo, que cada quien tiene con la palabra. “En el centro de todo hay algo más: la persona que no quiere oír sus propias palabras. Es la persona dueña de ellas, la que las ha fabricado en el interior de su cuerpo, pero que tiene y no tiene acceso a ellas, que es su prisionero, cárcel y ley. Si queríamos crear un sistema autoritario bien completo, en el que no hubiera lenguas sueltas, habría de ser aquel en el que los sueños estuvieran controlados”.

A lo largo de la historia, la inercia del colonialismo de cualquier tipo hizo que hablaran unos pocos y callaran todos los demás. Las “lenguas sueltas” siempre generan tensiones, discusiones, choques de distintas visiones, suponen una horizontalidad que en estos meses se ha borrado por completo. Diga lo que diga el Pro, que hoy está en uso de la palabra pública, cada día se hace más evidente que el aparato de lenguaje oficial esteriliza las ficciones de debates que vemos diariamente. El Pro no tiene palabra, de manera literal. No sólo porque Macri no haya dicho la verdad sobre el proyecto que encarnaba, sino también porque sus funcionarios callan de una manera nueva: no “hablan” en el sentido que se le ha dado aquí, no “se expresan”. Aparatean los debates con frases ya programadas, y su único objetivo en cualquier discusión es operar como un frontón ante cualquier posibilidad de discusión real.

Estamos, así, en una fase de silencio siniestro, que es a lo que se contesta. Los ciudadanos hacen ruido no sólo porque las tarifas son imposibles, sino también porque nadie los escucha y encima se les ríen en la cara. Es como si sus voces no existieran. Y sus opiniones, sus puntos de vista, apenas tienen reflejo en los medios. En estos meses, se han levantado a destajo programas de radio y televisión que muchos ciudadanos veían o escuchaban. Han sacado de juego a un buen número de periodistas de los medios audiovisuales, sin que los que se quedaron en ellos parezcan inmutarse, como si la interrupción de la libertad de expresión no fuera percibida. Nos pasamos años debatiendo estos temas porque había completa libertad de expresión. Parecía que quedaban las redes, pero Facebook está bajando sitios o inhabilitando cuentas, oficioso ante denuncias masivas de los trolls.

En tiempos antidemocráticos, dice Kureishi, siempre hay buenas razones para no hablar. Razones políticas, razones familiares, razones subjetivas. Hay que sobreponerse al temor e incluso al reparo ancestral hacia la propia voz en alto para hablar. El habla democrática y multicultural genera disputas, incorreciones, desacuerdos. Los que hablan pueden ofender, herir, molestar. Cuando hablan todos siempre habrá un habla sin sentido o un habla irrelevante, pero sólo en la lluvia de voces es donde podemos sentirnos con derecho a decir lo nuestro, y con la chance de hallar nuevas razones, imágenes o argumentos que expresen lo que sentimos. El hecho de que hablen todos puede generar un ruido inmenso y con consecuencias, porque hablar es un acto individual y colectivo a un mismo tiempo. Hablar le abre la puerta a lo impredecible. El problema del silencio, en cambio, “es que sabemos con exactitud cómo va a ser”.

Página/12 :: Contratapa :: Hebe, el ruido y el silencio

26/04/2016

Por que os corruptos sempre têm apoio midiático, na Argentina e no Brasil?

OFFSHORE

No Brasil, como na Argentina, os maiores corruptos sempre contam com o acobertamento dos grupos mafiomidiáticos.  No Brasil a Rede Globo, além de ser a maior sonegadora individual, talvez perdendo apenas para a dupla gaúcha, RBS  & Gerdau, faz estrondoso silêncio sobre a sonegação das Copas de 2002 e 2006. Aparece na lista do Panama Papers sob a licença poética da Mossack & Fonseca. Já estava envolvida na sonegação da FIFA, quando um de seus principais parceiros de negociatas, foi preso nos EUA, J. Hawilla. Seus parceiros comerciais José Maria Marin, Ricardo Teixeira  e Marco Polo del Nero estão exilados no Brasil. Quem saiu, está preso. Mas não há vazamento da dupla MPF/PF que envolva a Rede Globo. As parcerias para caçar Lula servem exatamente para jogar uma cortina de fumaça sobre a atuação da parceira.

Por aqui não mais se ouve falar da Lista Falciani do HSBC, da Lista de Furnas, da Lista Odebrecht, da Operação Zelotes, da Pavlova e da Portocred. Fácil de entender. Não consta o nome de Lula e Dilma em nenhuma delas, mas seus caçadores aparecem em quase todas.

Na Argentina não é diferente. O principal grupo de mídia, o Clarín, também está sempre envolvido em escândalos financeiros. A única diferença é que na Argentina parece que as instituições não contam com estatuetas nem com um Instituto Innovare… Mas também é verdade que por lá investigam Cristina Kirchner, que não aparece em nenhuma lista, mas silenciam sobre Maurício Macri, que aparece em todas. Nem os subalternos de Macri são objetos de devassa. É por isso que a eleição de Maurício Macri foi tão festeja por todos os a$$oCIAdos do Instituto Millenium. A SIP é para a Argentina o que o Instituto Millenium é para o Brasil: o braço midiático do golpe. É o tal de Efeito Orloff

Lá como cá, os corruptos podem destituir honestos. Sob as bênçãos dos Pôncio Pilatos  dos STF.

Un hombre hecho a medida del Grupo Macri

El ex secretario de Hacienda durante los dos mandatos de Macri en la Ciudad tuvo una orden de captura internacional vigente hasta marzo pasado. Tiene otras causas por evasión en Brasil mientras se desempeñó como ejecutivo de Iecsa (Socma).

Por Nora Veiras

Desde que estalló el escándalo de los Panama Papers, Néstor Grindetti, uno de los hombres de más confianza de Mauricio Macri, pone cada día un poco más alta la vara del escándalo: durante ocho años manejó el tercer presupuesto del país mientras en los últimos cuatro pendía sobre él un pedido de captura internacional que recién caducó el 30 de marzo pasado. Ya instalado en la intendencia de Lanús, Grindetti sigue con nueve causas pendientes en la Justicia de Brasil por su trabajo como ejecutivo de Iecsa, la filial en ese país del Grupo Sociedad Macri (Socma). Fiel a la estrategia de minimizar todo conflicto, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, dijo ayer que “Grindetti ya dio las explicaciones y confiamos en esas explicaciones”. El propio Grindetti adjudicó a “una intencionalidad política” la difusión de su situación procesal y se amparó en el Presidente: “Hablamos (con Macri) por teléfono como para apoyarnos en esto, para darnos un poco de aliento. Estas cosas pasan y vamos a tener que trabajar en ese sentido”. A este paso se impone otra sesión con el gurú de la felicidad.

En la página web del Diario de Justicia del Estado de Paraná, el equivalente al Centro de Información Judicial de la Argentina, aparecen seis causas penales y tres laborales en las que está involucrado Grindetti. Una de esas causas es la que derivó en el pedido de captura

de Interpol. El origen de la denuncia se remonta a comienzos del 2000, cuando Grindetti se desempeñó como ejecutivo de Iecsa y terminó procesado junto a otros ejecutivos, entre ellos Pablo Tomás Boero, por evasión impositiva. Tras sucesivas citaciones sin respuesta, en 2012 un juez de Curitiba dictó el pedido de captura internacional de los ejecutivos. Habitualmente esas órdenes se ejecutan en forma rápida, días apenas. En este caso, Grindetti tuvo suerte: pudo sortear varios viajes al exterior (en 2013 con Macri a Panama, en 2014 a Brasil para disfrutar del Mundial de Fútbol y en enero pasado para vacacionar en Punta del Este) y seguir a cargo de Hacienda en la Ciudad y encarar la campaña a intendente sin que nadie supiera de su pedido de captura. La orden salió de Curitiba pero aparentemente la Oficina Central Nacional (OCN), con sede en Brasilia, no hizo operativo el pedido de captura.

Boero, alto ejecutivo de Socma, tuvo menos suerte, el 22 de febrero pasado cuando fue a renovar su visa a los Estados Unidos le saltó el pedido de captura. Interpol lo detuvo y lo llevó al juzgado federal de Daniel Rafecas, de turno en ese momento. El ejecutivo pasó la noche en los calabozos de la calle Cavia y quedó en libertad luego de que la justicia brasileña informara que la causa había prescripto. En ese momento, abogados de Grindetti se presentaron ante el tribunal de Rafecas para averiguar si su cliente también aparecía en la causa. A Buenos Aires no había llegado información. Rápidamente se movieron en Brasil y el 30 de marzo pasado, los tribunales de Curitiba notificaron el sobreseimiento de Grindetti y Boero por prescripción, es decir el tiempo les jugó a favor y levantaron la orden de captura internacional. Esta vez en perjuicio de Grindetti, en otra vuelta de irregularidades inexplicables, el 7 de abril pasado, Interpol subió la orden de captura internacional contra Grindetti. Los abogados del intendente acudieron al juzgado de Rafecas y se labró entonces el acta en la que consta que la causa ya estaba cerrada. “Esta gente va dejando una buena imagen por el mundo”, ironizó un funcionario judicial.

“No me cabe duda de que hay una intencionalidad política por la fuerte polarización que se está produciendo. Uno mira los comentarios de Twitter y uno se da cuenta de dónde vienen los ataques, es muy claro”, dijo Grindetti y solo confesó su preocupación por “cómo juega Independiente”. El ex secretario de Justicia y candidato a intendente por el Frente para la Victoria de Lanús, Julián Alvarez, calificó como “tremendo” lo que pasa con el hombre que le ganó en los comicios: “Apareció con sociedades offshore en los Panama Papers, asociadas a cuentas en Suiza, ahora se difunde este pedido de captura internacional en Brasil en causas por evasión. Nuestro bloque va a insistir con un pedido de interpelación en el Concejo Deliberante y esperamos que esta vez el Frente Renovador nos acompañe” (ver aparte).

De bonos y offshores

“Todos los temas se van a poder ir aclarando a medida que se vayan explicando”, intentó justiciar ayer Peña cuando le preguntaron otra vez más por las andanzas de Grindetti. La diputada Elisa Carrió, integrante de Cambiemos, salió rauda a decir apenas aparecieron los Panama Papers que ella siempre pensó que el hombre elegido por Macri para manejar los fondos porteños era “un corrupto” y que le parecía “inexplicable” sus manejos en paraísos fiscales.

En 2010 el entonces ministro de Hacienda porteño comandó la colocación de los bonos Tango Serie 8. Los Panama Papers revelaron que poco después empezó a manejar una sociedad fantasma y una cuenta en un banco suizo.

Grindetti quedó a cargo del manejo de Mercier Internacional SA, una empresa de dueños desconocidos radicada en Panama, y también de una cuenta en un banco suizo vinculado con esa colocación de deuda. El dato reavivó las sospechas de que detrás de aquel endeudamiento por 475 millones de dólares hubo una maniobra de lavado de dinero que luego fue destinado a financiar la actividad política del PRO. En un minucioso escrito el ex candidato a vicejefe de Gobierno porteño por el FpV, Leandro Santoro, presentó una denuncia ante la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) para que tanto el ex secretario de Hacienda como Macri sean investigados

Según los documentos del estudio de abogados panameño Mossack Fonseca, Grindetti tuvo un poder para manejar la firma Mercier Internacional SA entre 2010 y 2013. En ese lapso el ahora intendente también figura como apoderado de la empresa para el manejo de una cuenta en el banco Clariden Leu AG, con sede en la ciudad suiza de Zurich.

La aparición de Grindetti y del propio Macri en los Panama Papers derivó en una denuncia judicial del diputado del FpV Darío Martínez que recayó en el juzgado de Sebastián Casanello. Ayer el fiscal Federico Delgado planteó la separación de las causas (ver aparte). En la Ciudad de Buenos Aires, el diputado porteño Marcelo Ramal (FIT) presentó un proyecto para que la Legislatura forme una comisión que investigue el caso de Grindetti, porque, recordó, colocó “475 millones de dólares a través de los Bonos Tango 08 por el cual el Credit Suisse cobró, junto a un operador del PRO, una exorbitante comisión”.

Sobre su participación en sociedades offshore, Grindetti reiteró que el tema “está en la Justicia” y que “en el corto plazo” va a poder “explicar con lujo de detalles lo que pasó”. Dijo que cuenta con el apoyo del Presidente. Grindetti empezó como cadete en el Grupo Macri y terminó como miembro del directorio. Habrá que ver hasta donde llega la carrera en común.

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28/12/2015

Argentina: Maurício Macri já mais milagres que o Papa Francisco

La Unidad 30 está ubicada en General Alvear y cuenta con múltiples instancias de seguridad y vigilancia.

Triple fuga de la cárcel con un arma de juguete

Los prófugos son Víctor Schillaci y los hermanos Cristian y Martín Lanatta, quien en plena campaña electoral había vinculado a Aníbal Fernández con el crimen. La gobernación bonaerense removió a la cúpula penitenciaria y ofreció una recompensa.

