Autópsia do Aécio Neves argentino

Maurício Macri, como Aécio Neves, foi o candidato da plutocracia nas últimas eleições. Macri é o exemplo do que teria sido um governo Aécio Neves no Brasil. A diferença é que lá o perdedor respeitou os resultados eleitorais. Aqui, não. A plutocracia brasileira, capitaneada pela Rede Globo, desencadeou um jornalismo de guerra contra Lula, Dilma e o PT, para instalar uma cleptocracia encabeçada por Eduardo CUnha. Além deste, também fazem parte da plêiade cleptocrata José Sarney, Romero Jucá, José Serra, Eliseu Rima Rica, Aécio Neves e o ventríloquo Michel Temer.

Em comum, Argentina e Brasil sofrem nas mãos dos a$$oCIAdos da SIP, avó do Instituto Millenium. Grupo Clarín e Rede Globo se encarregaram de construir a narrativa de criminalização dos adversários e a beatificação de seus parceiros ideológicos. Lá como cá, tudo funciona aos moldes da Cosa Nostra.

A obsessiva caçada desenfreada contra Lula e o golpe em Dilma atende uma exigência externa. Foi revelada no WikiLeaks, por Julian Assange e Edward Snowden. Objetivo, entregar a Petrobrás às petrolíferas ianques, conforme acordo firmado no convescote de Foz do Iguaçu.

A cleptocracia brasileira que botou em curso o golpe paraguaio aparece em todos os casos de corrupção. Vem desde a ditadura, mas os lances mais recentes estão na Lista de Furnas, nos 450 kg de argumentos que viraram pó. Passa pela Lista Falciani do HSBC, pela Lista Odebrecht, pelo Panama Papers, pelo CARF, Zelotes, Portocred e por uma infinidade de outras situações criminosas. Esta mega quadrilha, para se proteger e sua famiglia, encontrou como única e insubstituível forma, o golpe em Dilma Rousseff.

Dado o golpe, instala-se a cleptocracia.  Dias piores, muito piores, virão. É a volta do efeito orloff… 

Aporte sospechoso para ayudar al Presidente

El fiscal federal electoral Jorge Di Lello abrió una investigación para averiguar si esa y otras donaciones a distintos partidos se utilizaron para encubrir otras no declaradas o en negro en violación de la ley electoral.

Por Santiago O’Donnell

A raíz de un informe de la fiscalía nacional especializada en lavado de dinero que identificó como sospechoso a un aporte de campaña del cuñado del presidente Mauricio Macri, el fiscal federal electoral Jorge Di Lello abrió una investigación preliminar para averiguar si esa y otras donaciones a distintos partidos se utilizaron para encubrir otras donaciones no declaradas o en negro en violación de la ley electoral. Según la Procelac, dichas donaciones también podrían haber ocultado maniobras ilegales como la evasión impositiva y el lavado de dinero.

El informe de 28 páginas de la Procuraduría de Criminalidad y Lavado de Activos (Procelac), al que tuvo acceso este diario, fue entregado hace dos semanas a la fiscalía electoral. En el texto, el cuñado del presidente, el empresario textil Daniel Awada, aparece como uno de los seis donantes sospechosos identificados con nombre y apellido.

Después de detallar la situación impositiva de Awada y su participación en distintas empresas, incluyendo su condición de “empleador” en Cheek SA, dueña de la marca de ropa infantil Cheeky, el informe dice lo siguiente: “En los últimos meses habría percibido acreditaciones bancarias que ascendieron a 1.063.200 pesos.”

Por su parte Daniel Awada confirmó que había aportado 2,6 millones de pesos a la campaña Macri-Michetti para el ballotage de las elecciones del 2015, y hasta había exhibido un recibo del partido Cambiemos por ese monto a un periodista de Cronista.com, según consta en una breve crónica en ese sitio de noticias el 3 de mayo de este año.

Fuentes judiciales señalan que precisamente lo que llamó la atención de los investigadores es la magnitud del aporte, el más importante de toda la campaña macrista, en relación a la situación financiera del donante, ya que el monto entre duplica y triplica sus acreditaciones bancarias durante todo un año.

