Ficha Corrida

28/12/2015

Argentina: Maurício Macri já mais milagres que o Papa Francisco

La Unidad 30 está ubicada en General Alvear y cuenta con múltiples instancias de seguridad y vigilancia.

Triple fuga de la cárcel con un arma de juguete

Los prófugos son Víctor Schillaci y los hermanos Cristian y Martín Lanatta, quien en plena campaña electoral había vinculado a Aníbal Fernández con el crimen. La gobernación bonaerense removió a la cúpula penitenciaria y ofreció una recompensa.

María Eugenia Vidal experimentó ayer su primer tembladeral como gobernadora bonaerense. Tres condenados por el triple crimen de General Rodríguez se fugaron de la cárcel de máxima seguridad de General Alvear. Se trata de Víctor Schillaci, Cristian y Martín Lanatta. Este último fue quien acusó, pocos días antes de las elecciones primarias del 9 de agosto, al ex jefe de Gabinete Aníbal Fernández de ser el autor intelectual del asesinato. En ese entonces, Fernández era candidato a gobernador y competía con Vidal, quien centró buena parte de su campaña en aquella denuncia. Tras la fuga, la gobernadora bonaerense evitó responder a las insinuaciones del kirchnerismo de que hubo una evidente conexión entre la denuncia de campaña y el escape de los presos. Reaccionó con la remoción de la cúpula del Servicio Penitenciario bonaerense, inició una investigación interna y ofreció una recompensa de dos millones de pesos por información sobre los prófugos. “Que salgan como panchos por su casa de la cárcel es bastante extraño”, opinó la ministra de Seguridad nacional, Patricia Bullrich.

Los Lanatta y Schillaci se fugaron cerca de las 2.30 del domingo, del sector de sanidad de la cárcel de General Alvear. Los tres prófugos estaban cumpliendo su condena a prisión perpetua por el asesinato en 2008 en General Rodríguez de Sebastián Forza, Damián Ferrón y Leopoldo Bina, vinculado al tráfico de efedrina.

Según la versión oficial, los presos redujeron y maniataron a dos guardias y los ocultaron en uno de los baños. Luego transitaron los pasillos vestidos con ropa oscura –similar al uniforme de los penitenciarios– hasta que llegaron al exterior. Es decir que, literalmente, salieron caminando de la cárcel. Tanto el abogado de los prófugos como los de las víctimas hablaron de connivencia de las autoridades. Allí se subieron a un Fiat Uno de uno de los penitenciarios y avanzaron unos 200 metros hasta el puesto de guardia 1. En ese lugar, redujeron al custodio y lo amordazaron. Se lo llevaron en el auto hasta Villa Belgrano, un barrio que está a algunas cuadras del penal. Lo dejaron atado en el auto. Poco después consiguió pedirles ayuda a los vecinos.

Una cámara de seguridad captó su paso a las 2.45 por Belgrano y 9 de Julio. En esa imagen se observa una camioneta negra que dobla a gran velocidad hacia la Ruta 205. Los investigadores asumen que es el vehículo en el que continuaron la fuga.

En el auto que usaron para salir de la cárcel, la policía encontró una réplica de un arma de fuego (un arma de juguete realista), con la que los presos habrían amenazado a los guardias. La causa judicial que se abrió quedó en manos del fiscal Cristian Citterio, con intervención del juez de garantías de Azul, Federico Barberena.

Fuentes judiciales advirtieron sobre lo inverosímil de la información oficial respecto de la fuga. La Unidad 30, explicaron, posee tres sectores con nueve módulos, y en cada uno de ellos se dispone un “imaginaria de módulo” más otro en cada “pasillo de conexión”; además, todos esos “pasillos de conexión” conducen a un sector común asegurado por cuatro rejas custodiadas por más guardias. Así, quien intente fugarse debe reducir al guardia de su módulo y al del pasillo, atravesar esa fortaleza enrejada y neutralizar a los penitenciarios que la custodian. Finalmente, al salir se encontraría con una garita externa de control. La misma fuente precisó que, desde las 20, los presos están encerrados en sus celdas. Y concluyó: “Es imposible que tres tipos se escapen por el frente a las 2 de la mañana”.

Cúpula removida

En respuesta a la fuga, Vidal desplazó del cargo a la jefa del Servicio Penitenciario Bonaerense, Florencia Piermarini –quien había presentado su renuncia el miércoles 23 de diciembre, pero no se la aceptaron– y a la plana mayor, compuesta por el director general de Coordinación, inspector general Claudio Cardo; director general de Asistencia y Tratamiento, Carlos Russo; al director general de Seguridad, inspector general Marcelo Rotger; el director general de Instituto, inspector general Gabriel de Murtas, y al subdirector general de Recursos Humanos, Alberto Paez. También removió a los responsables de la Unidad 30 de General Alvear: el director, prefecto mayor Manuel Guevara, y al subdirector, prefecto Ariel Elichelibeti.