María Eugenia Vidal experimentó ayer su primer tembladeral como gobernadora bonaerense. Tres condenados por el triple crimen de General Rodríguez se fugaron de la cárcel de máxima seguridad de General Alvear. Se trata de Víctor Schillaci, Cristian y Martín Lanatta. Este último fue quien acusó, pocos días antes de las elecciones primarias del 9 de agosto, al ex jefe de Gabinete Aníbal Fernández de ser el autor intelectual del asesinato. En ese entonces, Fernández era candidato a gobernador y competía con Vidal, quien centró buena parte de su campaña en aquella denuncia. Tras la fuga, la gobernadora bonaerense evitó responder a las insinuaciones del kirchnerismo de que hubo una evidente conexión entre la denuncia de campaña y el escape de los presos. Reaccionó con la remoción de la cúpula del Servicio Penitenciario bonaerense, inició una investigación interna y ofreció una recompensa de dos millones de pesos por información sobre los prófugos. “Que salgan como panchos por su casa de la cárcel es bastante extraño”, opinó la ministra de Seguridad nacional, Patricia Bullrich.

Los Lanatta y Schillaci se fugaron cerca de las 2.30 del domingo, del sector de sanidad de la cárcel de General Alvear. Los tres prófugos estaban cumpliendo su condena a prisión perpetua por el asesinato en 2008 en General Rodríguez de Sebastián Forza, Damián Ferrón y Leopoldo Bina, vinculado al tráfico de efedrina.

Según la versión oficial, los presos redujeron y maniataron a dos guardias y los ocultaron en uno de los baños. Luego transitaron los pasillos vestidos con ropa oscura –similar al uniforme de los penitenciarios– hasta que llegaron al exterior. Es decir que, literalmente, salieron caminando de la cárcel. Tanto el abogado de los prófugos como los de las víctimas hablaron de connivencia de las autoridades. Allí se subieron a un Fiat Uno de uno de los penitenciarios y avanzaron unos 200 metros hasta el puesto de guardia 1. En ese lugar, redujeron al custodio y lo amordazaron. Se lo llevaron en el auto hasta Villa Belgrano, un barrio que está a algunas cuadras del penal. Lo dejaron atado en el auto. Poco después consiguió pedirles ayuda a los vecinos.

Una cámara de seguridad captó su paso a las 2.45 por Belgrano y 9 de Julio. En esa imagen se observa una camioneta negra que dobla a gran velocidad hacia la Ruta 205. Los investigadores asumen que es el vehículo en el que continuaron la fuga.

En el auto que usaron para salir de la cárcel, la policía encontró una réplica de un arma de fuego (un arma de juguete realista), con la que los presos habrían amenazado a los guardias. La causa judicial que se abrió quedó en manos del fiscal Cristian Citterio, con intervención del juez de garantías de Azul, Federico Barberena.

Fuentes judiciales advirtieron sobre lo inverosímil de la información oficial respecto de la fuga. La Unidad 30, explicaron, posee tres sectores con nueve módulos, y en cada uno de ellos se dispone un “imaginaria de módulo” más otro en cada “pasillo de conexión”; además, todos esos “pasillos de conexión” conducen a un sector común asegurado por cuatro rejas custodiadas por más guardias. Así, quien intente fugarse debe reducir al guardia de su módulo y al del pasillo, atravesar esa fortaleza enrejada y neutralizar a los penitenciarios que la custodian. Finalmente, al salir se encontraría con una garita externa de control. La misma fuente precisó que, desde las 20, los presos están encerrados en sus celdas. Y concluyó: “Es imposible que tres tipos se escapen por el frente a las 2 de la mañana”.

Cúpula removida

En respuesta a la fuga, Vidal desplazó del cargo a la jefa del Servicio Penitenciario Bonaerense, Florencia Piermarini –quien había presentado su renuncia el miércoles 23 de diciembre, pero no se la aceptaron– y a la plana mayor, compuesta por el director general de Coordinación, inspector general Claudio Cardo; director general de Asistencia y Tratamiento, Carlos Russo; al director general de Seguridad, inspector general Marcelo Rotger; el director general de Instituto, inspector general Gabriel de Murtas, y al subdirector general de Recursos Humanos, Alberto Paez. También removió a los responsables de la Unidad 30 de General Alvear: el director, prefecto mayor Manuel Guevara, y al subdirector, prefecto Ariel Elichelibeti.

Según fuentes cercanas a la ex directora del SPB, ella había intentado renunciar apenas asumió Vidal, pero le pidieron unos días. Lo volvió a intentar el miércoles 23. Desde el gobierno bonaerense confirmaron que recibieron ese pedido, pero indicaron que no se le aceptó la renuncia y que le informaron que el SPB no podía quedar acéfalo. Conocida la fuga, Vidal resolvió cesantear a Piermarini. “Estaban a cargo los del gobierno anterior y estábamos en proceso de transición”, se desligó el ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo.

Vidal también inició una investigación interna. Como nuevo titular del SPB designó a Fernando Díaz, que era subjefe del Servicio Penitenciario Federal. Además, la gobernadora nombrará como nuevo subsecretario de Política Penitenciaria a Juan Baric, que reemplazará a César Albarracín. Según señalaron en un comunicado, ese funcionario sciolista “cesó en el cargo el 10 de diciembre pasado”.

Ritondo estuvo reunido ayer en Puente 12, en La Matanza, con la ministra de Seguridad nacional, Patricia Bullrich. Ambos evaluaron las alternativas de la búsqueda que llevan adelante diversas fuerzas federales, la AFI e Interpol. “No vamos a descansar hasta que regresen a donde la Justicia dictaminó que deben estar”, indicó Ritondo, quien firmó un decreto por el que ofreció el máximo dinero posible de recompensa por datos sobre el paradero de los prófugos: dos millones de pesos. También dispuso que los familiares de las víctimas de los condenados tengan custodia, al igual que uno de los abogados.

En el gobierno bonaerense se ocuparon de remarcar que la semana pasada enviaron al Congreso provincial un proyecto de ley que declara la emergencia penitenciaria por un año, lo que habilitaría al Ministerio de Seguridad a hacer compras y contrataciones con menores controles y convocar a personal de entre los retirados de la Policía bonaerense y entre los penitenciarios pasados a retiro.

Réplicas

Si ya de por sí la fuga de tres condenados de una cárcel de máxima seguridad garantizaba el escándalo, a eso se sumó que uno de ellos fue el protagonista de una de las denuncias más resonantes de la campaña para gobernador bonaerense. “El que dio la orden fue Aníbal Fernández”, sostuvo Martín Lanatta en un programa de televisión, cuando se refirió al asesinato por el que está condenado. Durante los seis años previos, el ahora prófugo había negado cualquier vinculación de Fernández con el caso. Tampoco aparecieron entrecruzamientos telefónicos ni otros elementos que le dieran, hasta ahora, solidez a esa denuncia.

Aníbal Fernández salió a hablar ayer: “Cuando pasó esto, lo poco que le pude contar a la sociedad argentina es que yo no sé quiénes son estas personas, que no tenía nada ver con ellos. Que cada uno saque sus propias conclusiones. Yo no voy a cambiar mi manera de vivir porque se hayan fugado estos personajes. No tengo nada que ver con eso”, indicó el ex jefe de Gabinete.

“Otra barbaridad más de Aníbal Fernández –reaccionó Ritondo ante una pregunta que le hicieron–. La causa de la efedrina no se la inventó nadie. Tiene que dar respuestas al juez”. “Hay ganas de ensuciar la cancha. Habría que ver qué declararon esas personas para ver a quiénes les convenía que no siguieran declarando”, insinuó el ministro de Seguridad bonaerense. “El narcotráfico manda mensajes todo el tiempo, pero a nosotros no nos van a amedrentar. Vamos a llegar hasta donde haya que llegar”, prometió la ministra de Seguridad nacional.

Desde el kirchnerismo, diferentes voces señalaron que, detrás de la increíble fuga de los detenidos, habría una “devolución de favores” del macrismo por la oportuna denuncia de campaña.

Página/12 :: El país :: Triple fuga de la cárcel con un arma de juguete

Aparición con vida

Por Horacio Verbitsky

La fuga de Martín Lanatta, Víctor Schillaci y Cristian Lanatta de una cárcel denominada de alta seguridad, en la que se había informado que tenían custodia permanente y eran monitoreados sin interrupciones desde un circuito cerrado de televisión es una de las noticias más inverosímiles aún en un país habituado a los actos de brujería. Los tres fueron condenados en 2012 por el asesinato cometido en 2008 contra los empresarios farmacéuticos Sebastián Forza, Damián Ferrón y Leopoldo Bina, cuyos cuerpos fueron hallados en General Rodríguez. Según el fallo judicial que los condenó a prisión perpetua, los sicarios los mataron para eliminarlos como competencia en el mercado mexicano ilegal de la efedrina.

Este año, durante la campaña electoral, Martín Lanatta dijo en el canal de televisión del Grupo Clarín que quien les dio la orden de ejecutarlos fue el ministro Aníbal Domingo Fernández. Luego el mismo Lanatta grabó un video con cámara oculta en el que se escenifica el ofrecimiento de una suma de dinero para que se retracte de aquella declaración. Hasta su abogado defensor, Roberto Casorla Valet, lo refutó. “Miente. Supongo que lo hace porque le habrán ofrecido algún beneficio. Martín Lanatta, según lo que dijo en el juicio y lo que siempre me contó a mí, no conoce a Aníbal Fernández. Buscó llegar a él, e incluso le mandó un mail, pero no lo consiguió, no lo vio jamás de acuerdo con lo que me contó”, le dijo a este diario.

Hasta hoy es incierto quien y con qué propósito autorizó el ingreso de las cámaras visibles e invisibles a la unidad penitenciaria, pero está fuera de discusión el efecto electoral de esa denuncia estridente y sin ninguna prueba que la sustentara. El eje de la campaña de Cambiemos fue la vinculación del candidato del FpV a la gobernación bonaerense con el comercio de drogas ilícitas. En forma insidiosa se preguntaba con quién dejaría los chicos si tuviera que salir, con Aníbal o María Eugenia. Este efecto fue potenciado por las exhortaciones en las iglesias de la provincia a no votar por el candidato oficialista. En las elecciones de octubre se produjo el corte de boleta más grande de la historia provincial, que llevó a la gobernación a Vidal. Esto, a su vez, provocó un deslizamiento de voluntades para la segunda vuelta de la elección presidencial y permitió el acceso a la presidencia por un exiguo margen de votos del candidato derrotado en la primera vuelta, el actual presidente Maurizio Macrì.

¿Cuál era el beneficio que según su abogado defensor le ofrecieron por ese servicio que resultó tan decisivo? La sospecha es inevitable una vez producida la fuga increíble. Lo sepan o no los prófugos, ahora su vida corre peligro. Su muerte, ya sea en un enfrentamiento con las fuerzas de seguridad que fueron lanzadas a perseguirlos o por cualquier otro medio que la imaginación aborigen pueda concebir, cerraría un círculo siniestro. Se sabe que los muertos no hablan. En su aparición con vida se juega la credibilidad de que puedan gozar los gobiernos de la Nación y de la Provincia de Buenos Aires.

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25/12/2015

Macri se faz, por decreto, macro bolivariano

Macri  governa por decretoPara lá dos significados da Ley de Medios está o método. Enquanto Nestor Kirchner buscava o diálogo na busca da pluralidade de informação, sua mulher, Cristina, haja vista as infrutíferas tentativas do ex-marido, impulsionou, via Congresso, a aprovação de uma Ley que impedisse a concentração dos meios nas mãos de uma única familia, a Herrera Noble.

Maurício Macri é de outra cepa. Descende, em linha ideológica reta, dos ditadores militares. Seu autoritarismo era por demais conhecido. Bastou se eleger e sua primeira medida foi um decreto para que o Clarín fosse voz única e porta-boss do novo governo.

As medidas que os associados da SIP e do Instituto Millenium chamam de bolivarianas nos governos Maduro, Cristina Kirchner e Dilma não passam de refresco diante da truculência do ato institucional com que obrigam seus ventríloquos baixarem como primeiro ato de governo.

No Brasil sabemos muito bem como isso acontece. Quando Sarney ficou presidente, a cota da Globo preencheu sozinha o Ministério das Comunicações, com Antônio Carlos Magalhães. Para se ver o verdadeiro caráter da Rede Globo, que vai “Muito Além do Cidadão Kane”, basta citar as famílias que fazem parte da rede de filiais: Sarney, no Maranhão; Jereissati, no Ceará; Garibaldi Alves, no Rio Grande do Norte; Collor de Mello, em Alagoas; ACM, na Bahia; J. Hawilla, no oeste de São Paulo; e Sirotsky, no Sul. Todos cúmplices da ditadura, com a qual se firmaram e cresceram. Acostumadas a criticarem o peso do Estado, sempre se socorrem de Bancos Estatais, como fez por exemplo a RBS, com o Banco do Brasil e o Banrisul, e a Globopar, com o BNDES.

Em São Paulo, nestes mais de 20 anos de PSDB, milhares de assinaturas da Veja, Estadão e Folha são distribuídos pelas escolas públicas. Caso Aécio Neves, candidato que abraçaram a “carreira”, fosse eleito veríamos o que está acontecendo na Argentina de Maurício Macri: o Estado a serviço do grupos mafiomidiáticos. Se em São Paulo o PCC governa, em Brasília o Marcola seria chefe da Polícia Federal, e Rodrigo de Grandis e Júlio Marcelo de Oliveira disputariam o a PGR.