Según una investigación del sitio especializado en análisis de datos y discurso Chequeado.com del 10 de abril de este año, con “los 2,6 millones de pesos que declaró para la campaña previa al ballotage,” Daniel Awada es “el individuo privado que más dinero ha declarado haber aportado a la campaña de Mauricio Macri Presidente”. Esa investigación había detectado que la última campaña Cambiemos habría recibido más de tres millones de pesos en donaciones de gerentes y empleados de empresas contratistas con el gobierno de la ciudad, lo cual, según un fallo de la Cámara Nacional Electoral, equivaldría a un aporte empresarial encubierto, que está prohibido por la ley electoral.

Para la Procelac, la donación de Awada y otras similares deben ser investigadas para “desalentar a aquellos que eventualmente podrían estar facilitando su nombre para que figure un aporte de orígenes no permitidos por la ley de financiamiento a los partidos políticos o incluso hechos ilícitos,” según dice el informe.

Consultado por este diario Awada facilitó copias del comprobante de la transferencia y el recibo de Cambiemos y señaló por escrito lo siguiente: “Mi donación de 2.600.000 pesos, en el marco de la campaña presidencial, fue realizada a través de un banco y cuenta con toda la documentación respaldatoria necesaria, además de estar por debajo del monto máximo estipulado para el aporte de personas físicas”.

Por su parte el vocero de Macri, Iván Pavlovsky, derivó la consulta de este cronista a un amigo personal y estrecho colaborador del presidente con un importante cargo en el partido PRO y un rol clave en la fiscalización de la última campaña. “Awada dirige una empresa con más de 700 empleados, le sobra para hacer la donación que hizo. Yo hubiera querido que aporte más”, dijo la fuente, que pidió no ser nombrada. El asesor presidencial agregó que no le sorprende que el cuñado de Macri haya aportado más que los principales empresarios de la Argentina y aún más que el propio presidente, quien aportó dos millones de pesos y aparece en segundo lugar en la lista de donantes de Cambiemos. “Es normal que te apoye tu familia. Por ejemplo, cuando abrí mi estudio de abogacía mi familia me apoyó. Esta denuncia se va a terminar cuando consulten a Awada y él explique que se trata de fondos propios”, señaló.

La investigación de la Procelac, la fiscalía especial a cargo de Gabriel Perez Barberá y María Laura Roteta, contó con la colaboración de la UIF, la unidad fiscalizadora de delitos financieros que depende del Ministerio de Justicia. Surge de un convenio firmado por el organismo con la Cámara Nacional Electoral en marzo del año pasado, después de que una auditoría del tribunal encontrara irregularidades en los informes que presentaron las alianzas electorales.

Además del aporte de Awada, el informe señaló como aportes sospechosos a la campaña de Cambiemos los realizados por la poderosa empresaria industrial Ivana Karina Román, hija del llamado “zar de las grúas”, y por su pareja Ricardo Jose Mihura Estrada. Con 1.500.000 y 1.481.215, respectivamente, son los principales donantes a la campaña de Macri detrás del cuñado presidencial y del presidente. Mihura Estrada fue candidato en 2012 para representar a los abogados en el Consejo de la Magistratura de la Nación por el Bloque Constitucional, secundado por Victoria Villarruel, presidenta de la ONG Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (Celtyv), que fue recibida por el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, a pocos días de la asunción de Macri.

El capítulo del informe de la Procelac dedicado al Frente para la Victoria (FpV) incluye como sospechosos a los aportes de campaña de tres empresarios vinculados al dueño de medios, casinos y constructoras, Cristóbal López, que en total donaron 340.000 pesos. Se trata de Ricardo Benedicto, socio de López en Casino Club, que aportó $ 120.000; Héctor José Cruz, socio de López en Estados Unidos, que donó $ 120.000, y Carlos Fabián de Souza, socio de López en el canal de televisión C5N, que puso otros $ 100.000.

