Professor de Direito Penal na Universidade de Buenos Aires se desencanta com o Direito. E justifica mostrando o que tem acontecido na América Latina. Na mesma toada e coincidentemente nesta mesma data, Juremir Machado da Silva conclui: “O direito é uma ideologia para ser usada conforme a ocasião.” Por razões diversas, a mesma sensação de desamparo quando se vê a própria OAB, pelas vias cloacais do Lamachia, se tornar braço jurídico do golpe paraguaio.
E aí aparece o Tarja Preta das Relações Exteriores querendo patentear o golpe para exporta-lo aos que ainda não foram golpeados: “Serra quer exportar o golpe para o Mercosul”
Volta uma velha sensação do direito romano retirado da Bíblia: “dar a César o que é de César”, modernizada com o “dar a cada um o que é seu”. Ao pobre, a pobreza; ao rico, a riqueza.
Gostaria de estar enganado, mas o direito me parece a única ciência cujo maior beneficiado é sempre o próprio cientista.
Tristeza não tem fim
Por Julio Maier *
Desconfío actualmente del Derecho, del orden jurídico y de sus instituciones prácticas. Esa falta de confianza comprende también a los operadores jurídicos, los jueces y funcionarios judiciales, los abogados y hasta los docentes en Derecho, y a los principios que adornan esos oficios, de modo genérico, esto es, sin intención alguna de injuriar a alguien en particular. Me pregunto yo a mí mismo: ¿cómo pude edificar mi vida alrededor de esta profesión y de sus instituciones? Una de mis conferencias, originada en una conversación con bachilleres con vocación de juristas, versaba sobre “¿Para qué sirve el Derecho?”. Hoy debería escribir lo contrario: el Derecho es inservible, al menos para los fines magnánimos para los cuales yo lo concebía. Es un mecanismo de dominación, de exclusión.
En efecto, a la vejez viruela, he venido a experimentar que no hace falta una intervención violenta, armada, contra las instituciones democráticas para anularlas en un santiamén. Nunca pude imaginar –a pesar de las amenazas pronunciadas y de la conciencia de que no todo estaba antes “bien hecho”– a un gobierno que en el mejor de los casos ganó una elección por un mínimo porcentaje de votos, en segunda vuelta y con todavía menor participación parlamentaria, en cuestión de horas o días podía desvalijar el trabajo de más de una década, regresar a épocas pasadas, ya transitadas y con resultados más que desastrosos para la población, todavía persistentes. Sirvan de ejemplo, en nuestro país, la derogación práctica, por decreto administrativo, de una ley de medios audiovisuales elaborada en años y alabada universalmente, la cercenación de los fondos sustentables de jubilaciones y pensiones universales y de otros beneficios sociales, el derrumbe de la paciente elaboración –de mayor antigüedad aún– de un mercado regional (Mercosur) y la trágica falta de aplicación de una de sus leyes básicas respecto de su administración (que sólo la R. O. del Uruguay, aparte del país excluido, osó defender como vigente e insustituible por otra solución ilegítima, de conformidad con la norma internacional de creación), el desmantelamiento de medios y oficinas estatales de auxilio para el juzgamiento de crímenes contra la humanidad, el reconocimiento inmediato, casi anticipado, de un gobierno de un país vecino, socio principal integrante del Mercosur, surgido de aquello que calificadas opiniones titulan como “golpe de Estado blando” –opiniones quizá discutibles pero nunca ignorables–, la pérdida de soberanía política y económica a favor de otro país dominante y su área de influencia, que incluye a los organismos financieros globales (FMI, Banco Mundial), el regreso de la desocupación de dos dígitos, alimentada por la propia administración pública (despidos masivos sin fundamento), de la inflación de porcentajes estratosféricos, del dólar como moneda nacional de ahorro y exportación de capitales, la calificación de inservible del Derecho laboral y sus convenciones colectivas, en fin, sólo unos pocos ejemplos de lo visto en medio año de gobierno. Más tristemente aún: todo ello contó con la colaboración –cuando no traición– de la oposición parlamentaria, incluso de parte del grupo político antes gobernante, que expresa verbalmente una cosa y hace otra, y con la cuasiomisión de las autoridades de la mayoría de las organizaciones sindicales. Pero, además, se reprime a organizaciones sociales como la Tupac Amaru, integrada por pueblos originarios, a la que se rotula como asociación ilícita, y se priva de libertad a sus dirigentes y colaboradores por la tamaña felonía de demostrar públicamente contra el gobierno.
A ello se suma lo sucedido ahora en Brasil, la mayor potencia económica, territorial y de población de nuestra América meridional, suceso anticipado en Paraguay y en Honduras a manera de ensayo: la utilización formal de un mecanismo constitucional de excepción como regla, para sustituir a una jefa de gobierno, que presidía el país votada por una inmensa mayoría del pueblo, sentencia de un tribunal integrado por legisladores elegidos popularmente, senadores nacionales, incluso algunos de ellos de la coalición política gobernante y varios sospechados formalmente por corruptos, cuasiconfesos de que la imputación contra la jefa de gobierno era inexistente o, cuando menos, no se había demostrado o no justificaba la condena. De nuevo era trágico, pero risible, payasesca, la exposición de fundamentos de los condenantes, la mayoría de los cuales no sólo no se atenía a la imputación deducida, objeto de la defensa practicada por la propia jefa de gobierno, sino que, antes bien, con claridad, ignoraba por completo la imputación deducida contra ella. Tan es así que no se alcanzó mayoría para condenar a la acusada a la pérdida de sus derechos políticos, sanción prevista en el ordenamiento jurídico-constitucional brasileño; sólo fue sustituida en su cargo de presidente del país.
Esto me afirma sin más en mi condena al Derecho como inservible o, mejor aún, servible a gusto y paladar de quien lo aplica prácticamente, sin reglas hermenéuticas claras y precisas, abierto a cualquier interpretación según los ideales (¿?), la necesidad o el interés de quien juzga. Un instrumento como éste no “hace justicia” en sentido alguno, sólo aplica poder, de modo similar a la violencia física, sin vergüenza o, mejor, sinvergüenzas o “canallas”, como dijera el legislador que señaló a uno de los condenantes con el dedo, según informó en este mismo diario un periodista brasileño, Eric Nepomuceno. Así sucede también en la vida común, fuera del ámbito político. Para muestra basta un botón: observen la imputación de fiscales y una organización social a la presidenta anterior y a su canciller por “traición a la patria” o, si les resulta mas sencillo, visiten una cárcel.
* Profesor titular consulto de DP y DPP, UBA.
¡Canallas! ¡Canallas! ¡Canallas!
El jueves dos de abril de 1964 otro golpe de Estado, un golpe cívico-militar, se consumaba, liquidando un gobierno elegido por el voto popular y soberano. En aquella ocasión, las mismas fuerzas que ayer triunfaron recorrieron a los cuarteles. Ahora, las tropas son dispensables. Hace 52 años, presidiendo una sesión extraordinaria del Congreso que reunía a diputados y senadores, el conspirador derechista Auro de Moura Andrade decretó vacante la presidencia, afirmando que el presidente constitucional, João Goulart, había abandonado el país.
Era mentira. Goulart estaba en Porto Alegre, capital de Rio Grande do Sul, intentando reunir fuerzas suficientes para resistir al golpe. Moura Andrade lo sabía. Todos sabían. El entonces diputado Tancredo Neves, conocido por sus maneras suaves y cordiales, apuntó el dedo al rostro de Moura Andrade y disparó, con insospechada voz de trueno: “¡Canalla! ¡Canalla! ¡Canalla!”.
Pasados los años, hace dos días le tocó al nieto de Tancredo, el senador Aécio Neves, uno de los artífices del golpe contra Dilma Rousseff, ver cómo su colega Roberto Requião, del mismo PMDB de Michel Temer, lo miraba en los ojos y disparaba, a él y a su pupilo Antonio Anastasía, las mismas palabras: “¡Canallas! ¡Canallas! ¡Canallas!”.
Ayer, la palabra quedó estampada, de una vez y para siempre, en la frente de Aécio, Anastasía y otros 59 senadores. Siete más de lo que sería necesario para fulminar un mandato popular. Algunos de los 61 votos que destituyeron a la presidenta fueron emitidos por senadores que hasta hace pocos meses eran ministros del gobierno ahora liquidado. En los largos e intensos debates de los últimos días se ha visto de todo: cinismo, farsa, hipocresía, cobardía, traición.
Canalladas.
No hubo una sola prueba concreta que justificase pasar por arribe los 54 millones de votos soberanos logrados por Dilma Rousseff en octubre de 2014. Bajo el manto de las formalidades, se consumó la indignidad.
Lejos del pleno del Senado, lo que se ha visto fue la reiteración de los viejos hábitos de la más baja política brasileña: Michel Temer y sus cómplices ofreciendo el oro y el moro para asegurar votos suficientes para legitimarlo legalmente en el puesto que usurpó a base de traición. Legalmente: moralmente, imposible.
Sobran ejemplos de ese comercio de intereses. Menciono dos.
A las tres de la mañana de ayer, frente a un pleno casi vacío y a una audiencia ínfima, uno de los que se declararon “indecisos”, el ex jugador Romario, leyó, con evidente dificultad, el texto escrito por algún asesor justificando su voto favorable a la destitución de Dilma Rousseff.
Dijo que se convenció gracias a las razones expuestas por los acusadores de la mandataria.
Mentira: se convenció al lograr el nombramiento de algunos de sus apaniguados en el gobierno de Temer.
Idéntica suerte tuvo el también “indeciso” senador Cristovam Buarque, ex ministro de Educación del primero mandato de Lula da Silva: a cambio de su voto, se le prometió el luminoso puesto de embajador brasileño en la Unesco. Cambió una biografía por París.
Ese ha sido el precio de su dignidad, suponiendo que Temer cumpla lo pactado. Y suponiendo que esa dignidad alguna vez existió.
¡Canallas! ¡Canallas infames! ¡Un aquelarre de 61 canallas!
¿Por qué? Por haber asumido una farsa. Por imponer a los brasileños un programa político y económico que fue rechazado con vehemencia por las urnas electorales en las cuatro últimas elecciones. Por entregar el país a una pandilla. Por vilipendiar la historia. Por entreguistas. Por condenar el futuro. Por haber permitido que una mujer honesta sea sustituida por un bando de corruptos.
Por defender la traición.
La historia sabrá juzgarlos. Lo que cometieron ayer, sin embargo, es irreversible. El precio será pago por los humildes, como siempre. Empieza ahora un tiempo de incertidumbre. De expoliación de derechos alcanzados en los últimos trece años.
Tiempo de brumas. Tiempo de infamias. Tiempo de vergüenza.
Tiempo de canallas.
Página/12 :: El mundo :: ¡Canallas! ¡Canallas! ¡Canallas!
EL MUNDO › LOS PAISES ALIADOS AL GOBIERNO LEGITIMO DE BRASIL CONDENARON EL GOLPE
Repudio y retiro de embajador
Venezuela retiró a su embajador en Brasil y congeló sus relaciones con el gobierno de Michel Temer y Ecuador llamó a consultas a su encargado de negocios en Brasilia.
Los principales aliados y socios del gobierno de Dilma Rousseff en la región reaccionaron con frases y gestos de condena al nuevo régimen golpista tras a destitución de la presidenta brasilera.
Venezuela retiró definitivamente a su embajador en Brasil y congeló sus relaciones con el gobierno de Michel Temer, al tiempo que Ecuador llamó a consultas a su encargado de negocios en Brasilia como señal de rechazo a la destitución. A estas reacciones se suman declaraciones de repudio al resultado del juicio político emitidas por los gobiernos de Cuba, Brasil y Nicaragua.
El primer país de América Latina en emitir una declaración de rechazo al resultado del juicio político a Rousseff fue Ecuador, cuyo gobierno también convocó a consultas a su encargado de negocios en Brasil.
“El Gobierno del Ecuador rechaza la flagrante subversión del orden democrático en Brasil, que considera un golpe de Estado solapado. Políticos adversarios y otras fuerzas de oposición se confabularon contra la democracia para desestabilizar al Gobierno y remover de su cargo de forma ilegítima a la presidenta Dilma Rousseff”, dijo la cancillería ecuatoriana en un comunicado. También consideró que fue espurio el juicio político, debido a que no cumplió con el requisito fundamental de probar que la mandataria haya cometido delitos de responsabilidad.
El presidente ecuatoriano, Rafael Correa, afirmó que la destitución de Rousseff es una apología al abuso y la traición que recuerda las horas más oscuras de América. El mandatario, en su cuenta de la red social Twitter, mostró su preocupación por lo ocurrido y expresó su solidaridad a Rousseff. “Toda nuestra solidaridad con la compañera Dilma, con Lula y con todo el pueblo brasileño. ¡Hasta la victoria siempre!”, concluyó el mandatario ecuatoriano.
Por su parte, el Gobierno de Venezuela condenó ayer “categóricamente” lo que consideró como un golpe de Estado parlamentario. “El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, en resguardo de la legalidad internacional y solidaria con el pueblo de Brasil, ha decidido retirar definitivamente a su Embajador en la República Federativa de Brasil, y congelar las relaciones políticas y diplomáticas con el gobierno surgido de este golpe parlamentario”, dijo una declaración de la cancillería venezolana publicada en Globovisión. “Esta es una decisión con la que peligrosamente se ha sustituido ilegítimamente la voluntad popular de 54 millones de brasileños, violentando la Constitución y alterando la democracia en este hermano país”, señaló el despacho de la diplomacia venezolana en el escrito.
El Ministerio de Relaciones Exteriores venezolano anunció también el inicio de un conjunto de consultas para apoyar al pueblo de Brasil, que ha visto vulnerado su sistema democrático y desesperanzado en sus conquistas socioeconómicas. El gobierno de Nicolás Maduro, uno de los más cercanos aliados de la Administración de Rousseff, acusó a las oligarquías políticas y empresariales, que en alianza con factores imperiales consumaron el Polpe de estado contra la presidenta Dilma Rousseff. “La destitución de la política brasileña fue hecha bajo artimañas antijurídicas bajo el formato de crimen sin responsabilidad para acceder al poder por la única vía que les es posible: el fraude y la inmoralidad”, indicó en el texto. “Se ha ejecutado una traición histórica contra el pueblo de Brasil, y un atentado contra la integridad de la mandataria más honesta en ejercicio de la presidencia en la República Federativa de Brasil”, añadió.
El Gobierno chavista reiteró la tesis de que la medida contra Rousseff forma parte de una embestida oligárquica e imperial contra los procesos populares, progresistas, nacionalistas y de izquierda, cuyo único fin es restaurar los modelos neoliberales de exclusión social.
Además, el presidente de Bolivia, Evo Morales, había adelantado el martes que también convocaría al encargado de negocios de su país en Brasil si el resultado del juicio político era la destitución de la ahora ex presidenta de Brasil. En el ámbito de la OEA, se reportaron las condenas de Bolivia y Nicaragua. “Aunque aún este Consejo no se haya dado por enterado, se ha dado un golpe de Estado parlamentario en el país más grande de Suramérica”, exclamó el embajador de Bolivia ante el organismo americano, Diego Pary, frente a una reunión ordinaria que transcurría sin comentarios en torno a lo que sucedía en Brasil. “Creíamos que la democracia estaba consolidada pero esto nos muestra que la democracia siempre estará frente a los desafíos siniestros de la oscura historia antidemocrática”, añadió. Por su parte, el mandatario boliviano, Evo Morales, dijo en su cuenta de Twitter: “Condenamos el golpe parlamentario contra la democracia brasileña. Acompañamos a Dilma, Lula y su pueblo en esta hora difícil”.
En su turno, el nicaragüense Luis Exequiel Alvarado opinó que las fuerzas regresivas del hemisferio siguen trabajando para provocar golpes de Estado en contra de los gobiernos progresistas de la región.
Los demás representantes guardaron silencio después de estas intervenciones, con la excepción de la delegación de Brasil, que se limitó a agradecer la solidaridad en este momento difícil de su historia y aclarar que habrá nuevos pronunciamientos sobre este asunto.
Poco después de pronunciarse Ecuador, se conoció una declaración del gobierno cubano, que comunicaba que rechazan “enérgicamente” el golpe de estado parlamentario-judicial que se ha consumado en Brasil. El pronunciamiento señala: “La destitución de Rousseff constituye un acto de desacato a la voluntad soberana del pueblo que la eligió y supone otra expresión de la ofensiva del imperialismo y la oligarquía contra los Gobiernos revolucionarios y progresistas de América Latina y el Caribe, que amenaza la paz y la estabilidad de las naciones”.
La extensa misiva de apoyo a la ex mandataria de Brasil (uno de los principales aliados de Cuba en la región) enumera los logros de la gestión de Rousseff y el Partido de los Trabajadores (PT) en defensa de la paz, el desarrollo, el medioambiente y la lucha contra el hambre. Además, destaca los esfuerzos de Lula y de Rousseff por reformar el sistema político de su país.
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EL MUNDO › POR EL VOTO DE 61 DE LOS 81 SENADORES PRESENTES, SE CONSUMO LA DESTITUCION DE LA PRESIDENTA ELECTA DE BRASIL
Brasil se enfrenta a los ojos de la historia
El nuevo régimen, nacido de la mano del establishment económico, judicial y mediático, se impuso por el proceso de impeachment iniciado el 12 de mayo, durante el cual no fue presentada ninguna prueba de los delitos atribuidos a Dilma Rousseff.
Página/12 en Brasil, desde Brasilia
La democracia quedó atrás. Dilma Rousseff, electa hace 22 meses por 54,5 millones de brasileños, fue depuesta ayer a las 13.30 por el voto de 61 senadores, sobre un total de 81 que forman la Cámara alta, entre quienes hay más de veinte con prontuario penal y denuncias de todo calibre.
“La historia será implacable con (…) el gobierno golpista” de Michel Temer, prometió Rousseff, una hora y media después de la clausura del ciclo democrático iniciado por completo en los comicios directos de 1989 (y no en los de 1985, cuando un colegio de electores escogió al primer mandatario civil post-dictadura).
“Nosotros volveremos para continuar nuestra marcha hacia un Brasil donde el pueblo sea soberano” prometió en el Palacio de Alvorada, del que se mudará en unos días, cuando lo ocupará Temer para completar el mandato hasta el 31 de diciembre de 2018.
Dilma habló al lado de la profesora y ex ministra de su gobierno Eleonora Mennicucci, una de sus compañeras de celda durante los tres años de prisión a los que fue condenada en 1970 por un tribunal militar por haber enfrentado con las armas a la dictadura. Junto a la ex presidenta y Mennicucci estaban las senadoras Gleisi Hoffmann y Fatima Bezerra, que fueron la infantería del Partido de los Trabajadores en el combate desigual contra la mayoría destituyente que hegemoniza el Poder Legislativo.
Menuda y delicada, Gleisi será recordada por haber enfrentado a una decena de hombres en el recinto, entre ellos el ganadero Ronaldo Caiado, de casi 1,90 metro, al grito de “Yo me pregunto qué moral tienen estos senadores para juzgar a una presidenta honesta”.
Un planteo que desató la furia de la alianza formada por el Partido Movimiento Democrático Popular (PMDB), de Temer; el Partido de la Socialdemocracia Brasileña (PSDB), de Aécio Neves y Fernando Henriqe Cardoso, y Demócratas (DEM), del fornido Caiado.
Ocurre que el régimen surgido ayer no consiente ofensas a las autoridades surgidas de espaldas a la voluntad popular: en su primera reunión de gabinete, Temer instruyó a sus ministros para que rebatan a quien los acuse de “golpistas”.
Esta democracia postiza, obsesionada por los rituales y la formalidad republicana, es el producto de un impeachment iniciado el 12 de mayo, durante el cual no fueron presentadas pruebas consistentes de los delitos atribuidos a la acusada. A tal punto que los adversarios de la mandataria tenían derecho de citar a seis testigos para respaldar sus acusaciones sobre la supuesta violación a las leyes de Presupuesto y Responsabilidad Fiscal y sólo presentaron dos.
En su alegato final de una hora, la abogada denunciante, Janaina Machado, dedicó menos tiempo a los aspectos técnico-jurídicos del caso que a su narrativa mesiánica anticomunista. Dijo Machado, heroína de los jóvenes neocons, que ayer festejaron con champan en la principal avenida de San Pablo, que Dios la había escogido para vengar al PT, que con sus malas costumbres “totalitarias” había llevado a Brasil hacia la desviación moral. Y a Dilma le recomendó dejar de echar mano del discurso de género porque no es verdad que la sociedad brasileña sea machista.
“Acaban de derribar a la primera mujer presidenta de Brasil. Este golpe es misógino, homofóbico, racista, es la imposición del prejuicio y la violencia” enumeró ayer Dilma entre senadoras y compañeras de militancia.
La derrota sufrida por Rousseff en el Senado, 61 a 20, fue más abultada de lo que se esperaba en el PT, donde confiaban en revertir algunos votos gracias a la negociaciones a cargo de Luiz Inácio Lula da Silva, que viajó a Brasilia. Como atenuante queda que la ex presidenta no fue privada de sus derechos políticos, como lo deseaban sus enemigos, y esto abre un horizonte posiblemente fecundo, dado que desde su separación del cargo, en mayo, Rousseff reforzó su participación en actos políticos y construyó un liderazgo bastante genuimo en las organizaciones femeninas urbanas y rurales.
A su modo, políticamente poco sofisticado, demostró su voluntad de lucha y temple como lo hizo el lunes en su exposición de 17 horas ante el Senado, durante las cuales prácticamente no dejó dudas sobre su inocencia. Con su retórica simple, por momentos torpe, Dilma calló a los legisladores que intentaron enredarla con trampas lingüísticas.
Quizá sea por esa estatura moral y su estilo llano que la ex mandataria genera tanto escozor en las derechas.
Ayer los festejos del amplio campo destituyente estuvieron preñados de promesas de venganza contra Dilma, Lula y el legado de 13 años de gobiernos petistas iniciados en 2003, cuando los formuladores de políticas del partido habían diseñado un plan estratégico que necesitaba de 20 años para corregir las desigualdades profundas a través de reformas progresistas.
La caída de Dilma es un revés grave, tal vez irremontable, porque truncó ese proyecto de equidad social y democracia política que había comenzado a desvirtuarse en 2015, con la desginación del neoliberal Joaquim Levy al frente del Ministerio de Hacienda para aplicar un ajuste ortodoxo que dejó 10 millones de desocupados y una recesión que hizo caer el PBI a -3,8 por ciento
Otra herencia dejada por el ministro Levy fue una Dilma Rousseff con un rechazo de más del 60 por ciento en la opinión pública, imagen negativa que subía al 70 por ciento entre el público blanco y de clase media tomado por un inédito fanatismo militante dictado desde la cadena Globo. Sin embargo, aquel aluvión conservador que desbordó las calles hasta marzo pasado, vociferando “Fuera Dilma”, no salió a festejar la confirmación de Temer como jefe de Estado.