Nos anos 90 ficou famosa uma campanha publicitária com a marca Orloff: “eu sou você amanhã”. Será que o Brasil de amanhã a Argentina de Maurício Macri?! Toc! Toc! Toc!

Decretamos

Por Santiago Marino *

Mauricio Macri decidió la intervención de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca) y la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y la Comunicación (Aftic), mediante el Decreto 236/2015. Tendrá una duración de 180 días (es un plazo prorrogable) y fue anunciada en conferencia de prensa por el ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, en la mañana de ayer, con anterioridad a la publicación del Boletín Oficial. Es la confirmación de la tendencia de tomar decisiones por decreto y sin consenso. La de impacto más profundo en las políticas de comunicación. Y la apertura a un escenario en que los actores potentes del mercado volverán a incidir en la configuración del campo.

El titular del ministerio creado por otro Decreto (el 13/2015 que había reformado los artículos 10 y 12 de la ley audiovisual) cumplió con su promesa de avanzar en la intervención de los organismos de aplicación de las leyes 26522/09 (mal llamada “de medios”) y 27078/14 (de telecomunicaciones, conocida como Argentina Digital). Por otro lado, alteró la forma y parte de la herencia del gobierno de Cristina Fernández en relación con los medios. Esto lo hace en línea con su afirmación reciente: “la ley de medios no va a subsistir a nuestro gobierno”.

Esta decisión implicó la reacción del presidente del directorio (que solicitó una medida cautelar y un hábeas corpus), de organizaciones vinculadas a la comunicación comunitaria y sin fines de lucro de Argentina y América latina y de todo el campo de la comunicación, que incluyó los trabajadores de los medios privados concentrados y hasta organizaciones de la sociedad civil no afines al kirchnerismo, como Fopea y ADC. Además de movilizaciones hacia la sede de Afsca.

Así, la política de comunicación de la Alianza Cambiamos toma forma. Mediante una serie de decretos avanzó en varias zonas de la estructura heredada: creó “el Sistema de Medios y Contenidos Públicos” (Decreto 12/2015) en reemplazo de Radio y Televisión Argentina (Canal 7, Radio Nacional, RAE, Télam, Bacua, la porción nacional de Telesur y los agregados Centro Cultural Kirchner y Tecnópolis) cuyas funciones y competencias se definieron en el demorado Boletín Oficial del día de ayer; designó nuevas autoridades en ARSat y definió que el Ministerio de Comunicaciones opere sus acciones y las de Correo Argentino.

El Decreto 236/2015 reforma una ley aprobada por amplias y diversas mayorías y con legitimidad robusta con una decisión del PEN que no es resultado de la búsqueda de consensos. Esto sienta un precedente peligroso, dado que con estos argumentos el PEN podría intervenir casi cualquier organismo. Y podría afectar incluso la generación de políticas a largo plazo, que trasciendan los cambios de gobierno. Su apelación a que la Afsca no cumplió en este tiempo el art. 47 de la ley audiovisual parece escaso. Más si es el único argumento con cierta solidez y que no se basa en supuestos ni condicionales.

El texto es una obra peculiar e incluye una serie de verbos en condicional que sorprende para un instrumento legal. Abundan los “se verificaría” y “se habría aprobado”. El primer considerando da cuenta del derecho de los consumidores (cita al art. 42 de la CN) en contraposición con el paradigma del Derecho a la Información que guía la ley audiovisual. El objetivo de intervenir los organismos se complementa con el de fusionarlos, en pos del desarrollo tecnológico sucedido tras la sanción de ambas leyes. En este aspecto desconoce que el art 14 de la ley audiovisual establece que el presidente y los directores de Afsca “sólo podrán ser removidos de sus cargos por incumplimiento o mal desempeño de sus funciones”. Y que la “la remoción deberá ser aprobada por los dos tercios del total de los integrantes del Consejo Federal de Comunicación Audiovisual”. A su vez, los avances que reclama para la ley Argentina Digital bien podrían ser resueltos con la sanción de su Decreto Reglamentario, nunca aprobado.

Nada de lo dicho hasta aquí desplaza las críticas que planteara oportunamente a la aplicación de la ley audiovisual desde su sanción. Y fundamentalmente desde 2013 cuando la corte validó si Constitucionalidad. Pero la decisión del presidente Macri implica intervenir dos organismos autárquicos cuya composición involucra representantes de las minorías del Congreso. En el caso de Afsca, además, avanza sobre un ente creado por una ley que incluyó la participación formal de la ciudadanía para con los tres poderes de la República: los foros ciudadanos convocados por el PEN; las Audiencias Públicas en la Cámara de Diputados y la de Senadores para discutir el proyecto; y las realizadas por la Corte Suprema en ocasión de decidir la constitucionalidad de la ley ante la denuncia del Grupo Clarín.

La figura del interventor para los organismos que regulan la comunicación en el país nos lleva hacia atrás. Y permite recordar que entre 1983 y 2009 el Comfer estuvo intervenido porque si no debía estar a cargo de un general, un almirante y un brigadier. Pero también hacia adelante, para pensar el contexto y las condiciones en que se podría dar el debate por una política convergente para un sistema que tiene como marco la disputa por el mercado de los grandes jugadores: el campeón “nacional” Clarín y el “extranjero” Telefónica.

Argentina cuenta con un sistema de medios fuertemente concentrado y con altos niveles de incidencia de capitales extranjeros. El marco regulatorio vigente fue resultado de un debate intenso y que no logró trasformar esos rasgos por haber sido aplicado poco y mal. El camino adoptado desde el 10 de diciembre parece habilitar la profundización de esos aspectos, e interpelar a la ciudadanía como lo hace el Decreto: solamente como “consumidores”. Cambiaron.

* Profesor investigador UNQ-UBA-San Andrés.

Un decreto para avanzar contra la ley

El Presidente desconoció los mecanismos de remoción establecidos por el Congreso y nombró a un ex legislador del PRO y a un familiar del ministro del Interior. Las autoridades de esos organismos presentaron una cautelar y el macrismo respondió con una denuncia penal.

Por Sebastian Abrevaya

Mediante un decreto simple, el presidente Mauricio Macri resolvió ayer intervenir la Afsca y la Aftic, dos organismos clave que regulan los medios audiovisuales y las telecomunicaciones. La medida desconoce los mecanismos de remoción establecidos por el Congreso Nacional y desplaza a sus respectivos presidentes, Martín Sabbatella y Norberto Berner, cuyos mandatos vencen en 2017 y 2019. El anuncio lo realizó el ministro de Comunicaciones, el radical Oscar Aguad, quien consideró que “existe como una rebeldía” de los funcionarios “para atenerse al nuevo régimen de ministerios”, fijado la semana pasada por Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU). Tanto la Afsca como la Aftic solicitaron a la Justicia una medida cautelar contra la resolución del Poder Ejecutivo, que designó en esos organismos a una persona claramente identificada con el macrismo y a un familiar del ministro del Interior. En la Afsca, se nombró a Agustín Garzón, ex legislador del PRO y en la Aftic a Mario Frigerio, tío de Rogelio Frigerio. Al conocerse la noticia, dirigentes y agrupaciones kirchneristas se manifestaron en las puertas de la Afsca mientras que organizaciones de Derechos Humanos, académicos y referentes del derecho expresaron su rechazo. En paralelo, el PRO presentó una denuncia penal contra Sabbatella por abuso de poder y usurpación del cargo, que recayó en el juzgado de Julián Ercolini.

Menos de quince días tardó Macri en avanzar contra la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, aprobada luego de años de debate en la sociedad civil y con un amplio consenso multipartidario: en Diputados obtuvo 146 votos a favor, 3 abstenciones y 3 en contra y en el Senado 44 votos a 24. La norma aprobada en 2009 contó también con el aval de la Corte Suprema, que declaró su constitucionalidad tras años de litigio por parte del Grupo Clarín. El multimedio todavía continúa su batalla judicial para impedir su adecuación a la ley. La Afsca había apelado el fallo del juez Pablo Cayssials, quién le dio la razón a Clarín respecto del proceso de adecuación de oficio. El nuevo interventor podría desistir de esa apelación, beneficiando así al grupo empresario conducido por Héctor Magneto.

El primer paso de Macri fue el DNU 13/15 de la semana pasada, en el que subordinó a la Afsca y la Aftic a la órbita del Ministerio de Comunicaciones y a éste último le otorgó facultades que eran propias de esos dos entes. El DNU fue cuestionado por el FpV en el Congreso pero continúa vigente ya que se necesita del rechazo de ambas cámaras legislativas para que sea derogado.

A ese decreto de necesidad y urgencia se le sumó el decreto simple publicado hoy en el boletín oficial. Sorpresivamente, en la página web correspondiente no figuró el boletín oficial del día hasta que Aguad anunció mediáticamente la intervención.

“Ambos organismos y sus autoridades no responden a la nueva estructura orgánica de la ley de ministerios”, sostuvo el ex diputado radical, apodado “el milico”, en un breve intercambio con la prensa. El ministro calificó como “rebelión” la continuidad de los funcionarios. “Obviamente estamos frente a un caos donde las decisiones se contraponen y se contradicen razón por la cual no podemos seguir funcionando de esta manera”, afirmó.

La intervención tiene un plazo de 180 días, aunque desde Cambiemos dejaron entrever que se buscará una modificación de la legislación vigente para unificar ambos organismos bajo el mando del ex secretario de medios porteño, Miguel de Godoy. El propio Aguad lo deslizó ayer al señalar que “por ahora” no se modifica la ley de medios y que van a “seguir tomando medidas sobre lo que es la regulación y la planificación estratégica de la Argentina”.

“Nosotros no pretendemos nombrar funcionarios en estos entes que perduren en el tiempo después del gobierno que viene. Cada gobierno tiene derecho a ejecutar sus políticas y nombrar sus funcionarios, para eso hay elecciones”, afirmó Aguad, en abierta contradicción con el artículo 14 de la LSCA. La norma buscó expresamente mayor independencia al desfasar el mandato del Poder Ejecutivo con los del directorio de la Afsca, tal como sucede en otros organismos similares del mundo, por ejemplo en Francia y Estados Unidos. De hecho, durante el debate parlamentario en 2009, los propios legisladores de lo que hoy se llama Cambiemos reclamaron otorgarle no menos sino más independencia del organismo respecto del Poder Ejecutivo.

De hecho, a partir de la intervención no sólo se removerá al titular de la Afsca, sino que Garzón concentrará atribuciones que hoy competen a los siete miembros del directorio del organismo, que tiene representantes de las tres principales fuerzas parlamentarias, de académicos y de un Consejo Federal compuesto por las 24 provincias.

En declaraciones a la prensa, Sabbatella detalló que se presentó una medida cautelar y un hábeas corpus preventivo para garantizar la libertad de trabajadores y funcionarios. En el organismo tomaron como un acto intimidatorio el despliegue policial montado en la zona del organismo, que incluyó un vallado y un operativo de infantería, finalmente retirado. El ministro sostuvo que se trató de “un error de información”, pero sin embargo anoche la policía ingresó al edificio de la Aftic para advertirle a los trabajadores que debían evacuar el lugar ya que pasados 10 minutos cortarían la luz. A los 10 minutos, el edificio se quedó a oscuras.

“Este decreto es ilegal, anticonstitucional y está violentando la ley. Macri no tiene facultades para hacerlo”, aseguró ayer Sabbatella, que calificó la situación como “un conflicto de poderes”. “Lo que están haciendo es una barbaridad, es un atropello brutal, por eso le pedimos al Poder Judicial que ordene esto”, aseguró y denunció que se busca evitar la aplicación de la ley de medios para favorecer a Clarín.

Desde la Afsca negaron que se encuentren “atrincherados” y adelantaron que acatarán la resolución del amparo. La causa quedó en manos del juzgado contencioso administrativo federal número 8, a cargo de la jueza subrogante, Cecilia Gilardi. En respuesta, el PRO presentó una denuncia penal contra Sabbatella, que recayó en el juzgado de Ercolini. El fiscal Carlos Stornelli le pidió al magistrado que allane el organismo. Según fuentes judiciales, Ercolini por el momento tomará algunas medias previas antes de dar inicio a la investigación.

La cautelar de la Afsca pide la “nulidad absoluta” del decreto 236 en virtud de su “arbitrariedad e ilegalidad manifiesta”. Además, solicita la nulidad del DNU 13/2015, que dispuso que las funciones y competencias de la Afsca pasaran al ámbito del nuevo Ministerio de Comunicaciones. En sus considerandos sostiene que se violan derechos constitucionales, el principio de división de poderes, el principio de razonabilidad y que esto lleva como “correlato la amenaza concreta del derecho a la libertad de expresión de todos los ciudadanos y ciudadanas”.