Según fuentes cercanas a la ex directora del SPB, ella había intentado renunciar apenas asumió Vidal, pero le pidieron unos días. Lo volvió a intentar el miércoles 23. Desde el gobierno bonaerense confirmaron que recibieron ese pedido, pero indicaron que no se le aceptó la renuncia y que le informaron que el SPB no podía quedar acéfalo. Conocida la fuga, Vidal resolvió cesantear a Piermarini. “Estaban a cargo los del gobierno anterior y estábamos en proceso de transición”, se desligó el ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo.

Vidal también inició una investigación interna. Como nuevo titular del SPB designó a Fernando Díaz, que era subjefe del Servicio Penitenciario Federal. Además, la gobernadora nombrará como nuevo subsecretario de Política Penitenciaria a Juan Baric, que reemplazará a César Albarracín. Según señalaron en un comunicado, ese funcionario sciolista “cesó en el cargo el 10 de diciembre pasado”.

Ritondo estuvo reunido ayer en Puente 12, en La Matanza, con la ministra de Seguridad nacional, Patricia Bullrich. Ambos evaluaron las alternativas de la búsqueda que llevan adelante diversas fuerzas federales, la AFI e Interpol. “No vamos a descansar hasta que regresen a donde la Justicia dictaminó que deben estar”, indicó Ritondo, quien firmó un decreto por el que ofreció el máximo dinero posible de recompensa por datos sobre el paradero de los prófugos: dos millones de pesos. También dispuso que los familiares de las víctimas de los condenados tengan custodia, al igual que uno de los abogados.

En el gobierno bonaerense se ocuparon de remarcar que la semana pasada enviaron al Congreso provincial un proyecto de ley que declara la emergencia penitenciaria por un año, lo que habilitaría al Ministerio de Seguridad a hacer compras y contrataciones con menores controles y convocar a personal de entre los retirados de la Policía bonaerense y entre los penitenciarios pasados a retiro.

Réplicas

Si ya de por sí la fuga de tres condenados de una cárcel de máxima seguridad garantizaba el escándalo, a eso se sumó que uno de ellos fue el protagonista de una de las denuncias más resonantes de la campaña para gobernador bonaerense. “El que dio la orden fue Aníbal Fernández”, sostuvo Martín Lanatta en un programa de televisión, cuando se refirió al asesinato por el que está condenado. Durante los seis años previos, el ahora prófugo había negado cualquier vinculación de Fernández con el caso. Tampoco aparecieron entrecruzamientos telefónicos ni otros elementos que le dieran, hasta ahora, solidez a esa denuncia.

Aníbal Fernández salió a hablar ayer: “Cuando pasó esto, lo poco que le pude contar a la sociedad argentina es que yo no sé quiénes son estas personas, que no tenía nada ver con ellos. Que cada uno saque sus propias conclusiones. Yo no voy a cambiar mi manera de vivir porque se hayan fugado estos personajes. No tengo nada que ver con eso”, indicó el ex jefe de Gabinete.

“Otra barbaridad más de Aníbal Fernández –reaccionó Ritondo ante una pregunta que le hicieron–. La causa de la efedrina no se la inventó nadie. Tiene que dar respuestas al juez”. “Hay ganas de ensuciar la cancha. Habría que ver qué declararon esas personas para ver a quiénes les convenía que no siguieran declarando”, insinuó el ministro de Seguridad bonaerense. “El narcotráfico manda mensajes todo el tiempo, pero a nosotros no nos van a amedrentar. Vamos a llegar hasta donde haya que llegar”, prometió la ministra de Seguridad nacional.

Desde el kirchnerismo, diferentes voces señalaron que, detrás de la increíble fuga de los detenidos, habría una “devolución de favores” del macrismo por la oportuna denuncia de campaña.

Página/12 :: El país :: Triple fuga de la cárcel con un arma de juguete

Aparición con vida

Por Horacio Verbitsky

La fuga de Martín Lanatta, Víctor Schillaci y Cristian Lanatta de una cárcel denominada de alta seguridad, en la que se había informado que tenían custodia permanente y eran monitoreados sin interrupciones desde un circuito cerrado de televisión es una de las noticias más inverosímiles aún en un país habituado a los actos de brujería. Los tres fueron condenados en 2012 por el asesinato cometido en 2008 contra los empresarios farmacéuticos Sebastián Forza, Damián Ferrón y Leopoldo Bina, cuyos cuerpos fueron hallados en General Rodríguez. Según el fallo judicial que los condenó a prisión perpetua, los sicarios los mataron para eliminarlos como competencia en el mercado mexicano ilegal de la efedrina.