Sucede que esta administración post dilmista arriba con muy baja aprobación, dado que no causa ninguna simpatía en las clases populares y despierta resquemores en el electorado medio preocupado con la corrupción. Y su falta de votos y apoyo del público las compensa con la gradual policialización-militarización del Estado.
Ayer la Policía Militar de Brasilia cargó con balas de goma y gas pimienta contra la movilización, no muy numerosa, que marchó en defensa de la democracia y coreando “Fuera Temer” por la avenida Eje Monumental hasta la Terminal Central de Colectivos. Más feroz, según los relatos de los militantes, fue la paliza propinada el martes por la Policía Militarizada a los manifestantes que se concentraron en San Pablo, donde anoche se realizaron nuevos actos de protesta al igual que en Río de Janeiro.
Este golpe “blando” neonato tiende a endurecerse con el correr de los meses, específicamente luego de los comicios municipales de octubre, cuando seguramente se confirmará la ocupación militar de las favelas de Rio de Janeiro y la represión a la disidencia política y social.
Temer repitió, tras tomar posesión del cargo, que su prioridad son las “reformas” previsional y laboral. El vector de su programa de regresión económica fue presentado por el ministro de Hacienda y ex funcionario de la banca privada Henrique Meirelles, que impulsa reformar la Constitución para congelar por 20 años (sí, veinte años) los gastos en salud y educación, pero no el monto de los pagos de intereses de la deuda.
En su primera reunión de gabinete, a las 17.30 de ayer, Temer se sentó en la cabecera de una sala del Palacio del Planalto y a su derecha se ubicó el ministro de Justicia, Alexandre de Moraes, una pieza importante en el nuevo engranaje de poder.
De Moraes, con quien Temer mantiene una relación antigua, es defensor de la nueva Ley Antiterrorista que, en algunos casos, equipara a los manifestantes con guerrilleros urbanos que ponen en peligro la seguridad nacional.
Página/12 :: El mundo :: Brasil se enfrenta a los ojos de la historia
El regreso del ajuste perpetuo
Su gabinete, sin mujeres, está integrado por hombres blancos y conservadores. Temer cuenta con el aval de los mercados y, de momento, del Congreso. Su prioridad es aprobar una reforma del sistema jubilatorio.
Michel Temer asumió como presidente de Brasil y anunció que sus primeras medidas apuntarán a un ajuste al fonde de jubilados, una ley de flexibilización laboral y un fuerte recorte fiscal.
Aún antes de formalizarse la salida de Rousseff del Gobierno, el por entonces presidente interino había anunciado que su objetivo, en caso de que la destitución tuviera lugar, pasaba por enviar al Congreso un proyecto para reformar el sistema jubilatorio en septiembre. Según informó la TV Globo, Temer dijo a esa emisora que su prioridad será “la reforma jubilatoria, la reforma laboral, la aprobación sobre una nueva ley de techo para el gasto público”.
Su gabinete, sin mujeres, está integrado por hombres blancos y conservadores. Temer cuenta con el aval de los mercados y, de momento, del Congreso, que ya aprobó la revisión de la meta fiscal –170.500 millones de reales (52.500 millones de dólares, al cambio actual) en 2016. Ahora debe usar sus argucias para hacer aprobar el ajuste fiscal rechazado cuando Rousseff lo presentó.
Además, ordenó a sus ministros que desmonten la hipótesis del golpe defendida por Dilma Rousseff. “A quienes les digan golpistas, respondan golpistas son ustedes, que están en contra de la Constitución, porque el proceso contra Rousseff fue hecho dentro del más estricto marco constitucional”, sostuvo el mandatario en su primer encuentro con su gabinete, luego de jurar el cargo ante el Congreso. “Hoy inauguramos una nueva era. Tenemos que salir de aquí con un aplauso del pueblo brasileño’’, dijo el ex vicepresidente en su discurso de asunción. “Nosotros no promovimos una ruptura constitucional y hemos sido muy discretos frente al juicio político que enfrentó Rousseff y que acabó con su destitución, decidida por el Senado por 61 votos a favor y sólo 21 en contra”, afirmó Temer.
El nuevo presidente recordó que todas las fases del proceso contra Rousseff fueron supervisadas por la Corte Suprema, cuyo titular, Ricardo Lewandowski, dirigió las etapas finales del juicio político, que la ex mandataria, una vez consumada su destitución, insistió en definir como un “golpe de Estado parlamentario”.
Más allá de sus consideraciones políticas, Temer se refirió a la crisis económica del país y, sobre todo, a los doce millones de desempleados que se calcula existen en Brasil. Pidió a sus ministros que le ayuden a poner a Brasil sobre los rieles del crecimiento económico y les advirtió que ahora ocupan otra posición, porque el gobierno dejó la condición de interino que tuvo desde el 12 de mayo, cuando Rousseff fue suspendida de sus funciones.
Asimismo, Temer destacó que, desde que está en el poder, tejió una extraordinaria relación con el Congreso, a la que en buena medida atribuyó la decisión adoptada ayer por el Senado, que desalojó del poder a Rousseff. “Tenemos un horizonte de dos años y cuatro meses”, indicó sobre el mandato que asume, que concluye el 1 de enero de 2019, y dijo que a partir de hoy la exigencia será mucho mayor, pues la sociedad “espera que se haga todo aquello de lo que hemos alardeado” y se contenga la crisis económica del país. “Espero que cuando dejemos el poder, lo hagamos con el aplauso del pueblo brasileño”, se mostró esperanzado, aunque admitió que no será fácil.
Página/12 :: El mundo :: El regreso del ajuste perpetuo
Cristina Kirchner dijo que el mismo “clima destituyente” se vivió durante sus dos presidencias.
EL MUNDO › CRISTINA KIRCHNER Y DIRIGENTES DE LA OPOSICION REPUDIARON LA DESTITUCION DE DILMA ROUSSEFF
“Se violentó la soberanía popular”
“Hay una estrategia dura contra los gobiernos populares”, afirmó CFK. La ex presidenta acusó a los sectores económicos concentrados, los medios y las potencias de promover el golpe.
La ex presidenta Cristina Kirchner calificó de “golpe institucional” la destitución de Dilma Rousseff. Dijo que se trata de una “nueva forma de violentar la soberanía popular” y destacó que América del Sur es “otra vez laboratorio de la derecha más extrema”. “Nuestro corazón junto al pueblo brasileño, Dilma, Lula y los compañeros del PT”, difundió por las redes sociales. “Hay una estrategia dura y pura sobre la región de ataque a los gobiernos populares”, completó. Otros dirigentes y políticos de la oposición también lamentaron la destitución de la presidenta brasileña.
CFK envió un mensaje por las redes sociales y luego hizo declaraciones por Radio 10. Dijo que “este clima destituyente lo vivimos también en la Argentina” durante sus dos presidencias. Señaló que a Dilma “la destituyeron sin fundamentos” y que vivimos “un momento de desestabilización regional”. “Estamos viendo una estrategia dura contra los gobiernos populares”, afirmó y acusó a las “superpotencias” de promover ese golpe que, dijo, “lo piensan estratégicamente a 50 años”. Añadió que “hay una apoyatura interna en el Congreso (de Brasil) y con los grandes medios para culminar en este episodio negro de la historia de la región” y también mencionó a “los sectores económicos concentrados internos y externos” que operan contra los gobierno populares latinoamericanos.
La ex presidenta sostuvo que el juicio político a Rousseff “se vio venir el día después de la reelección” de la mandataria brasileña.
El ex canciller Jorge Taiana y el ex ministro Agustín Rossi difundieron la declaración de la Bancada Progresista del Parlasur, que repudió el “golpe de estado” perpetrado por “los sectores oligárquicos, conservadores y reaccionarios de Brasil”. “No hay más democracia en Brasil. La misma fue sustraída por un grupo de parlamentarios corruptos y de jueces que no están del lado de la justicia”, sostiene la declaración que difundieron Taiana y Rossi. El documento repasa los antecedentes de Honduras y Paraguay, los “intentos de desestabilización política en Ecuador, Bolivia y Venezuela”, y señala que todos son protagonizados por “sectores conservadores para imponer su agenda y dar vuelta a los procesos de cambio de los gobiernos progresistas”. Los parlamentarios destacan que es “un golpe político contra el Mercosur”, cuyo desmantelamiento es “un objetivo central de los golpistas y gobiernos de derecha”.
El senador Juan Manuel Abal Medina, el ex jefe de gabinete Aníbal Fernández, diputado del Parlasur Daniel Filmus, el ex diputado Jorge Rivas y el disputado Carlos Heller, fueron otros dirigentes del Frente para la Victoria que lamentaron la destitución de Rousseff. “Una vez más, las castas políticas y judiciales, aliadas al poder hegemónico mediático, logran temporariamente torcer la dirección de un proyecto nacional y popular en América Latina”, aseguró Rivas. “El proceso llevado adelante no probó que la Presidenta Rousseff haya cometido delito y, por ello, estamos ante un golpe de Estado parlamentario”, dijo Heller.
Desde la izquierda, Myriam Bregman y Nicolás del Caño, del PTS repudiaron “el golpe de la derecha”, mientras que el Partido Obrero interpretó que “luego de años de beneficiarse del gobierno PT-PMDB, la burguesía brasileña cambia de frente”.
La diputada Margarita Stolbizer, por su parte, difundió en Twitter una reflexión ajena: “en Brasil la mani pulite se deshizo de la única persona no implicada en casos de corrupción”.
No Brasil da Rede Globo, o golpismo se consolida como método para se chegar ao governo. Tudo é escondido ou mostrado segundo a possibilidade de uso em direção à tomada, direta ou indiretamente, do poder. Foi por isso que todos os crimes dos ditadores foram sonegados do público.
É por isso também que o STF é pressionado a inviabilizar o julgamento dos criminosos. Mesmo aqueles agentes que confessaram a participação nos crimes de prisão ilegal, tortura, estupro e esquartejamento foram julgados. Graças ao papel da Rede Globo e seu poder sobre o Poder Judiciário, Brilhante Ustra morreu inocente.
E depois ainda há quem se assuste com manifestantes portando cartazes pedido a volta do golpe militar. Ora, como se não soubessem que esses midiotas são diturnamente adestrados pela Rede Globo, que os joga como marionetes.
Por que os criminosos da Alemanha nazista, das ditaduras do Chile e Argentina forma julgados e condenados mas no Brasil continuam na ativa como se não fossem bandidos? Nesses países aí, ao contrário do Brasil, não há nenhum órgão com tanto poder quanto à Rede Globo tem no Brasil.
EL PAIS › REPORTAJE A JAIME DIAZ GAVIER, PRESIDENTE DEL TRIBUNAL FEDERAL 1 DE CORDOBA
“Argentina se atrevió a juzgar los crímenes del terrorismo de Estado”
El jueves leyó el fallo de la megacausa La Perla-campo de La Ribera, que incluía 28 perpetuas y daba fin a casi cuatro años de escuchar testimonios del horror. La diferencia entre crímenes de lesa humanidad y terrorismo de Estado.
Jaime Díaz Gavier tiene 66 años, cuatro hijos y es uno de los protagonistas de los juicios por crímenes de lesa humanidad del país desde el 24 de julio de 2008. Ese día sentenció a Luciano Benjamín Menéndez y, por primera vez, lo mandó a una cárcel común. Jovial, conversador culto y de fino sentido humor, se mostró satisfecho con la labor que culminó el jueves pasado, cuando leyó el veredicto del megajuicio La Perla-Campo de La Ribera a Menéndez y otros 42 represores. Junto con sus colegas Camilo Quiroga Uriburu, Julián Falcucci y Carlos Ochoa, Díaz Gavier resolvió 28 perpetuas, diez condenas de 30 meses a 21 años y cinco absoluciones. El un juicio tomó casi cuatro años y tuvo 581 testimonios.
–¿Tiene conciencia de la dimensión de estos juicios?
–Sí, pero creo que se van a apreciar mucho más en el futuro. Ahora hay tantas disputas hasta partidarias que algunos no pueden ver con claridad lo que significan para el país. Pero estoy convencido de que estos fallos serán históricos. Hemos tenido la oportunidad de escuchar 581 testimonios. Eso en sí mismo es irrepetible. Ningún historiador o periodista o escritor, para hacer un informe o escribir un libro, puede recolectar tantos testimonios en este período de tiempo y lograr la reconstrucción como si fuera un rompecabezas, por cierto, de lo que ocurrió hace más de cuarenta años y con criminales que se cambiaban los nombres. Con víctimas vendadas y en un marco de total oscuridad y clandestinidad precisamente para que nunca pudieran esclarecerse. Pero con mucha prueba hemos llegado a reconstruir todo eso, y al estado de certeza que la ley nos exige para la sentencia condenatoria. Y en cinco casos hubo absolutorias. Eso cuando no hemos podido llegar a la certeza, no ya de que los hechos ocurrieron, sino de quiénes fueron sus responsables. Argentina ha sido un ejemplo único en el mundo de un país que se atrevió a juzgar los crímenes de una dictadura desde el poder político, desde sus autoridades nacionales, y esto hay que reconocérselo a Néstor Kirchner y luego a Cristina Fernández de Kirchner. Desde el poder Ejecutivo establecieron una política de Estado en materia de Derechos Humanos, de su preservación y cuidado. Es muy poco frecuente: ningún otro país del mundo que yo conozca, ha dado este hecho magnífico ejemplo de mirarse en su propio espejo y juzgar sus propios dramas. Es mucho más de lo que pasó en Nüremberg: los tribunales allí fueron constituidos por jueces de los países triunfadores, de los Aliados. Nosotros lo hicimos aquí con nuestros magistrados y nuestra legislación.
–¿En qué se diferencia la desaparición forzada de personas del robo de niños?
–Técnicamente es lo que se llama desaparición forzada, que fue establecido por ley 26.200 de 2011. En el caso de los desaparecidos adultos, como en el de niños, es un delito que técnicamente se llama permanente. Esto es: que se está cometiendo todo el tiempo, hoy, ahora. Eso nos ha permitido aplicar esa ley que es posterior a los hechos. El caso concreto del hijo de Silvina Parodi y su esposo Daniel Orozco, el nieto de Sonia Torres (la titular de Abuelas de Plaza de Mayo-Córdoba), es también un desaparecido. Esa criatura que hoy debe tener 40 años, nació en 1976, es un desaparecido. No sabemos quién es ni dónde está. Fue privado de su identidad, entregado a otros padres, y sobre todo, esencialmente, quitado de la autoridad y del amor de su madre. Entonces hemos aplicado, en forma muy novedosa, porque esto no había sido aplicado nunca antes en la Argentina, esta figura de la desaparición forzada: en el caso del niño y en el caso de los adultos es exactamente lo mismo. No han aparecido, no sabemos dónde están. Y quienes saben, porque son los autores materiales de la privación ilegítima de la libertad y del homicidio y su desaparición, no lo dicen. Esta figura pluriofensiva y compleja, así se llama, porque contiene distintas instancias penales: la privación de la libertad y el homicidio, pero fundamentalmente el ocultamiento de los restos de una persona y no darlos a conocer pudiéndolo hacer. Eso particularmente grave. La diferencia está en que supone una pena mayor.
–¿Ustedes fallaron que el terrorismo de Estado comenzó antes del golpe de 1976?
–Nosotros determinamos que el terrorismo de Estado comenzó el 24 de marzo de 1976, cuando las Fuerzas Armadas, manejando todas las fuerzas de seguridad, asaltan el poder político del Estado y constituyen su gobierno de facto, que ya se ha calificado, incluso en numerosos fallos de la Corte Suprema, como terrorismo de Estado. Pero hay una confusión, porque no tienen todavía los fundamentos. Una cosa es el terrorismo de Estado y otra cosa son los delitos de lesa humanidad. Esos pueden cometerse antes del 24 de marzo de 1976, cuando todavía no había, de acuerdo a la categorización que hemos hecho, un terrorismo de Estado. Esos delitos fueron cometidos no desde el Estado mismo sino desde bandas parapoliciales y paramilitares que sí eran funcionarios estatales, que actuaban clandestinamente. De manera absolutamente ilegítima comenzaron con la ejecución de un plan sistemático de eliminación de opositores o de quienes ellos denominaban y fijaban como blanco a aniquilar. En el caso que nosotros hemos juzgado en este juicio, hay hechos que van de marzo de 1975 a marzo de 1976. Según el Tratado de Roma, incorporado a la legislación y al bloque constitucional argentino, se cometen estos delitos no por el Estado mismo, que todavía no es un Estado Terrorista, sino por organizaciones políticas. Grupos ilegales, clandestinos, que sí utilizaron instrumentos y recursos propios del Estado: armas, automóviles, uniformes, comisarías, cuarteles, que los constituyeron ya en centros clandestinos de detención, tortura y homicidio. Fíjese que hay una diferencia bastante notable: en los episodios del año ´75, que son delitos de lesa humanidad por lo que le digo, pero que no están todavía en el marco del terrorismo de Estado, secuestraban a las víctimas, las torturaban, las mataban, pero los cuerpos aparecían. Aparecían… No era el Estado, no tenían el sistema completo que sí consiguen a través del terrorismo de Estado tras el golpe, ya con los enormes recursos represivos que el Estado legítimamente tiene pero utilizados con este fin absolutamente delictivo. Después del 24 de marzo comienza a establecerse el sistema perverso de la desaparición de personas. No se reconoce el hecho, ni se da a conocer a familiares de las víctimas qué pasó.
–Otro punto sobresaliente del fallo fue el de los delitos sexuales.
–Sí, es evidente que las mujeres sufrieron de manera particular los horrores de la represión, porque los abusos sexuales se convirtieron en una metodología cotidiana de tormento y de satisfacción, me parece por lo que hemos podido recabar, de las pulsiones más primitivas de los perpetradores. Muchos de esos episodios no se denunciaron, seguramente por pudor o por su propio dolor y angustia. Pero en este juicio se produjeron algunas denuncias concretas en ese tema. Lo hemos podido acreditar: acreditamos las violaciones, los abusos sexuales ocurridos en la D2. No pudimos determinar en algunos casos la identidad del violador, pero sí muchas víctimas identificaron a quiénes las fueron a buscar a su casa. Y en la propia casa las sometieron. Ellas después, incluso, reconocieron sus nombres y voces cuando las tuvieron detenidas en la D2. Esos son los que hemos condenado por los delitos sexuales.
–¿Es también una novedad que su tribunal nombra como “delitos sexuales de lesa humanidad” ese crimen?
–No sé si es la primera vez, pero sé que no es una situación frecuente por las pocas denuncias formales en la etapa instructoria de los juicios. Pero nosotros en juicio hemos determinado que esos delitos sexuales se constituyeron en un elemento más de la represión del Plan Sistemático (del terrorismo de Estado). Eso pasó en el caso de las mujeres. Por otra parte, los judíos sufrieron también un plus de crueldad por el sólo hecho de ser judíos. En el caso de las mujeres hemos resuelto que es también que las vejaciones sexuales, los abusos y las violaciones fueron también partes, mecanismos del Plan Sistemático para eliminar opositores (políticos). En este caso mujeres.
–Hubo dos momentos en este larguísimo juicio en los que lo vi acusar el impacto de lo que estaba escuchando. Uno fue la declaración de Gloria Di Rienzo, quien contó terribles abusos sexuales. El otro cuando un hombre atestiguó que lo habían violado.
-Sí, lo recuerdo. Un horror. Terrible… También fue difícil con los relatos sobre los hechos ocurridos y acreditados que sufrió la chiquita Alejandra Jaimóvich. El señor que fue violado… Estos episodios son terribles. Hubo algunos hombres que no lo dijeron del todo, pero lo sugirieron y también fueron violados. Son hechos que uno no termina de asombrarse. Hasta dónde puede llegar la crueldad, la perversidad humana. Incluso, otra cosa que me conmovió no por lo físico, sino por lo psíquico, lo íntimo, lo espiritual de Claudia Hunziker, que le encuentran un papelito (con cierta ternura, el juez hace el gesto de desplegar un mensajito) donde ella ponía que estaba enamorada de otro chico Andrés “Chacho” Remondegui. Y la delatan en algo que el pudor humano es tan evidente a esa edad, cuando se es adolescente es tan secreto. Uno se muere de vergüenza por esas cosas. Cuando es más grande no, le encanta decirlo. Pero cuando es más chico provoca un sufrimiento tan brutal. Armarles esa parodia (de cena romántica) inmunda, miserable… Quizás le haya dolido más eso que los tormentos físicos.
–Hubo testigos que conmovieron por su energía, como Emi Villares de D’Ambra, de 86 años, la titular de Familiares de Desaparecidos.
–Ella es tan fuerte. La vi ayer en un programa de televisión y estaba tan alegre por el fallo. Tiene una energxía enorme. Ella, como las otras Abuelas, las Madres. Uno se pregunta ¿cómo viven después de un episodio como ese? Yo pienso que después de perder a un hijo lo que uno debe querer es morirse. Una de mis hijas me decía anoche “papá, viven mucho tiempo y así porque quieren lograr lo que ahora lograron”. Incluso con la esperanza loca de recuperar a sus hijos con vida. En el primer momento los buscaban todavía con vida. Ahora buscan los restos… Se mueren viejas viejas porque su fuerza de vida es esa búsqueda. Muchas veces me han impresionado ellas y también los familiares. Si me hubiese pasado lo que a ellos, si hubiese venido a una audiencia y los hubiera visto a los imputados sentados ahí, tal vez me hubiera acercado, les hubiera dicho algo, pegado un sopapo… pero ellas, ellos no. Siempre me ha asombrado la entereza, la templanza de esta gente que ven ahí, al asesino de su hijo, y no le hicieron nada. Y cuando se les escapaba algo yo les decía que se callen y se callaban. Incluso en la última audiencia, en la sala de audiencia no volaba una mosca cuando yo leía el veredicto. Afuera (la multitud de más de diez mil personas) sí, se escuchaba el bramido a cada condena. Adentro no. Esperaron hasta el final para estallar, para explotar. Y encima los imputados los insultaban y a nosotros, nos amenazaban.
–Cuando declararon los hermanos de Diego Ferreyra, cazado a balazos por Héctor Vergez frente a sus padres, Vergez se dio vuelta y con su mano simulando un revólver, le disparó a la foto de Diego que sostenía un hermano. El lo soportó mirando al asesino directamente a los ojos.