Al mismo tiempo se detalla que no se cumple con el mecanismo de remoción establecido en el artículo 14 de la LSCA: “El presidente y los directores solo podrán ser removidos de sus cargos por incumplimiento o mal desempeño de sus funciones o por estar incurso en las incompatibilidades previstas por la ley 25.188. La remoción deberá ser aprobada por los dos tercios del total de los integrantes del Consejo Federal de Comunicación Audiovisual, mediante un procedimiento en el que se haya garantizado en forma amplia el derecho de defensa, debiendo la resolución que se adopta al respecto estar debidamente fundada en causales antes previstas”, reza la norma.

En el escrito de la Afsca se señala también que el DNU que reformó la ley de ministerios no cumple con los requisitos establecidos en la constitución para que el presidente pueda emitir disposiciones de carácter legislativo. Según la presentación, se podría haber convocado a sesiones extraordinarias y no existe urgencia que impida seguir el trámite parlamentario.

Ayer organizaciones de derechos humanos como el CELS, además de colectivos de comunicadores y asociaciones de periodistas habían expresado su rechazo a la medida. Se espera que en los próximos días se realicen presentaciones judiciales en distintos puntos del país. Hubo, además, críticas de los dos bloques legislativos del Frente para la Victoria, así como del líder de Proyecto Sur, Fernándo “Pino” Solanas, de Libres del Sur, Humberto Tumini, y de la dirigente del Frente de Izquierda, Myriam Bregman.

Los diputados del Frente para la Victoria fueron a la sede de la Afsca para respaldar a Martín Sabbatella.

Un decreto para avanzar contra la ley

SUBNOTAS

EL PAIS › REACCIONES POLITICAS ANTE LAS INTERVENCIONES DE LA AFSCA Y LA AFTIC

“Empezó la devolución de favores”

Legisladores del Frente para la Victoria acompañaron al titular de la Afsca ante la intervención y la presencia de la policía. Desde otros sectores políticos también señalaron que las medidas fueron contrarias a la ley.

La decisión del Gobierno de intervenir la Afsca y la Aftic vía DNU y en contradicción con la ley de medios despertó rechazos de los principales referentes del peronismo. El bloque del PJ-FpV del Senado, en un comunicado unificado, sostuvo que Mauricio Macri “asumió con un mensaje de respeto a las instituciones, pero está haciendo todo lo contrario con medidas discrecionales”. El bloque de diputados, por su parte, calificó la medida de antidemocrática y varios legisladores se movilizaron hacia las oficinas de la Afsca. El decreto 236/15 fue repudiado por varios diputados y referentes no identificados con el FpV.

Máximo Kirchner, diputado nacional (FpV): “Se acabó la campaña y empezó la devolución de favores a Magnetto. Todo el avasallamiento institucional que se está viendo sólo es posible con asfixia mediática, pero la sociedad va a buscar las formas de comunicarse y mantenerse informada. Esta medida es el resultado de la soberbia y la ceguera de querer sobreactuar autoridad. Es curioso: Néstor, con el 22 por ciento de los votos, tuvo la autoridad necesaria para rechazar el pliego de condiciones de Claudio Escribano y La Nación, y Macri con el 51 por ciento, lo está siguiendo al pie de la letra”.

Wado de Pedro, diputado nacional (FpV): “El Presidente cierra su primera cadena de devolución de favores al poder económico, a un sector del poder judicial y al poder mediático. Intervino Afsca y Aftic, dos organismos que tienen su independencia garantizada por ley, otra vez utilizando el DNU. El objetivo es consolidar y ampliar el monopolio Clarín, reduciendo la pluralidad de voces para influir en la opinión de la gente”.

Héctor Recalde, diputado nacional (FpV): “El decreto viola tratados internacionales, la Constitución y la ley. Además invade todas las funciones del Congreso. No puede ser que gobiernen de facto. No vamos a permitir que se viole impunemente la Constitución”.

Juan Manuel Abal Medina, senador (FpV): “Macri ganó prometiendo diálogo y mayor calidad institucional. En 13 días de gobierno algunas de sus medidas apuntan en sentido contrario. Jueces de la Corte en comisión, la intervención de Afsca y Aftic y leyes importantes modificadas por DNU implican un retroceso institucional”.

Jorge Rivas, dirigente del Socialismo para la Victoria: “La decisión de Mauricio Macri de intervenir la Afsca exhibe un sesgo brutalmente autoritario, además de constituir un verdadero dislate jurídico. Lo que pone en evidencia es el patético servilismo con que el nuevo Gobierno paga a las grandes corporaciones mediáticas la protección informativa”.

Juliana Di Tullio, diputada nacional (FpV): “Sabbatella fue votado por acuerdo del Senado y para cumplir su función 4 años. No interesa quién sea el presidente de turno”.

Carlos Tomada, legislador porteño (FpV): “Se trata de un atropello institucional y judicial más grave aún que el decreto sobre los jueces de la Corte Suprema. Están borrando con el codo lo que escribieron en campaña en materia de discurso republicano e institucional. Nuestro apoyo a Sabbatella no sólo es por las coincidencias políticas sino también porque apoyarlo significa respaldar la ley de medios”.

Humberto Tumini, secretario general de Libres del Sur: “No parece muy respetuoso de las instituciones cambiar vía DNU artículos de la ley de medios, sin pasar por el Congreso, como anunciaron”.

Pino Solanas, senador (Proyecto Sur): “Si el PRO quiere corregir la ley de medios debería llevar su propuesta al Congreso”.

Gabriel Mariotto, diputado del Parlasur: “La ley de medios garantiza el derecho a la información. El Gobierno abusa del poder groseramente. Es un atropello a la democracia voltear la ley por DNU:”

Myriam Bregman, diputada nacional (PTS en el Frente de Izquierda): “Macri refuerza su dedazo, gobierno de los decretazos. Por eso no llamó a extraordinarias en el Congreso”.

Agustín Rossi, diputado del Parlasur: “La Corte completada por decreto, la Afsca intervenida, el diálogo y las formas republicanas, globitos de colores”.

Página/12 :: El país :: “Empezó la devolución de favores”

22/12/2015

Ministro da Suprema Corte, por decreto, na Argentina do Marcri tem

O que Maurício Macri vem fazendo na Argentina mostra o que teria acontecido no Brasil se o Napoleão das Alterosas tivesse vencido as últimas eleições. Ambos são bons em atacar o bolivarianismo dos governos Dilma e Kirchner. Basta ver o que fazem quando assumem para se ter certeza de que atacam para se defenderem. Acusam de algo que fazem.

Se o playboy dos hiPÓcritas tivesse ganho as eleições Rodrigo de Grandis seria nomeado procurador-geral e para o STF desencavaria muitos outros Gilmar Mendes.

Nas próximas eleições, em 2018, lembrem-se do famoso “efeito orloff”, eu sou você amanhã, quando se dizia que tudo o que aconteceria na Argentina depois também aconteceria no Brasil.

Para el juez Alejo Ramos Padilla, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti no podrían asumir a menos que sus pliegos pasen por el Senado.

Freno a los jueces por decreto y “en comisión”

Con una medida cautelar se suspendió la posible asunción de los abogados designados por Macri para la Corte

Por Irina Hauser

La designación de dos jueces de la Corte Suprema por decreto y en comisión tuvo ayer la primera medida cautelar en contra y quedó en suspenso. El juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, sostuvo que puede ser nula y ordenó que el alto tribunal se abstenga de tomarles juramento a los elegidos, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti. La suspensión solo cesa, dice la resolución, si los pliegos son aprobados con mayoría especial por el Senado, la instancia que el Gobierno decidió saltear al firmar el decreto 85/2015. El fallo considera “arbitrario y abusivo” el método que se utilizó para los nombramientos, en base a una interpretación forzada del inciso 19 del artículo 99 de la Constitución Nacional, cuando existen –apunta– procedimientos específicos para cubrir vacantes en forma definitiva o transitoria. Buena parte de su argumentación se sostiene en fallos no muy lejanos de la propia Corte, en especial el que dice que hasta para ser conjuez supremo hay que obtener los dos tercios de los votos en el Senado, cuyo acuerdo “constituye un excelente freno sobre el posible favoritismo presidencial”, en palabras del encumbrado tribunal. “No sé si tiene valor el fallo, porque lo que hacemos nosotros es constitucional, y la decisión la tiene la Corte cuando llegue el momento de la jura, creo que a ellos no les aplica este tipo de fallos”, dijo el presidente Mauricio Macri. Todo indica que el Poder Ejecutivo apelará, con lo cual no está todo dicho.

“Todas las partes y las autoridades públicas en particular tienen que respetar las decisiones de los jueces dictadas en marco de las causas sometidas a su jurisdicción, de lo contrario no habría forma de garantizar la división de poderes”, explicó el juez Ramos Padilla, consultado por Página/12. “Por lo tanto, la Corte se debe abstener de tomar el juramento, que es algo que corresponde a su función administrativa, que le otorga la Constitución, no a su función jurisdiccional”, añadió. Un tramo del fallo alude a la reunión que tuvieron Macri y el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, tras la cual anunciaron la postergación de la asunción de Rosenkrantz y Rosatti para febrero y con eso intentaron mostrar que la discusión estaba superada. Ramos Padilla dice que, aunque hasta la agencia de noticias de la Corte lo pintó así, el debate sobre la legalidad recién empieza. En eso radica, según justifica, la “urgencia” de una cautelar que frene la asunción: “si estamos frente a un proceso ilegítimo de designación, el mismo ya ha sido puesto en marcha, se encuentra en vías de ejecución” y sólo falta que la “Corte Suprema les reciba juramento a los designados”. Los supremos hablarían de esto hoy, en su acuerdo.

Ciudadanos, jueces, políticos

Hasta ahora se presentaron más de una docena de medidas cautelares contra el nombramiento de supremos por decreto en distintas provincias. Algunas provienen de organizaciones como el Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (Cepis), Abogados por la Justicia Social (AJUS), Movimiento de Profesionales para los Pueblos e HIJOS, pero las hay de ciudadanos sueltos. Una de ellas fue rechazada por la jueza Rita Ailán, por no tener un supuesto interés legítimo. Ramos Padilla, en cambio, aceptó la de un “ciudadano común”, Mariano José Orbaiceta. Alega que la “Corte Suprema tiene jurisdicción en los asuntos de todo el país y todos los ciudadanos pueden verse afectados si dos de sus cinco miembros son designados de manera unilateral por el Poder Ejecutivo sin acuerdo del Senado y sin siquiera poder ejercitar el derecho” que les ha otorgado el decreto 222/03 que autolimitó a las autoridades. Ese decreto faculta a “los ciudadanos en general” además de organizaciones, a formular las apreciaciones que quieran sobre los candidatos, pero no sólo se aplica en una primera etapa de impugnaciones ante el Ministerio de Justicia (que es la que puso en marcha el Gobierno), sino en una segunda que “se está eludiendo”: la que se desarrolla en el Senado, que incluye una audiencia pública, dice Ramos Padilla.

En el Gobierno celebraban que el fallo hubiera sido firmado por un juez al que pueden identificar con la agrupación crítica Justicia Legítima. Es un recurso al que fuerzas antikirchneristas recurren cuando quieren descalificar una decisión judicial sin más y dar a entender que sólo encierra una intencionalidad política. En el macrismo evalúan que les resulta funcional la lógica “amigo-enemigo” en casos así. Justicia Legítima, fuente de inspiración de reformas judiciales promovidas por el gobierno pasado, está en la otra vereda. Macri, el más despiadado, directamente llegó a decir que duda de que el fallo tenga algún valor y que un juez le pueda dar una indicación a la Corte sobre un acto administrativo. Ayer asumió Carlos Balbín como procurador del Tesoro (jefe de los abogados del Estado) y será quien se ocupe de analizar una posible apelación.

La Corte en su trampa

El día que, en pleno brindis de fin de año y homenaje a Carlos Fayt, Lorenzetti anunció que la Corte les tomaría juramento a los dos designados por decreto y que eran “bienvenidos”, en el mismo salón, los propios funcionarios y empleados del tribunal recordaban los fallos supremos que en distintos temas señalaron que no se puede obviar el Senado en el nombramiento de jueces, incluso subrogantes (como dice el fallo que declaró la inconstitucionalidad del sistema de subrogancias), y que la aprobación requiere una mayoría calificada en la caso de los cortesanos. La prórroga de la jura dio cuenta de una advertencia de la Corte al Gobierno: una versión le atribuye el enojo y desacuerdo a Elena Highton de Nolasco; otra al propio Lorenzetti. El hecho es que Ramos Padilla asienta una buena parte de su fundamentación en un fallo reciente del alto tribunal y lo pone en un brete. Es el que declaró la nulidad de una lista de conjueces que había sido aprobada por el Ejecutivo (entonces Cristina Kirchner) con acuerdo del Senado para cubrir cargos en la Corte en casos de que fuera necesario. Lo que cuestionó la sentencia es que la aprobación no había sido con la mayoría agravada que se requiere para los jueces máximos. Decía que eso “ponía en peligro derechos, garantías y hasta el propio diseño constitucional y republicano”.