Este año, durante la campaña electoral, Martín Lanatta dijo en el canal de televisión del Grupo Clarín que quien les dio la orden de ejecutarlos fue el ministro Aníbal Domingo Fernández. Luego el mismo Lanatta grabó un video con cámara oculta en el que se escenifica el ofrecimiento de una suma de dinero para que se retracte de aquella declaración. Hasta su abogado defensor, Roberto Casorla Valet, lo refutó. “Miente. Supongo que lo hace porque le habrán ofrecido algún beneficio. Martín Lanatta, según lo que dijo en el juicio y lo que siempre me contó a mí, no conoce a Aníbal Fernández. Buscó llegar a él, e incluso le mandó un mail, pero no lo consiguió, no lo vio jamás de acuerdo con lo que me contó”, le dijo a este diario.

Hasta hoy es incierto quien y con qué propósito autorizó el ingreso de las cámaras visibles e invisibles a la unidad penitenciaria, pero está fuera de discusión el efecto electoral de esa denuncia estridente y sin ninguna prueba que la sustentara. El eje de la campaña de Cambiemos fue la vinculación del candidato del FpV a la gobernación bonaerense con el comercio de drogas ilícitas. En forma insidiosa se preguntaba con quién dejaría los chicos si tuviera que salir, con Aníbal o María Eugenia. Este efecto fue potenciado por las exhortaciones en las iglesias de la provincia a no votar por el candidato oficialista. En las elecciones de octubre se produjo el corte de boleta más grande de la historia provincial, que llevó a la gobernación a Vidal. Esto, a su vez, provocó un deslizamiento de voluntades para la segunda vuelta de la elección presidencial y permitió el acceso a la presidencia por un exiguo margen de votos del candidato derrotado en la primera vuelta, el actual presidente Maurizio Macrì.

¿Cuál era el beneficio que según su abogado defensor le ofrecieron por ese servicio que resultó tan decisivo? La sospecha es inevitable una vez producida la fuga increíble. Lo sepan o no los prófugos, ahora su vida corre peligro. Su muerte, ya sea en un enfrentamiento con las fuerzas de seguridad que fueron lanzadas a perseguirlos o por cualquier otro medio que la imaginación aborigen pueda concebir, cerraría un círculo siniestro. Se sabe que los muertos no hablan. En su aparición con vida se juega la credibilidad de que puedan gozar los gobiernos de la Nación y de la Provincia de Buenos Aires.

Página/12 :: El país :: Aparición con vida

22/12/2015

Ao invés de combater como Dilma, PSDB prefere chamar sua corrupção de "desorganizada"

E o PSDB, por seu capo di tutti i capi, pode dizer estas boçalidades impunemente porque tem de seu lado o escandalosamente lento e engavetador MPF. O MPF e parcela atrasada do Judiciário viraram cumplices seja pela engavetamento, seja legitimando práticas, como faz Gilmar Mendes e antes dele Geraldo Brindeiro.

Para azar deles, hoje não basta contar com o apoio da velha mídia, há que se contar também com a seletividade burra de midiotas. A estultice de anencefálicos atacando Dilma, sobre a qual não paira nenhuma acusação de corrupção, para assim livrar o lombo de um notório corrupto, desde os tempos de Collor, conhecido pelo apelido de Eduardo CUnha.

Há muito tenho notado que a campanha do MPF contra a corrupção é uma espécie diversionismo para eliminar a concorrência de seus próximos ideológicos. O estrabismo de suas atuações são por demais evidentes e a internet não para de revelar cada vez mais essa parceria que mantém o Brasil preso ao atraso. As Danusa Leão e os Luis Carlos Prates do MPF fazem das tripas coração para protegerem aquilo que o PSDB chama de choque de gestão e de meritocracia, que é simplesmente o privilégio que desde sempre gozam os que já nascem com privilégios. Outro exemplo neste mesmo sentido é aquele asilo de políticos velhos e velhacos que é o tCU. Afinal, o que diferencia Robson Marinho no TCE/SP de Augusto Nardes no tCU? A explicação pode ser dada com um exemplo: graças a seletividade de instituições como MPF/PF/PJ João Havelange, Ricardo Teixeira, J. Hawilla, José Maria Marin, Marco Polo del Nero e Eduardo CUnha circulam com desenvoltura e cheios de boça pelas altas esferas do Brasil, mas ou já estão presos no exterior ou se por lá circularem o serão. Por que um notório comprador de reeleição continua todos os dias ganhando espaço para deitar falação sobre honestidade?