–No sé cómo pudo soportarlo. Es increíble por lo que han pasado los familiares. No deja de conmoverme la actitud permanente de Madres, Abuelas, los familiares y los sobrevivientes: mantuvieron esta conducta increíble ante las provocaciones de estos imputados y sólo reclamaron justicia. Nada más que justicia.
–¿Los criminales de lesa humanidad, deben seguir en la cárcel aún con más de 70 años?
–Creo que sí. Erich Priebke murió a los 101 años en la cárcel de Roma. Tienen que estar ahí mientras que el encierro carcelario no sea motivo de profundización de su enfermedad si ésta no puede tratarse como se debe en prisión. Se debe ser claro en eso. Los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles, así que dentro de veinte años deberán seguir siendo juzgados. Por eso es que, para no prolongar esto, hay que hacerlos ahora. Para lograr terminar con todo esto, hay que seguirlos. Hay que pensar que éstos son los primeros juicios que se hicieron después de 40 años de cometidos los crímenes… Arrancamos recién en 2008.
Página/12 :: El país :: “Argentina se atrevió a juzgar los crímenes del terrorismo de Estado”
Enquanto no Brasil o STF endossou a lei da anistia, feita em benefício dos próprio golpistas, torturadores, estupradores e assassinos, na Argentina não cola a Lei Eichmann. Como sabemos, por todo trabalho da filósofa Hannah Arendt, o burocrata nazista justificou sua participação e aperfeiçoamento dos sistema para a “solução final” escusado nas leis nazistas. Ele não inventou nem fez as leis, apenas cumpria-as.
Desculpa perfeita para os defensores da Lei da Anistia e aos que defendem o golpe atual com o nome de impeachment. Tal qual as leis nazistas, o impeachment sem crime de responsabilidade é golpe, e de nada serve a ridícula maquiagem montada sob os pincéis de Lewandowsky. O verniz de legalidade para o golpe na democracia, por um bando de corruptos, repousa na mesma desculpa de Eichmann, “as instituições estão funcionando”… Claro, sob nazi-fascismo as instituições também funcionaram. E como funcionaram!
Os jornais brasileiros foram cúmplices desde a preparação do golpe de 1964, à implantação do AI-5, inclusive emprestando peruas para o transporte dos corpos dilacerados pelas sessões de tortura, estupro e morte, não necessariamente nesta ordem, nos porões do DOI-CODI, para as valas comuns do Cemitério de Perus.
Quando se ensaiava a ideia da criação da Comissão da Verdade, o jornal Zero Hora, da famiglia Sirotsky, perpetrou candentes editoriais, em causa própria, a favor da lei da anistia, com a desculpa da “pacificação e do esquecimento”.
Esta doutrina, “fruto bom da árvore envenenada”, foi ressuscitada recentemente para justificar a caçada a Lula e a proteção da famiglia CUnha. Até Gilmar Mendes, fruto desta mesma árvore, reconheceu: “imagina que amanhã eu posso justificar a tortura porque eu fiz de boa fé". Pois é, mas apesar da justificativa dos torturadores, foi usando o mesmo argumento brandido por GM que o STF recusou a abertura de processos contra dos estupradores da ditadura, a Lei de Anistia.
A Argentina não comprou a versão Eichmanniana da legalidade. Lá não prosperou a ideia de que uma lei feita pelos facínoras, em benefício próprio, pudesse se sobrepor a uma lei maior, a “Declaração Universal dos Direitos do Homem”.
Os ditadores golpistas da Argentina foram julgados e punidos. E alguns processos continuam sendo julgados, apesar de todo o empenho do grupo Clarín, como que hoje ocupa a capa do jornal Pagina12.
No Brasil, a Rede Globo, ao contrário do Grupo Clarín, conseguiu reunir uma manada de midiotas adestrados não só para defenderem o golpe militar, mas, pasmem, para usar a democracia para pedir a volta da ditadura, como denunciou o jornal El País.
Continuo convicto de que pior democracia é sempre melhor que qualquer golpe de Estado!
Un día de justicia para las víctimas de La Perla
Además de las 28 perpetuas, hubo 10 penas que van desde los 21 años a los 2 años y 6 meses, y 5 absoluciones. Se consideraron delitos de lesa humanidad también los de 1975 y se juzgó por primera vez en la provincia el robo de bebés.
Para la historia: el ex jerarca Luciano Benjamín Menéndez, que reinó al arbitrio de su pulsión de muerte en ésta y otras diez provincias argentinas durante la última dictadura cívico-militar, recibió ayer su condena a prisión perpetua número 12. Con ésta, “el Cachorro” o “la Hiena”, como le llamaban sus subalternos, acumula ahora 14 condenas, ya que tiene otras dos por una veintena de años. Como ya es su costumbre, la escuchó sin hacer un mínimo gesto. Sólo se asió un poco más firme a su bastón con ambas manos. En la izquierda llevaba una venda.
Además de los secuestros, torturas, violaciones, asesinatos y desapariciones, por los que se lo condenó como “coautor mediato” en un juicio que acumuló los casos de 716 víctimas, el Tribunal Oral Federal N° 1 de Córdoba, presidido por el juez Jaime Díaz Gavier, también condenó Menéndez por la “desaparición de menor de 10 años”. Esa fue una novedad para el ex general de 89 años: es la primera vez que se lo imputó y sentenció por este delito. Se trata del caso del nieto de Sonia Torres, la titular de Abuelas de Plaza de Mayo Córdoba. En sus últimas palabras y en una variación de su habitual diatriba, en la que sólo habla de “soldados victoriosos injustamente juzgados”, Menéndez negó enfático que “el niño” haya nacido. “Y si nació, yo no lo entregué”, se defendió. Pero durante el juicio quedó probado que el bebé de Silvina Mónica Parodi de Orozco, la hija de Sonia Torres, nació el 14 de junio de 1976 en la Maternidad Provincial, y que estaba en “excelentes condiciones de salud”, como atestiguó Fernando Agrelo, un médico pediatra que lo vio tres veces: “una con su madre, recién parida, y otras dos veces ya solo”.
Radiante, Sonia Torres le dijo a este diario: “Por fin aceptaron que mi nieto está desaparecido. Han tardado 40 años, pero hoy pasó. Esto me pone pilas para seguir”. Abrazada y besada por decenas de personas, Sonia siguió: “No saben lo contenta que estoy. Una llega tan cansada a veces… Pero todavía le debo mucho a mi hija Silvina. Nada más hice la mitad de lo que le prometí. Ahora me falta la otra parte: encontrar a mi nieto o que él me encuentre a mí. Espero que con todo esto me vea, me busque”.
Otros dos jerarcas que fueron condenados por el robo de ese nieto que toda Córdoba espera fueron Ernesto “Nabo” Barreiro y Héctor Pedro Vergez. Barreiro recibió la primera condena a prisión perpetua que tiene en su haber. Se lo encontró culpable de coautor mediato e inmediato de 548 secuestros, 532 torturas, 264 homicidios, entre otros delitos. Sin sonrisas socarronas y con los labios apretados en una mueca, resultó evidente para quienes lo vieron a lo largo de cuatro años, que “el Nabo” Barreiro intentaba no descomponerse. Ya nada quedaba de la altanería de sus palabras finales, cuando no sólo amenazó a los jueces con un juicio como el de Nuremberg y con “el noveno círculo del infierno de Dante”, sino que aparecía con los ojos vidriosos y a punto de llorar. Su desafiante “nos verán desfilar”, pareció desintegrarse en su cuerpo hundido en su banquillo.
Vergez, alias “Vargas” o “Gastón”, como se hacía llamar, tampoco ocultó lo que sentía. Su semblante fue el que comenzó a mostrar en la última audiencia: ya no se finge loco, como a lo largo de estos casi cuatro años. Estaba furioso y no lo disimulaba. Su mirada fija, torva, decía más de lo que él podía expresar. Además de los crímenes de lesa humanidad que cargan en sus espaldas, también se les sumó el robo de bebés. Primera vez que ese delito ha sido juzgado y condenado en esta provincia.
La única represora mujer que ha sido juzgada en Córdoba también se acreditó ayer su primera condena a perpetua: Mirta Graciela “la Cuca” Antón seguirá presa en su celda de Bouwer. Estaba allí desde 2010, cuando se la condenó a 7 años. Fue una de las más temibles torturadoras del D2, la Gestapo cordobesa.
En la sentencia hubo 5 absoluciones, casi todas de ex policías. Serán apeladas por la fiscalía ni bien se conozcan los fundamentos del fallo, el 14 de octubre.
El fiscal Facundo Trotta le dijo a este diario que “es importante recalcar que con este fallo el tribunal dejó en claro tres cosas fundamentales: primero, que hubo Terrorismo de Estado en Córdoba antes de marzo de 1976. Arrancó en 1975. Segundo, que con la ‘desaparición forzada de menores’, hubo aquí robo de niños. Eso entra en el plan sistemático de robo de bebés que hubo en todo el país. Y tercero, que los crímenes sexuales también forman parte de los delitos de lesa humanidad cometidos por el terrorismo de Estado”. El fiscal, que fue una de las figuras más atacadas por los represores en sus discursos finales, se dijo “conforme” con la sentencia y las “casi 30” perpetuas.
La alegría y la furia
La sala de audiencias estuvo repleta. Entrar, “conseguir un lugar” había sido el tema predominante durante estos últimos días. Algo que se zanjó con la puesta de pantallas gigantes para nadie se quedara sin ver y oir la sentencia.
Una de las invitadas de honor fue la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo Estela de Carlotto, quien viajó para estar presente en el veredicto. Cerca de ella se ubicaron las Madres y Abuelas Nelly Llorens, de 97 años, y Emi Villares de D’Ambra.
Para D’Ambra fue “un día de victoria, de alegría enorme: hemos peleado tanto tanto por justicia. No por venganza. No queremos que nos digan heroínas ni nada de eso. Sí peleadoras. Eso soy, eso somos”. Emi llevaba en su pecho la foto de su hijo Carlos Alberto, asesinado en La Perla en febrero de 1977.
También estuvo el gobernador Juan Schiaretti, quien asistió con su esposa, Alejandra Vigo. Ambos flanquearon a Sonia Torres. A diferencia de José Manuel de la Sota, quien jamás asistió a uno de estos juicios desde que se iniciaron en 2008, Schiaretti no pierde oportunidad para ensalzarlos. También se vio al ministro del área, Luis Angulo y a los nietos recuperados Victoria Montenegro y Horacio Pietragalla Corti. Este último fue uno de los 581 testigos en este juicio: los restos de su padre fueron encontrados en la fosa común del Cementerio de San Vicente por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF). También asistió invitado el juez federal Miguel Hugo Vaca Narvaja: su abuelo, del mismo nombre, es una de las 716 víctimas del juicio. Y él mismo, antes de ser nombrado juez, fue querellante en este proceso y en el que se le hizo a Jorge Rafael Videla y Menéndez en 2010. También se vio a Martín Fresneda, ex secretario de Derechos Humanos de la Nación; y al actual titular de ése área, Claudio Avruj.
“Sin odio, sin espíritu de revancha ni de venganza; ha juzgado el mayor horror que ocurrió en Córdoba. Ellos son asesinos, y la Justicia lo ha ratificado. Y estos asesinos tuvieron la oportunidad de defenderse que ellos no les dieron a los compañeros que murieron en las mazmorras, dijo Schiaretti. Poco antes de que abandonara el edificio, desde Radio Universidad le preguntaron por Graciela Doldan, una de las víctimas y el gobernador se quebró. Llorando aseguró: “era una gran compañera. Tuvo en brazos a mi hija… Era una mujer muy digna y así sé que murió”.
La convivencia en la sala de los sobrevivientes y familiares de las víctimas con los familiares de los imputados fue un tanto accidentada: hubo algunas rispideces cuando entró Estela de Carlotto. La siempre violenta Cecilia Pando le gritó improperios a los que la Abuela no contestó. Una marea humana cerró filas tras Carlotto. Pando ya fue protagonista en este edificio de otro episodio. Fue en 2010, cuando insultó al juez español Baltasar Garzón. Dentro de la sala, Pando se sentó junto a Ana Maggi, la mujer del reo “Nabo” Barreiro, quien forma parte de su agrupación de respaldo al genocidio ocurrido durante la última dictadura cívico-militar.
A las 13.19 el juez dio por finalizado el juicio y uno de los condenados a cadena perpetua, Arnoldo José “Chubi” López comenzó a insultar al público y a levantar su puño con gesto amenazante. Anteayer, en sus últimas palabras, este represor montó una especie de acusación en juicio para el tribunal. Los jueces lo escucharon con paciencia. Pero ante los improperios del “Chubi”, Díaz Gavier le ordenó a la policía, a los gritos, que lo sacaran inmediatamente de la sala. Otro de los condenados, Carlos “HB” Díaz, aprovechó cuando pasó cerca del estrado para descargar su bronca. Desde la sala les cantaron “como a los nazis les va a pasar/adonde vayan los iremos a buscar”.
Afuera, el verano se había adelantado. Un regalo luego de tres años, ocho meses y 27 días exactos de un juicio que tardó 40 años y había terminado.
Página/12 :: El país :: Un día de justicia para las víctimas de La Perla
O Brasil visto da Argentina, e a Argentina vista da Brasil guardam algumas coincidências. Aqui há uma caçada obsessiva ao grande molusco. Incitados pelo Brasil, a Argentina também passou a caçar Hebe Bonafini. Outra coincidência. Maurício Macri e o Grupo Clarin viviam de acusar Cristina Kirchner de toda sorte de malfeitos, assim como a Rede Globo e Aécio Neves viviam de acusar Lula. De repente aparecem os tais de Panama Papers e, vejam só, quem aparece lavando dinheiro com a ajuda da Mossack & Fonseca? Maurício Macri, Clarin, Rede Globo e mais uma matilha de plutocratas brasileiros e argentinos.
Imagen: AFP
El “Fuera Temer” copó la playa
Con pasacalles exigiendo “Fuera Temer”, miles de sindicalistas, campesinos sin tierra y trabajadores urbanos sin techo, muchos de bermudas sencillas y sandalias, se concentraron frente al exclusivo Copacabana Palace.
Desde Brasilia
“Los trabajadores, los movimientos sociales y los jóvenes ya ganamos la medalla de oro contra el golpe”, afirmó el presidente de la Central Unica de Trabajadores Vagner Freitas al comentar la manifestación realizada al mediodía de ayer frente a la playa de Copacabana, zona sur de Rio de Janeiro.
Con pasacalles exigiendo “Fuera Temer” miles de sindicalistas, campesinos sin tierra y trabajadores urbanos sin techo, muchos de bermudas sencillas y sandalias, se concentraron frente al exclusivo Copacabana Palace. Varios manifestantes habían pasado la noche viajando desde San Pablo y otros estados para denunciar la deposición de la presidenta Dilma Rousseff, quien es sometida a un impeachment en el Senado.
Debido a la concentración en en la Avenida Atlántica, la que une las playas más conocidas en el sur de la ciudad, el desfile de la antorcha olímpica tuvo que desviarse del itinerario establecido previamente por el Comité Organizador Rio 2016 y la Alcaldía.
A los movimientos sociales y sindicatos, se sumaron trabajadores de la salud y empleados públicos cariocas que repudiaron el derroche de fondos destinados a los Juegos en perjuicio de los servicios escenciales. Los inconformes coreaban consignas como “No va a haber antorcha”, “Policía Asesina” y los “Juegos de la Exclusión”. La foto de un Temer pálido fue enredada en las argollas olímpicas.
Enviados extranjeros y turistas tomaban fotos de la concentración en torno de la cual hubo un aparatoso despliegue de efectivos con uniformes camuflados que no parecían muy amigables. Sindicalistas denunciaron la hostilidad de la Policía Militarizada que interceptó los colectivos procedentes de San Pablo para participar en el mítin, repitiendo una modalidad que se ha observado en otros actos recientes de repudio al gobierno de excepción y en defensa de la restitución Rousseff.
La presidenta electa reiteró ayer su decisión de no participar en la cermonia de apertura en el estadio Maracaná encabezada por el “usurpador” Michel Temer. Temer reconoció que el país enfrenta una crisis política y económica en un comunicado donde dijo estar esperanzado en que las Olimpíadas inicien una etapa de “paz y armonía” entre los diversos actores políticos y sociales.
Esa convivencia declamada por el mandatario interino no se compadece con la realidad de un país político fracturado como lo demuestra el faltazo de los ex presidente Dilma y Luiz Inácio Lula da Silva al evento en el Maracaná, donde además hubo la presencia de menos de 50 jefes de estado, la mitad de los que asisitieron a los Juegos de Londres en 2012.
Difícilmente el nuevo gobierno, que posiblemente se tornará definitivo con la condena de Dilma en el Senado a fines de agosto, podrá transmitir al mundo la ilusión de que en Brasil impera una democracia legítima. Los formalismos institucionales a los que es tan afecto el nuevo régimen son suficientes para disimular el golpe parlamentario en curso y lo que se avisora como una doctrina de la seguridad nacional suave, con la oposición y los movimientos sociales como potenciales enemigos internos.
Paréntesis: a la misma hora que ocurría el acto de protesta en Rio en el centro de San Pablo un llamativo despliegue de policías militarizados apoyados por helicópteros rodeaba uno de los puntos de venta de crack más conocidos de la ciudad, “Crackolandia”.
Tras lo cual la gobernación paulista informaba sobre la detención de varios dirigentes sin techo y aseguraba que ese movimiento social está vinculado al “narcotráfico” y el “crimen organizado”.
Alegría por cadena nacional. El descontento en las calles fue omitido por las cadenas privadas de noticias que en bloque machacaron desde las primeras horas de la mañana en reslatar que todos los males quedaron atrás y ahora “es el momento del alto astral y optimismo”, según el columnista Arnaldo Jabor, de la cadena Globo, un muy conocido paladín de la campaña por la destitución de Dilma y los “bolcheviques” (siempre usa ese adjetivo) del PT .
A las siete de la mañana un reportero radial sintetizaba en la frase “la antorcha llegó al Cristo Redentor, la alegría es brasileña”, el discurso único reproducido por la mayoría de los medios. El contento periodístico llegó al cielo cuando el arzobispo carioca Joao Tempesta bendijo la antorcha en lo alto del cerro Corcovado, ecía la antorcha en lo alto del cerro Corcovado.
El despligue militar y policial en el Corcovado, el Pao de Açucar, la Villa Olímpica, el Maracaná y decenas de favelas favelas componían la escenografía de una ciudad en guerra de baja intensidad, que probablemente no acabará el 21 de agosto con el fin de las Olimpiadas. Ayer el influyente juez Gilmar Mendes, conocido como el miembro de la Corte más explícitamente opositor a Dilma, propuso que las fuerzas armadas continúen ocupando la ciudad hasta las elecciones municipales de octubre. Es casi un hecho que Temer aceptará la sugerencia.
No Brasil e na Argentina, plutocracia se una à cleptocracia na caça a líderes populares.
A triste coincidência que une, como na Operação Condor, Brasil e Argentina. A caçada ao grande molusco inspira ao lavador do Panama Papers, Maurício Macri, fazer da representante das Mães da Praça de Maio, Hebe Bonafini, alvo de sua natureza espúria. Coincidentemente, o esporte praticado nos dois países, que jamais será considerado esporte olímpico, se destina a caçar exatamente aquelas pessoas mais identificadas com os setores sociais sempre vítimas dos autoritarismos. Líder na luta para identificar os milhares de filhos roubados pela ditadura argentina, Hebe virou vítima preferencial de um governo que levou o término de políticas sociais e elevou os impostos às estratosferas. Nada diferente do que prentendem os caçadores de Lula no Brasil. Lá Maurício Macri tem o apoio do Grupo Clarin, colega no Panama Papers. No Brasil, qualquer um que se decida por caçar o grande molusco sempre contará com o apoio da Rede Globo, igualmente, via Mossack & Fonseca, no Panama Papers.
EL PAIS › Nota de tapa
EL DIA DE LA MADRE
Por Irina Hauser
Hebe de Bonafini y la multitud que se reunió para respaldarla lograron su objetivo: el juez Martínez de Giorgi levantó la orden de detención y aceptó ir él a la Casa de las Madres a tomarle declaración.
Una clase magistral de las Madres
Tras una larga charla con los abogados de Madres, el juez Marcelo Martínez de Giorgi aceptó el pedido de eximición de prisión. La movilización solidaria con Hebe –ayer recibió el llamado de CFK– obligó a rever el marco de la indagatoria.
Hay una foto que la muestra a Hebe de Bonafini subida a la combi que la llevaba a Mar del Plata ayer a la tarde donde tiene la sonrisa amplia, los labios pintados y los ojos chiquitos pero luminosos. Siempre es raro verla sin el pañuelo blanco de Madre de Plaza de Mayo, con su pelo corto y gris. Estaba contentísima. Se lo decía a todo el mundo. Había logrado que Marcelo Martínez de Giorgi levantara la orden de detención. Ella le mandó a decir, a través de su abogado, que aceptaba que le tomen la declaración indagatoria en la causa “Sueños Compartidos” mientras sea en la casa de las Madres, y también lo consiguió. Es posible que el juez vaya en los próximos días, aunque no estableció cuándo.
El jueves a la noche, después de haber estado rodeada de una inmensa masa humana que la acompañó en la sede de las Madres ante la orden de detención de Martínez de Giorgi por no ir a la indagatoria, Bonafini se reunió con sus colaboradores de confianza y con su abogado Juan Manuel Morente. Para ella había sido un día de gloria, ya que no hubo modo de que la indagaran, pero les dijo que temía que si la iban a buscar para detenerla se generaran situaciones de violencia con las fuerzas de seguridad. Morente le propuso descomprimir, mostrar disposición a declarar en la sede de las Madres, y que la eximan de prisión. Cuando llegó ayer a la mañana al despacho del juez en los tribunales de Comodoro Py no fue recibido de buena gana, pero la situación se distendió con el correr del diálogo.
Morente pidió por escrito levantar la captura y señaló que las fuerzas de seguridad habían puesto “en peligro cierto la salud y la vida de varios ciudadanos que se autoconvocaron”. Agregó que ante “la potencial disposición a la ejecución por parte del Ministerio de Seguridad de concretar una medida en forma abusiva que ponga en riesgo a terceras personas, sumado a las condiciones personales de la citada, y teniendo tal acto el fin único de garantía de defensa de mi defendida, que no genera perjuicio a terceros, es que solicito se formalice el acto de declaración en la sede de Hipólito Yrigoyen 1584”. Las deliberaciones con el juez llevaron cerca de tres horas.
