Ficha Corrida

12/09/2014

Surge a explicação para a defesa dos cartéis por José Serra

José SerraPara os oportunistas que não têm memória, vamos recordar o que disse o impoluto varão da velha mídia: “Cartel não é sinônimo de delito, diz Serra." Só Serra não sabe que Cartel é um crime tipificado. Não fosse assim porque a Polícia Federal e o Ministério Público gastariam energia investigando. Para o PSDB crime só é crime se for perpetrado por adversários. Por isso, toda vez que algum político do PSDB levantar o dedo para denunciar a corrupção dos outros ele está apenas querendo evitar concorrência. Qualquer aluno do segundo semestre de Direito sabe que ‘Cartel, além de ser um ilícito administrativo, é crime punível com pena de 2 a 5 anos de reclusão ou multa, nos termos da Lei 8137/90’.

Órgão federal vê indício de cartel em estacionamentos de São Paulo

Cade investigará seis empresas suspeitas de combinarem preços entre 2010 e 2011 na capital

E-mails sugerem que elas simularam concorrência; se forem condenadas, podem ser multadas pelo governo

DE BRASÍLIA

Seis empresas de estacionamento serão investigadas pelo Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica) pela prática de cartel em São Paulo.

Segundo o órgão federal, que pertence ao Ministério da Justiça, há indícios de que as empresas combinaram preços e trabalharam em conjunto para dividir o mercado de estacionamentos durante os anos de 2010 e 2011.

O processo administrativo para apurar o caso foi aberto nesta quinta-feira (11).

As evidências foram obtidas numa operação de busca e apreensão do próprio Cade em abril de 2012 na sede de uma das empresas suspeitas de formar o cartel.

O material indicou que ocorriam acertos entre seis operadoras. A ideia era simular concorrência em licitações, para dar uma falsa aparência de competição.

De acordo com a nota técnica que baseia o processo, a combinação é sugerida em trocas de e-mails entre funcionários das companhias.

Numa delas, os executivos combinavam como as redes de estacionamento atuariam na licitação do Centro Empresarial Nações Unidas, aberta em 2011. O empreendimento é um dos maiores centros de negócios do país.

Há um mês o espaço trocou a empresa que gerencia seu estacionamento. Atualmente, parar o carro ali por três horas custa R$ 29.

Foram encontrados indícios de acordos semelhantes para o estacionamento do Instituto Tomie Ohtake, também na zona oeste. Hoje, o preço para estacionar no local por três horas é R$ 30.

O cartel é considerado a mais grave infração à ordem econômica, já que prejudica os consumidores com o aumento artificial de preços.

As empresas investigadas estão entre as maiores do setor na capital paulista. São elas: Allpark (do grupo Estapar), Garage Inn, Multipark, Netpark, Rod e Zig Park.

Procuradas por volta das 20h desta quinta, após a divulgação da investigação, as empresas não responderam.

Além das empresas, 17 pessoas serão investigadas por participação no cartel.

TRÂMITE

Os acusados agora irão apresentar suas defesas e só então a Superintendência-geral do Cade fará sua recomendação. Caso opine pela condenação, o processo será julgado pelo tribunal do órgão.

Se condenadas, as empresas podem ser multadas em até 20% de seu faturamento bruto em 2013 (ano anterior à instauração do processo administrativo).

As pessoas físicas estão sujeitas a multas entre R$ 50 mil e R$ 2 bilhões caso seja comprovado envolvimento no suposto cartel.

(RENATA AGOSTINI)

18/10/2013

Fujimori! E FHC, quando?

Dos três patetas neoliberais latinos, dois já estão presos. O terceiro foi alcovitado pelos grupos mafiomidiáticos e hoje se homizia na ABL.

Empieza el sexto juicio a Fujimori pero se suspende la primera sesión

El nuevo abogado pidió recusar al tribunal y está pendiente la decisión

La Fiscalía lo acusa por ordenar el desvío de fondos públicos a prensa creada para favorecer su reelección en 2000

Jacqueline Fowks Lima 17 OCT 2013 – 23:59 CET12

El ex presidente peruano Alberto Fujimori el 17 de octubre de 2013. / E. Benavides (AFP)

La primera audiencia del sexto juicio contra el expresidente peruano Alberto Fujimori fue suspendida hasta el próximo 28 de octubre, luego de dos interrupciones para que un médico revise la presión arterial del reo, y a la espera de que otro tribunal decida sobre el pedido del nuevo abogado del político para recusar a las tres magistradas de la Cuarta Sala Penal. La Fiscalía de Perú lo acusa por haber ordenado el desvío de unos 43 millones de dólares de fondos públicos a diarios sensacionalistas creados para apoyar su tercera reelección en el año 2000 y desprestigiar a sus opositores, como parte de las operaciones psicosociales del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN). Este caso es denominado el de la prensa chicha.

A diferencia de lo que acostumbraba en anteriores juicios, Fujimori no vistió traje, sino un suéter, un pantalón de drill y mocasines. Lucía ojeroso, con el cabello ligeramente crecido y despeinado, y los reporteros nacionales lo notaban “demacrado”. Tampoco llevó a la audiencia un maletín ejecutivo de cuero, sino un block y un lapicero en la mano, además de un tensiómetro.