“Desorganizada”, corrupção na Petrobras começou no primeiro mandato de FHC e rendeu frutos ao PSDB até 2010

publicado em 22 de dezembro de 2015 às 03:27

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Da Redação

O acúmulo de informações sobre a Operação Lava Jato deixa claro: o Petrolão começou no governo do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso.

Diz ele que era, então, um esquema “desorganizado”. Ou seja, a corrupção do PSDB é mais “vadia” que a do PT/PMDB/PP/PSB e outros, parece sugerir o sociólogo.

É exatamente a mesma lógica utilizada para justificar como legais doações feitas pelas empreiteiras envolvidas na Lava Jato a Aécio Neves em 2014, quando aquelas que abasteceram os cofres de Dilma teriam sido “criminosas”.

“Mas, não tínhamos o que dar em troca, já que não controlávamos o Planalto”, argumentam os tucanos.

Porém, e os contratos fechados pelas mesmas empreiteiras com os governos paulistas de José Serra e Geraldo Alckmin, totalizando R$ 210 bilhões? E os fechados com os governos de Aécio Neves e Antonio Anastasia em Minas? Não poderia ter se dado aí o quid-pro-quo?

A lógica do PSDB, endossada pela mídia, deu certo no mensalão: embora os tucanos tenham amamentado Marcos Valério no berço, com dinheiro público de empresas estatais como Copasa (Companhia de Saneamento de Minas Gerais), Comig — hoje Codemig, Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais — e o extinto Bemge, o banco estadual mineiro, ninguém foi preso; o ex-presidente nacional do PSDB e senador Eduardo Azeredo foi condenado em primeira instância a 20 anos de prisão (leia íntegra da sentença aqui), depois de 17 anos! Dificilmente passará um dia na cadeia, já que em 2018 completa 70 anos.

Enquanto isso, o mensalão petista deu no que deu, apesar da controvérsia sobre se o dinheiro da Visanet, afinal, era ou não público.

Vejamos quais são os fatos que localizam o berço do Petrolão no quintal de FHC:

1. Delcídio do Amaral, ex-líder do governo Dilma no Senado, hoje preso, assinou ficha de filiação no PSDB em 1998 e foi diretor de Gás e Energia da Petrobrás em 2000 e 2001, no segundo mandato de FHC, quando conheceu Nelson Cerveró e Paulo Roberto Costa, que agora se tornaram delatores. Os negócios entre eles começaram então.

2. As usinas termelétricas construídas às pressas na época do apagão elétrico — o verdadeiro, não aquele que a Globo prevê desde o governo Lula –, durante o governo FHC, deram prejuízo à Petrobrás superior àquele atribuído à compra e venda da refinaria de Pasadena, no governo Dilma, segundo calculou a Folha de S. Paulo. Mas, vejam que interessante: a Folha apresenta o senador como sendo do PT quando, à época dos negócios denunciados, ele tinha ficha de filiação assinada no PSDB e servia ao governo FHC.

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3. Delcídio é acusado de ter recebido R$ 10 milhões em propina da Alstom neste período. A Alstom foi operadora do trensalão tucano em São Paulo, que atravessou os governos Covas, Alckmin, Serra e Alckmin com uma velocidade superior àquela com que se constrói o metrô paulistano.

4. A Operação Sangue Negro, deflagrada pela Polícia Federal, refere-se a um esquema envolvendo a empresa holandesa SBM, que operou de 1998 a 2012, envolvendo pagamentos de U$ 46 milhões. Em 1998, registre-se, FHC foi reeleito para um segundo mandato.

5. Em delação premiada, o ex-gerente da Petrobras, Pedro Barusco, disse que coletou um total de R$ 100 milhões em propinas desde 1996. Portanto, desde a metade do primeiro mandato de Fernando Henrique Cardoso. Barusco, se contou a verdade, atuou no propinoduto durante seis longos anos sob governo tucano. Por que Lula e Dilma deveriam saber de tudo e FHC não?

6. Outro delator, Fernando Baiano, disse que seus negócios com a Petrobrás começaram em 2000, na metade do segundo mandato de FHC.

O curioso é que, em março de 2014, o PSDB acusou o PT, em nota no seu site, de ter tentado bloquear investigações sobre a Petrobrás.