En el ínterin la fiscal Paloma Ochoa dictaminó a favor del pedido de eximición de prisión. Ya el día de la orden de detención intentó poner un freno a Martínez de Giorgi al exigirle garantías de que la indagaría de inmediato sin dejarla detenida. Ahora que el juez aceptó, lo único que dejó pendiente es que le planteen más argumentos (por ejemplo de salud) para trasladarse a tomar la declaración.
Fuera de la formalidad, con su bravura habitual Hebe dijo que “Martínez de Giorgi no tiene huevos”, “se las agarra con las Madres, con las indefensas, y no con quien debería”. “Al juez no lo respeto, porque él no nos respeta a nosotros, a un juez pago por el Estado y por otros, como Clarín, no lo puedo respetar, no lo puedo respetar como mujer del pueblo, como madre de desaparecidos (…) que revise las 40 cajas que le mandamos que ni las miró, se las agarró conmigo, pero que se las agarre con (Sergio) Schoklender, con los que roban, pero no con las madres (… ) es un desvergonzado, le tiraron de los huevos porque no hizo nada por esta causa desde hace mucho. Ahora le dijeron, ´movela´, y con quien la mueve, con las indefensas”, estalló Bonafini.
Martínez de Giorgi replicó públicamente: “ordené la indagatoria de la Bonafini constructora de viviendas, no de la defensora de los derechos humanos”. También dijo que los mismos ex funcionarios “que acompañaron a Bonafini en la Fundación (para evitar su detención) son los que la pusieron a construir viviendas” y en diálogo con este diario dijo que analiza imputarles “encubrimiento”, o derivar una denuncia (ver aparte). De hecho, recibió una presentación del abogado Santiago Dupuy de Lome (denunciante frecuente) contra la ex ministra de Cultura, Teresa Parodi, el ex secretario legal y técnico Carlos Zannini y el diputado Andrés Larroque por impedir que Hebe fuera detenida.
La causa conocida como “Sueños compartidos” –el nombre del programa para construcción de viviendas sociales de las Madres– se inició en 2011, cuando salieron a la luz maniobras con cheques de los hermanos Sergio y Pablo Schoklener, apoderados de la Asociación, a quienes les habían confiado el manejo de la administración. Sueños Compartidos recibía dinero del Ministerio de Planificación para la construcción de viviendas con unos paneles móviles que importaba Sergio Schoklender. En un comienzo el ex juez Norberto Oyarbide investigó lavado de dinero, al seguir la ruta de gran cantidad de cheques que recibían los hermanos en cuestión, a quienes procesó por desviarlos de su finalidad, además de no pagar cargas sociales de los trabajadores. Martínez de Giorgi investigaba los contratos y a los funcionarios públicos implicados. Ahora hay una única causa. Los Schoklender estuvieron detenidos en 2012 y fue un gran escándalo. Luego no pasó casi más nada.
La detención del ex secretario de Obras Públicas, José López, con los nueve millones de dólares en el convento, empujó al juez a despabilar el expediente, porque López sería uno de sus principales implicados, ya que distribuía fondos para obras. El juez citó a 43 personas, entre ellas Hebe. Ya declararon los Schoklender, el ex ministro de Trabajo Carlos Tomada, el ex subsecretario de Obras Públicas Abel Fatala, López (trasladado desde el penal de Ezeiza) y el show seguirá también con el ex ministro de Planificación Julio de Vido. La acusación común es la de defraudación, en unos 200 millones de pesos.
Hebe pasó la mañana en la casa de las Madres, y recibió un llamado de Cristina Fernández de Kirchner, que la hizo llorar. Pero lloraba mucho, cada vez que hablaba del impacto de ver “al pueblo movilizado” a su alrededor.
Página/12 :: El país :: Una clase magistral de las Madres
El Madrazo
Fue más que rebeldía. Y no fue nada alocado. Al negarse a concurrir al juzgado, que es un hecho judicial, Hebe de Bonafini lo desconoció como tal. No lo reconoce como hecho judicial sino como hecho político y lo rechaza, por esa razón, como siempre hicieron las Madres: con resistencia civil, es una forma de no violencia para alertar por la violencia que se está incubando al usar a la justicia como instrumento de persecución política. Más allá de su peso ético en una sociedad en la que algunos sectores intentan, sin lograrlo, esquivar su gravitación, Hebe funcionó en este caso como síntoma de algo que está muy extendido. Los referentes funcionan así, como marcadores de temas que crecen en forma subterránea y se manifiestan cuando ya no tienen remedio. El gesto de rebeldía de Hebe de Bonafini es un síntoma y al mismo tiempo una advertencia. Aunque la acusen de intransigente y hasta de violenta en sus expresiones, ese gesto que puede ser calificado de ambas cosas por quienes la detestan, en realidad es una forma de prevenir las consecuencias violentas de la intransigencia del gobierno.
A esta altura no ve el que no quiere. En estos siete meses, el gobierno conservador avanzó en forma fulminante en decisiones económicas altamente agresivas del consumo popular y la producción interna. La velocidad se vio como fundamental para aprovechar el momento de mayor respaldo tras el triunfo electoral. El mismo criterio sirvió para avanzar en el plano político desarmando con rapidez y una facilidad inusitada al Frente para la Victoria, sembrando la dispersión a partir de fuertes presiones económicas a los gobernadores e intendentes, las que repercutieron en los bloques del FPV y en el kirchnerismo y su campo de alianzas. Y el mismo criterio de guerra relámpago se aplicó en la ofensiva mediática y judicial contra referentes del movimiento social y contra Cristina Kirchner, que puede convertirse en la cabeza de la oposición con mayor convocatoria.
El capital político que devino del triunfo electoral fue subestimado por el FPV y bien calibrado por el PRO-Cambiemos que lo aprovechó hasta la última gota. Pudo aplicar, aunque con dificultades, medidas económicas por las que en otras épocas se hubiera incendiado el país, y generó una crisis en el FPV que todavía está en desarrollo. Estos dos planos de acción son visualizados por la sociedad como movidas políticas del gobierno. Pero no sucede lo mismo con la campaña de desprestigio y neutralización en contra del movimiento social y de dirigentes opositores porque el gobierno se oculta detrás de los grandes medios del oficialismo y sus periodistas, así como de jueces y fiscales del partido judicial.
Pero para alcanzar las metas que obtuvo en los tres niveles de su blitzkrieg, el gobierno quemó naves y capital político. Los costos de la ferocidad del PRO-Cambiemos en estos siete meses se empiezan a ver en el profundo malestar creado por la inflación, la desocupación y la carestía de la vida, que se expresó en movilizaciones masivas y cacerolazos. Y a nivel político, la brutalidad del ajuste impactó en fuerzas amigas de la oposición, como las cúpulas sindicales dispuestas a conciliar, el massismo y progres antiperonistas, que difícilmente puedan sostener su política de diferenciación del kirchnerismo, que aparece así como la única fuerza de oposición real en sintonía con los que están afectados y se movilizan contra las medidas económicas.
El tercer nivel –la persecución judicial y el desprestigio mediático a este sector de la oposición– tuvo menos resistencia porque fue menos visible, ocultado tras argumentos de anticorrupción que son altamente sensibles para la sociedad. Hasta que Hebe de Bonafini se les plantó el jueves, el mismo día del ruidazo contra el tarifazo, y puso en evidencia con ese gesto que las medidas económicas antipopulares y el ataque judicial y mediático a dirigentes de este sector de la oposición forman parte del mismo paquete.
No se negó a declarar ni a esclarecer un hecho delictivo ante la justicia. Con el plantón denunció a la Justicia por prestarse a la persecución de dirigentes sociales y políticos con la excusa de perseguir la corrupción. Ya sea porque participa de esa estrategia o porque se hace cargo de la inercia creada por los medios y varios de sus colegas, el juez no la convocó para aclarar nada, sino para machacar con el desfile de una Madre de Plaza de Mayo ante los tribunales, que es una forma de degradarla mediáticamente, como lo hicieron con la exposición pública, ilegal e innecesaria judicialmente, de las pilas de billetes de la herencia de Florencia Kirchner.
Como ha sido la herramienta más eficaz, la campaña judicial y mediática contra integrantes de los gobiernos anteriores se convirtió en algo cotidiano, pero el abuso de estos mecanismos terminó por ponerlos en evidencia y el gesto de Hebe ha sido expresión de esta eclosión de un sentido opuesto al antikirchnerismo exacerbado que le imponían los medios del macrismo.
Hay ex funcionarios del kirchnerismo que fueron acusados y como se alinearon en otras fuerzas, ya no lo son. Cada ex funcionario kirchnerista, incluyendo a la ex presidenta, no tiene una sola causa, sino multitud de causas, muchas de ellas absurdas, como viajes en helicóptero o transferencias de autos usados en los años 90, lo que pone en evidencia la búsqueda del efecto mediático a través de la saturación y la manipulación, así como la complicidad de los jueces que aceptaron abrir esas causas descabelladas. Los allanamientos innecesarios y abundantemente reproducidos por los medios oficialistas que saturan los medios, igual que las persistentes citaciones y las medidas extremas de los jueces como el congelamiento de los fondos de la ex presidenta, más las interminables falsas denuncias nunca demostradas de cuentas en el exterior de la familia Kirchner o declaraciones públicas de grandes empresarios o ex funcionarios que después se desdijeron cuando tuvieron que declarar ante la justicia, a las que se suman las acusaciones por delitos que claramente fueron cometidos por los que denuncian, como en la causa del dólar a futuro y Fútbol para Todos, o campañas que se montaron sobre declaraciones compradas a delincuentes y pruebas falsas colocadas por funcionarios policiales, como fue la acusación feroz contra Aníbal Fernández. Toda esa pudrición de la política ha quedado tan expuesta que a esta altura nunca se sabrá si hubo corrupción o no durante el kirchnerismo, porque toda la campaña contra el gobierno anterior está infectada, corrompida hasta la raíz. No es como dijo un comentarista de la televisión: esta causa sí y esta no; porque todo el paquete huele a podrido, y no por la corrupción k sino por la corrupción de los políticos, fiscales y jueces que han pervertido estas herramientas para sacarles provecho político o personal.
La complicidad de jueces y fiscales y de la prensa oficialista le dio cierta impunidad a esa estrategia, pero el malestar provocado por la crisis económica tendió a sacar estos temas del foco de interés de la sociedad que los empezó a mirar con distancia, con más objetividad y así la mugre salió a la vista. Cuando Hebe se plantó, sabía que ya existía un plafón social que podía entender lo que estaba haciendo. Estaba expresando el hartazgo por la persecución política a través de la Justicia y dijo “Macri, pará la mano”, explicó que lo mismo le había hecho el gobierno radical-policial de Jujuy a Milagro Salas y que lo mismo tratan de hacer con Cristina Kirchner.
Hay una semilla fértil de violencia en esta persecución a una fuerza que cuenta con un fuerte respaldo popular. Es violencia que se incuba. Igual que la denuncia que está impulsando la cúpula de la colectividad judía contra Cristina Kirchner por el memorándum nunca aplicado entre Argentina e Irán. La iniciativa se suma a la campaña judicial y mediática contra el gobierno anterior y parcializa y expone por primera vez en Argentina a la colectividad judía como parte central de un conflicto cada vez más violento contra una fuerza política popular. Es una actitud temeraria por parte de esos dirigentes que rompen una tradición histórica de la colectividad judía donde hay diversidad de pensamiento. Las acciones del Isis buscan desatar una campaña contra los musulmanes para que estos se radicalicen hacia sus posiciones de guerra santa. El gobierno de derecha de Israel coincide con esa política de los terroristas, aunque por distintas razones: Espera que esa ola antimusulmana consolide su alianza con las potencias occidentales frente a los reclamos palestinos. Las decisiones que ha tomado la conducción de la colectividad judía argentina en consonancia con el gobierno macrista y la derecha israelí evidencian que quieren importar a la Argentina el clima de violencia que está haciendo estragos en Europa y los Estados Unidos.
Página/12 :: El país :: El Madrazo
Hebe, el ruido y el silencio
El jueves estaba pensando en escribir sobre el ruido y el silencio. Esa noche iba a haber ruidazo, y pensaba que, de alguna manera, ese estruendo metálico matizado con silbatos y bocinas que iba a unificar a todo el país sería un “pará la mano Macri” también con el silencio. Un basta de silencio. Hay un torniquete de silencio que nos está atormentando. Porque ante los sucesivos reclamos populares, este modelo opone silencio. La indiferencia es una forma del silencio. Las frases hechas son una forma del silencio. El cinismo es una forma del silencio. Estaba pensando en eso cuando me enteré que estaban por detener a Hebe, y salí para la plaza.
Entonces unas palabras sobre Hebe y el silencio: ella fue la que siempre lo rompió. Ella fue el gran ruidazo argentino desde hace cuarenta años. Ella siempre dijo lo indecible. Lo que por buenos modales, por educación, por corrección política, por conveniencia, por miedo, por hipocresía, depende el caso, muchos otros no dijeron. Hebe es una desmesura de luchadora, la que le corresponde a este país en proporción con sus tragedias. Ella es el grito que quedó vibrando para siempre. Ella y sus palabras y sus palabrotas son el filo que siempre rasga el silencio. Milagro, Cristina y Hebe son, además todo lo otro que son, voces en alto. Y son mujeres los blancos elegidos para el escarmiento. Mujeres con feminidades que no responden a la expectativa del poder global, patriarcal, clasista. Las tres dicen lo que ese poder prefiere mantener en silencio. Y no hablan por sí mismas. Hablan por otros.
Durante décadas, la imagen estampada en la memoria colectiva como la síntesis de la vida cotidiana en la dictadura fue el Obelisco enfundado en una pancarta que rezaba: “El silencio es salud”. Ese concepto no se circunscribía al ruido urbano en un país en el que la oposición política, social, estudiantil y sindical estaba siendo sistemáticamente eliminada. “Eliminada” no remite aquí a su noción contemporánea. Hoy eliminamos virus, eliminamos publicaciones o contactos que nos interfieren o nos agreden. Cuando fue colgado aquel cartel, eliminar era secuestrar y desaparecer. Para silenciar.
Se trataba de convertir el silencio en una zona de confort de la que fueran arrancadas las voces críticas. Así opera el poder antidemocrático cuando sus propias acciones y propósitos son oficialmente ocultados y la realidad que podría ser tapa, se tapa. Silenciando. Dentro de esa aspiración totalitaria hay un amplio abanico de silenciamientos. Desde su clímax, que fue la metodología que probaron y condenaron los juicios a los represores, hasta la uniformidad de opiniones en los medios de comunicación, la monotonía de las mentiras, la supresión de la política, pasando por la banalización industrial de la cultura, y llegando al núcleo, al corazón del silencio: quebrar la voluntad de decir de cada uno.
Los dispositivos para implantar el silencio de facto siempre persiguen eso. Que cada vez más gente prefiera no abrir la boca. Que cada vez más gente pierda la dimensión de su propia capacidad de comunicación. Que cada vez más gente se sienta tan impotente y presionada, que ya no sean necesarios los comisarios de las ideas. El ciudadano modelo en los regímenes totalitarios es el que absorbe su dolor o sus pérdidas sin ánimo de describirlo, ni denunciarlo ni de intentar reparar nada. Un ciudadano vencido y parco. Callado. Eso avizoró Orwell hace sesenta años y cuando el capitalismo todavía no había enloquecido tanto. Que vigilar no sólo sirve para acallar, sino también para hacer perder la voluntad de hablar.
En su ensayo Lenguas sueltas, el escritor británico pakistaní Hanif Kureishi, repasando el patrón disciplinador de regímenes e instituciones dominantes, dice que “en parte, la historia del siglo XX es la historia del silencio”. Minorías sociales, étnicas, raciales, sexuales y a veces hasta mayorías –como en los dieciocho años de proscripción del peronismo, durante el cual se pretendió vivir en democracia– han sido silenciadas para dejar en pie sólo un punto de vista, el oficial. Kureishi complejiza el tema porque entrecruza el mandato de silencio político con el vínculo personal, íntimo, que cada quien tiene con la palabra. “En el centro de todo hay algo más: la persona que no quiere oír sus propias palabras. Es la persona dueña de ellas, la que las ha fabricado en el interior de su cuerpo, pero que tiene y no tiene acceso a ellas, que es su prisionero, cárcel y ley. Si queríamos crear un sistema autoritario bien completo, en el que no hubiera lenguas sueltas, habría de ser aquel en el que los sueños estuvieran controlados”.
A lo largo de la historia, la inercia del colonialismo de cualquier tipo hizo que hablaran unos pocos y callaran todos los demás. Las “lenguas sueltas” siempre generan tensiones, discusiones, choques de distintas visiones, suponen una horizontalidad que en estos meses se ha borrado por completo. Diga lo que diga el Pro, que hoy está en uso de la palabra pública, cada día se hace más evidente que el aparato de lenguaje oficial esteriliza las ficciones de debates que vemos diariamente. El Pro no tiene palabra, de manera literal. No sólo porque Macri no haya dicho la verdad sobre el proyecto que encarnaba, sino también porque sus funcionarios callan de una manera nueva: no “hablan” en el sentido que se le ha dado aquí, no “se expresan”. Aparatean los debates con frases ya programadas, y su único objetivo en cualquier discusión es operar como un frontón ante cualquier posibilidad de discusión real.
Estamos, así, en una fase de silencio siniestro, que es a lo que se contesta. Los ciudadanos hacen ruido no sólo porque las tarifas son imposibles, sino también porque nadie los escucha y encima se les ríen en la cara. Es como si sus voces no existieran. Y sus opiniones, sus puntos de vista, apenas tienen reflejo en los medios. En estos meses, se han levantado a destajo programas de radio y televisión que muchos ciudadanos veían o escuchaban. Han sacado de juego a un buen número de periodistas de los medios audiovisuales, sin que los que se quedaron en ellos parezcan inmutarse, como si la interrupción de la libertad de expresión no fuera percibida. Nos pasamos años debatiendo estos temas porque había completa libertad de expresión. Parecía que quedaban las redes, pero Facebook está bajando sitios o inhabilitando cuentas, oficioso ante denuncias masivas de los trolls.
En tiempos antidemocráticos, dice Kureishi, siempre hay buenas razones para no hablar. Razones políticas, razones familiares, razones subjetivas. Hay que sobreponerse al temor e incluso al reparo ancestral hacia la propia voz en alto para hablar. El habla democrática y multicultural genera disputas, incorreciones, desacuerdos. Los que hablan pueden ofender, herir, molestar. Cuando hablan todos siempre habrá un habla sin sentido o un habla irrelevante, pero sólo en la lluvia de voces es donde podemos sentirnos con derecho a decir lo nuestro, y con la chance de hallar nuevas razones, imágenes o argumentos que expresen lo que sentimos. El hecho de que hablen todos puede generar un ruido inmenso y con consecuencias, porque hablar es un acto individual y colectivo a un mismo tiempo. Hablar le abre la puerta a lo impredecible. El problema del silencio, en cambio, “es que sabemos con exactitud cómo va a ser”.
No Brasil, como na Argentina, os maiores corruptos sempre contam com o acobertamento dos grupos mafiomidiáticos. No Brasil a Rede Globo, além de ser a maior sonegadora individual, talvez perdendo apenas para a dupla gaúcha, RBS & Gerdau, faz estrondoso silêncio sobre a sonegação das Copas de 2002 e 2006. Aparece na lista do Panama Papers sob a licença poética da Mossack & Fonseca. Já estava envolvida na sonegação da FIFA, quando um de seus principais parceiros de negociatas, foi preso nos EUA, J. Hawilla. Seus parceiros comerciais José Maria Marin, Ricardo Teixeira e Marco Polo del Nero estão exilados no Brasil. Quem saiu, está preso. Mas não há vazamento da dupla MPF/PF que envolva a Rede Globo. As parcerias para caçar Lula servem exatamente para jogar uma cortina de fumaça sobre a atuação da parceira.
Por aqui não mais se ouve falar da Lista Falciani do HSBC, da Lista de Furnas, da Lista Odebrecht, da Operação Zelotes, da Pavlova e da Portocred. Fácil de entender. Não consta o nome de Lula e Dilma em nenhuma delas, mas seus caçadores aparecem em quase todas.
Na Argentina não é diferente. O principal grupo de mídia, o Clarín, também está sempre envolvido em escândalos financeiros. A única diferença é que na Argentina parece que as instituições não contam com estatuetas nem com um Instituto Innovare… Mas também é verdade que por lá investigam Cristina Kirchner, que não aparece em nenhuma lista, mas silenciam sobre Maurício Macri, que aparece em todas. Nem os subalternos de Macri são objetos de devassa. É por isso que a eleição de Maurício Macri foi tão festeja por todos os a$$oCIAdos do Instituto Millenium. A SIP é para a Argentina o que o Instituto Millenium é para o Brasil: o braço midiático do golpe. É o tal de Efeito Orloff…
Lá como cá, os corruptos podem destituir honestos. Sob as bênçãos dos Pôncio Pilatos dos STF.
Un hombre hecho a medida del Grupo Macri
El ex secretario de Hacienda durante los dos mandatos de Macri en la Ciudad tuvo una orden de captura internacional vigente hasta marzo pasado. Tiene otras causas por evasión en Brasil mientras se desempeñó como ejecutivo de Iecsa (Socma).
Desde que estalló el escándalo de los Panama Papers, Néstor Grindetti, uno de los hombres de más confianza de Mauricio Macri, pone cada día un poco más alta la vara del escándalo: durante ocho años manejó el tercer presupuesto del país mientras en los últimos cuatro pendía sobre él un pedido de captura internacional que recién caducó el 30 de marzo pasado. Ya instalado en la intendencia de Lanús, Grindetti sigue con nueve causas pendientes en la Justicia de Brasil por su trabajo como ejecutivo de Iecsa, la filial en ese país del Grupo Sociedad Macri (Socma). Fiel a la estrategia de minimizar todo conflicto, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, dijo ayer que “Grindetti ya dio las explicaciones y confiamos en esas explicaciones”. El propio Grindetti adjudicó a “una intencionalidad política” la difusión de su situación procesal y se amparó en el Presidente: “Hablamos (con Macri) por teléfono como para apoyarnos en esto, para darnos un poco de aliento. Estas cosas pasan y vamos a tener que trabajar en ese sentido”. A este paso se impone otra sesión con el gurú de la felicidad.