Ramos Padilla razona que si los conjueces de la Corte, que suelen ser sorteados para intervenir en un solo caso, deben cumplir con los mismos requisitos de designación que cualquier miembro estable, más aún se debería aplicar esa regla a Rosatti y Rosenkrantz, que “habrán de intervenir en todos los procesos”. Luego cita tramos del fallo sobre los conjueces (“Aparicio”). Uno dice que el sistema de designación de jueces “encierra la búsqueda de un imprescindible equilibrio político, pues (…) el acuerdo del Senado constituye un excelente freno sobre el posible favoritismo presidencial”. Eso lo firmaron Lorenzetti, Highton de Nolasco, Fayt y Juan Carlos Maqueda. “El nombramiento de los jueces de la Nación con arreglo al sistema constitucionalmente establecido se erige en uno de los pilares de la división de poderes”, señala también aquel fallo. A partir de eso, Ramos Padilla, advierte que si se continúa con un procedimiento irregular se afectará –según dice la Corte– “la división de poderes, el sistema republicano, los equilibrios”, la imparcialidad e independencia” y podrían primar “los favoritismos”.

¿Por qué no es válido recurrir al inciso 19 del artículo 99 de la Constitución para designar jueces por decreto? Según el juez, si bien esa disposición autoriza a “llenar vacantes de los empleos, que requieran el acuerdo del Senado, y que ocurran durante su receso”, el concepto de “empleo” “no puede ser equiparable a la función de juez” ya que la expresión lleva implícita la “relación de dependencia”, pero los jueces pertenecen a otro Poder del Estado, razona. Considerarlos a los jueces empleados pone “en crisis todo el sistema republicano”, alerta. Agrega que no es cierto que la Corte no pueda funcionar con tres hasta que haya nuevos nombramientos: hay mecanismos para cubrir eventuales faltas, primero con los presidentes de Cámara. Cuestiona la equiparación, en el decreto, con precedentes donde se nombró en comisión a jueces inferiores, pero antes de la reforma constitucional de 1994, cuando –por ejemplo– se estableció el Consejo de la Magistratura para desterrar la designación política, a dedo, de los jueces.

Todas las voces

Al final hace un racconto de juristas de todo el arco ideológico que estos días cuestionaron la iniciativa de Macri: Raúl Zaffaroni (quien habló de abuso de autoridad), Daniel Sabsay (dijo que se elude el decreto 222), Andrés Gil Domínguez (dijo que hay gravedad institucional y que no hay razones de excepcionalidad), Ricardo Gil Lavedra (“la decisión es grave y no sostenible”), Alejandro Carrió (dijo que la Corte puede funcionar igual), León Arslanian (“no hay justificación”).

“Si el mecanismo de designación de los jueces del máximo tribunal de la Nación no es válido –indica Ramos Padilla–, si ello no surge del texto ni del espíritu de la Constitución, si con ello se afecta la división de poderes, la independencia de los jueces, la garantía del juez natural, las facultades del Congreso, la participación y control ciudadano y en definitiva, a la cabeza de uno de los poderes del Estado y por ende, a todo el sistema de justicia, resulta necesario que los mecanismos constitucionales se pongan en funcionamiento cuanto antes para frenar esa ilegalidad que afecta principios básicos sobre los que se asienta la república.” Por todo esto es que el fallo anticipa que la designación podría ser nula en una resolución sobre el fondo y corresponde suspenderla. Este estado de situación podría cambiar con la apelación del Ejecutivo (de acuerdo con cómo sea concedida seguirá suspendida la jura o no) o con una eventual aprobación del Senado.

Página/12 :: El país :: Freno a los jueces por decreto y “en comisión”

23/06/2015

Lá como cá os capachos dos EUA estão em evidência

Nestes dias de lesa pátria ao céu cor de anil deste Brasil que já foi varonil, deveria ser obrigatório reler a Carta Testamento de Getúlio Vargas. Principalmente para entender porque a mídia incensa a atitude do Senador José Serra de entregar a Petrobrás e seu pré-sal à Chevron e a mesma mídia condena Lula por trabalhar pela internacionalização de empresas brasileiras.

O velho coronelismo eletrônico quer a volta da diplomacia dos pés descalços.

Embora seja algo recorrente na história da humanidade é-me incompreensível que alguém que viva sob a bandeira de uma nação faça de tudo que rasga-la e submete-la aos espezinhamento de outra.

Na Guerra do Peloponeso, clássico do Tucídides, ve-se como os gregos nacionalistas tiveram de parir uma bigorna para vencer o poderio do Império Persa. Se a simples disputa entre David e Golias já é algo incomensurável, imagine Golias tendo de derrotar seus compatriotas que se fizeram de capacho para os golias Dario e Xerxes desfilarem. Até na pardigmática Batalha das Termópilas, os persas só conseguiram derrotar os 300 de Esparta por que Efialtes, o José Serra da época, traiu e entregou aos persas um atalho ao exército invasor.

Na Argentina e no Brasil os Efialtes são incubados na SIP e no Instituto Millenium, que por sua vez têm sob as asas o Grupos Clarín, Rede Globo, Folha, Estadão, Veja, RBS.

Se é verdade que praga de urubu não pega em cavalo gordo, também é verdade que há sempre um bando de abutres esperando pelo primeiro tropeção do cavalo.

PAPITA PA’L BUITRE

Por Werner Pertot

Gabriela Michetti empezó su campaña asegurando que se les debe pagar a los buitres lo que diga el juez Griesa. “Argentina no puede estar incumpliendo fallos”, dijo en línea con Macri. Economía calcula que esa posición costaría al país entre 17.800 y 22.000 millones de dólares, más de la mitad de las reservas

EL PAIS › GABRIELA MICHETTI, CANDIDATA A VICEPRESIDENTA DEL PRO, PROPUSO ACATAR EL FALLO DEL JUEZ GRIESA Y PAGAR

Los buitres ya tienen a quien ir a votar

A tono con lo que había declarado Mauricio Macri tiempo atrás, ayer, Michetti sostuvo que “Argentina no puede estar incumpliendo los fallos”, por lo que debe acatar lo resuelto por Griesa y pagarles a los fondos buitres.

Por Werner Pertot

La candidata a vicepresidenta del PRO, Gabriela Michetti, propuso acatar el fallo del juez Thomas Griesa y pagarles a los fondos buitre. “Lamentablemente, una vez que tenés el fallo encima, la Argentina no puede estar incumpliendo fallos”, afirmó la senadora PRO, en consonancia con lo que había manifestado su compañero de fórmula, Mauricio Macri, el año pasado. En ese momento, el jefe de Gobierno afirmó: “Si hay que pagar al contado, habrá que pagar el contado. Si regularizamos este tipo de situación y generamos confianza, estos números van a ser insignificantes”.

En caso de tener que pagar a todos los holdouts, la suma llega a un total de entre 17 y 22 mil millones de dólares.

Michetti intentó relativizar la posición de su líder político. “Estoy de acuerdo con batallar con el problema de los fondos buitres a nivel internacional y cambiar las normas que tiene el sistema internacional en relación con estos temas que les hacen mucho daño a los países”, afirmó la candidata a vicepresidenta en declaraciones radiales. Sin embargo, se mostró a favor de acatar el fallo de Griesa. “Si tenemos fallos que cumplir y normas que nos dicen que tenemos que cumplir una ley, yo siempre soy de cumplir leyes, normas y fallos”, afirmó Michetti.

En ese sentido, corroboró lo que ya había afirmado Macri hace menos de un año: “El tiempo se acabó –dijo entonces el aún procesado jefe de Gobierno–. Lo que corresponde para no seguir agravando las cosas, lo que hay que hacer es, con mucha tranquilidad, ir a la instancia que propone Thomas Griesa, no hay otra alternativa”, sostuvo en junio del año pasado. Luego insistió con que “si hay que pagar al contado, habrá que pagar el contado”.

En el momento en que Macri afirmó que había que pagar, el fallo de Griesa implicaba 1330 millones de dólares más intereses (unos 1800 millones actuales). Pero se discutía si eso no activaría la cláusula RUFO, que podría haber habilitado a quienes aceptaron la quita de la deuda a reclamar el mismo trato. Esa cláusula venció en enero de este año. Además, ya en ese momento se preveía que podían ingresar otros fondos al fallo de Griesa, algo que finalmente ocurrió: actualmente el monto a pagar llega a los 5500 millones de dólares y, si Griesa termina extendiéndolo al 7,6 por ciento de acreedores que no ingresaron al canje de deuda, llegaría a un total de entre 17 y 22 mil millones de dólares (ver nota aparte). Para ofrecer una comparación: las reservas del Banco Central llega en la actualidad a 33 mil millones.

En la entrevista radial, le preguntaron a Michetti si habría que pagar igual “aunque fuera un fallo de usura”. “El problema es que una vez que tuviste el fallo, fuiste vos el que también tuvo la culpa de llegar a ese lugar de no saber negociar bien y no saber hacer las cosas bien para llegar a ese lugar”, sostuvo la candidata a vicepresidenta del PRO.

Michetti consideró que el de los fondos buitres es “el gran problema, diría, del capitalismo internacional”. “En esto, la Argentina tiene que ser una de las abanderadas dentro de las naciones del mundo frente a ese problema, e incluso tener socios como Francia, como la misma Alemania, que son países que pueden estar de nuestro lado batallando contra esos fondos”, consideró la ex vicejefa. Sin embargo, insistió en que hay que pagar: “Tenemos fallos que nos dicen que tenemos que pagar cosas, porque nos hemos endeudado y hemos tenido problemas, y hemos llegado a no poder negociar bien y a no llevar bien las cosas”.

“Entonces, también hay una responsabilidad tuya. Porque del otro lado tenés una cosa horrible, espantosa, que es una injusticia enorme del sistema financiero internacional que no está resuelta, pero mientras tanto no podés incumplir las cosas porque te quedaste afuera de la lógica de la inversión y de los préstamos”, consideró la candidata.

En tanto, Michetti se mostró a favor de continuar con la Asignación Universal por Hijo en un eventual gobierno nacional del PRO: “Estamos totalmente de acuerdo en su continuidad y su fortalecimiento. Creemos que hay que hacerlo por ley. Hay que extenderla y debe ser realmente universal”, afirmó la ex vicejefa. “La Presidenta ha decidido hacerlo por decreto, pero nosotros creemos que tiene que ser una ley del Estado argentino”, insistió, aunque no hizo alusión a cuál será su posición frente al proyecto de ley enviado por el Ejecutivo para regular las actualizaciones de la AUH.

Sobre la posibilidad de privatizar Aerolíneas Argentinas, Michetti contestó: “El problema no es que sea pública o privada. Si es privatizada, que el Estado controle; si es pública, que administre el Estado, pero bien. Yo la mantendría y lo que haría seguro es una administración mucho más eficaz”. La candidata a vicepresidenta aprovechó para defender la continuidad en la Corte del juez Carlos Fayt, de 97 años: “Estoy convencida de que es una persona que todavía aporta. Si él está con esa convicción, tiene que seguir. Cuando él sienta que no puede aportar más lo va a comunicar porque es una persona que se nota que tiene lucidez”.

Sobre su (futuro) contrincante en las elecciones generales, el candidato a vicepresidente del Frente para la Victoria, Carlos Zannini, Michetti comentó que no lo conocía y se limitó a decir: “Sé que tiene un componente enormemente ideológico en su forma de ser. Yo no tengo una ideología cerrada. Tengo mis ideas y valores, pero soy una persona abierta a la riqueza de las diferencias”.

Página/12 :: El país :: Los buitres ya tienen a quien ir a votar

16/05/2015

Saiba quem é Angelici, o lúcifer do Boca

helipoptero da globoOs acontecimentos ocorridos entre Boca x River não são frutos do acaso. Escorreram naturalmente das mãos que tecem os fios que ligam a política argentina com o futebol e as engrenagens subterrâneas do poder econômico. Por baixo, as mãos manipulam aqueles que à flor da terra ocupam cargos importantes nas instituições públicas.

Qualquer semelhança com o patrimonialismo brasileiro não é mera coincidência. Senão como explicar que nosso Maurício Macri, Aécio Neves, tenha ocupado, enquanto era estudante no Rio de Janeiro, cargo em Brasília. Ou, com apenas 25 anos, ocupado o cargo de vice-diretor da Caixa Loterias?! Ou ter construído, com dinheiro público, aeropostos em fazendas da família? Tio Quedo agradece o silêncio da mídia.

O mesmo silêncio ensurdecedor entorno do sumiço dos 450 kg de cocaína de um helipóptero abastecido com dinheiro da Assembleia Legislativa de Minas, pilotado por funcionário da mesma Assembleia. Quando o helicóptero tem dono, a fazenda onde ele pousou tem dono, o piloto tem padrão, mas o produto da associação de todos, o pó, não, é porque há algo pior do que o narcotráfico no ar.

Os cacerolazos do Recoleta são pais dos panelaços dos jardins. Ambos cheiram mal. São fruto de parasitas do Estado com síndrome de abstinência. Os ocorridos no Bombonera são irmãos siameses do xingamento a Dilma na abertura da Copa do Mundo no Itaquerão. O ódio destilado pelos perdedores explica, mas não justifica.