Desde 2009, o PSDB no Senado solicita investigações sobre denúncias de irregularidades e na direção oposta, o esforço para aprovar a criação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) sobre a estatal petroleira foi derrubada pelo governo federal no mesmo ano. […] Em 15 de maio de 2009, o senador Alvaro Dias (PSDB-PR) protocolou um pedido de abertura da comissão, assinado por 32 colegas de diversos partidos, incluindo até mesmo alguns de legendas que apoiam o governo. O requerimento pedia a investigação a fraudes que já haviam sido motivo de trabalhos na Polícia Federal, Tribunal de Contas da União e Ministério Público federal.

Na justificativa, o tucano argumentou que havia indícios de fraudes em construção e reforma de plataformas de petróleo – em especial relacionadas a grandes superfaturamentos – e desvios de verbas de royalties da exploração do petróleo, sonegação de impostos, mal uso de verbas de patrocínio e fraudes em diversos acordos e pagamentos na Agência Nacional de Petróleo. No entanto, o governo operou internamente com sua base para engavetar o pedido de CPI. Mas o PSDB apresentou requerimentos relacionados à Petrobras, no esforço de buscar respostas às denúncias.

Porém, mais tarde soubemos que foi o ex-presidente do PSDB e ex-senador Sergio Guerra, já falecido, quem teria recebido R$ 10 milhões para enterrar a CPI, segundo o delator Paulo Roberto Costa.

No Estadão:

O ex-diretor de Abastecimento da Petrobrás Paulo Roberto Costa afirmou em sua delação premiada que o então presidente nacional do PSDB, senador Sérgio Guerra – morto em março deste ano –, o procurou e cobrou R$ 10 milhões para que a Comissão Parlamentar de Inquérito da Petrobrás, aberta em julho de 2009 no Senado, fosse encerrada. Segundo Costa, o tucano disse a ele que o dinheiro seria usado para a campanha de 2010. Aos investigadores da Operação Lava Jato, Costa afirmou que os R$ 10 milhões foram pagos em 2010 a Guerra. O pagamento teria ocorrido depois que a CPI da Petrobrás foi encerrada sem punições, em 18 de dezembro de 2009. O senador era um dos 11 membros da comissão – três integrantes eram da oposição e acusaram o governo de impedir as apurações.

A extorsão, segundo Costa, foi para abafar as descobertas de irregularidades nas obras da Refinaria Abreu e Lima, em Pernambuco – alvo do esquema que levou ao banco dos réus o ex-diretor da estatal e o doleiro Alberto Youssef. A obra era um dos sete alvos suspeitos na Petrobrás que justificaram a abertura da comissão, em julho. […] O ex-diretor declarou que o então presidente do PSDB estava acompanhado do deputado federal Eduardo da Fonte (PP-PE), a quem chamou em seu relato de “operador” […] O delator afirmou que Guerra relatou a ele que o dinheiro abasteceria as campanhas do PSDB em 2010. Naquele ano, o presidente do partido foi o coordenador oficial da campanha presidencial do candidato José Serra. Integrantes da campanha informaram que o ex-senador não fez parte do comitê financeiro.

Vejam vocês que os tucanos denunciados são graúdos: dois senadores e ex-presidentes do partido, Eduardo Azeredo e Sergio Guerra. Não é, portanto, coisa da arraia miúda do PSDB.

No caso de Guerra, supostamente atuou com um operador de outro partido, demonstrando que o Petrolão obedecia a linhas partidárias tanto quanto aquela famosa foto de Delcídio (PT) com Romário (PSB), Eduardo Paes, Pedro Paulo e Ricardo Ferraço (PMDB) celebrando uma “aliança partidária”.

Nosso ponto é que o mensalão, assim como o trensalão e o petrolão, são suprapartidários e expressam a destruição do sistema político brasileiro pelo financiamento privado, aquele que transformou o presidente da Câmara Eduardo Cunha num traficante de emendas parlamentares escritas pela OAS e apresentadas por gente como Sandro Mabel (PMDB) e Francisco Dornelles (PP).

Se é certo que o PT hoje age igualzinho a todos os outros partidos, também o é que o PSDB não paira ao lado do DEM no panteão da moralidade, né Agripino?

As informações acima não diminuem ou pretendem diminuir a responsabilidade de integrantes do PT e de todos os outros partidos envolvidos no Petrolão: PMDB, PP, PSB e outros.

Porém, servem para demonstrar que o Petrolão floresceu num período em que, tendo a oportunidade de fazê-lo, o PSDB não fortaleceu as instituições que poderiam desmontá-lo no nascedouro. Pelo contrário, os dois mandatos de FHC ficaram famosos pela atuação do engavetador-geral da República. O presidente se ocupava de coisas mais importantes, como vender por U$ 3 bilhões uma empresa que valia U$ 100 bi, noutro escândalo, aquele sim, jamais investigado.

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