En la página web del Diario de Justicia del Estado de Paraná, el equivalente al Centro de Información Judicial de la Argentina, aparecen seis causas penales y tres laborales en las que está involucrado Grindetti. Una de esas causas es la que derivó en el pedido de captura
de Interpol. El origen de la denuncia se remonta a comienzos del 2000, cuando Grindetti se desempeñó como ejecutivo de Iecsa y terminó procesado junto a otros ejecutivos, entre ellos Pablo Tomás Boero, por evasión impositiva. Tras sucesivas citaciones sin respuesta, en 2012 un juez de Curitiba dictó el pedido de captura internacional de los ejecutivos. Habitualmente esas órdenes se ejecutan en forma rápida, días apenas. En este caso, Grindetti tuvo suerte: pudo sortear varios viajes al exterior (en 2013 con Macri a Panama, en 2014 a Brasil para disfrutar del Mundial de Fútbol y en enero pasado para vacacionar en Punta del Este) y seguir a cargo de Hacienda en la Ciudad y encarar la campaña a intendente sin que nadie supiera de su pedido de captura. La orden salió de Curitiba pero aparentemente la Oficina Central Nacional (OCN), con sede en Brasilia, no hizo operativo el pedido de captura.
Boero, alto ejecutivo de Socma, tuvo menos suerte, el 22 de febrero pasado cuando fue a renovar su visa a los Estados Unidos le saltó el pedido de captura. Interpol lo detuvo y lo llevó al juzgado federal de Daniel Rafecas, de turno en ese momento. El ejecutivo pasó la noche en los calabozos de la calle Cavia y quedó en libertad luego de que la justicia brasileña informara que la causa había prescripto. En ese momento, abogados de Grindetti se presentaron ante el tribunal de Rafecas para averiguar si su cliente también aparecía en la causa. A Buenos Aires no había llegado información. Rápidamente se movieron en Brasil y el 30 de marzo pasado, los tribunales de Curitiba notificaron el sobreseimiento de Grindetti y Boero por prescripción, es decir el tiempo les jugó a favor y levantaron la orden de captura internacional. Esta vez en perjuicio de Grindetti, en otra vuelta de irregularidades inexplicables, el 7 de abril pasado, Interpol subió la orden de captura internacional contra Grindetti. Los abogados del intendente acudieron al juzgado de Rafecas y se labró entonces el acta en la que consta que la causa ya estaba cerrada. “Esta gente va dejando una buena imagen por el mundo”, ironizó un funcionario judicial.
“No me cabe duda de que hay una intencionalidad política por la fuerte polarización que se está produciendo. Uno mira los comentarios de Twitter y uno se da cuenta de dónde vienen los ataques, es muy claro”, dijo Grindetti y solo confesó su preocupación por “cómo juega Independiente”. El ex secretario de Justicia y candidato a intendente por el Frente para la Victoria de Lanús, Julián Alvarez, calificó como “tremendo” lo que pasa con el hombre que le ganó en los comicios: “Apareció con sociedades offshore en los Panama Papers, asociadas a cuentas en Suiza, ahora se difunde este pedido de captura internacional en Brasil en causas por evasión. Nuestro bloque va a insistir con un pedido de interpelación en el Concejo Deliberante y esperamos que esta vez el Frente Renovador nos acompañe” (ver aparte).
De bonos y offshores
“Todos los temas se van a poder ir aclarando a medida que se vayan explicando”, intentó justiciar ayer Peña cuando le preguntaron otra vez más por las andanzas de Grindetti. La diputada Elisa Carrió, integrante de Cambiemos, salió rauda a decir apenas aparecieron los Panama Papers que ella siempre pensó que el hombre elegido por Macri para manejar los fondos porteños era “un corrupto” y que le parecía “inexplicable” sus manejos en paraísos fiscales.
En 2010 el entonces ministro de Hacienda porteño comandó la colocación de los bonos Tango Serie 8. Los Panama Papers revelaron que poco después empezó a manejar una sociedad fantasma y una cuenta en un banco suizo.
Grindetti quedó a cargo del manejo de Mercier Internacional SA, una empresa de dueños desconocidos radicada en Panama, y también de una cuenta en un banco suizo vinculado con esa colocación de deuda. El dato reavivó las sospechas de que detrás de aquel endeudamiento por 475 millones de dólares hubo una maniobra de lavado de dinero que luego fue destinado a financiar la actividad política del PRO. En un minucioso escrito el ex candidato a vicejefe de Gobierno porteño por el FpV, Leandro Santoro, presentó una denuncia ante la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) para que tanto el ex secretario de Hacienda como Macri sean investigados
Según los documentos del estudio de abogados panameño Mossack Fonseca, Grindetti tuvo un poder para manejar la firma Mercier Internacional SA entre 2010 y 2013. En ese lapso el ahora intendente también figura como apoderado de la empresa para el manejo de una cuenta en el banco Clariden Leu AG, con sede en la ciudad suiza de Zurich.
La aparición de Grindetti y del propio Macri en los Panama Papers derivó en una denuncia judicial del diputado del FpV Darío Martínez que recayó en el juzgado de Sebastián Casanello. Ayer el fiscal Federico Delgado planteó la separación de las causas (ver aparte). En la Ciudad de Buenos Aires, el diputado porteño Marcelo Ramal (FIT) presentó un proyecto para que la Legislatura forme una comisión que investigue el caso de Grindetti, porque, recordó, colocó “475 millones de dólares a través de los Bonos Tango 08 por el cual el Credit Suisse cobró, junto a un operador del PRO, una exorbitante comisión”.
Sobre su participación en sociedades offshore, Grindetti reiteró que el tema “está en la Justicia” y que “en el corto plazo” va a poder “explicar con lujo de detalles lo que pasó”. Dijo que cuenta con el apoyo del Presidente. Grindetti empezó como cadete en el Grupo Macri y terminó como miembro del directorio. Habrá que ver hasta donde llega la carrera en común.
Página/12 :: El país :: Un hombre hecho a medida del Grupo Macri
La Unidad 30 está ubicada en General Alvear y cuenta con múltiples instancias de seguridad y vigilancia.
Triple fuga de la cárcel con un arma de juguete
Los prófugos son Víctor Schillaci y los hermanos Cristian y Martín Lanatta, quien en plena campaña electoral había vinculado a Aníbal Fernández con el crimen. La gobernación bonaerense removió a la cúpula penitenciaria y ofreció una recompensa.
María Eugenia Vidal experimentó ayer su primer tembladeral como gobernadora bonaerense. Tres condenados por el triple crimen de General Rodríguez se fugaron de la cárcel de máxima seguridad de General Alvear. Se trata de Víctor Schillaci, Cristian y Martín Lanatta. Este último fue quien acusó, pocos días antes de las elecciones primarias del 9 de agosto, al ex jefe de Gabinete Aníbal Fernández de ser el autor intelectual del asesinato. En ese entonces, Fernández era candidato a gobernador y competía con Vidal, quien centró buena parte de su campaña en aquella denuncia. Tras la fuga, la gobernadora bonaerense evitó responder a las insinuaciones del kirchnerismo de que hubo una evidente conexión entre la denuncia de campaña y el escape de los presos. Reaccionó con la remoción de la cúpula del Servicio Penitenciario bonaerense, inició una investigación interna y ofreció una recompensa de dos millones de pesos por información sobre los prófugos. “Que salgan como panchos por su casa de la cárcel es bastante extraño”, opinó la ministra de Seguridad nacional, Patricia Bullrich.
Los Lanatta y Schillaci se fugaron cerca de las 2.30 del domingo, del sector de sanidad de la cárcel de General Alvear. Los tres prófugos estaban cumpliendo su condena a prisión perpetua por el asesinato en 2008 en General Rodríguez de Sebastián Forza, Damián Ferrón y Leopoldo Bina, vinculado al tráfico de efedrina.
Según la versión oficial, los presos redujeron y maniataron a dos guardias y los ocultaron en uno de los baños. Luego transitaron los pasillos vestidos con ropa oscura –similar al uniforme de los penitenciarios– hasta que llegaron al exterior. Es decir que, literalmente, salieron caminando de la cárcel. Tanto el abogado de los prófugos como los de las víctimas hablaron de connivencia de las autoridades. Allí se subieron a un Fiat Uno de uno de los penitenciarios y avanzaron unos 200 metros hasta el puesto de guardia 1. En ese lugar, redujeron al custodio y lo amordazaron. Se lo llevaron en el auto hasta Villa Belgrano, un barrio que está a algunas cuadras del penal. Lo dejaron atado en el auto. Poco después consiguió pedirles ayuda a los vecinos.
Una cámara de seguridad captó su paso a las 2.45 por Belgrano y 9 de Julio. En esa imagen se observa una camioneta negra que dobla a gran velocidad hacia la Ruta 205. Los investigadores asumen que es el vehículo en el que continuaron la fuga.
En el auto que usaron para salir de la cárcel, la policía encontró una réplica de un arma de fuego (un arma de juguete realista), con la que los presos habrían amenazado a los guardias. La causa judicial que se abrió quedó en manos del fiscal Cristian Citterio, con intervención del juez de garantías de Azul, Federico Barberena.
Fuentes judiciales advirtieron sobre lo inverosímil de la información oficial respecto de la fuga. La Unidad 30, explicaron, posee tres sectores con nueve módulos, y en cada uno de ellos se dispone un “imaginaria de módulo” más otro en cada “pasillo de conexión”; además, todos esos “pasillos de conexión” conducen a un sector común asegurado por cuatro rejas custodiadas por más guardias. Así, quien intente fugarse debe reducir al guardia de su módulo y al del pasillo, atravesar esa fortaleza enrejada y neutralizar a los penitenciarios que la custodian. Finalmente, al salir se encontraría con una garita externa de control. La misma fuente precisó que, desde las 20, los presos están encerrados en sus celdas. Y concluyó: “Es imposible que tres tipos se escapen por el frente a las 2 de la mañana”.
Cúpula removida
En respuesta a la fuga, Vidal desplazó del cargo a la jefa del Servicio Penitenciario Bonaerense, Florencia Piermarini –quien había presentado su renuncia el miércoles 23 de diciembre, pero no se la aceptaron– y a la plana mayor, compuesta por el director general de Coordinación, inspector general Claudio Cardo; director general de Asistencia y Tratamiento, Carlos Russo; al director general de Seguridad, inspector general Marcelo Rotger; el director general de Instituto, inspector general Gabriel de Murtas, y al subdirector general de Recursos Humanos, Alberto Paez. También removió a los responsables de la Unidad 30 de General Alvear: el director, prefecto mayor Manuel Guevara, y al subdirector, prefecto Ariel Elichelibeti.
Según fuentes cercanas a la ex directora del SPB, ella había intentado renunciar apenas asumió Vidal, pero le pidieron unos días. Lo volvió a intentar el miércoles 23. Desde el gobierno bonaerense confirmaron que recibieron ese pedido, pero indicaron que no se le aceptó la renuncia y que le informaron que el SPB no podía quedar acéfalo. Conocida la fuga, Vidal resolvió cesantear a Piermarini. “Estaban a cargo los del gobierno anterior y estábamos en proceso de transición”, se desligó el ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo.
Vidal también inició una investigación interna. Como nuevo titular del SPB designó a Fernando Díaz, que era subjefe del Servicio Penitenciario Federal. Además, la gobernadora nombrará como nuevo subsecretario de Política Penitenciaria a Juan Baric, que reemplazará a César Albarracín. Según señalaron en un comunicado, ese funcionario sciolista “cesó en el cargo el 10 de diciembre pasado”.
Ritondo estuvo reunido ayer en Puente 12, en La Matanza, con la ministra de Seguridad nacional, Patricia Bullrich. Ambos evaluaron las alternativas de la búsqueda que llevan adelante diversas fuerzas federales, la AFI e Interpol. “No vamos a descansar hasta que regresen a donde la Justicia dictaminó que deben estar”, indicó Ritondo, quien firmó un decreto por el que ofreció el máximo dinero posible de recompensa por datos sobre el paradero de los prófugos: dos millones de pesos. También dispuso que los familiares de las víctimas de los condenados tengan custodia, al igual que uno de los abogados.
En el gobierno bonaerense se ocuparon de remarcar que la semana pasada enviaron al Congreso provincial un proyecto de ley que declara la emergencia penitenciaria por un año, lo que habilitaría al Ministerio de Seguridad a hacer compras y contrataciones con menores controles y convocar a personal de entre los retirados de la Policía bonaerense y entre los penitenciarios pasados a retiro.
Réplicas
Si ya de por sí la fuga de tres condenados de una cárcel de máxima seguridad garantizaba el escándalo, a eso se sumó que uno de ellos fue el protagonista de una de las denuncias más resonantes de la campaña para gobernador bonaerense. “El que dio la orden fue Aníbal Fernández”, sostuvo Martín Lanatta en un programa de televisión, cuando se refirió al asesinato por el que está condenado. Durante los seis años previos, el ahora prófugo había negado cualquier vinculación de Fernández con el caso. Tampoco aparecieron entrecruzamientos telefónicos ni otros elementos que le dieran, hasta ahora, solidez a esa denuncia.
Aníbal Fernández salió a hablar ayer: “Cuando pasó esto, lo poco que le pude contar a la sociedad argentina es que yo no sé quiénes son estas personas, que no tenía nada ver con ellos. Que cada uno saque sus propias conclusiones. Yo no voy a cambiar mi manera de vivir porque se hayan fugado estos personajes. No tengo nada que ver con eso”, indicó el ex jefe de Gabinete.
“Otra barbaridad más de Aníbal Fernández –reaccionó Ritondo ante una pregunta que le hicieron–. La causa de la efedrina no se la inventó nadie. Tiene que dar respuestas al juez”. “Hay ganas de ensuciar la cancha. Habría que ver qué declararon esas personas para ver a quiénes les convenía que no siguieran declarando”, insinuó el ministro de Seguridad bonaerense. “El narcotráfico manda mensajes todo el tiempo, pero a nosotros no nos van a amedrentar. Vamos a llegar hasta donde haya que llegar”, prometió la ministra de Seguridad nacional.
Desde el kirchnerismo, diferentes voces señalaron que, detrás de la increíble fuga de los detenidos, habría una “devolución de favores” del macrismo por la oportuna denuncia de campaña.
Página/12 :: El país :: Triple fuga de la cárcel con un arma de juguete
Aparición con vida
La fuga de Martín Lanatta, Víctor Schillaci y Cristian Lanatta de una cárcel denominada de alta seguridad, en la que se había informado que tenían custodia permanente y eran monitoreados sin interrupciones desde un circuito cerrado de televisión es una de las noticias más inverosímiles aún en un país habituado a los actos de brujería. Los tres fueron condenados en 2012 por el asesinato cometido en 2008 contra los empresarios farmacéuticos Sebastián Forza, Damián Ferrón y Leopoldo Bina, cuyos cuerpos fueron hallados en General Rodríguez. Según el fallo judicial que los condenó a prisión perpetua, los sicarios los mataron para eliminarlos como competencia en el mercado mexicano ilegal de la efedrina.
Este año, durante la campaña electoral, Martín Lanatta dijo en el canal de televisión del Grupo Clarín que quien les dio la orden de ejecutarlos fue el ministro Aníbal Domingo Fernández. Luego el mismo Lanatta grabó un video con cámara oculta en el que se escenifica el ofrecimiento de una suma de dinero para que se retracte de aquella declaración. Hasta su abogado defensor, Roberto Casorla Valet, lo refutó. “Miente. Supongo que lo hace porque le habrán ofrecido algún beneficio. Martín Lanatta, según lo que dijo en el juicio y lo que siempre me contó a mí, no conoce a Aníbal Fernández. Buscó llegar a él, e incluso le mandó un mail, pero no lo consiguió, no lo vio jamás de acuerdo con lo que me contó”, le dijo a este diario.
Hasta hoy es incierto quien y con qué propósito autorizó el ingreso de las cámaras visibles e invisibles a la unidad penitenciaria, pero está fuera de discusión el efecto electoral de esa denuncia estridente y sin ninguna prueba que la sustentara. El eje de la campaña de Cambiemos fue la vinculación del candidato del FpV a la gobernación bonaerense con el comercio de drogas ilícitas. En forma insidiosa se preguntaba con quién dejaría los chicos si tuviera que salir, con Aníbal o María Eugenia. Este efecto fue potenciado por las exhortaciones en las iglesias de la provincia a no votar por el candidato oficialista. En las elecciones de octubre se produjo el corte de boleta más grande de la historia provincial, que llevó a la gobernación a Vidal. Esto, a su vez, provocó un deslizamiento de voluntades para la segunda vuelta de la elección presidencial y permitió el acceso a la presidencia por un exiguo margen de votos del candidato derrotado en la primera vuelta, el actual presidente Maurizio Macrì.
¿Cuál era el beneficio que según su abogado defensor le ofrecieron por ese servicio que resultó tan decisivo? La sospecha es inevitable una vez producida la fuga increíble. Lo sepan o no los prófugos, ahora su vida corre peligro. Su muerte, ya sea en un enfrentamiento con las fuerzas de seguridad que fueron lanzadas a perseguirlos o por cualquier otro medio que la imaginación aborigen pueda concebir, cerraría un círculo siniestro. Se sabe que los muertos no hablan. En su aparición con vida se juega la credibilidad de que puedan gozar los gobiernos de la Nación y de la Provincia de Buenos Aires.
Para lá dos significados da Ley de Medios está o método. Enquanto Nestor Kirchner buscava o diálogo na busca da pluralidade de informação, sua mulher, Cristina, haja vista as infrutíferas tentativas do ex-marido, impulsionou, via Congresso, a aprovação de uma Ley que impedisse a concentração dos meios nas mãos de uma única familia, a Herrera Noble.
Maurício Macri é de outra cepa. Descende, em linha ideológica reta, dos ditadores militares. Seu autoritarismo era por demais conhecido. Bastou se eleger e sua primeira medida foi um decreto para que o Clarín fosse voz única e porta-boss do novo governo.
As medidas que os associados da SIP e do Instituto Millenium chamam de bolivarianas nos governos Maduro, Cristina Kirchner e Dilma não passam de refresco diante da truculência do ato institucional com que obrigam seus ventríloquos baixarem como primeiro ato de governo.
No Brasil sabemos muito bem como isso acontece. Quando Sarney ficou presidente, a cota da Globo preencheu sozinha o Ministério das Comunicações, com Antônio Carlos Magalhães. Para se ver o verdadeiro caráter da Rede Globo, que vai “Muito Além do Cidadão Kane”, basta citar as famílias que fazem parte da rede de filiais: Sarney, no Maranhão; Jereissati, no Ceará; Garibaldi Alves, no Rio Grande do Norte; Collor de Mello, em Alagoas; ACM, na Bahia; J. Hawilla, no oeste de São Paulo; e Sirotsky, no Sul. Todos cúmplices da ditadura, com a qual se firmaram e cresceram. Acostumadas a criticarem o peso do Estado, sempre se socorrem de Bancos Estatais, como fez por exemplo a RBS, com o Banco do Brasil e o Banrisul, e a Globopar, com o BNDES.
Em São Paulo, nestes mais de 20 anos de PSDB, milhares de assinaturas da Veja, Estadão e Folha são distribuídos pelas escolas públicas. Caso Aécio Neves, candidato que abraçaram a “carreira”, fosse eleito veríamos o que está acontecendo na Argentina de Maurício Macri: o Estado a serviço do grupos mafiomidiáticos. Se em São Paulo o PCC governa, em Brasília o Marcola seria chefe da Polícia Federal, e Rodrigo de Grandis e Júlio Marcelo de Oliveira disputariam o a PGR.
Nos anos 90 ficou famosa uma campanha publicitária com a marca Orloff: “eu sou você amanhã”. Será que o Brasil de amanhã a Argentina de Maurício Macri?! Toc! Toc! Toc!
Por Santiago Marino *
Mauricio Macri decidió la intervención de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca) y la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y la Comunicación (Aftic), mediante el Decreto 236/2015. Tendrá una duración de 180 días (es un plazo prorrogable) y fue anunciada en conferencia de prensa por el ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, en la mañana de ayer, con anterioridad a la publicación del Boletín Oficial. Es la confirmación de la tendencia de tomar decisiones por decreto y sin consenso. La de impacto más profundo en las políticas de comunicación. Y la apertura a un escenario en que los actores potentes del mercado volverán a incidir en la configuración del campo.
El titular del ministerio creado por otro Decreto (el 13/2015 que había reformado los artículos 10 y 12 de la ley audiovisual) cumplió con su promesa de avanzar en la intervención de los organismos de aplicación de las leyes 26522/09 (mal llamada “de medios”) y 27078/14 (de telecomunicaciones, conocida como Argentina Digital). Por otro lado, alteró la forma y parte de la herencia del gobierno de Cristina Fernández en relación con los medios. Esto lo hace en línea con su afirmación reciente: “la ley de medios no va a subsistir a nuestro gobierno”.
Esta decisión implicó la reacción del presidente del directorio (que solicitó una medida cautelar y un hábeas corpus), de organizaciones vinculadas a la comunicación comunitaria y sin fines de lucro de Argentina y América latina y de todo el campo de la comunicación, que incluyó los trabajadores de los medios privados concentrados y hasta organizaciones de la sociedad civil no afines al kirchnerismo, como Fopea y ADC. Además de movilizaciones hacia la sede de Afsca.
Así, la política de comunicación de la Alianza Cambiamos toma forma. Mediante una serie de decretos avanzó en varias zonas de la estructura heredada: creó “el Sistema de Medios y Contenidos Públicos” (Decreto 12/2015) en reemplazo de Radio y Televisión Argentina (Canal 7, Radio Nacional, RAE, Télam, Bacua, la porción nacional de Telesur y los agregados Centro Cultural Kirchner y Tecnópolis) cuyas funciones y competencias se definieron en el demorado Boletín Oficial del día de ayer; designó nuevas autoridades en ARSat y definió que el Ministerio de Comunicaciones opere sus acciones y las de Correo Argentino.
El Decreto 236/2015 reforma una ley aprobada por amplias y diversas mayorías y con legitimidad robusta con una decisión del PEN que no es resultado de la búsqueda de consensos. Esto sienta un precedente peligroso, dado que con estos argumentos el PEN podría intervenir casi cualquier organismo. Y podría afectar incluso la generación de políticas a largo plazo, que trasciendan los cambios de gobierno. Su apelación a que la Afsca no cumplió en este tiempo el art. 47 de la ley audiovisual parece escaso. Más si es el único argumento con cierta solidez y que no se basa en supuestos ni condicionales.