EL PAIS › ANGELICI, DE LOS DOS LADOS DEL MOSTRADOR

El operador judicial de Macri

Por Irina Hauser

“Si no cumplís, después nadie te toma en serio”, es una de las muletillas con que suele presentar sus promesas Daniel Angelici en una de sus facetas menos conocidas: la de operador radical-macrista en el Poder Judicial. El Tano Angelici, que es abogado, tiene fuerte ascendencia en el Consejo de la Magistratura porteño y alguna en el de la Nación, un rasgo que le ha permitido incidir en designaciones de jueces y fiscales. Uno de los ejemplos más elocuentes, ya conocido en el mundillo judicial pero quizá más ampliamente comprensible desde ayer, es su amistad y cercanía con el fiscal general del Ministerio Público porteño, Martín Ocampo, jefe de los fiscales de la ciudad de Buenos Aires, quien también le debe en buena medida su cargo. El presidente de Boca es, además, padrino de su hijo y viajaron juntos a Miami. La investigación de los hechos en la Bombonera está, precisamente, bajo su órbita.

El desfile de invitados del cumpleaños de 50 de Angelici, celebrado en mayo del año pasado en el Hotel Hilton, también dio cuenta de sus lazos con el ámbito judicial. Entre los asistentes estuvieron –además, lógicamente, de Ocampo– la jueza federal María Servini de Cubría, el abogado Darío Richarte –número dos de la ex SIDE en tiempos de la Alianza, miembro conspicuo del clan Stiuso, además de ex vicerrector de la UBA–, el Consejo de la Magistratura porteño casi completo y hasta el ex presidente del Colegio de Abogados, Jorge Rizzo, ahora abogado de Carlos Fayt. La fiesta fue de uno 800 invitados e incluyó a Enrique “Coti” Nosiglia, Mauricio Macri, Julio Grondona y Luis Barrionuevo.

“El que se calienta en política pierde”, es otra de las frases favoritas de Angelici, quien se fogueó en el radicalismo de la Facultad de Derecho. Para entablar negociaciones le gusta reunirse en el restaurante Rond Point de avenida Libertador o en Puerto Madero. En los últimos años ha sido un armador de alianzas de radicales y macristas, como sucedió en las elecciones para cargos de consejeros de la Magistratura (porteño y nacional), los organismos que eligen y sancionan a los jueces. Hizo un aporte importante en la votación de consejeros-abogados al sumarse a la lista de Rizzo (mezcla de massismo y PRO), Gente de Derecho.

Angelici, fuente de apoyos políticos y promotor de designaciones, buscó interlocutores en todos los rincones judiciales. Sebastián De Stéfano es su hombre fuerte, del macrismo, en la Magistratura porteña. Se las ingenió para pactar también con el kirchnerista Juan Manuel Olmos, quien logró la presidencia del cuerpo. En el Consejo de la Magistratura nacional tenía vinculación con el ex consejero-abogado Alejandro Fargosi, a través de quien el PRO consumó un acuerdo con el kirchnerismo para promover una lista de jueces federales en 2011, entre quienes fue designado el controvertido Luis Rodríguez, en un concurso denunciado por presunto fraude. A Fargosi lo reemplazó Adriana Donato. En el fuero federal se le atribuyen a Angelici amistades más antiguas, como con el juez Claudio Bonadio, y con el fiscal Carlos Stornelli, ex jefe de seguridad de Boca y, para muchos, actual mandamás en las sombras en esa área del club.

En el Ministerio de Justicia de la Ciudad, su puente es el subsecretario Javier Buján y se le suman un abanico de funcionarios de segunda línea. A Angelici, en la Justicia porteña, le atribuyen la ingeniería que duplicó los juzgados del fuero Contencioso Administrativo: eran doce y ahora son 24. Ese fuero es el que siempre le trajo más dolores de cabeza al gobierno de Macri, con denuncias en todos los ámbitos, desde fallas e incumplimientos en salud, vivienda y educación hasta seguridad. Al agregar juzgados se buscó diluir las causas contra la administración PRO.

La designación de Ocampo, en febrero de 2014, es una síntesis de cómo las relaciones políticas invaden la actividad judicial. Había sido, antes, legislador del macrismo. Su cargo actual es equiparable, en la Ciudad, con el que tiene Alejandra Gils Carbó como conductora de los fiscales a nivel nacional. Antes de ser nombrado, Ocampo tuvo un sinfín de impugnaciones de las organizaciones más representativas del ámbito del Derecho –la Asociación Americana de Juristas (rama Argentina), Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), Directorio Legislativo, Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip), entre otras– , las que ya en 2013 advertían que su identificación con el partido de gobierno “no daba garantías suficientes sobre el futuro ejercicio del cargo con la independencia que éste requiere”. Explicaban que, además de carecer de antecedentes, tendría que actuar en las causas judiciales “de interés público en las que son parte el Gobierno de la Ciudad y, eventualmente, los propios funcionarios de gobierno”. Ahora, a sus fiscales, les toca la de Boca.

Ayer Ocampo dijo que es amigo de Angelici de toda la vida. No mentía. Durante la ocupación del barrio Papa Francisco pasaron unas vacaciones juntos en Miami con otros hombres del macrismo.

Página/12 :: El país :: El operador judicial de Macri

O dia em que a Bombonera foi Itaquerão

Como já disse em artigo na noite do acontecido, o que aconteceu com o River Plate no estádio do Boca Junior não obra do acaso. Passa por uma estratégia política delineada e muito bem financiada. Assim como os reis dos camarotes vips do Itaquerão eram finanCIAdos pela Multilaser, Banco Itaú, Gerdau, MBL, LIDE, CANSEI, também os barra bravas do Boca Juniors têm em Maurício Macri a mão que balança a grana e o gás de pimenta. Quando a desfaçatez não encontra limites devido ao apoio do principal grupo de comunicação, o Grupo Carín, parceiro dos brasileiros na SIP, avó do Instituto Millenium, chega-se ao absurdo que foi o super clássico da Libertadores.

Autoridades argentinas comparam o acontecido na Bombonera com a final de 1989: “Uno de los hechos más graves ocurrió el 31 de mayo de 1989, cuando Atlético Nacional de Medellín ganó la final de la Copa ante Olimpia de Paraguay. El narcotraficante Pablo Escobar estaba en la cancha esa noche. Había anunciado que si el equipo colombiano no ganaba “morían todos”. “Al árbitro Juan Carlos Loustau me lo secuestraron dos veces en tres días, pero dirigió correctamente”, contó el ex directivo, hoy retirado del fútbol y a quien le propusieron escribir un libro contando este tipo de historias. Las crónicas deportivas de la época mencionaron que el plantel de Olimpia llegó al estadio custodiado por tanques de guerra.”

Se houve algo de bom nos eventos da quinta-feira na Bombonera foi a imagem de uma direita argentina que não mede esforços para o ódio em qualquer meio: político, futebolístico ou midiático. Mas quando a direita quer ganhar, como estamos vendo hoje no Brasil, o tapetão pode ser por meio do uso de uma operação do tipo Lava Jato como na base do gás pimenta.

O uso de um clube para fins político não é novo. O caso mais famoso no exterior é o Milan de Sílvio Berlusconi, o Roberto Marinho italiano. Graças à Operação Lava Jato à italiana, o tal de Mani Pulite, os adversários políticos de Berlusconi foram presos e ele nadou sozinho, de braçada, por mais de 20 anos como Primeiro Ministro. Foi um período suficiente para transformar a Itália num puteiro.

No Brasil temos os anões, anos luz atrás dos próceres italianos e argentinos, Eurico Miranda no Vasco e um Paulo Odone no Porto-Alegrense.

Na Argentina não tem sido diferente. O Grupo Clarín, com ajuda da CIA e vira-latas como Alberto Nisman, tentam de todas as formas derrotar Cristina Kirchner. O Aécio Neves deles é Maurício Macri, o dono do Boca Junior.

Como diz o jornal argentino Pagina12, quem dorme com bandidos acorda currado! A putaria, que era privada, tornou-se pública. E da pior forma possível.

Daniel Angelici, afligido, ayer durante la conferencia de prensa.

EL PAIS › EL PRESIDENTE DE BOCA “ASUMIO RESPONSABILIDADES” TRAS EL ESCANDALO EN LA BOMBONERA

El que se acuesta con barras amanece…

Daniel Angelici, delfín de Mauricio Macri en el club xeneize y operador del PRO en el ámbito de la Justicia, adelantó que aceptará el castigo que le imponga la Conmebol al club. Su amistad con el fiscal Ocampo, que debe investigar la causa, y el resultado de las pericias.

Por Facundo Martínez

“Recuperar la gloria perdida. Formar un Boca ganador, y volver a ganar la Copa Libertadores, para volver a Japón”, prometió en diciembre de 2011 el actual presidente de Boca, Daniel Angelici, cuando con el apoyo absoluto de su mentor dentro del club, Mauricio Macri, se presentó a las elecciones para derrotar la fórmula oficialista liderada por Jorge Amor Ameal. Angelici, como delfín del ahora jefe de Gobierno porteño, apuntaba también sus cañones contra Juan Román Riquelme, ídolo máximo de Boca, siempre enfrentado a la conducción macrista. “Queremos jugadores que jueguen, dirigentes que dirijan”, señalaba el dirigente y empresario del juego. Entre esas promesas y el presente, Boca sólo consiguió ganar una Copa Argentina. Y si volvió a estar en la tapa de todos los diarios no fue precisamente por la gloria conseguida, sino por el vergonzoso episodio del jueves en la Bombonera: la agresión química que sufrieron los jugadores de River dentro de la manga que los debía conducir sin peligros hacia el campo de juego.

De la euforia de campaña de Angelici se vio poco ayer, durante la conferencia de prensa que brindó junto con el entrenador del club, Rodolfo Arruabarrena. “No es momento de deslindar responsabilidades”, comentó antes de comunicar que el club asumirá las sanciones que muy probablemente hoy le aplique la Conmebol. “Como presidente me hago cargo de la mayor parte de lo que ocurrió. Se hizo un esfuerzo importante en materia de seguridad pero parece que nunca alcanza”, agregó. Aunque evitó especificar cuáles son esas responsabilidades. No son pocas. Hace apenas dos semanas, en medio de la disputa con el secretario de Seguridad, Sergio Berni, a raíz del polémico regreso a la tribuna de los dos líderes de la barra brava boquense, Mauro Martín y Rafael Di Zeo –que luego, por las presiones oficiales, no se concretó–, el presidente de Boca soltó una idea disparatada. Dijo que estaba dispuesto a recibir en su cancha a los barras: “Como no va a salir una ley para erradicarlos, yo estoy dispuesto a blanquearlos. Si cometen un acto de violencia dentro del estadio no tengo problema de volver a ponerlo (al barra) en el derecho de admisión, o llevarlo al tribunal de disciplina para que lo expulsen”, afirmó. Esa ley, sin embargo, existe: es la 23.184, que en los últimos años tuvo además dos modificaciones que la actualizaron.

No lucía bien ayer Angelici, acusaba el golpe de los sucesos. “Se hicieron las pericias en el estadio, tanto de la Justicia ordinaria como del Gobierno de la Ciudad y se clausuró. Me quedé hasta las tres y media de la mañana, hasta que se fueron todos”, manifestó el dirigente xeneize. Luego adelantó que Boca buscará “identificar y dar una sanción ejemplificadora” a los agresores. Una actitud que sería novedosa en la actual conducción, ya que cualquier habitué a la Bombonera es testigo de los negocios montados por los barrabravas en las propias instalaciones del club. Desde venta de ropa trucha, comida y bebidas hasta el manejo del estacionamiento y los tours de turistas extranjeros que quieren vivir la aventura tribunera. Angelici no dedicó ningún espacio de su conferencia de prensa a aclarar estos aspectos de su relación con los barras.

Las pericias que realizaron en el estadio y sobre la manga los peritos de la Prefectura Naval determinaron cómo y con qué sustancia se concretó el ataque a los jugadores de River. Según le revelaron a Página/12 fuentes de esa fuerza, para el ataque “se utilizó entre un litro y litro y medio de un líquido, compuesto en forma casera por gas pimienta y un ácido, que produce emanaciones” –no fue un gas como se dijo el jueves por la noche– y no se utilizó un spray sino un botellón o pomo plástico –como en los que suele venderse la mostaza–. El líquido “fue arrojado al interior de la manga a través de una costura y cayó en forma de lluvia”, lo que explica las manchas naranjas que se pudieron observar tanto en las caras como en las camisetas de los futbolistas millonarios, y en la superficie externa del escudo de uno de los policías que intentaron proteger a los jugadores dentro del túnel. Otro dato importante, que echa por tierra las especulaciones sobre desde dónde se perpetró el ataque, es que “se encontraron restos de este líquido fuera de la manga”. Y el goteo de las manchas señala también que “el ataque se produjo de arriba hacia abajo”.

Habrá que esperar el informe de la investigación que, por su parte, lleva adelante el fiscal general de la Ciudad, Martín Ocampo.

Ocampo, que en la madrugada del viernes decidió la clausura de la Bombonera, es un protegido político del presidente Angelici, quien aprovechó su estrecha relación con Macri para apadrinarlo en la carrera judicial. Así como Macri llevó de la mano a Angelici a la presidencia de Boca, el dirigente de procedencia radical y empresario del juego, que llegó a presidir la asociación de bingos, no tardó en convertirse en una suerte de operador político en el ámbito de la Justicia, nacional y porteña (ver nota aparte). Antes de convertirse en fiscal general de la Ciudad, Ocampo ofició de legislador del PRO para la Ciudad.