Con respecto a Compromiso Federal, del candidato presidencial era Adolfo Rodríguez Saá, la Procelac detectó que doce de los quince donantes privados más generosos de toda la elección hicieron aportes a esa campaña por un total de más de 4,3 millones de pesos.

En su informe, la Procelac le pide al fiscal Di Lello “profundizar la investigación del perfil patrimonial de los aportantes y los informes finales de campaña de los partidos políticos mencionados”. También solicita que la secretaría electoral remita los balances anuales de 2014 y 2015 “de los partidos de orden nacional que comprenden las alianzas mencionadas” o sea Cambiemos, FPV y Compromiso Federal, para analizar y cotejar los perfiles de los aportantes. Además, la Procelac pidió cruzar los datos de los donantes con la base de datos de la ANSES. Con un número sospechoso de donantes jóvenes aportando a la campaña de Cambiemos justo por debajo del límite establecido, se busca averiguar cuántos son empleados públicos en distritos macristas, ya que sus nombres podrían serían usados para encubrir aportes en negro, explicó una fuente.

En el caso específico de Awada, la Procelac informó que el empresario registra el Reporte de Operación Sospechosa o ROS número 39296384 del 24 de enero de 2012, en el cual “una aseguradora informó que no pudo definir el perfil del cliente atento a la imposibilidad de obtener la información y documentación” correspondiente. Además, y solicita que “se realice una amplia certificación de la causa 5583/2013 de la justicia en lo Penal Económico caratulada AWADA, Daniel y otros sobre infracción 22.415”. En esa causa, Awada había sido imputado por contrabando de ropa desde China a través de una falsa triangulación a Paraguay, ya que dos choferes denunciaron a la policía que habían perdido la mercadería en un robo pero luego declararon ante la aduana que la habían dejado en el depósito de Cheeky de Cuyo 3040, Martínez, por orden de un tercero. Sin embargo, según informó el sitio Perfil.com., el 28 febrero, dos meses después de la asunción presidencial de Macri el juez Diego Amarante sobreseyó a Awada “por el beneficio de la duda” a pesar de que los recibos aduaneros y de la AFIP de la ropa en cuestión estaban a nombre de Cheeky.

Awada también se benefició con sobreseimientos recientes en sendas causas por reducción a la servidumbre en los talleres clandestinos que proveían trabajo esclavo para confeccionar la ropa que vende en sus tiendas, tal como denunció en varias oportunidades la fundación La Alameda desde 2006. El primer sobreseimiento provino del entonces juez federal Guillermo Montenegro poco antes de asumir como ministro de seguridad de Macri en la ciudad en diciembre de 2007. Más cerca en el tiempo, en abril del año pasado, la jueza porteña María Fontbona de Pombo sobreseyó a Awada, y otros dueños de marcas de ropa de moda, en una causa similar por “reducción a la servidumbre de costureros bolivianos con documentación irregular”. La jueza falló que no es delito contratar a talleres clandestinos. Según la apelación del fiscal Adrián Madrea, citado en el sitio CosechaRoja.com, el fallo equivale a decir que para Awada “contratar a un taller donde trabajan esclavos para producir ropa de su marca para beneficiarse con ello no es su problema ni está prohibido”. El fallo de la jueza porteña fue confirmado en Cámara.

Tras recibir el informe de la Procelac sobre aportes de campaña sospechosos, fuentes de la fiscalía señalaron que Di Lello abrió una “investigación preliminar” y dispuso una serie de medidas esta semana. Por un lado, pidió al Cuerpo de Auditores Contables de la Cámara Nacional Electoral que remitan a su fiscalía “todos los informes que haya realizado hasta el momento con relación a las campañas electorales de orden nacional celebradas durante el año 2015 respecto de las alianzas Cambiemos, FpV y Compromiso Federal”. Por otra parte, pidió a la Procelac que profundice su investigación para determinar “en qué circunstancias detalladas en la presentación resultan, si bien en forma provisoria, suficientes para iniciar una investigación en el campo electoral”.