El texto es una obra peculiar e incluye una serie de verbos en condicional que sorprende para un instrumento legal. Abundan los “se verificaría” y “se habría aprobado”. El primer considerando da cuenta del derecho de los consumidores (cita al art. 42 de la CN) en contraposición con el paradigma del Derecho a la Información que guía la ley audiovisual. El objetivo de intervenir los organismos se complementa con el de fusionarlos, en pos del desarrollo tecnológico sucedido tras la sanción de ambas leyes. En este aspecto desconoce que el art 14 de la ley audiovisual establece que el presidente y los directores de Afsca “sólo podrán ser removidos de sus cargos por incumplimiento o mal desempeño de sus funciones”. Y que la “la remoción deberá ser aprobada por los dos tercios del total de los integrantes del Consejo Federal de Comunicación Audiovisual”. A su vez, los avances que reclama para la ley Argentina Digital bien podrían ser resueltos con la sanción de su Decreto Reglamentario, nunca aprobado.
Nada de lo dicho hasta aquí desplaza las críticas que planteara oportunamente a la aplicación de la ley audiovisual desde su sanción. Y fundamentalmente desde 2013 cuando la corte validó si Constitucionalidad. Pero la decisión del presidente Macri implica intervenir dos organismos autárquicos cuya composición involucra representantes de las minorías del Congreso. En el caso de Afsca, además, avanza sobre un ente creado por una ley que incluyó la participación formal de la ciudadanía para con los tres poderes de la República: los foros ciudadanos convocados por el PEN; las Audiencias Públicas en la Cámara de Diputados y la de Senadores para discutir el proyecto; y las realizadas por la Corte Suprema en ocasión de decidir la constitucionalidad de la ley ante la denuncia del Grupo Clarín.
La figura del interventor para los organismos que regulan la comunicación en el país nos lleva hacia atrás. Y permite recordar que entre 1983 y 2009 el Comfer estuvo intervenido porque si no debía estar a cargo de un general, un almirante y un brigadier. Pero también hacia adelante, para pensar el contexto y las condiciones en que se podría dar el debate por una política convergente para un sistema que tiene como marco la disputa por el mercado de los grandes jugadores: el campeón “nacional” Clarín y el “extranjero” Telefónica.
Argentina cuenta con un sistema de medios fuertemente concentrado y con altos niveles de incidencia de capitales extranjeros. El marco regulatorio vigente fue resultado de un debate intenso y que no logró trasformar esos rasgos por haber sido aplicado poco y mal. El camino adoptado desde el 10 de diciembre parece habilitar la profundización de esos aspectos, e interpelar a la ciudadanía como lo hace el Decreto: solamente como “consumidores”. Cambiaron.
* Profesor investigador UNQ-UBA-San Andrés.
El Presidente desconoció los mecanismos de remoción establecidos por el Congreso y nombró a un ex legislador del PRO y a un familiar del ministro del Interior. Las autoridades de esos organismos presentaron una cautelar y el macrismo respondió con una denuncia penal.
Por Sebastian Abrevaya
Mediante un decreto simple, el presidente Mauricio Macri resolvió ayer intervenir la Afsca y la Aftic, dos organismos clave que regulan los medios audiovisuales y las telecomunicaciones. La medida desconoce los mecanismos de remoción establecidos por el Congreso Nacional y desplaza a sus respectivos presidentes, Martín Sabbatella y Norberto Berner, cuyos mandatos vencen en 2017 y 2019. El anuncio lo realizó el ministro de Comunicaciones, el radical Oscar Aguad, quien consideró que “existe como una rebeldía” de los funcionarios “para atenerse al nuevo régimen de ministerios”, fijado la semana pasada por Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU). Tanto la Afsca como la Aftic solicitaron a la Justicia una medida cautelar contra la resolución del Poder Ejecutivo, que designó en esos organismos a una persona claramente identificada con el macrismo y a un familiar del ministro del Interior. En la Afsca, se nombró a Agustín Garzón, ex legislador del PRO y en la Aftic a Mario Frigerio, tío de Rogelio Frigerio. Al conocerse la noticia, dirigentes y agrupaciones kirchneristas se manifestaron en las puertas de la Afsca mientras que organizaciones de Derechos Humanos, académicos y referentes del derecho expresaron su rechazo. En paralelo, el PRO presentó una denuncia penal contra Sabbatella por abuso de poder y usurpación del cargo, que recayó en el juzgado de Julián Ercolini.
Menos de quince días tardó Macri en avanzar contra la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, aprobada luego de años de debate en la sociedad civil y con un amplio consenso multipartidario: en Diputados obtuvo 146 votos a favor, 3 abstenciones y 3 en contra y en el Senado 44 votos a 24. La norma aprobada en 2009 contó también con el aval de la Corte Suprema, que declaró su constitucionalidad tras años de litigio por parte del Grupo Clarín. El multimedio todavía continúa su batalla judicial para impedir su adecuación a la ley. La Afsca había apelado el fallo del juez Pablo Cayssials, quién le dio la razón a Clarín respecto del proceso de adecuación de oficio. El nuevo interventor podría desistir de esa apelación, beneficiando así al grupo empresario conducido por Héctor Magneto.
El primer paso de Macri fue el DNU 13/15 de la semana pasada, en el que subordinó a la Afsca y la Aftic a la órbita del Ministerio de Comunicaciones y a éste último le otorgó facultades que eran propias de esos dos entes. El DNU fue cuestionado por el FpV en el Congreso pero continúa vigente ya que se necesita del rechazo de ambas cámaras legislativas para que sea derogado.
A ese decreto de necesidad y urgencia se le sumó el decreto simple publicado hoy en el boletín oficial. Sorpresivamente, en la página web correspondiente no figuró el boletín oficial del día hasta que Aguad anunció mediáticamente la intervención.
“Ambos organismos y sus autoridades no responden a la nueva estructura orgánica de la ley de ministerios”, sostuvo el ex diputado radical, apodado “el milico”, en un breve intercambio con la prensa. El ministro calificó como “rebelión” la continuidad de los funcionarios. “Obviamente estamos frente a un caos donde las decisiones se contraponen y se contradicen razón por la cual no podemos seguir funcionando de esta manera”, afirmó.
La intervención tiene un plazo de 180 días, aunque desde Cambiemos dejaron entrever que se buscará una modificación de la legislación vigente para unificar ambos organismos bajo el mando del ex secretario de medios porteño, Miguel de Godoy. El propio Aguad lo deslizó ayer al señalar que “por ahora” no se modifica la ley de medios y que van a “seguir tomando medidas sobre lo que es la regulación y la planificación estratégica de la Argentina”.
“Nosotros no pretendemos nombrar funcionarios en estos entes que perduren en el tiempo después del gobierno que viene. Cada gobierno tiene derecho a ejecutar sus políticas y nombrar sus funcionarios, para eso hay elecciones”, afirmó Aguad, en abierta contradicción con el artículo 14 de la LSCA. La norma buscó expresamente mayor independencia al desfasar el mandato del Poder Ejecutivo con los del directorio de la Afsca, tal como sucede en otros organismos similares del mundo, por ejemplo en Francia y Estados Unidos. De hecho, durante el debate parlamentario en 2009, los propios legisladores de lo que hoy se llama Cambiemos reclamaron otorgarle no menos sino más independencia del organismo respecto del Poder Ejecutivo.
De hecho, a partir de la intervención no sólo se removerá al titular de la Afsca, sino que Garzón concentrará atribuciones que hoy competen a los siete miembros del directorio del organismo, que tiene representantes de las tres principales fuerzas parlamentarias, de académicos y de un Consejo Federal compuesto por las 24 provincias.
En declaraciones a la prensa, Sabbatella detalló que se presentó una medida cautelar y un hábeas corpus preventivo para garantizar la libertad de trabajadores y funcionarios. En el organismo tomaron como un acto intimidatorio el despliegue policial montado en la zona del organismo, que incluyó un vallado y un operativo de infantería, finalmente retirado. El ministro sostuvo que se trató de “un error de información”, pero sin embargo anoche la policía ingresó al edificio de la Aftic para advertirle a los trabajadores que debían evacuar el lugar ya que pasados 10 minutos cortarían la luz. A los 10 minutos, el edificio se quedó a oscuras.
“Este decreto es ilegal, anticonstitucional y está violentando la ley. Macri no tiene facultades para hacerlo”, aseguró ayer Sabbatella, que calificó la situación como “un conflicto de poderes”. “Lo que están haciendo es una barbaridad, es un atropello brutal, por eso le pedimos al Poder Judicial que ordene esto”, aseguró y denunció que se busca evitar la aplicación de la ley de medios para favorecer a Clarín.
Desde la Afsca negaron que se encuentren “atrincherados” y adelantaron que acatarán la resolución del amparo. La causa quedó en manos del juzgado contencioso administrativo federal número 8, a cargo de la jueza subrogante, Cecilia Gilardi. En respuesta, el PRO presentó una denuncia penal contra Sabbatella, que recayó en el juzgado de Ercolini. El fiscal Carlos Stornelli le pidió al magistrado que allane el organismo. Según fuentes judiciales, Ercolini por el momento tomará algunas medias previas antes de dar inicio a la investigación.
La cautelar de la Afsca pide la “nulidad absoluta” del decreto 236 en virtud de su “arbitrariedad e ilegalidad manifiesta”. Además, solicita la nulidad del DNU 13/2015, que dispuso que las funciones y competencias de la Afsca pasaran al ámbito del nuevo Ministerio de Comunicaciones. En sus considerandos sostiene que se violan derechos constitucionales, el principio de división de poderes, el principio de razonabilidad y que esto lleva como “correlato la amenaza concreta del derecho a la libertad de expresión de todos los ciudadanos y ciudadanas”.
Al mismo tiempo se detalla que no se cumple con el mecanismo de remoción establecido en el artículo 14 de la LSCA: “El presidente y los directores solo podrán ser removidos de sus cargos por incumplimiento o mal desempeño de sus funciones o por estar incurso en las incompatibilidades previstas por la ley 25.188. La remoción deberá ser aprobada por los dos tercios del total de los integrantes del Consejo Federal de Comunicación Audiovisual, mediante un procedimiento en el que se haya garantizado en forma amplia el derecho de defensa, debiendo la resolución que se adopta al respecto estar debidamente fundada en causales antes previstas”, reza la norma.
En el escrito de la Afsca se señala también que el DNU que reformó la ley de ministerios no cumple con los requisitos establecidos en la constitución para que el presidente pueda emitir disposiciones de carácter legislativo. Según la presentación, se podría haber convocado a sesiones extraordinarias y no existe urgencia que impida seguir el trámite parlamentario.
Ayer organizaciones de derechos humanos como el CELS, además de colectivos de comunicadores y asociaciones de periodistas habían expresado su rechazo a la medida. Se espera que en los próximos días se realicen presentaciones judiciales en distintos puntos del país. Hubo, además, críticas de los dos bloques legislativos del Frente para la Victoria, así como del líder de Proyecto Sur, Fernándo “Pino” Solanas, de Libres del Sur, Humberto Tumini, y de la dirigente del Frente de Izquierda, Myriam Bregman.
Los diputados del Frente para la Victoria fueron a la sede de la Afsca para respaldar a Martín Sabbatella.
SUBNOTAS
EL PAIS › REACCIONES POLITICAS ANTE LAS INTERVENCIONES DE LA AFSCA Y LA AFTIC
“Empezó la devolución de favores”
Legisladores del Frente para la Victoria acompañaron al titular de la Afsca ante la intervención y la presencia de la policía. Desde otros sectores políticos también señalaron que las medidas fueron contrarias a la ley.
La decisión del Gobierno de intervenir la Afsca y la Aftic vía DNU y en contradicción con la ley de medios despertó rechazos de los principales referentes del peronismo. El bloque del PJ-FpV del Senado, en un comunicado unificado, sostuvo que Mauricio Macri “asumió con un mensaje de respeto a las instituciones, pero está haciendo todo lo contrario con medidas discrecionales”. El bloque de diputados, por su parte, calificó la medida de antidemocrática y varios legisladores se movilizaron hacia las oficinas de la Afsca. El decreto 236/15 fue repudiado por varios diputados y referentes no identificados con el FpV.
– Máximo Kirchner, diputado nacional (FpV): “Se acabó la campaña y empezó la devolución de favores a Magnetto. Todo el avasallamiento institucional que se está viendo sólo es posible con asfixia mediática, pero la sociedad va a buscar las formas de comunicarse y mantenerse informada. Esta medida es el resultado de la soberbia y la ceguera de querer sobreactuar autoridad. Es curioso: Néstor, con el 22 por ciento de los votos, tuvo la autoridad necesaria para rechazar el pliego de condiciones de Claudio Escribano y La Nación, y Macri con el 51 por ciento, lo está siguiendo al pie de la letra”.
– Wado de Pedro, diputado nacional (FpV): “El Presidente cierra su primera cadena de devolución de favores al poder económico, a un sector del poder judicial y al poder mediático. Intervino Afsca y Aftic, dos organismos que tienen su independencia garantizada por ley, otra vez utilizando el DNU. El objetivo es consolidar y ampliar el monopolio Clarín, reduciendo la pluralidad de voces para influir en la opinión de la gente”.
– Héctor Recalde, diputado nacional (FpV): “El decreto viola tratados internacionales, la Constitución y la ley. Además invade todas las funciones del Congreso. No puede ser que gobiernen de facto. No vamos a permitir que se viole impunemente la Constitución”.
– Juan Manuel Abal Medina, senador (FpV): “Macri ganó prometiendo diálogo y mayor calidad institucional. En 13 días de gobierno algunas de sus medidas apuntan en sentido contrario. Jueces de la Corte en comisión, la intervención de Afsca y Aftic y leyes importantes modificadas por DNU implican un retroceso institucional”.
– Jorge Rivas, dirigente del Socialismo para la Victoria: “La decisión de Mauricio Macri de intervenir la Afsca exhibe un sesgo brutalmente autoritario, además de constituir un verdadero dislate jurídico. Lo que pone en evidencia es el patético servilismo con que el nuevo Gobierno paga a las grandes corporaciones mediáticas la protección informativa”.
– Juliana Di Tullio, diputada nacional (FpV): “Sabbatella fue votado por acuerdo del Senado y para cumplir su función 4 años. No interesa quién sea el presidente de turno”.
– Carlos Tomada, legislador porteño (FpV): “Se trata de un atropello institucional y judicial más grave aún que el decreto sobre los jueces de la Corte Suprema. Están borrando con el codo lo que escribieron en campaña en materia de discurso republicano e institucional. Nuestro apoyo a Sabbatella no sólo es por las coincidencias políticas sino también porque apoyarlo significa respaldar la ley de medios”.
– Humberto Tumini, secretario general de Libres del Sur: “No parece muy respetuoso de las instituciones cambiar vía DNU artículos de la ley de medios, sin pasar por el Congreso, como anunciaron”.
– Pino Solanas, senador (Proyecto Sur): “Si el PRO quiere corregir la ley de medios debería llevar su propuesta al Congreso”.
– Gabriel Mariotto, diputado del Parlasur: “La ley de medios garantiza el derecho a la información. El Gobierno abusa del poder groseramente. Es un atropello a la democracia voltear la ley por DNU:”
– Myriam Bregman, diputada nacional (PTS en el Frente de Izquierda): “Macri refuerza su dedazo, gobierno de los decretazos. Por eso no llamó a extraordinarias en el Congreso”.
– Agustín Rossi, diputado del Parlasur: “La Corte completada por decreto, la Afsca intervenida, el diálogo y las formas republicanas, globitos de colores”.
O que Maurício Macri vem fazendo na Argentina mostra o que teria acontecido no Brasil se o Napoleão das Alterosas tivesse vencido as últimas eleições. Ambos são bons em atacar o bolivarianismo dos governos Dilma e Kirchner. Basta ver o que fazem quando assumem para se ter certeza de que atacam para se defenderem. Acusam de algo que fazem.
Se o playboy dos hiPÓcritas tivesse ganho as eleições Rodrigo de Grandis seria nomeado procurador-geral e para o STF desencavaria muitos outros Gilmar Mendes.
Nas próximas eleições, em 2018, lembrem-se do famoso “efeito orloff”, eu sou você amanhã, quando se dizia que tudo o que aconteceria na Argentina depois também aconteceria no Brasil.
Para el juez Alejo Ramos Padilla, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti no podrían asumir a menos que sus pliegos pasen por el Senado.
Freno a los jueces por decreto y “en comisión”
Con una medida cautelar se suspendió la posible asunción de los abogados designados por Macri para la Corte
La designación de dos jueces de la Corte Suprema por decreto y en comisión tuvo ayer la primera medida cautelar en contra y quedó en suspenso. El juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, sostuvo que puede ser nula y ordenó que el alto tribunal se abstenga de tomarles juramento a los elegidos, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti. La suspensión solo cesa, dice la resolución, si los pliegos son aprobados con mayoría especial por el Senado, la instancia que el Gobierno decidió saltear al firmar el decreto 85/2015. El fallo considera “arbitrario y abusivo” el método que se utilizó para los nombramientos, en base a una interpretación forzada del inciso 19 del artículo 99 de la Constitución Nacional, cuando existen –apunta– procedimientos específicos para cubrir vacantes en forma definitiva o transitoria. Buena parte de su argumentación se sostiene en fallos no muy lejanos de la propia Corte, en especial el que dice que hasta para ser conjuez supremo hay que obtener los dos tercios de los votos en el Senado, cuyo acuerdo “constituye un excelente freno sobre el posible favoritismo presidencial”, en palabras del encumbrado tribunal. “No sé si tiene valor el fallo, porque lo que hacemos nosotros es constitucional, y la decisión la tiene la Corte cuando llegue el momento de la jura, creo que a ellos no les aplica este tipo de fallos”, dijo el presidente Mauricio Macri. Todo indica que el Poder Ejecutivo apelará, con lo cual no está todo dicho.
“Todas las partes y las autoridades públicas en particular tienen que respetar las decisiones de los jueces dictadas en marco de las causas sometidas a su jurisdicción, de lo contrario no habría forma de garantizar la división de poderes”, explicó el juez Ramos Padilla, consultado por Página/12. “Por lo tanto, la Corte se debe abstener de tomar el juramento, que es algo que corresponde a su función administrativa, que le otorga la Constitución, no a su función jurisdiccional”, añadió. Un tramo del fallo alude a la reunión que tuvieron Macri y el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, tras la cual anunciaron la postergación de la asunción de Rosenkrantz y Rosatti para febrero y con eso intentaron mostrar que la discusión estaba superada. Ramos Padilla dice que, aunque hasta la agencia de noticias de la Corte lo pintó así, el debate sobre la legalidad recién empieza. En eso radica, según justifica, la “urgencia” de una cautelar que frene la asunción: “si estamos frente a un proceso ilegítimo de designación, el mismo ya ha sido puesto en marcha, se encuentra en vías de ejecución” y sólo falta que la “Corte Suprema les reciba juramento a los designados”. Los supremos hablarían de esto hoy, en su acuerdo.
Ciudadanos, jueces, políticos
Hasta ahora se presentaron más de una docena de medidas cautelares contra el nombramiento de supremos por decreto en distintas provincias. Algunas provienen de organizaciones como el Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (Cepis), Abogados por la Justicia Social (AJUS), Movimiento de Profesionales para los Pueblos e HIJOS, pero las hay de ciudadanos sueltos. Una de ellas fue rechazada por la jueza Rita Ailán, por no tener un supuesto interés legítimo. Ramos Padilla, en cambio, aceptó la de un “ciudadano común”, Mariano José Orbaiceta. Alega que la “Corte Suprema tiene jurisdicción en los asuntos de todo el país y todos los ciudadanos pueden verse afectados si dos de sus cinco miembros son designados de manera unilateral por el Poder Ejecutivo sin acuerdo del Senado y sin siquiera poder ejercitar el derecho” que les ha otorgado el decreto 222/03 que autolimitó a las autoridades. Ese decreto faculta a “los ciudadanos en general” además de organizaciones, a formular las apreciaciones que quieran sobre los candidatos, pero no sólo se aplica en una primera etapa de impugnaciones ante el Ministerio de Justicia (que es la que puso en marcha el Gobierno), sino en una segunda que “se está eludiendo”: la que se desarrolla en el Senado, que incluye una audiencia pública, dice Ramos Padilla.
En el Gobierno celebraban que el fallo hubiera sido firmado por un juez al que pueden identificar con la agrupación crítica Justicia Legítima. Es un recurso al que fuerzas antikirchneristas recurren cuando quieren descalificar una decisión judicial sin más y dar a entender que sólo encierra una intencionalidad política. En el macrismo evalúan que les resulta funcional la lógica “amigo-enemigo” en casos así. Justicia Legítima, fuente de inspiración de reformas judiciales promovidas por el gobierno pasado, está en la otra vereda. Macri, el más despiadado, directamente llegó a decir que duda de que el fallo tenga algún valor y que un juez le pueda dar una indicación a la Corte sobre un acto administrativo. Ayer asumió Carlos Balbín como procurador del Tesoro (jefe de los abogados del Estado) y será quien se ocupe de analizar una posible apelación.
La Corte en su trampa
El día que, en pleno brindis de fin de año y homenaje a Carlos Fayt, Lorenzetti anunció que la Corte les tomaría juramento a los dos designados por decreto y que eran “bienvenidos”, en el mismo salón, los propios funcionarios y empleados del tribunal recordaban los fallos supremos que en distintos temas señalaron que no se puede obviar el Senado en el nombramiento de jueces, incluso subrogantes (como dice el fallo que declaró la inconstitucionalidad del sistema de subrogancias), y que la aprobación requiere una mayoría calificada en la caso de los cortesanos. La prórroga de la jura dio cuenta de una advertencia de la Corte al Gobierno: una versión le atribuye el enojo y desacuerdo a Elena Highton de Nolasco; otra al propio Lorenzetti. El hecho es que Ramos Padilla asienta una buena parte de su fundamentación en un fallo reciente del alto tribunal y lo pone en un brete. Es el que declaró la nulidad de una lista de conjueces que había sido aprobada por el Ejecutivo (entonces Cristina Kirchner) con acuerdo del Senado para cubrir cargos en la Corte en casos de que fuera necesario. Lo que cuestionó la sentencia es que la aprobación no había sido con la mayoría agravada que se requiere para los jueces máximos. Decía que eso “ponía en peligro derechos, garantías y hasta el propio diseño constitucional y republicano”.