Amistades aparte, Angelici intuye que sobre Boca caerá una sanción importante. Y rápido de reflejos anunció que se presentó “como querellante” en la causa abierta, un lugar de víctima que lo alejaría de incómodas investigaciones judiciales. “Que alguien pueda arrojar un líquido que afecte a los jugadores rivales me llena de angustia y dolor. Es la imagen del fútbol argentino la que queda lastimada”, admitió.

El ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo, deslizó ayer su crítica hacia el presidente de Boca. “Seguramente hay dirigentes políticos que tienen que ver con los incidentes ocurridos. Si Angelici en vez de ser presidente de Boca, en vez de ser un socio de Macri, fuese un hombre del kirchnerismo, (los medios) hubiesen criticado al oficialismo”, apuntó desde la ciudad cordobesa de Río Cuarto. “Lo que pasa en el fútbol argentino es una vergüenza. Lo que hay que hacer es terminar con la connivencia entre una dirigencia deportiva y los barrabravas”, sentenció.

Página/12 :: El país :: El que se acuesta con barras amanece…

15/05/2015

Boca Juniors comportou-se à moda do dono, Maurício Macri

Filed under: Boca Juniors,Bombonera,Futebol,Maurício Macri,River Plate — Gilmar Crestani @ 12:09 am
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Mauricio Macri BomboneraO Milan está para Sílvio Berlusconi como o Boca Juniors está para Maurício Macri. Ambos são políticos populistas de direita. Governam com o apoio da mídia.

Silvio Berlusconi tem o Mediaset, que domina 80% do mercado midiático italiano.

Após a operação Mani Pulite, conduzida por Antonio Di Pietro, Berlusconi tomou o poder por mais de 20 anos e transformou a Itália num puteiro que fazer Calígula e Nero corarem de vergonha. Com Sílvio Berlusconi de Primeiro Ministro a Máfia, graças ao trabalho da Mani Pulite,deixou de lado os intermediários e tomou de vez o poder.

É mais ou menos o que a Rede Globo e suas filiais, como a RBS, pretendem fazer no Brasil agora, como, aliás, fizeram em 1964.

O Boca Juniors pertence ao político direitista do mesmo estilo de Sílvio Berlusconi. AssoCIAdo ao Grupo Clarín, Macri é o líder da direita golpista argentina.

Na noite desta quinta-feira o Boca Juniors foi a cara do Maurício Macri: quis ganhar do River Plate na base do gás de pimenta. Para a direita raivosa argentina, assim como para o MBL e a marcha dos zumbis no Brasil, os fins justificam os meios. Ao ver que não conseguiria reverter o resultado no Monumental de Nuñez, o Boca deu uma de Aécio Neves.

Ambos são derrotados que não sabem perder. Inspirados no velho Arquimedes, eles só precisam de um ponto de apoio para armarem a alavanca do tapetão.

23:29 › CLASICO COPERO

Mucho gas y poco fútbol

El superclásico fue suspendido antes de iniciar el segundo tiempo. Los jugadores de River fueron agredidos con gas pimienta en el túnel, cuando salían a disputar los últimos 45 minutos. El partido estaba empatado y con ese resultado, el "Millonario" pasa de ronda. Después de una hora de idas y vueltas, el comisario deportivo de la Conmebol tomó la decisión de terminar el partido. "Había diez policías, no sé cómo hicieron para tirarnos el gas", dijo el volante Kranevitter.

Durante la hora que demoró la decisión de la comisario deportivo de la Conmebol, la Policía Federal secuestró las camisetas de Kranevitter, Maidana Funes Mori y Ponzio a pedido de la fiscalía de turno para analizar el gas con el que fueron atacados los jugadores "millonarios".

El médico de River aseguró que "los jugadores no pueden seguir jugando" porque sufrieron irritación en los ojos, vómitos y quemaduras en la piel. Lo mismo opinó el médico de la Conmebol. "Esto es un partido de fútbol, la gente se lo tomó como otra cosa", lamentó el defensor Funes Mori.

Por su parte, el presidente del club de Núñez Rodolfo D’Onofrio fue uno de los primeros en ingresar a la cancha para pedir la suspensión. El presidente de Boca, Daniel Angelici, no estuvo presente.

"Una hora esperando que se tome una decisión. Es vergonzozo", sentenció el director técnico, Marcelo Gallardo. Tras anunciar la suspensión del partido, el árbitro Herrera le pidió al capitán de Boca, Agustín Orión, "solidaridad con tus compañeros", mientras el arquero continuaba pidiendo explicaciones.

Boca y River se enfrentaban por el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores. El "Millonario" llegaba en ventaja por el gol que marcó Sánchez en el Monumental la semana pasada y con la confianza de aquel último cruce en el certamen continental. Boca, que modificó medio equipo, salió a la cancha con la presión de ganar.

Página/12 :: Ultimas Noticias :: Mucho gas y poco fútbol

21/04/2015

Tríplice coroa

No mesmo dia em que aparecem mais ligações entre o Grupo Clarín, o irmão siamês da Rede Globo em golpismo, ambos filiados à SIP, avó do Instituto Millenium, com o golpista argentino, Maurício Macri, o Aécio Neves portenho, mas com menos pó, também se desmancha o castelo de areia envolto no caso Nisman & CIA e fundos podres que haviam se unido para derrotar Cristina Kirchner.

O Grupo Clarín, assim como a Rede Globo, foi parceira da ditadura e com ela se locupletou, inclusive no roubo de bebês. A herdeira do Grupo Clarin, D. Hernestina Herrera de Noble, adotou dois bebês cujos pais foram sumidos, muito provavelmente nos voos da morte, quando aviões jogavam presos políticos sobre o delta do Rio Paraná. Agora, assim como a Globo foi pega em sonegação, por isso tenta de todas as formas derrubar Dilma e por isso novamente se une a golpistas, também o Grupo Clarín vê em Maurício Macri a salvação que a Ley de Médios lhe negou. Recentemente a Revista Veja tentou fazer uma dobradinha com o Grupo Clarín, provavelmente muito bem finanCIAdos, dizendo que o filho de Cristina Kirchner tinha conta no exterior. O banco apontado pela Veja negou. E a Veja? Só negou…

Outro ponta deste tridente de hoje foi a descoberta da participação Fondos Buites, fundos podres, na armação com o procurador Nisman, muito bem alimentado pela CIA, na morte do procurador para incriminar o governo argentino. Os EUA tentaram de todas as formas envolver o Irã, na busca da construção de uma justificativa para mais uma cavalgada insana em busca do petróleo iraniano. Um ex-diretor da entidade judaica, AMIA, “Jorge Elbaum, quien publicó el sábado pasado una columna en Página/12 en la que vinculó al fallecido fiscal Alberto Nisman con los fondos buitre y reveló el contenido de una serie de reuniones del magistrado con directivos de la DAIA, periodistas e intelectuales que buscaban presionar para que las entidades de la comunidad judía tomaran una postura contraria al Memorándum de Entendimiento con Irán.” O engraçado no imbróglio dos fundos podres é que eles investiam em papéis públicos argentinos que, por ter alto risco, davam muito ganho. Quando a Argentina quebrou, eles não quiseram quebrar. É o tal de investimento de risco sem risco. Do tipo descoberto na Operação Zelotes, cujas cabeças conhecidas são a RBS e Gerdau.

O terceiro elo foi justamente o enterro da denúncia de Nisman segundo a qual Cristina Kirchner era acusa de acobertar o Irã no atentado à AMIA. Todos os três textos reproduzidos abaixo.

Assim como nós sabemos quem finanCIA o MBL e o Fernando Gouveia, a Argentina também sabe quem sustenta Maurício Macri e o Grupo Clarín. Por traz de tudo, os sempre escusos interesses dos EUA, a terra do terrorismo de Estado.  

 

El muro que levantó el Grupo Clarín y que la Justicia mandó derribar.

Con una millonaria ayudita de los amigos

Con el pretexto de la “urgencia” para reacondicionar vagones del subte, el gobierno porteño le alquiló el galpón al Grupo Clarín por un millón y medio de dólares por año.

Por Werner Pertot

Además de rehusarse a demoler el muro construido junto a la planta de impresión del Grupo Clarín, el gobierno de Mauricio Macri le alquiló un galpón en ese mismo lugar al holding empresarial por un costo anual de un millón y medio de dólares. Para hacerlo, sortearon mecanismos de control con el pretexto de la urgencia de conseguir un lugar para los vagones de subte de la línea B que debían ser reacondicionados. “Estamos acostumbrados a los manejos desprolijos e irregulares de Sbase, pero en este caso particular, se revela la especial relación del gobierno de Macri con el Grupo Clarín”, señaló el auditor porteño Eduardo Epszteyn.

Se trata de la planta denunciada por los legisladores Aníbal Ibarra y María Elena Naddeo por construir un muro que impide el paso en una calle pública. Los dirigentes y un vecino presentaron un amparo, ya que el gobierno porteño se negaba a demoler el muro. En la causa judicial, la gestión PRO argumentó que no sabía si el muro existía, que no tenía conocimiento de quién lo construyó y otra serie de argumentos de antología. La jueza Lidia Lago los desarmó uno por uno en un fallo en el que le ordenó al gobierno de Macri que demuela el muro en un plazo de diez días. La procuración porteña apeló para evitar tener que demoler un muro que corta el acceso a una calle pública, que es utilizada por la planta de impresión del Grupo Clarín como estacionamiento privado y depósito.

El conductor Víctor Hugo Morales sufrió una agresión la semana pasada, cuando fue a tomar imágenes del muro para su programa Bajada de línea, donde se dieron los primeros detalles de la relación entre Sbase y el galpón del Grupo Clarín. Según pudo reconstruir el equipo del auditor Epszteyn, la procuración porteña emitió un dictamen a posteriori del alquiler de parte de un galpón de 7000 metros cuadrados en Agustín Magaldi 2139 por la bicoca de 115 mil dólares más IVA por mes. El contrato de alquiler fue firmado por Sbase, la empresa estatal de subtes que controla el macrismo, con un fideicomiso de nombre LOMA XXI, que comparte la dirección fiscal con el Grupo Clarín y con AGEA.

El lugar fue alquilado para recibir los vagones que llegaron de Madrid para la línea B. Curiosamente, pese a que el gobierno porteño sabía con anticipación de la llegada de estos vagones, la contratación del galpón se hizo utilizando un mecanismo previsto para casos de urgencia, que evitó el dictamen previo de la procuración.

En su dictamen posterior, la procuración –que conduce Julio Conte Grand, un funcionario designado por Macri– encontró que varias de las cláusulas del contrato “colisionan con lo dispuesto en el Reglamento de Contrataciones” de Sbase. No encontró probada la excepcionalidad para firmar ese contrato ni por qué se hizo en moneda extranjera. “Considero que deberá acompañarse de un informe técnico por el cual se deberá invocar y justificar debidamente las razones por las que motivaron y tornaron necesario tales apartamientos respecto del Reglamento de Contrataciones de Sbase, considerando que se trata de un mecanismo contractual de excepción”, le marcó la procuración porteña a Sbase. “La actuación de la procuración es pública –detalló Epszteyn–. Mi equipo la encontró, ya que tenemos como costumbre buscar toda información pública relacionada con un tema que se esté auditando. Y justamente estamos auditando a Sbase.”

La resolución 2124/14 de Sbase, firmada por su presidente Juan Pablo Piccardo –a la que accedió Página/12–, corrobora lo planteado por el equipo de Epszteyn: el contrato se firmó el 14 de agosto de 2014, tiene una duración de 36 meses, y un canon de 115.500 dólares por mes a partir del 1° de marzo de este año. Y la frutilla del postre: la inmobiliaria que hizo las averiguaciones para Sbase se llevó otros 173.250 dólares en comisiones.

Página/12 :: El país :: Con una millonaria ayudita de los amigos

 

EL PAIS › LA DAIA EMITIO UN COMUNICADO PARA RESPONDER A LA PRESIDENTA Y AL EX DIRECTOR JORGE ELBAUM

Los nexos entre la denuncia y los buitres

Antes de partir hacia Rusia, la Presidenta subió a las redes sociales su análisis sobre lo revelado.

La entidad judía buscó desmentir lo revelado por su ex director ejecutivo en un artículo publicado en Página/12 sobre las presiones para derogar el memorándum con Irán.

La DAIA le respondió a través de un comunicado a la presidenta Cristina Kirchner y al ex director ejecutivo de esa entidad Jorge Elbaum, quien publicó el sábado pasado una columna en Página/12 en la que vinculó al fallecido fiscal Alberto Nisman con los fondos buitre y reveló el contenido de una serie de reuniones del magistrado con directivos de la DAIA, periodistas e intelectuales que buscaban presionar para que las entidades de la comunidad judía tomaran una postura contraria al Memorándum de Entendimiento con Irán. La Presidenta retomó el artículo y consideró que se trata de un “modus operandi global”. La DAIA expresó su “consternación y preocupación” ante lo dicho por Elbaum y volvió a calificarlo de falso. El ex directivo ratificó sus dichos y replicó a la DAIA, a la que consideró “una institución muy poco representativa”.