El llamativo aporte de campaña del cuñado presidencial quedó así en la mira de la justicia electoral, a la espera de novedades.

@santiodonnell

Ticket de la transferencia y recibo (abajo) de la donación de Awada.

Página/12 :: El país :: Aporte sospechoso para ayudar al Presidente

Fugindo os criminosos do colarinho branco

 

Hervé Falciani: “Estados Unidos me avisó: Ve a España, tu vida corre peligro”

EL PAÍS entrevista en exclusiva al exempleado del HSBC de Ginebra, y colaborador de la Justicia española

Manuel Altozano Madrid 21 ABR 2013 – 00:00 CET688

Hervé Falciani, con peluca y gafas, en la vista de su extradición a Suiza, el pasado lunes. / J. C. Hidalgo

¿Por qué vino a España si sabía que había una orden internacional de busca y captura contra usted?

— Porque mi vida corría peligro. Estados Unidos me había avisado poco antes de que sería fácil que alguien pagara para que intentaran matarme. Tuve que planear mi huida al milímetro. Y elegí España sabiendo que iría a la cárcel y que Suiza pediría mi extradición. Nada ha sido casual.

Hervé Falciani (40 años) recorre con su dedo pulgar su cuello de flanco a flanco para subrayar el riesgo que corría de ser asesinado. El exempleado francoitaliano de la sede del Hong Kong Shanghai Bank Corporation (HSBC) en Ginebra ha dejado atrás la abultada peluca y las gafas de pasta negra con las que trató de ocultar su imagen durante su juicio de extradición a Suiza del pasado lunes. Han pasado dos días desde entonces, y Falciani se muestra con su aspecto habitual, quizá modificado por una coqueta perilla.

La cita con EL PAÍS —la primera entrevista que concede a un medio español— se produce cerca del escondite en el que permanece desde que la sección segunda de la Audiencia Nacional lo dejó en libertad en diciembre. El lugar secreto desde el que colabora codo con codo y cada día con la Fiscalía Anticorrupción para seguir delatando evasores fiscales. Oculto y protegido para evitar cualquier atentado que se pueda perpetrar contra él. Porque Falciani tiene grandes enemigos: el HSBC —el cuarto banco del mundo por valor en bolsa— de cuyo sistema extrajo entre 2006 y 2008 las cuentas de 130.000 clientes; el sistema financiero suizo, siempre celoso de su opacidad; y miles de presuntos de defraudadores a los que ha denunciado desde 2009, algunos con vínculos con grandes cárteles del narcotráfico, grupos de criminalidad organizada de caracter trasnacional y organizaciones terroristas.

— ¿Cuál era el riesgo del que le alertó Washington?

Los norteamericanos me propusieron dos fechas para viajar. Sabían hasta qué juez estaba de guardia

— El 1 de junio de 2012, un mes antes de llegar a España, comencé a trabajar de nuevo con la Justicia estadounidense desde París. Los americanos me avisaron de que el Senado de Estados Unidos iba a lanzar graves acusaciones contra el HSBC por su falta de control sobre el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Que el banco iba a ser declarado culpable. Me dijeron que, a partir de entonces, mi vida correría peligro. Tenía dos opciones: iniciar una nueva vida en Estados Unidos o viajar a otro lugar para ganar tiempo. Me dijeron que el único sitio seguro en Europa sería España, que había utilizado con éxito mi información en casos importantes como el de la familia Botín. Creían que sería poco probable que España aprobara mi extradición a Suiza. Así, podría seguir colaborando con la Justicia.

— ¿Sondeó a las autoridades españolas antes de partir?

— Contacté con algunos elementos.

— ¿Qué elementos?