El expresidente, detenido desde 2006 en Lima, cumple su condena en una casa acondicionada para ese fin en una base policial en Ate, en la periferia este de Lima. Su sentencia mayor, dada en 2009, es de 25 años de pena por crímenes de lesa humanidad y secuestro agravado, aunque ha sido sentenciado por cinco casos de corrupción. En juicios anteriores, su exabogado César Nakasaki recomendó el reconocimiento de los cargos para la terminación anticipada de los procesos.

Sin embargo, la nueva defensa, el abogado William Paco Castillo ha optado por otras formas. Además del pedido para recusar a las tres magistradas de la Cuarta Sala Pena, Paco cuestionó la jerarquía de las magistradas que pretenden procesar a su patrocinado, y pidió que sea juzgado por la Corte Suprema.

El pedido de la defensa de Fujimori fue descrito por el procurador anticorrupción Julio Arbizu como un “problema de comprensión lectora” de Paco Castillo, pues precisó que de acuerdo a la Constitución de 1993, los presidentes son juzgados por la Corte Suprema solo en los cinco años posteriores a su mandato: Fujimori gobernó hasta el año 2000.

La Fiscalía pide que Fujimori pague una reparación civil de 43 millones de dólares, por el daño patrimonial causado al Estado, aunque la Procuraduría Anticorrupción ha solicitado elevarla a 88 millones de dólares (224 millones de soles), “no solo por el desfalco, sino por el daño a la institucionalidad pública y los derechos ciudadanos”, sustentó Arbizú durante la sesión.

Entre 1999 y 2000, el Servicio de Inteligencia Nacional, que dirigía el exasesor presidencial Vladimiro Montesinos, creó una red de periodistas y diarios afines a la reelección de Alberto Fujimori, a los cuales les pagaba y los orientaba sobre el tipo de noticias que debían elaborar. Montesinos fue condenado en 2006 a ocho años por peculado y falsedad genérica, a consecuencia de esos pagos millonarios.

Los hijos de Alberto Fujimori, Keiko y Kenyi, presidenta de Fuerza Popular (la actual agrupación fujimorista) y congresista en ejercicio, respectivamente, asistieron a la audiencia, aunque también a diferencia de otros años, no tuvieron espacio preferente y permanecieron casi toda la diligencia de pie, esperando que Alberto Kenya volteara para un saludo. En el juicio oral por los crímenes de lesa humanidad, el Poder Judicial estableció espacios distintos para la prensa, los familiares de los acusados, y los de la parte civil. Esta vez, habiendo pasado años desde el último juicio oral en la Diroes, las salas habían vuelto a ser usadas por los policías en actividades de entretenimiento y solo minuto antes de la instalación de la mesa se vio a trabajadores de limpieza arreglando a último momento el lugar.

En los casi 40 minutos de audiencia, el tribunal confirmó que esperan la decisión de la Primera Sala Liquidadora acerca del pedido para recusar a las tres magistradas que deben juzgar a Fujimori, escucharon la argumentación de Castillo para que la Corte Suprema juzgue a Fujimori, y la sustentación de la procuraduría para elevar el monto de la reparación civil.

En respuesta, el representante del Ministerio Público dijo no estar “de acuerdo” con la continuación de la primera sesión del sexto juicio a Fujimori: “previamente debe resolverse la imparcialidad del colegiado”, acotó. Paco Castillo ha cuestionado a las magistradas porque según él, son antifujimoristas, una de ellas, Aissa Mendoza, es esposa del exfiscal Avelino Guillén, uno de los dos que acusó a Fujimori por crímenes de lesa humanidad en 2009.

Pese a la presión alta que registró el tensiómetro hoy, el parte medico del día indicó que el exgobernante estaba clínicamente estable y con tratamiento para un cuadro de otitis media. El sexto juicio por el uso de la prensa chicha continuará en un par de semanas, con la nueva defensa de Fujimori: no solo el nuevo abogado, sino también la nueva (descuidada) apariencia y mensajes acerca del padecimiento que sufre en prisión: un discurso que el político repite vía Twitter, desde septiembre, a sus 11.000 seguidores. El gobierno de Ollanta Humala no concedió un indulto humanitario a Fujimori, pero Paco Castillo ha solicitado que Fujimori cumpla el resto de la pena bajo arresto domiciliario, una figura que la mayoría de expertos ven improbable.

Al salir del complejo policial, terminada la audiencia, la excandidata presidencial Keiko Fujimori declaró que la familia esperaba solo un juicio “justo y rápido”. Fuera de la instalación policial, una veintena se seguidores del ‘Chino’ entonaba la cumbia que lo llevó a la presidencia fraudulenta en el 2000 y mostraba carteles con frases de apoyo a su líder.

“Estos son solo juicios mediáticos, pantallas, cortinas de humo para tapar otros temas del gobierno actual, nada tiene que ver con el ingeniero, lo usan pese a que está debilitada su salud”, comentó Emilia Ramírez, un ama de casa de 52 años vestida con prendas naranjas, el color que distingue a Fuerza Popular, el partido de los fujimoristas. Sobre pantallas de humo muy costosas del año 2000 es justamente el proceso que ha empezado.

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