“En la Argentina se intentó que el Congreso no aprobara el Memorándum de Entendimiento. Cualquier similitud no es mera coincidencia y mucho menos casualidad”, afirmó CFK en un texto que subió a su página web durante el fin de semana. “Estamos ante un modus operandi de carácter global que no sólo lesiona severamente las soberanías nacionales interfiriendo y coaccionando el funcionamiento de los distintos poderes de los Estados, sino que además genera operaciones políticas internacionales de cualquier tipo, forma y color”, advirtió.

Lo de modus operandi tenía que ver con un artículo aparecido en el diario israelí Haaretz que revelaba cómo lobbistas pro israelíes operaban en estos días para que sancionen una ley para revisar el acuerdo nuclear que Estados Unidos firmó con Irán.

La DAIA emitió un comunicado, firmado por su presidente, Julio Schlosser, y su secretario general, Jorge Knoblovits, en el que consideró: “La representación política de la comunidad judía argentina expresa su consternación y preocupación respecto de imputaciones formuladas por la máxima autoridad del país, lamentablemente basadas en declaraciones de un ex empleado de la DAIA y actual funcionario del gobierno argentino, plagada de falsedades y mentiras sobre supuestas confabulaciones internacionales de las cuales sería parte la entidad”.

La DAIA destacó en su comunicado de repudio que “reafirma su inclaudicable lucha por la verdad y la justicia en el caso del atentado terrorista del que fuera víctima el 18 de julio de 1994 con el terrible saldo de 85 personas asesinadas”. Indicó que su “único ámbito de actuación respecto de ese luctuoso hecho es el de los tribunales de justicia”.

Elbaum ratificó luego sus dichos y se refirió a la DAIA. “Es una institución específica que es muy poco representativa, donde votan 120 personas cada 3 años”, por lo que “ha construido simbólicamente una imagen de representatividad de la cual carece”. “Lo primero que debemos hacer desde el Estado, pero también desde los judíos, es poner en evidencia que ellos representan a una porción de derecha conservadora, aliada con los fondos buitre.”

En su artículo, Elbaum había relatado una serie de reuniones en las que Nisman les habría dicho que podía conseguir la ayuda de Paul Singer. También señaló la intervención del periodista José “Pepe” Eliaschev, del jurista Daniel Sabsay, del filósofo Santiago Kovadloff y de Marcos Aguinis para torcer la voluntad de la dirección de la DAIA en contra de la iniciativa del Gobierno. La Presidenta dijo haber leído tres veces el artículo, “algo que nunca hago”.

Página/12 :: El país :: Los nexos entre la denuncia y los buitres

 

EL PAIS › EL FISCAL DE CASACION JAVIER DE LUCA DESESTIMO LA DENUNCIA DE NISMAN CONTRA LA PRESIDENTA CRISTINA KIRCHNER

“No hay delito alguno, ni consumado ni tentado”

De Luca insistió en que no existe delito en lo denunciado. Sólo resta que la Cámara de Casación firme una resolución dejando en pie el desestimiento de primera instancia del juez Rafecas para que la denuncia de Nisman se archive.

El fiscal ante la Cámara de Casación, Javier De Luca, ayer, Por Raúl Kollmann e Irina Hauser

@El fiscal ante la Cámara de Casación, Javier De Luca, desistió ayer del recurso de Casación por la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman contra la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, el canciller Héctor Timerman, el diputado Andrés Larroque y varios dirigentes sociales. De Luca tenía la obligación de fundamentar su desistimiento y lo hizo en un escrito de 27 páginas en los que afirma que en la denuncia de Nisman “por más que se recorran todas sus hipótesis una y otra vez, no se logra encontrar delito alguno a averiguar y demostrar”. De Luca sostiene que no existe delito en la firma del memorándum ni en la constitución de una Comisión de la Verdad, todo lo cual fue votado por el Congreso. “Sostener que firmar un tratado constituye un plan criminal es un absurdo desde el punto de vista jurídico. Las supuestas motivaciones, móviles o ultra-intenciones no son delito”, remata el fiscal. Tras la presentación del escrito de De Luca, la Sala I de la Cámara de Casación seguramente dirá que el recurso no fue sostenido, lo que deja firme el desestimiento original del juez Daniel Rafecas. Será el final de una denuncia que naufragó desde el principio (ver aparte).

Tratado

Aunque se pretenda descalificar a De Luca por su pertenencia a la agrupación Justicia Legítima, lo cierto es que el fiscal no sólo siguió los lineamientos del fallo de primera instancia de Rafecas y de dos de los tres jueces de Casación –Jorge Ballestero y Eduardo Freiler–, sino que convalidó los mismos argumentos que públicamente explicaron juristas de la talla de Raúl Zaffaroni, León Arslanian, Ricardo Gil Lavedra, Julio Maier o Luis Moreno Ocampo. Todos coincidieron en que en la denuncia de Nisman no existe delito o que tenía más de denuncia política que judicial.

El fiscal dice: “Véase que la conformación de una ‘Comisión de la Verdad’ y la notificación a Interpol de la celebración del acuerdo internacional están escritas en el mismo memorándum, totalmente a la vista, y fueron ratificados por el Congreso de la Nación. Es decir, nuestros legisladores, en el ejercicio de su potestad constitucional, dispusieron esas cláusulas. No queda resquicio alguno para operaciones encubiertas o la realización de móviles ocultos, porque está todo a la vista. Un tratado es equiparable a una ley. Fue votado por el Congreso. Es el soberano el que decide. Hay tratados que eximen de extradición, que modifican regímenes de excarcelaciones y todo ello está dentro de las facultades del Legislativo y el Ejecutivo, que luego promulga. No puede haber delito en eso”.

Interpol

Ya está demostrado que la Cancillería no pidió el levantamiento de las alertas rojas. Las pruebas exhibidas fueron categóricas: la carta a Interpol advirtiéndole que la firma del memorándum no cambiaba el status de las capturas; la respuesta de Interpol ratificando que no habría cambios; las declaraciones de Ronald Noble.

Sin embargo, De Luca resalta que ni el Ejecutivo ni el Legislativo argentino tenían facultades para incidir en el levantamiento de las órdenes de captura, incluso si se hubiera hecho alguna gestión. “No existe en Interpol el mecanismo de solicitudes u órdenes de los poderes ejecutivos –afirma De Luca–. No es un procedimiento reglado para bajar las alertas rojas. Ni Argentina ni Irán tienen capacidad legal de bajar alertas. Sólo los jueces son quienes pueden solicitar a Interpol las altas y las bajas de las capturas internacionales de personas imputadas de delitos, que dan lugar a un procedimiento reglado de Interpol. Los otros poderes de los respectivos Estados no tienen una competencia específica para incidir en el proceso interno de la Interpol al respecto, ni para darles el alta ni para darles la baja.”

AMIA

Hay un punto del dictamen de De Luca que va a uno de los meollos del memorándum. El fiscal explica que el tratado no detuvo nada de la causa judicial argentina, que siempre estuvo en las manos de un juez, Rodolfo Canicoba Corral, y delegada en un fiscal, Nisman. De Luca analiza que el expediente afrontaba un problema sin solución: los prófugos no podían ser indagados porque ni se presentaban voluntariamente ni podían ser aprehendidos. “No se podía avanzar –señala De Luca–. En ese contexto, se desprende de la simple lectura del memorándum que el acuerdo no pretende otra cosa que traer a derecho a esas personas para que declaren ante el juez de la causa. La historia judicial argentina está plagada de búsqueda de soluciones, porque no se trata de un conjunto de normas pétreas. Los poderes del Estado competentes buscan e instauran un mecanismo que destrabe una situación. Y la solución puede ser criticada por los políticos, la doctrina, las partes, pero es lo que pudieron y supieron concretar quienes dirigen las políticas exterior y criminal de la República.” Esto no significa –redondea De Luca– que el Ejecutivo o el Legislativo hayan entorpecido la causa judicial, que siempre estuvo a cargo de un magistrado. No se afectó el trámite judicial en la Argentina. Tampoco significó ayuda para los prófugos, no les facilitó la elusión de la Justicia.

Comisión

De Luca responde al argumento de que la creación de la Comisión de la Verdad, en el marco del Memorándum, sea una ayuda a los prófugos y, por lo tanto, un delito. “De la lectura misma del memorándum –dictamina De Luca– surge que el juez y el fiscal a cargo de la etapa de investigación no están obligados ni vinculados por las acciones y conclusiones de la llamada ‘Comisión de la Verdad’, de modo que no tiene efectos sobre el proceso porque siempre dependerán de la decisión autónoma que tomen los magistrados a cargo. La intervención de la Comisión no tiene mayor valor que el que pudieran tener las infinitas opiniones, estudios, investigaciones y conclusiones que sobre el atentado hubo desde el primer día. Y ello conduce a visibilizar que el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, al concretar este acuerdo, con esa redacción, de ningún modo entorpecieron la marcha del proceso penal que, reitero, en nuestro país está a cargo de un magistrado que pertenece a otro poder del Estado.”

Delito

El fiscal de Casación, en su desistimiento del recurso, polemiza con lo que llama una falacia “consistente en sostener que la hipótesis del denunciante (Nisman) puede dar lugar a un delito o puede dar lugar a un no delito, lo cual demanda investigación para su dilucidación”. El fiscal rechaza ese proceder: “Si se reciben denuncias del tipo ‘en la casa de al lado se trafican estupefacientes’, o que ‘Fulano mató a Mengano’, o de un robo de una cartera, etcétera, debemos investigarlas porque se parte de la base de que traficar estupefacientes, matar a otro, o robar, son delitos. Pero si la denuncia consiste en tratar de probar si Fulano es infiel a su mujer porque tiene manceba, esa investigación está vedada porque el adulterio no es más delito en la Argentina. En este caso, como ya se dijo, el supuesto intento de hacer caer las alertas rojas y la creación de una comisión que opinaría sobre el caso, no pueden constituir la base de un delito, porque no son una ayuda para los prófugos y se inscriben en la competencia constitucional de los otros poderes del Estado”. Es decir que hubo un tratado y una ley, que –como señaló la Cámara Federal– pudo haberse considerado inconstitucional, pero no un delito.

Finalmente, el fiscal les responde a quienes dicen que hay que investigar e iniciar un proceso de recolección de pruebas. “Nuestra ley –remata De Luca– exige que lo que se denuncie e investigue sean hechos que constituyan delitos y no cualquier hecho de la vida. En este caso no estamos ante hechos que no se pudieran probar, sino que lo que se pretende probar son hechos que no podrían configurar un delito.”

Página/12 :: El país :: “No hay delito alguno, ni consumado ni tentado”

07/03/2014

Domínio do fato na Argentina

Filed under: Argentina,Claus Roxin,Grupos Mafiomidiáticos,Jorge Macri,Maurício Macri — Gilmar Crestani @ 7:06 am
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Se a Suprema Corte argentina se desse ao luxo de aplicar a teoria de Claus Roxin, Domínio do Fato, com o mesmo rigor de Gilmar Mendes, Joaquim Barbosa, Celso de Mello e Marco Aurélio Mello botaria todo o clã da direita argentina, parceiras do Grupo Clarin e da SIP, na cadeia. Jorge Macri, primo de Maurício Macri estava por homenagear Eva Braun, mulher de Hitler. Vez que neste caso os grupos mafiomidiáticos não condenam até a sétima geração da família Macri, incluindo Maurício Macri, primo do Jorge e proprietário do Boca Juniors e Governador de Buenos Aires. Claro, a famiglia foi e continuará sendo útil aos propósitos de quem os finanCIAm!!

Homenagem a mulher de Hitler é suspensa

Prefeito de cidade argentina cancela evento do Dia da Mulher que incluiria Eva Braun

LÍGIA MESQUITADE BUENOS AIRES

O prefeito de Vicente López (a 20 Km do centro de Buenos Aires), Jorge Macri, do partido de centro-direita PRO, teve que se desculpar por uma homenagem ao Dia da Mulher que seria promovida pela cidade.

O ciclo literário Pequenas Biografias de Grandes Mulheres decidiu incluir entre suas homenageadas a mulher de Adolf Hitler, Eva Braun.

Ela seria um dos tópicos do debate com o título "As duas Evas do poder: Eva Braun e Eva Duarte [Evita]", que ocorreria no Museu de Cine Lumiton.

"Não considero Eva Braun uma grande mulher e nem acredito que ela deva ganhar destaque como tal", afirmou o prefeito Macri.

"Peço desculpas à comunidade em geral e às mulheres em particular por esse erro tão desagradável."

O evento foi cancelado depois que organizações judaicas criticaram a homenagem.

O Centro Wiesenthal afirmou em nota ser "inaceitável a promoção de Eva Braun como uma grande personalidade" e pediu que a palestra fosse retirada do programa, o que ocorreu logo depois.

Assim como Hitler, Eva Braun cometeu suicídio em 1945, aos 33 anos.

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