— No se lo puedo decir, pero se lo puede imaginar…

El 1 de julio de 2012, Falciani fue detenido en el puerto de Barcelona, al que llegó a bordo de un barco procedente de Sète (Francia). Hasta hoy, se creía que su arresto, en virtud de una orden de detención internacional emitida por Berna, fue casual. Fuentes policiales aseguraron que los agentes se lo encontraron gracias a un control rutinario de documentación que se realizó al pasaje. Su salida de Francia era un misterio. Porque hasta entonces, Falciani permanecía refugiado en su casa de Castellar, el último pueblecito de la Costa Azul pegado a la frontera italiana, al que huyó el 21 de diciembre de 2008 desde Ginebra. En medio de los dos países de los que tiene pasaporte y a salvo de ser extraditado a Suiza, porque ni Francia ni Italia entregan a sus ciudadanos.

— Podría haber cogido el coche o el tren y, una vez aquí, presentarse en la primera comisaría en lugar de viajar en barco a Barcelona, ¿por qué no lo hizo?

— El barco era la manera más segura de que saltara la orden internacional de detención emitida por Suiza contra mí. A pesar de que viajaba a territorio Schengen, en el puerto de Sète me pidieron el pasaporte ya que el barco salía a aguas internacionales. Eso es lo que provocó que, a mi llegada a Barcelona, la policía española me estuviera esperando. En cuanto pisé España fui detenido.

— ¿Qué sentido tenía acabar en una cárcel española?

— La prisión era un lugar seguro. Los americanos me propusieron inicialmente dos fechas para viajar, el 1 y el 3 de julio del año pasado. Al final decidieron que debía coger el barco el 1 de julio. Sabían hasta qué juez estaría de guardia a mi llegada. Cuál sería el más favorable a nuestra estrategia. En función de ello se decidió mi salida hacia España.

El organismo estadounidense con el que, por entonces, colaboraba Falciani era el departamento de Justicia del Gobierno de EE UU, según fuentes de la Audiencia Nacional. El exemplado del HSBC ayudaba a sus funcionarios a investigar al banco, para el que había trabajado entre 2000 y 2008 como técnico de sistemas mientras se concluía la investigación abierta un año antes por el Senado estadounidense. Dos semanas largas después de su huida a España y su detención en Barcelona, el subcomité permanente de investigaciones sobre seguridad interior de la Cámara hizo públicas sus conclusiones.

Se desató el escándalo. El HSBC y su filial estadounidense, HBUS, habían descuidado durante años sus controles sobre blanqueo de dinero, lo que permitió a muchos de sus clientes lavar fondos procedentes de actividades ilícitas. La filial mexicana del banco había transferido a la americana 7.000 millones de dólares entre 2007 y 2008, parte de los cuales procedían de la venta de droga en EE UU por cárteles del vecino del sur. El subcomité también descubrió sus transacciones con otros bancos de Arabia Saudí y Bangladesh relacionados supuestamente con Al Qaeda y organizaciones terroristas satélites, así como unas 25.000 transferencias con Irán, archienemigo de Washington.

El presidente ejecutivo del HSBC, Stuart Gulliver, tuvo que pedir disculpas públicas el 29 de octubre y aseguró sentir “vergüenza” y “dolor” por lo ocurrido. Pero eso no bastó. El banco, además, se vio obligado a provisionar 2.000 millones de dólares para hacer frente a las posibles multas que, como resultado de esa investigación, se le impusieran en Estados Unidos y otros países por facilitar el blanqueo de capitales. Algo que no se podría haber logrado sin la ayuda de Falciani que, según su abogado, Joan Garcés, había colaborado activamente con el Senado de EE UU.

Cuando la Cámara hizo público el documento, el francoitaliano ya estaba en la cárcel de Valdemoro, en las cercanías de Madrid. A salvo, como él mismo sostiene. Solo amenazado por la demanda de extradición de Suiza, que le acusa de haber intentado lucrarse con su lista de evasores. Falciani viajó a Líbano el 4 de febrero de 2008 y se presentó en las oficinas del banco Audi, en Beirut, bajo el pseudónimo de Ruben Al-Chidiak. El Gobierno suizo insiste en que su interés primordial era económico. Mantiene que quería vender la lista y que, como no lo consiguió, comenzó entonces a colaborar con la justicia de distintos países. Falciani, sin embargo, sostiene que, con ese viaje trató de provocar una alerta de Swissbank, la patronal bancaria suiza. Esa alarma saltó un mes después, en marzo, e indicaba que el tal Al-Chidiak, había ofrecido una serie de bases de datos de clientes de bancos suizos, según la demanda de extradición de Berna. Falciani, sin embargo, solo fue interrogado por la justicia suiza nueve meses después, el 20 de diciembre. Y la policía lo dejó libre tras el interrogatorio. Al día siguiente, el francoitaliano abandona Suiza y se se instala en Castellar.