Ramos Padilla razona que si los conjueces de la Corte, que suelen ser sorteados para intervenir en un solo caso, deben cumplir con los mismos requisitos de designación que cualquier miembro estable, más aún se debería aplicar esa regla a Rosatti y Rosenkrantz, que “habrán de intervenir en todos los procesos”. Luego cita tramos del fallo sobre los conjueces (“Aparicio”). Uno dice que el sistema de designación de jueces “encierra la búsqueda de un imprescindible equilibrio político, pues (…) el acuerdo del Senado constituye un excelente freno sobre el posible favoritismo presidencial”. Eso lo firmaron Lorenzetti, Highton de Nolasco, Fayt y Juan Carlos Maqueda. “El nombramiento de los jueces de la Nación con arreglo al sistema constitucionalmente establecido se erige en uno de los pilares de la división de poderes”, señala también aquel fallo. A partir de eso, Ramos Padilla, advierte que si se continúa con un procedimiento irregular se afectará –según dice la Corte– “la división de poderes, el sistema republicano, los equilibrios”, la imparcialidad e independencia” y podrían primar “los favoritismos”.
¿Por qué no es válido recurrir al inciso 19 del artículo 99 de la Constitución para designar jueces por decreto? Según el juez, si bien esa disposición autoriza a “llenar vacantes de los empleos, que requieran el acuerdo del Senado, y que ocurran durante su receso”, el concepto de “empleo” “no puede ser equiparable a la función de juez” ya que la expresión lleva implícita la “relación de dependencia”, pero los jueces pertenecen a otro Poder del Estado, razona. Considerarlos a los jueces empleados pone “en crisis todo el sistema republicano”, alerta. Agrega que no es cierto que la Corte no pueda funcionar con tres hasta que haya nuevos nombramientos: hay mecanismos para cubrir eventuales faltas, primero con los presidentes de Cámara. Cuestiona la equiparación, en el decreto, con precedentes donde se nombró en comisión a jueces inferiores, pero antes de la reforma constitucional de 1994, cuando –por ejemplo– se estableció el Consejo de la Magistratura para desterrar la designación política, a dedo, de los jueces.
Todas las voces
Al final hace un racconto de juristas de todo el arco ideológico que estos días cuestionaron la iniciativa de Macri: Raúl Zaffaroni (quien habló de abuso de autoridad), Daniel Sabsay (dijo que se elude el decreto 222), Andrés Gil Domínguez (dijo que hay gravedad institucional y que no hay razones de excepcionalidad), Ricardo Gil Lavedra (“la decisión es grave y no sostenible”), Alejandro Carrió (dijo que la Corte puede funcionar igual), León Arslanian (“no hay justificación”).
“Si el mecanismo de designación de los jueces del máximo tribunal de la Nación no es válido –indica Ramos Padilla–, si ello no surge del texto ni del espíritu de la Constitución, si con ello se afecta la división de poderes, la independencia de los jueces, la garantía del juez natural, las facultades del Congreso, la participación y control ciudadano y en definitiva, a la cabeza de uno de los poderes del Estado y por ende, a todo el sistema de justicia, resulta necesario que los mecanismos constitucionales se pongan en funcionamiento cuanto antes para frenar esa ilegalidad que afecta principios básicos sobre los que se asienta la república.” Por todo esto es que el fallo anticipa que la designación podría ser nula en una resolución sobre el fondo y corresponde suspenderla. Este estado de situación podría cambiar con la apelación del Ejecutivo (de acuerdo con cómo sea concedida seguirá suspendida la jura o no) o con una eventual aprobación del Senado.
Página/12 :: El país :: Freno a los jueces por decreto y “en comisión”
O Gilmar Mendes argentino foi mais competente que o similar nacional…
Depois da Líbia, Egito, Ucrânia, Síria, a CIA invade a América Latina. Já deu golpe em Honduras e Paraguai. Está ensaiando no Brasil e acaba de encenar na Argentina. Depois do bem sucedido golpe paraguaio, os golpistas latino-americanos se ouriçaram. A histeria do Ministro Gilmar Mendes ontem no STF é sintoma deste viés. A síndrome de abstinência com que o Napoleão das Alterosas tem conduzido seus passos após a derrota nas eleições, se inscreve neste mesmo sentido. O verniz jurídico é uma forma de lavagem, como fazia o HSBC…
El voto es lo de menos
La sentencia de la autodenominada “Excelentísima” Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo de Tucumán es peor que pésima: arbitraria. La diferencia es cualitativa. Hay arbitrariedad cuando los jueces fallan contra el derecho vigente sin sostener una argumentación razonada. La decisión es mero producto de su voluntad aunque tenga el formato de una sentencia.
La consecuencia es una grave situación institucional sin precedentes desde la restauración del sistema democrático en 1983. Las soluciones a las preocupantes secuelas deben buscarse dentro del propio sistema legal que, a pesar de lo que quieran tres magistrados y muchos factores de poder, debe defenderse con sus propias herramientas.
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El autor de esta nota es abogado, recibido en una universidad pública hace más de cuarenta años. Ejerció la profesión durante más de veinticinco. Es, entonces, un profesional formado y baqueteado aunque no pretende ser un jurista, un teórico de alto nivel. Esta columna aspira a la divulgación y por eso ahorra al lector promedio ciertos tecnicismos.
Anular una elección es excepcional: requiere presupuestos de enorme dimensión. En líneas generales, los jueces deben preservar la validez de los actos de otros poderes y, en este caso, del pronunciamiento ciudadano. Todo sistema legal prescribe qué debe hacerse en cada caso si hay dudas o ambigüedades. En esta situación sólo puede anularse el comicio si se violaron las reglas constitucionales de modo flagrante y con efecto en el veredicto popular. Es la proyección concreta de un criterio general: no hay sanción ni condena, menos una nulidad total, sin plena prueba. En concordancia, no se debe condenar penalmente si hay duda ni se debe hacer lugar a una demanda civil por daños si el actor no prueba plenamente los hechos y la responsabilidad del otro.
Los jueces deben limitar su afán intervencionista, imperativo válido hasta para los referís de fútbol.
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Los “considerandos”, esto es, los fundamentos cabales de la decisión, son relativamente cortos. Mucho más escuetos que el relato de los hechos.
No es banal ni cínico preguntarse qué impacto produjeron las circunstancias que la Cámara enumera o el contexto de clientelismo sobre el que divaga. Lo serio y legal es ponderar la gravitación de las anormalidades en el resultado. En este caso, cabe inferir, no se hizo porque es clavado que la cantidad de mesas impugnadas en detalle (aun con fundamentos opinables) ni remotamente puede alterar el resultado final.
En la nutrida historia de elecciones desde 1983, que registra episodios de violencia, falta de boletas, maniobras, cortes de luz, escrutinios suspendidos y otras irregularidades distintos tribunales apelaron a remedios más sensatos y acotados. Por ejemplo a elecciones complementarias en mesas, escuelas o ciudades íntegras.
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Pasemos, casi, por alto la adjudicación de la competencia del Tribunal. La Cámara se la arrogó declarando la inconstitucionalidad de una norma que le deniega entender en este pleito. Todo apesta a “forum shopping”, a que la oposición política provincial eligió un tribunal afín y este validó la maniobra. Pero ese aspecto, que podría sellar la invalidez de la decisión, es quizás menos grave que el fondo de la sentencia, al que dedicaremos más espacio.
Dos ejes sustentan la sentencia. El primero es la existencia de clientelismo que vicia el acto electoral. El segundo, una cantidad de supuestas irregularidades.
La Cámara alude “a las consecuencias enormemente perniciosas que las prácticas clientelares tienen sobre los principios fundamentales del régimen representativo y, en particular, sobre la genuina expresión de voluntad del elector que es su presupuesto”. El alegato es interesante para un coloquio. En Tribunales sólo procede a condición de sopesar cabalmente cuán perniciosas son dichas prácticas, si existen.
El Tribunal, revelando un pobre o nulo conocimiento de la nutrida bibliografía nacional sobre el tema, acumula reflexiones generales, dogmáticas, plagadas de soberbia. Se autoerige en custodia de los sectores “desamparados” a cuyo voto le pasa por arriba. La categorización de “desamparados” no está escrita en ningún texto legal: es un arrebato ideológico, sintomático de las clases dominantes. La compasión –superioridad– niega la autonomía de los sujetos. Enumera algunos hechos tan comunes cuan transversales a todas las fuerzas políticas (la oposición tucumana gobierna San Miguel). Pero ni se esfuerza en valorar cuál es su gravitación en el resultado, ni siquiera en el plano más especulativo.
Su fundamento es que las prácticas clientelares vician irreparablemente el comicio.
No entraremos acá a discurrir a fondo sobre el clientelismo ni aun polemizar sobre el uso opinable de ese vocablo. Cualquier abordaje comprueba que no se habla de una acción aislada sino de un sistema de relaciones. Sea que se la apode “clientelismo” o sea que se elija una taxonomía más compleja y seria no es una praxis que surge y se extingue en las jornadas electorales. Si Tucumán padece “clientelismo” que ejerce el efecto de mancha venenosa, el contexto continuará dentro de semanas o meses, cuando deberían realizarse las nuevas elecciones que la sentencia impone. La proyección de lo resuelto (o de la cosmovisión que lo nutre) es que nunca podrá votarse en Tucumán con la libertad hipotética que “exigen” los magistrados.
La relación entre los votantes, los punteros, los dirigentes locales y las autoridades puede y debe analizarse, eventualmente criticarse. Su solución o tratamiento no es potestad de un patriarcado de clase, de una elite endógama, (los jueces en general) sino de la emancipación popular que les ajena.
Aseverar que los pobres son esclavos, masas inermes o que su voluntad ha sido subyugada por la entrega de un puñado de bienes se asemeja demasiado a la narrativa de ciertas fuerzas o referentes de la derecha argentina.
La viga fundante del fallo es antojadiza, tributaria de una perspectiva aristocrática y sesgada de la sociedad. Cero análisis empírico hay acerca del efecto en la elección anulada. Sobre eso debían expedirse los jueces sin hacer (se dice en sentido figurado) ejercicio ilegal de las ciencias sociales.
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Lo primero que revela la reseña del fallo sobre incidentes e irregularidades es la enumeración de las mesas supuestamente viciadas. Son un puñado, irrelevante para torcer la diferencia final.
Hay una perla reveladora cuando se habla de la quema de urnas y otros actos vandálicos. Se omite que está probado que, cuanto menos en parte sustantiva, los cometió un dirigente de la oposición que promueve el amparo y lo gana. La Cámara no se da por enterada del hecho que por ser “notorio” (sabido por la opinión pública) tiene el deber de conocer y valorar. Tal vez se deba a que su fuente de información son programas de televisión y notas de la prensa hegemónica que encubrió el dato. Los magistrados premian la conducta aviesa de quien ensució el comicio y reclama su nulidad. Desconocen que nadie puede alegar su propia torpeza y que la mala fe no debe ser premiada.
Corresponde investigar esas y otras anomalías, investigarlas, sancionarlas si son delitos pero no extrapolar o des dimensionar sus consecuencias concretas.
Exorbitante es la sentencia, un precedente antidemocrático. Les viene como anillo al dedo a quienes están generando un escenario pre golpista, con el ansia casi confesa de descalificar un resultado nacional si el candidato oficialista Daniel Scioli gana “apretadamente” por más de diez puntos y superando el cuarenta por ciento de los votos.
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Corre el plazo para recurrir a la Corte Suprema provincial. Se actúa contra reloj: es factible que no haya tiempo para que se expida antes de la fecha fijada para el cambio de autoridades. En Tribunales, el que quiere demorar o dilatar usualmente gana. He ahí el primer objetivo de la oposición nacional y tucumana.
Cabe suponer –porque es lo ajustado a derecho y por su composición– que la Corte provincial revocará la decisión. La oposición podría plantear recurso extraordinario ante la Corte Suprema nacional. Este no es automático como una apelación común. Puede considerarse improcedente, lo que primero dirime el supremo tribunal provincial y en definitiva el nacional. Si el provincial rechazara el recurso podría quedar un lapso en que la sentencia que comentamos quedara sin efecto, suspendida. En ese plazo, podría asumir José Manzur.
Lo más verosímil es que no se llegue en fecha y que la provincia quede acéfala en octubre. Una indeseable intervención federal es un desenlace factible que puede devenir inevitable. Todos los escenarios lucen insatisfactorios. Son consecuencia de la irresponsabilidad de la Cámara. Se discute si los jueces deben tomar en cuenta las consecuencias sociales y políticas de sus decisiones o si deben ignorarlas con olímpico desdén. Es un bizantinismo de juristas, enfrascados en su arrogancia y torres de cristal. Max Weber lo expresó mejor: todos los que hacen política son responsables de las consecuencias de sus acciones, aun de las no queridas (que no es el caso). Una grave conmoción deriva de la arbitrariedad.
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Entre tanto la Cámara Nacional Electoral Nacional ha ordenado medidas para preservar y mejorar las elecciones de octubre. Puede discreparse parcialmente aunque todas son sistémicas y ponderadas. Algunos ejemplos son mejorar la dotación de autoridades de mesa, la expedición de certificados, precaver que se sustraigan o escatimen boletas, capacitar a los ciudadanos.
Una movilización ciudadana que incluya a fiscales aguerridos debería sumarse al combo de movidas.
El autor de esta nota no concuerda con la mirada política de los camaristas nacionales, que cuestionó en una nota reciente. Nobleza obliga: lo que hacen hasta hoy es manejarse dentro del sistema, valerse de su experiencia para evitar problemas conocidos, con acciones reformistas y factibles. Claro que son camaristas electorales y no una terna de improvisados cuya mala praxis armoniza, en chocante sintonía, con un clima desestabilizador al que contribuyeron.
mwainfeld@pagina12.com.ar
Houve um verão em que se capturava um presidente mediante o uso de uma amante. Era o tempo em que o dito cujo era traído até pela amante e seus diplomatas tinham de tirar os sapatos para entrarem nos EUA. Foi quando seus mentores da Rede Globo promulgaram, via Parabólica, a Lei Rubens Ricúpero.
Os mesmos grupos que fizeram editorial saudando a chegada da ditadura, esconderam os comícios pelas Diretas-Já continuam sabotando a democracia, seja oferecendo estatuetas compradas com dinheiro sonegado, trocando informação por dinheiro. A criminalização dos movimentos sociais, o ódio de classe está tatuado na paleta dos assoCIAdos do Instituto Millenium.
Foi assim no golpe na Venezuela (A Revolução Não Será Televisionada), e na Argentina, o que obrigou Cristina Kirchner a promulgar a lei de Médios. O Grupo Clarín, assim como o Globo, se locupletou com a ditadura. Na democracia encontrou o enfrentamento de um governo, ao contrário do Brasil, que lutou pela democratização de acesso à informação. Assim, ao contrário da Argentina, por não termos enfrentado como deveria o monopólio dos grupos mafiomidiáticos, estamos mais sujeitos ao golpe paraguaio. Na Argentina, a partir do momento que a Lei de Médios foi promulgada, o golpismo diminuiu.
Ou o Brasil acaba com o monopólio das cinco famílias (Civita, Frias, Mesquita, Marinho & Sirostsky) ou estas cinco famílias ainda vão reimplantar a ditadura.
Pedro Aguiar | Quito – 24/07/2015 – 08h00
Ao abrir evento que comemora os dez anos de existência da emissora Telesur, jornalista falou sobre comunicação e avanço da esquerda na região
O maior confronto enfrentado na América Latina atualmente é “a batalha midiática”, desde pelo menos o ano de 2002, quando a tentativa frustrada de derrubar Hugo Chávez na Venezuela deu início a um novo tipo de golpe de Estado, o “golpe midiático”, transferindo aos meios de comunicação privados o papel de partido político nas oposições aos governos da “guinada à esquerda”.
A avaliação foi feita pelo jornalista e professor Ignacio Ramonet, ex-editor do jornal Le Monde Diplomatique, na palestra de abertura do congresso “Comunicação e Integração Latino-Americana”, realizado entre os dias 22 e 23 de julho em Quito, capital do Equador.
Organizado pelo Ciespal (Centro Internacional de Estudos Superiores da Comunicação para a América Latina), o evento comemora nesta sexta-feira (24/07) os dez anos de fundação da Telesur, canal multinacional de televisão mantido por diversos governos da região. Fundada por iniciativa de Chávez três anos após o golpe fracassado, a emissora nasceu com o papel de promover uma alternativa na cobertura das notícias latino-americanas, feita por jornalistas e comunicadores da própria região.
Agência Andes (arquivo/2012)
Ex-editor do ‘Le Monde Diplomatique’, Ignacio Ramonet é jornalista e professor espanhol radicado na França“Nos últimos 15 anos, todos os governos progressistas que chegaram ao poder democraticamente na região vêm sendo mantidos por via eleitoral. Nenhum deles foi derrotado nas urnas. Por isso, a resistência à mudança vem sendo cada vez mais brutal, apelando para novos tipos de golpes, alguns com fachada judicial, parlamentar, e sempre com forte ajuda da mídia”, disse Ramonet, lembrando os casos do Paraguai, Honduras e investidas recentes na Argentina e no Brasil.
Ao lado de Ramonet, a presidente da empresa, Patricia Villegas, lembrou que as principais coberturas do canal até agora foram justamente em países que não participam do consórcio, como a campanha militar contra a guerrilha das FARC (Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia) e o golpe contra o presidente Manuel Zelaya, em Honduras, em 2009.
“Naquele momento, o mundo só pôde acompanhar o que acontecia em Honduras, minuto a minuto, graças ao sinal da Telesur. Porque as emissoras privadas globais ou não estavam lá, e as que estavam preferiam ignorar”, disse.
Para Ramonet, o grande mérito da Telesur ao longo dessa década foi oferecer “uma outra leitura” sobre os acontecimentos da América Latina e do mundo, fugindo das perspectivas de redes privadas como CNN e Fox News que, para ele, seguem praticamente a mesma linha.
“Estou convicto de que a CNN vai desaparecer, não por falta de capital, mas por falta de audiência”, previu Ramonet, falando por teleconferência desde Caracas para a plateia de jornalistas, intelectuais e estudantes reunida no auditório equatoriano. “A Telesur não tem concorrência. Esse é o sonho de qualquer canal. Porque as outras fazem mais ou menos a mesma coisa”.
‘Convergência digital’
Segundo o jornalista — que é espanhol mas vive radicado na França desde 1972 —, a maior mudança na comunicação nos últimos dez anos foi a integração das várias plataformas, a chamada “convergência digital”: smartphones, tablets e computadores, que roubaram da televisão o posto de tela principal da mídia. E, se antes as inovações tecnológicas estouravam primeiro nas cidades ricas da Europa e dos EUA, aponta Ramonet, agora já são disseminadas simultaneamente nas grandes metrópoles da América Latina e de outras regiões em desenvolvimento.
“As novas plataformas abandonam a continuidade que obrigava o espectador a assistir tudo linearmente; agora ele pode ver o que quiser, na ordem que quiser. Os canais que se adaptarem melhor são os que têm mais chance de sobreviver”, aponta.
Patricia Villegas enfatizou que a adaptação às novas plataformas é uma de suas maiores preocupações da Telesur. “Não adianta fazer conteúdos-espelho, que se repetem de forma idêntica na TV, na web, no Facebook, no Twitter. Os conteúdos precisam ser complementares e diferentes, porque o público os consome de formas diferentes”, disse ela.
Divulgação/Ciespal
Congresso intitulado ‘Comunicação e Integração Latino-Americana’ acontece em Quito, capital equatorianaAlém do décimo aniversário, completado nesta sexta-feira, dia 24 de julho, a Telesur celebra também um ano desde o início da produção de conteúdos em inglês. “Não estamos traduzindo informações, mas produzindo diretamente em inglês”, enfatizou Patricia Villegas. Segundo ela, a entrada na esfera anglófona sinaliza a intenção da empresa em ampliar sua presença global. Por enquanto restrita ao site e às redes sociais, a Telesur em inglês espera iniciar em breve transmissões também como canal de televisão, com sede em Quito.
Sul geopolítico
“Na América Latina, vários intelectuais e lideranças políticas têm o vício de só ver a relação regional com o ‘gigante do norte’, os Estados Unidos. Mas também é extremamente importante considerar nossa relação com a China, a África, o Oriente Médio. A Telesur tem a tarefa de transportar a missão progressista da América Latina para o resto do mundo”, disse Ramonet.
Justamente por isso, Villegas diz que o canal continua expandindo seu universo de pautas para outras regiões, como o ataque da Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte, a aliança militar ocidental) na Líbia, em 2011, e mais recentemente na crise financeira da Grécia, quando o canal enviou jornalistas para Atenas e investiu na cobertura ao vivo. “Às vezes perguntam aos nossos repórteres: ‘O que vocês estão fazendo aqui?’. Estamos aqui porque a nossa ideia de ‘sul’ não é apenas geográfica, mas principalmente geopolítica. Enxergamos a informação como um serviço, e não como mercadoria”.
“Durante muito tempo na América Latina, o jornalismo era um privilégio das emissoras privadas, e as TVs públicas ficavam relegadas à programação educativa, cultural e folclórica. Daí a importância de investir em produzir informação numa tela pública. Não se trata de um monólogo do Estado, mas de dar voz também aos grupos comunitários, como indígenas e afrodescendentes, contra a folclorização dessas comunidades”, concluiu Patricia Villegas.
Da teoria à prática
A proposta do congresso em Quito é ser não apenas acadêmico, mas também proporcionar a troca de experiências práticas em jornalismo e gestão de mídia voltada para a integração regional, ambos sob uma perspectiva crítica. A ideia é que professores, intelectuais e estudantes de fato dialoguem com jornalistas, diretores de emissoras e agências de notícias e gestores públicos do setor.
“É fundamental a teoria que reflete sobre a prática para dar-lhe sentido e compreender melhor a realidade para fazer diferente”, comentou Ramonet.
O diretor do CIESPAL, o espanhol Francisco Sierra, lembrou na fala de abertura que a tentativa de descrédito sobre a Telesur e outras mídias públicas, assim como contra as iniciativas de regulação e democratização da mídia pelos governos da “guinada à esquerda”, lembra muito o ataque da mídia privada feito contra a campanha da Nova Ordem Mundial da Informação e Comunicação (NOMIC) e o Relatório MacBride da Unesco (Órgão da ONU para Educação, Ciência e Cultura), entre os anos 70 e 80.
Ele recordou o legado do comunicólogo boliviano Luis Ramiro Beltrán, falecido na semana passada, que não apenas teorizou sobre a comunicação latino-americana, mas ajudou a promover fóruns e encontros internacionais para criar iniciativas práticas de alternativas midiáticas na região naquela mesma época.
Nos dois dias do evento, que reuniu mais de 400 pessoas, também estarão presentes outros nomes do pensamento crítico da região, como o argentino Atilio Borón, do Clacso (Conselho Latino-Americano de Ciências Sociais), e o colombiano Omar Rincón, do Ceper (Centro de Estudos de Jornalismo, em espanhol). Mais de 100 trabalhos acadêmicos foram inscritos para apresentação. Entre eles, o do geógrafo André Pasti, doutorando pela Universidade de São Paulo, que discutirá a trajetória das lutas pela democratização da comunicação no Brasil.