— ¿Pidió dinero por sus datos?

— Yo nunca he pedido nada por ellos. Solo he tratado de ayudar a la justicia. Estoy harto de escuchar infundios procedentes de Suiza. La justicia de ese país dice una y otra vez que lo intenté porque es la única manera que tienen de acusarme del delito de espionaje industrial que me imputan. Solo si demuestran que yo intenté lucrarme con mi información podrían achacarme ese delito.

— Pero habría podido hacerlo.

— Por eso precisamente no tiene sentido lo que dice Suiza. El otro día leí en un periódico que Alemania había pagado cuatro millones de euros por un disco con información de evasores con cuentas en bancos suizos. Yo también podría vendérselos. Incluso ahora mismo. Porque sin mí, esos datos no se pueden utilizar. Y, sin embargo, no lo he hecho. La información que yo he suministrado está encriptada y asegurada. De ese modo, solo puede acceder a ella la justicia con mi ayuda. Lo hice así por mi propia seguridad. Y ahora tengo pruebas de ello.

— ¿Qué pruebas?

— Las que se expusieron en el juicio de extradición. Hasta que se celebró, el lunes, solo tenía mi palabra contra la del HSBC. En el juicio se ha demostrado que yo no traté de enriquecerme, que solo he querido colaborar con la justicia. Así lo mantuvieron tanto la fiscal española como el fiscal francés, Éric de Montgolfier, que declaró como testigo. Ambos dejaron claro que la persecución del HSBC contra mí no comenzó con mi viaje a Líbano, sino en el momento en que yo empecé a colaborar con Francia. Ahora es la justicia española, y no solo yo, quien ha demostrado que yo no quería vender mi información. La alerta de Swissbank sobre mi viaje a Beirut es de marzo de 2008, pero el HSBC no presentó su denuncia contra mí hasta marzo de 2009, cuando se sabía que yo ya trabajaba con Francia. Era eso lo que el banco quería evitar. Que colaborara. También se ha probado que ha sido imposible que la justicia suiza se ocupe de las ilegalidades que cometen sus bancos. Ellos no quisieron investigar a pesar de mis denuncias.

Los supuestos defraudadores tratan con personas que los bancos suizos envían a los países a buscar clientes

Por esa razón ha decidido hablar. Porque ahora no es solo él quien mantiene su versión. Las fiscalías de la Audiencia Nacional y la francesa han defendido en un proceso judicial, el de su entrega a Suiza, que su intención solo fue la de colaborar. También Anticorrupción, con quien trabaja desde el 17 de septiembre, ha adjuntado a las diligencias de extradición un certificado en que asegura que su cooperación con las autoridades españolas es completamente desinteresada. Que lo hace gratis.

Montgolfier, el fiscal francés que declaró en el juicio, es un personaje clave en la trayectoria de Falciani. El exjefe de la fiscalía de Niza, actualmente destinado en la Corte de Apelación de Bourges, fue quien judicializó por primera vez la información suministrada por el exempleado del HSBC. Es su número dos el que, el 20 de enero de 2010, se presenta en la casa del informático en Castellar con un retén de policía para detenerlo y requisar “una serie de datos personales robados” que reclamaba la justicia suiza. Falciani explica al fiscal francés y a los agentes que se presentan en su domicilio que, en realidad, lo que busca Berna son las identidades de miles de evasores fiscales que están en su poder. Montgolfier, ante la importancia del hallazgo —“la información podría llenar varios trenes de mercancías”, dijo el lunes en el juicio—, abre su propia investigación contra los defraudadores.

Hervé Falciani, en 2009.

De la mano de Montgolfier, Falciani empieza a colaborar con la Gendarmería para desencriptar su lista. Y Francia, tras algunos titubeos, decide no devolverla a las autoridades helvéticas. El Gobierno de Nicolas Sarkozy envía copias a los países con los que tiene tratado de cooperación en materia fiscal, entre ellos España. Hacienda los recibe el 24 de mayo de ese mismo año. Comienza “la mayor regularización de la historia de España”, como recordó en el juicio del pasado lunes Carlos Ocaña, secretario de Estado de Hacienda en el Ejecutivo de Zapatero, que intervino como testigo en la causa. De los 1.500 nombres que envía Francia, Hacienda identifica a 659. Así recupera 260 millones de euros supuestamente evadidos al fisco. La lista contiene nombres como el del presidente del Santander, Emilio Botín, y su familia. También el empresario catalán Manuel Lao. O una sociedad de Francisco Correa, el cabecilla de la trama Gürtel y su cómplice y exalcalde de Boadilla, Arturo González Panero.

— ¿Podría darme algunos nombres de los españoles de su lista?

— No. De ninguna manera. Se ha hablado mucho de la lista Falciani, pero los datos que yo he proporcionado no son solo listas de evasores. La información que yo tengo demuestra que los bancos suizos libran una guerra económica. Ellos son el enemigo. Y se trata de un enemigo que no es estático sino dinámico. Se adapta a cualquier directiva contra la evasión fiscal o el blanqueo de dinero para seguir haciendo caja. Además, los distintos paraísos fiscales funcionan en red.

Ahora es la justicia española y no solo yo quien ha demostrado que no quise cobrar por mi información

— Está diciendo que, los bancos suizos se saltan la normativa sistemáticamente…

— En esa adaptación de los bancos a los límites que se les imponen juega un papel fundamental la tecnología. Cada vez que aparece una nueva norma o directiva se crea un nuevo proyecto estratégico para sortearla. Sin expertos en esos proyectos tecnológicos la justicia será incapaz de desarrollar su propia estrategia contra el fraude. Es ahí donde yo puedo echar una mano.

— ¿En qué colabora ahora con la Fiscalía Anticorrupción?

— Trabajamos en el tema de los intermediarios, de los gestores. Se trata de personas que se dedican a captar clientes para los bancos suizos en España, Francia, Italia, Alemania… Los supuestos defraudadores tratan con ellos para entrar en contacto con los bancos suizos. Con el rescate europeo a Chipre, muchos de ellos tratan ahora de captar a los ciudadanos rusos que tenían su dinero en ese paraíso fiscal. También ayudo a España y Francia en la creación de un órgano multidisciplinar dedicado a la vigilancia de la evasión fiscal y el blanqueo de dinero con personas que tengan conocimientos tecnológicos similares a los míos.

Falciani, sin embargo, ha sufrido hasta llegar aquí la detención, la cárcel, la separación de su esposa y su hijo… ¿Ha valido la pena?

— Ahora podría vivir tranquilo en Estados Unidos. ¿Por qué no aceptó su oferta?

— América puede ayudarnos en esta lucha, pero no podemos dejar todo este trabajo en sus manos. Francia, España, Europa en general, también tienen que librar esta guerra. Porque es la gente normal la que está sufriendo sus consecuencias.

Francia envía otras 2.500 cuentas

La investigación abierta por la Fiscalía Anticorrupción sobre los evasores que aparecen en la lista Falciani no deja de crecer. A los 1.500 nombres de la relación inicial de 2010 —entre los que se encontraban la familia Botín; el recién juzgado médico del dopaje Eufemiano Fuentes; el cabecilla de la trama Gürtel, Francisco Correa; o el exalcalde de Boadilla del Monte (Madrid) Arturo González Panero, imputado en ese mismo caso— se sumaron el pasado 4 de abril otras 2.508 cuentas facilitadas también por Francia gracias a la colaboración de Falciani con ese país. Anticorrupción ya está analizando toda esa información y, con la ayuda del extrabajador del HSBC, trata de detectar a los nuevos evasores con deudas fiscales millonarias con el Estado español.