“É importantíssimo aprendermos e nos inspirarmos com os processos de democratização da comunicação em curso em outros países da América Latina. O congresso permite esse diálogo”, disse Pasti a Opera Mundi.
Leia abaixo a carta que o líder cubano Fidel Castro enviou à Telesur em comemoração ao décimo aniversário da emissora:
A notícia vem da Argentina, mas é paradigmática de um pensamento caro à Teoria da Dependência, tão bem defendida por FHC na teoria e na prática. Como é sabido, a Teoria da Dependência defende a tese de que só seremos independentes se admitirmos nossa dependência aos EUA. Uma elite subserviente sabe criar slogans que reproduz seu pensamento. Quem poderia cunhar a frase “o que é bom para os EUA é bom para o Brasil” senão alguém saído de um golpe patrocinado pelos EUA?! Juracy Magalhães, primeiro embaixador em Washington depois do golpe de 64, entrou para a história não por suas obras mas pelo seu capachismo.
Juracy Magalhães vive em todo aquele que postula uma política externa alinhada com os EUA. O movimento de criação da ALCA serviu para identificarmos quem são nossos quinta colunas. Recentemente, outras vozes se fizeram ouvir por meio dos assoCIAdos do Instituto Millenium contra a criação do Banco dos BRIC e contra os investimentos chineses. São as vozes das viúvas do capachismo.
Na Argentina não é diferente. O capital extrangeiro, como as golondrinas/andorinhas, vinha passar a noite e voltavam em revoada com os bolsos recheados. O HSBC limpava de todos, nacionais e transnacionais. Os chamados fundos abutres postulam um capitalismo sem risco. Querem aplicar em papéis públicos para altos ganhos, mas não querem correr riscos. Quando a Argentina quebrou, os fundos abutres recorreram aos EUA. E por lá encontraram juízes dispostos ao papel de carrasco. Imediatamente os beneficiários das negociatas na Argentina se fizeram ouvir para que o Governo Kirckner pagasse de imediato. O governo, que se preocupa mais com a Argentina do que com os investimentos de risco dos abutres, fez valer o interesse público sobre o privado. Diz o ditado gaúcho que não pega praga de urubu em cavalo gordo. A praga dos fundos urubus não pegaram porque o governo argentino é vivo.
O resultado apareceu. Os abutres, como os nossos tucanos, tem muito bico e pouco cérebro. Foram pegos na arapuca.
Por Alfredo Zaiat
La lista de políticos y economistas que reclamaron el pago inmediato de la sentencia del juez Griesa. Lo catastrófico del consejo quedó al descubierto con el nuevo fallo incorporando a los “me too”. Las posibles consecuencias de ese tipo de “errores”.
Los argentinos del Club Singer & Griesa
La suma de otros fondos buitre (los me too) a la sentencia Griesa demostró que el consejo de pagar era un error porque no solucionaba el problema y hubiera terminado en una muy elevada carga de deuda para los gobiernos que sucederán al de CFK.
El financista buitre Paul Singer y el juez Thomas Griesa.
Cuando la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos decidió no ocuparse del juicio de los fondos buitre contra la Argentina, dejando firme la sentencia del juez Thomas Griesa, hubo una comunión de dirigentes políticos y economistas del establishment que recomendó pagar sin protestar. Era un consejo desacertado. En el momento de mayor debilidad relativa del país frente a ese conflicto, en el segundo semestre del año pasado, esa propuesta hubiese tenido graves consecuencias. Significaba acatar la orden del juzgado de Nueva York comandado por Griesa y desembolsar 1330 millones de dólares más intereses (ahora es un monto de unos 1800 millones). El costo financiero para la Argentina hoy sería elevadísimo si el Gobierno hubiera aceptado esa propuesta. Con el rústico argumento de que la suma no era elevada, que era un grupo reducido de querellantes y que el desembolso aliviaría el frente externo, aconsejaban aceptar una sentencia desproporcionada en relación al capital original de los bonos demandado. Más allá de lo que decía este frente local que actuó voluntaria o involuntariamente como aliado de los fondos buitre liderados por Paul Singer, pagar no solucionaba el conflicto con los buitres sino que, por el contrario, lo hubiese agravado. Resistir esa sentencia no fue sólo una cuestión de defensa de soberanía económica, aspecto que para muchos de los miembros del Club Singer & Griesa es un tema menor. Fue además una acertada decisión en materia financiera vinculada a la sustentabilidad de las cuentas públicas.
El error que hubiese implicado convalidar la propuesta de pagar la sentencia Griesa quedó en evidencia con la presentación realizada por los denominados me too (yo también, en inglés) en ese mismo juzgado de Nueva York. Los me too son fondos buitre que reclamaron ser incorporados con el mismo derecho que tienen los liderados por Singer en relación a la sentencia Griesa. Esos inversores representan 37 demandas colectivas de 526 fondos e individuos (498 cuentan con fallos a favor de otros juzgados), entre los que se encuentra también Singer.
Como era previsible teniendo en cuenta los antecedentes del juicio, Griesa aceptó ese pedido hace diez días. Entonces, ya no son los 1800 millones de dólares reclamados por Singer & Cía. sino que el monto se eleva, por lo menos, en otros 5400 millones y si se extiende al total del 7,6 por ciento que no ingresaron al canje de deuda, la suma alcanza de 17.000 a 20.000 millones de dólares.
Ante la evolución que tuvo el juicio de los buitres, ¿quiénes fueron los líderes políticos y economistas locales que aconsejaron pagar? y ¿qué argumentos utilizaron entonces para justificar el cumplimiento de la sentencia Griesa?
– Mauricio Macri: “El tiempo se acabó. Lo que corresponde para no seguir agravando las cosas, lo que hay que hacer es, con mucha tranquilidad, ir a la instancia que propone Thomas Griesa, no hay otro alternativa.” (La Nación, 17 de junio de 2014.) Dos días después reiteró el consejo en Radio Mitre: “Si hay que pagar al contado, habrá que pagar el contado. Si regularizamos este tipo de situación y generamos confianza, estos números van a ser insignificantes”.
– Sergio Massa: “Querer buscar culpables por el fallo de Estados Unidos es un error. Pagar es la oportunidad de dar un gesto como país”. (La Nación, 17 de junio de 2014.)
– Julio Cobos: “La voluntad de pago del Gobierno tiene que manifestarse también en el cumplimiento de la sentencia”. (Declaraciones en Radio Del Plata, 23 de julio de 2014, publicadas por la agencia Télam.)
– Ernesto Sanz: “No creo en una salida de negarse a acatar el fallo, sería malo”. (La Nación, 17 de junio de 2014.)
– Francisco de Narváez: “El rumbo no es el correcto. Es mejor un mal arreglo (con los fondos buitre) que ir a un default”. (Declaraciones a Radio Mitre, 14 de agosto de 2014, publicadas por El Cronista.)
– Elisa Carrió: “Lo que no se puede hacer es desacatar un fallo porque si no nadie nos dará un crédito. Lo que quiere Cristina es irse con el país destruido”. (En la presentación de su libro Humanismo y libertad, 5 de septiembre de 2014.)
Cualquier pago que hubiera realizado Argentina sin respetar lo acordado con los bonistas que aceptaron el canje 2005 y 2010 de títulos en default habría terminado en una insoportable carga de endeudamiento sobre los gobiernos que sucederán al de Cristina Fernández de Kirchner. Además, hubiera puesto en riesgo la exitosa reestructuración de deuda que implicó una fuerte quita de capital, reducción de la tasa de interés y extensión de los vencimientos. Cumplir sin chistar la sentencia Griesa (Argentina no desconoció el fallo Griesa, aunque lo cuestionó por incluir una interpretación extravagante de la cláusula pari passu) significaría una carga muy pesada para las cuentas públicas: equivale al 60 por ciento de las actuales reservas del Banco Central. El aspecto extravagante del reclamo buitre es que, invocando el pari passu, quieren cobrar más que los acreedores que aceptaron el canje, porque pretenden el ciento por ciento del capital más intereses sin la quita, extensión del plazo y disminución de la tasa. Griesa les concedió ese pedido aplicando además una tasa judicial de hasta el 9 por ciento anual sobre el monto de los bonos. La aceptación del criterio de los buitres ha violado, precisamente, el pari passu, puesto que colocó a esos fondos en una situación de preferencia sobre el resto.
El conocido grupo de economistas del establishment también había irrumpido en el debate público con el consejo de pagar a los buitres cuando quedó firme la sentencia Griesa.
– Carlos Melconian: “Los holdouts son tipos de buena voluntad. Compraron títulos para ahorrar. No hay ninguno en la oposición que tenga pelotas para explicarlo así. Es que si un amigo te debe guita y no te paga es un garca”. (Declaraciones a Radio América, 26 de agosto de 2013, publicadas en El Cronista.)
– Miguel Angel Broda: “Decidimos calzarnos los guantes e ir a la pelea. La verdad es que tuvimos el peor asesoramiento legal imaginable”. (Iprofesional.com, 8 de agosto de 2014.)
– Mario Blejer: “Hay que comenzar la negociación con la premisa de que hay que pagar todo. Pero una buena negociación sería que paguemos con bonos, a tasa baja y cantidad mucho menor a precio nominal de lo que exigen”. (Declaraciones a Radio La Red, 26 de junio de 2014, publicadas en La Nación.)
– Miguel Kiguel: “Esto deja al Gobierno entre la espada y la pared; es difícil negociar cuando el otro tiene el ancho de espadas en la mano. No pagar y cambiar la jurisdicción sería entrar en desacato con la Justicia de Nueva York, algo inédito”. (Iprofesional.com, 8 de agosto de 2014.)
– Federico Sturzenegger: “La soberbia y la impericia del gobierno se pagan con estos problemas y desgraciadamente todo va a repercutir sobre el bolsillo de los argentinos”. (Iprofesional.com, 8 de agosto de 2014.)
– Domingo Cavallo: “La mejor solución es sentarse a negociar con los acreedores que han obtenido este fallo a su favor. Argentina debería pagar con bonos a largo plazo y tratar de negociar una tasa de interés lo más baja posible”. (Declaraciones a Radio La Red, 16 de junio de 2014, publicadas en Perfil.)
– Daniel Artana: “Si no se llega a un acuerdo hay riesgos de agravar la recesión”. (Declaraciones a Radio Mitre, 28 de julio de 2014, publicadas por El Cronista.)
Cuando salieron a la luz los me too, el ministro de Economía, Axel Kicillof, explicó que la sentencia Griesa “fue una trampa muy bien armada en la que cayó la mayoría de los economistas de la oposición diciendo que había que ir a conseguir un descuentito y pagar”. Para agregar que “se está cumpliendo paso a paso lo que dijimos que iba a suceder. No eran solamente Paul Singer de NML y sus 1800 millones de dólares. Sino que era en buena medida de nuevo Paul Singer y por muchísima plata más que le reclamaban a la Argentina”.
Las afirmaciones aquí detalladas de esos políticos y economistas exhiben desconocimiento en materia legal e irresponsabilidad financiera en relación a las cuentas públicas. Además exponen la idea de que la prórroga de jurisdicción en tribunales extranjeros en la emisión de deuda obliga a la Argentina a aceptar la sentencia sin protestar ni escudarse en el concepto de soberanía. No es así. Existe un cuestión que algunos ocultan y otros ignoran: la diferencia entre inmunidad de jurisdicción e inmunidad de ejecución.
Aceptar tribunales extranjeros para dirimir litigios, como el abierto por los buitres por bonos del default 2002, no significa que un país deba someterse a cualquier sentencia que viole su propio ordenamiento legal o que atente contra decisiones soberanas en materia financiera. La prórroga de jurisdicción en tribunales extranjeros no anula la noción de que la actuación de los órganos políticos del Estado argentino se encuentra únicamente sometida a la soberanía popular y a los principios de la Constitución Nacional y no puede ser cuestionada por ningún órgano de un estado extranjero, como el Poder Judicial de Estados Unidos. La investigadora Julieta Rossi lo explica en “Derechos humanos, desarrollo nacional y deudas sobernas” (Informe 2015 Derechos Humanos en Argentina, del CELS): “El Poder Judicial de Estados Unidos ha obviado por completo que la Argentina está imposibilitada de pagar el 100 por ciento de sus acreencias a los fondos buitre porque implicaría un proceder ilegal que incumpliría sus leyes internas de reestructuración de deuda pública, aprobadas por el Congreso Nacional”.
El Gobierno no ha desconocido el derecho de los fondos buitre a cobrar por sus bonos, sino que ha reiterado en más de una oportunidad que no puede pagarlos tal como lo dispuso Griesa. Como muestra de voluntad de pago ha presentado una oferta pública y oficial a los buitres que les significa una ganancia de más del 300 por ciento del capital que habían invertido. Oferta que fue rechazada una y otra vez.
¿Por qué esos mismos políticos y economistas que han sido tan enfáticos en aconsejar el pago a los buitres según la sentencia Griesa, no han sido igualmente enérgicos en aconsejar a Singer & cía. la aceptación de la oferta argentina?
* Con la colaboración de Federico Kucher.
Página/12 :: Economía :: Los argentinos del Club Singer & Griesa
Como já disse em artigo na noite do acontecido, o que aconteceu com o River Plate no estádio do Boca Junior não obra do acaso. Passa por uma estratégia política delineada e muito bem financiada. Assim como os reis dos camarotes vips do Itaquerão eram finanCIAdos pela Multilaser, Banco Itaú, Gerdau, MBL, LIDE, CANSEI, também os barra bravas do Boca Juniors têm em Maurício Macri a mão que balança a grana e o gás de pimenta. Quando a desfaçatez não encontra limites devido ao apoio do principal grupo de comunicação, o Grupo Carín, parceiro dos brasileiros na SIP, avó do Instituto Millenium, chega-se ao absurdo que foi o super clássico da Libertadores.
Autoridades argentinas comparam o acontecido na Bombonera com a final de 1989: “Uno de los hechos más graves ocurrió el 31 de mayo de 1989, cuando Atlético Nacional de Medellín ganó la final de la Copa ante Olimpia de Paraguay. El narcotraficante Pablo Escobar estaba en la cancha esa noche. Había anunciado que si el equipo colombiano no ganaba “morían todos”. “Al árbitro Juan Carlos Loustau me lo secuestraron dos veces en tres días, pero dirigió correctamente”, contó el ex directivo, hoy retirado del fútbol y a quien le propusieron escribir un libro contando este tipo de historias. Las crónicas deportivas de la época mencionaron que el plantel de Olimpia llegó al estadio custodiado por tanques de guerra.”
Se houve algo de bom nos eventos da quinta-feira na Bombonera foi a imagem de uma direita argentina que não mede esforços para o ódio em qualquer meio: político, futebolístico ou midiático. Mas quando a direita quer ganhar, como estamos vendo hoje no Brasil, o tapetão pode ser por meio do uso de uma operação do tipo Lava Jato como na base do gás pimenta.
O uso de um clube para fins político não é novo. O caso mais famoso no exterior é o Milan de Sílvio Berlusconi, o Roberto Marinho italiano. Graças à Operação Lava Jato à italiana, o tal de Mani Pulite, os adversários políticos de Berlusconi foram presos e ele nadou sozinho, de braçada, por mais de 20 anos como Primeiro Ministro. Foi um período suficiente para transformar a Itália num puteiro.
No Brasil temos os anões, anos luz atrás dos próceres italianos e argentinos, Eurico Miranda no Vasco e um Paulo Odone no Porto-Alegrense.
Na Argentina não tem sido diferente. O Grupo Clarín, com ajuda da CIA e vira-latas como Alberto Nisman, tentam de todas as formas derrotar Cristina Kirchner. O Aécio Neves deles é Maurício Macri, o dono do Boca Junior.
Como diz o jornal argentino Pagina12, quem dorme com bandidos acorda currado! A putaria, que era privada, tornou-se pública. E da pior forma possível.
Daniel Angelici, afligido, ayer durante la conferencia de prensa.
EL PAIS › EL PRESIDENTE DE BOCA “ASUMIO RESPONSABILIDADES” TRAS EL ESCANDALO EN LA BOMBONERA
El que se acuesta con barras amanece…
Daniel Angelici, delfín de Mauricio Macri en el club xeneize y operador del PRO en el ámbito de la Justicia, adelantó que aceptará el castigo que le imponga la Conmebol al club. Su amistad con el fiscal Ocampo, que debe investigar la causa, y el resultado de las pericias.
“Recuperar la gloria perdida. Formar un Boca ganador, y volver a ganar la Copa Libertadores, para volver a Japón”, prometió en diciembre de 2011 el actual presidente de Boca, Daniel Angelici, cuando con el apoyo absoluto de su mentor dentro del club, Mauricio Macri, se presentó a las elecciones para derrotar la fórmula oficialista liderada por Jorge Amor Ameal. Angelici, como delfín del ahora jefe de Gobierno porteño, apuntaba también sus cañones contra Juan Román Riquelme, ídolo máximo de Boca, siempre enfrentado a la conducción macrista. “Queremos jugadores que jueguen, dirigentes que dirijan”, señalaba el dirigente y empresario del juego. Entre esas promesas y el presente, Boca sólo consiguió ganar una Copa Argentina. Y si volvió a estar en la tapa de todos los diarios no fue precisamente por la gloria conseguida, sino por el vergonzoso episodio del jueves en la Bombonera: la agresión química que sufrieron los jugadores de River dentro de la manga que los debía conducir sin peligros hacia el campo de juego.
De la euforia de campaña de Angelici se vio poco ayer, durante la conferencia de prensa que brindó junto con el entrenador del club, Rodolfo Arruabarrena. “No es momento de deslindar responsabilidades”, comentó antes de comunicar que el club asumirá las sanciones que muy probablemente hoy le aplique la Conmebol. “Como presidente me hago cargo de la mayor parte de lo que ocurrió. Se hizo un esfuerzo importante en materia de seguridad pero parece que nunca alcanza”, agregó. Aunque evitó especificar cuáles son esas responsabilidades. No son pocas. Hace apenas dos semanas, en medio de la disputa con el secretario de Seguridad, Sergio Berni, a raíz del polémico regreso a la tribuna de los dos líderes de la barra brava boquense, Mauro Martín y Rafael Di Zeo –que luego, por las presiones oficiales, no se concretó–, el presidente de Boca soltó una idea disparatada. Dijo que estaba dispuesto a recibir en su cancha a los barras: “Como no va a salir una ley para erradicarlos, yo estoy dispuesto a blanquearlos. Si cometen un acto de violencia dentro del estadio no tengo problema de volver a ponerlo (al barra) en el derecho de admisión, o llevarlo al tribunal de disciplina para que lo expulsen”, afirmó. Esa ley, sin embargo, existe: es la 23.184, que en los últimos años tuvo además dos modificaciones que la actualizaron.
No lucía bien ayer Angelici, acusaba el golpe de los sucesos. “Se hicieron las pericias en el estadio, tanto de la Justicia ordinaria como del Gobierno de la Ciudad y se clausuró. Me quedé hasta las tres y media de la mañana, hasta que se fueron todos”, manifestó el dirigente xeneize. Luego adelantó que Boca buscará “identificar y dar una sanción ejemplificadora” a los agresores. Una actitud que sería novedosa en la actual conducción, ya que cualquier habitué a la Bombonera es testigo de los negocios montados por los barrabravas en las propias instalaciones del club. Desde venta de ropa trucha, comida y bebidas hasta el manejo del estacionamiento y los tours de turistas extranjeros que quieren vivir la aventura tribunera. Angelici no dedicó ningún espacio de su conferencia de prensa a aclarar estos aspectos de su relación con los barras.
Las pericias que realizaron en el estadio y sobre la manga los peritos de la Prefectura Naval determinaron cómo y con qué sustancia se concretó el ataque a los jugadores de River. Según le revelaron a Página/12 fuentes de esa fuerza, para el ataque “se utilizó entre un litro y litro y medio de un líquido, compuesto en forma casera por gas pimienta y un ácido, que produce emanaciones” –no fue un gas como se dijo el jueves por la noche– y no se utilizó un spray sino un botellón o pomo plástico –como en los que suele venderse la mostaza–. El líquido “fue arrojado al interior de la manga a través de una costura y cayó en forma de lluvia”, lo que explica las manchas naranjas que se pudieron observar tanto en las caras como en las camisetas de los futbolistas millonarios, y en la superficie externa del escudo de uno de los policías que intentaron proteger a los jugadores dentro del túnel. Otro dato importante, que echa por tierra las especulaciones sobre desde dónde se perpetró el ataque, es que “se encontraron restos de este líquido fuera de la manga”. Y el goteo de las manchas señala también que “el ataque se produjo de arriba hacia abajo”.
Habrá que esperar el informe de la investigación que, por su parte, lleva adelante el fiscal general de la Ciudad, Martín Ocampo.
Ocampo, que en la madrugada del viernes decidió la clausura de la Bombonera, es un protegido político del presidente Angelici, quien aprovechó su estrecha relación con Macri para apadrinarlo en la carrera judicial. Así como Macri llevó de la mano a Angelici a la presidencia de Boca, el dirigente de procedencia radical y empresario del juego, que llegó a presidir la asociación de bingos, no tardó en convertirse en una suerte de operador político en el ámbito de la Justicia, nacional y porteña (ver nota aparte). Antes de convertirse en fiscal general de la Ciudad, Ocampo ofició de legislador del PRO para la Ciudad.
Amistades aparte, Angelici intuye que sobre Boca caerá una sanción importante. Y rápido de reflejos anunció que se presentó “como querellante” en la causa abierta, un lugar de víctima que lo alejaría de incómodas investigaciones judiciales. “Que alguien pueda arrojar un líquido que afecte a los jugadores rivales me llena de angustia y dolor. Es la imagen del fútbol argentino la que queda lastimada”, admitió.
El ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo, deslizó ayer su crítica hacia el presidente de Boca. “Seguramente hay dirigentes políticos que tienen que ver con los incidentes ocurridos. Si Angelici en vez de ser presidente de Boca, en vez de ser un socio de Macri, fuese un hombre del kirchnerismo, (los medios) hubiesen criticado al oficialismo”, apuntó desde la ciudad cordobesa de Río Cuarto. “Lo que pasa en el fútbol argentino es una vergüenza. Lo que hay que hacer es terminar con la connivencia entre una dirigencia deportiva y los barrabravas”, sentenció.
Página/12 :: El país :: El que se acuesta con barras amanece…
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