Los primeros 1.500 nombres enviados por París se recibieron en la Agencia Tributaria el 26 de mayo de 2010. Fue el consejero financiero de la Embajada francesa el que, a finales del año anterior, se había puesto en contacto con el que era entonces director general de la Agencia Tributaria, Luis Pedroche, según declaró este el pasado lunes en el juicio de extradición de Falciani en la Audiencia Nacional. Tras cotejar esas cuentas con las investigaciones que Hacienda tenía abiertas sobre algunos de esos titulares de cuentas en el HSBC de Ginebra, se logró identificar a 659 presuntos defraudadores españoles. En total, la cantidad recuperada, aseguró Carlos Ocaña en el juicio de extradicción de Falciani —el secretario de Estado de Hacienda entonces— ascendió a 260 millones de euros. Sin embargo, las sumas puestas a buen recaudo en el banco suizo, según Ocaña, por estos defraudadores podían ascender a los 6.000 millones.

Estos primeros 1.500 nombres son los que manejaba el Ministerio de Justicia francés. Francia sacó extractos de la lista sobre nacionales de distintos países con los que ha firmado acuerdos de cooperación en materia fiscal, como España, Italia, Reino Unido o Alemania, y los envió a sus respectivos Gobiernos. La nueva lista que acaba de obtener España es la que elaboró la gendarmería francesa después de que el fiscal francés Éric de Montgolfier, atendiendo a una petición de la justicia suiza, ordenara detener e interrogar a Falciani así como registrar su domicilio de Castellar, donde se había refugiado el 21 de diciembre de 2008 huyendo de Ginebra. Durante la entrada de los agentes en su casa, el francoitaliano puso a disposición de la fiscalía de Niza y de la Gendarmería toda su información. Y colaboró durante meses con el Instituto de Investigación Criminal del cuerpo policial francés. En esa lista, según fuentes de la investigación, aparecen 2.508 personas y sociedades españolas o con actividad en nuestro país.

La colaboración de Anticorrupción con Falciani comenzó el 17 de septiembre, cuando el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ordenó la apertura de unas diligencias de investigación, así que el informático comenzó a trabajar codo con codo con el Ministerio Público cuando todavía se encontraba en prisión. Las nuevas cuentas enviadas por Francia responden a una comisión rogatoria mandada en octubre a las autoridades judiciales de ese país en el marco de esas diligencias de Anticorrupción.

La información de Falciani es como un puzle que solo él sabe resolver, por lo que su colaboración es indispensable. Los datos sobre cada una de las cuentas del HSBC aparecen disgregados en diferentes columnas y encriptados con un complejo sistema de seguridad diseñado por el banco. Una vez descifrados, junto a cada nombre aparecen decenas de cifras. Cada una corresponde a un saldo diferente: fideicomisos, testaferros, intermediarios, sociedades pantalla…, que llevan al mismo titular.

Falciani también asesora a la Fiscalía sobre la figura de los gestores, recogida en el derecho bancario suizo. Se trata de personal ajeno al banco que se dedica a captar clientes en el extranjero. Sirven para que la entidad pueda abrir cuentas sin preguntar por la procedencia del dinero, ya que, en caso de que los fondos provengan de actividades ilícitas como el narcotráfico, son los gestores los que asumen la responsabilidad derivada de esas conductas. Anticorrupción, gracias a Falciani, ya ha detectado algunos de estos agentes que operan en España y que están relacionados con investigaciones abiertas en la Audiencia Nacional.

Así pues, lo importante de la información del francoitaliano no es solo el nombre de las personas físicas o jurídicas con cuentas en el HSBC. También la complejidad del sistema informático del banco. Los investigadores creen que los métodos de esa entidad podrían ser extrapolables a toda la banca suiza.

Hervé Falciani: “Estados Unidos me avisó: Ve a España, tu vida corre peligro” | Política | EL PAÍS