ECONOMIA › REVELACIONES DE LOS ARCHIVOS DE LA DICTADURA. LA “COCINA” DE LA LEY DE ENTIDADES FINANCIERAS
Mucho más que simples colaboradores
El rol del poder económico, corporizado en Martínez de Hoz y los grupos financieros, detrás de decisiones fundamentales de la dictadura. Cómo se armaron y discutieron las leyes económicas que instalaron un nuevo país.
Por Raúl Dellatorre
José Alfredo Martínez de Hoz, ministro de Economía de la dictadura. Articulador de las fuerzas que provocaron el golpe y luego le sacaron provecho.
Entre la amplia documentación hallada en el Edificio Cóndor, del Ministerio de Defensa, proveniente de los archivos de la dictadura, se encontraron elementos que permiten reconstruir, en una parte sustancial, cómo fue el proceso de elaboración y construcción final de dos leyes fundamentales en la estructura económica que empezó a delinearse en aquellos años: la Ley de Inversiones Extranjeras y la Ley de Entidades Financieras. Los proyectos originales, la forma en que fueron modificados antes de convertirse en ley, algunas transcripciones taquigráficas de los debates entre integrantes del equipo económico comandado por José Alfredo Martínez de Hoz y miembros de las Fuerzas Armadas, así como apuntes de las propias fuerzas con comentarios y objeciones a parte del articulado, dan cuenta de cómo se fue trazando un camino que derivó en el proceso de concentración económica y extranjerización que ocurrió en los años posteriores. La defensa irrestricta, por parte del equipo económico de la dictadura, así como de directivos empresarios convocados y consultados para la elaboración de estos proyectos, dejan ver además que el papel de los grupos económicos dominantes de la época no fue el de simples “colaboradores”, sino que fueron los auténticos mentores del proyecto económico que representó (junto al implantado por la dictadura de Augusto Pinochet en Chile) el primer avance del modelo neoliberal en la región.
La dictadura encabezada por Jorge Rafael Videla había creado, en 1976, un cuerpo conformado por las tres armas, denominado Comisión de Asesoramiento Legislativo, la CAL, que cumplía las funciones de organismo “legislativo”, elaborando proyectos de leyes para ser promulgados por el Poder Ejecutivo. En oportunidad de la elaboración del proyecto de Ley de Entidades Financieras, convocó a consulta a diversas organizaciones empresarias del sistema para que dieran su aporte. Los bancos de la época estaban agrupados en tres entidades gremiales: Adeba, ABRA y Abira. Quienes concurrieron para “colaborar” en la redacción por cada una de estas entidades fueron Benedicto Bianchi, Luis María Gotelli y Pablo Terán Nogués. Además, por el sector de las compañías financieras participó Rodolfo Guido Martelli. Todos ellos habían sido propuestos y nombrados por resolución del ministro de Economía, José Alfredo Martínez de Hoz, como integrantes de la “comisión ad hoc” que asesoraría al Ejecutivo en esa tarea. Todos ellos constituían la más auténtica representación del poder financiero.
En la documentación encontrada en el mes de octubre de 2013 en los archivos del Edificio Cóndor consta el rol que cumplieron estos “asesores”, coordinados por el secretario de Programación Económica y viceministro, Guillermo Walter Klein, incluso enfrentando en algún caso la opinión de los representantes de las Fuerzas Armadas. En la discusión por la nueva Ley de Entidades Financieras, entre septiembre de 1976 y primeros meses de 1977, los representantes de la banca privada acordaron que el Banco Central mantuviera el rol de autoridad monetaria, pero hicieron oír su queja porque consideraban que el sistema beneficiaba a la banca oficial en desmedro de la privada. Esto originó un intercambio de opiniones con los militares que participaban de estos encuentros, quienes argumentaron que la banca privada gozaba del derecho otorgado por el Estado de “trabajar con fondos de terceros, captar fondos del público y prestarlos, ejerciendo una actividad comercial sumamente privilegiada” y, sin embargo, “pretende mostrarse a la actividad privada como perjudicada, cuando no es así la realidad”.
En ese debate, terció la posición del Ministerio de Economía, representada por Guillermo W. Klein, claramente a favor de los bancos, exigiendo además que no se hiciera ningún tipo de distinción entre banca local y extranjera. El funcionario defendió la idea de generar un sistema lo suficientemente “flexible”, para facilitar la concurrencia del capital privado y la conformación de un sistema basado en “entidades solventes”. De ese debate, surge un proyecto definitivo de ley en el que no sólo elimina restricciones o condiciones que originalmente se le imponían al capital extranjero para participar en las entidades financieras locales, sino que además se avanza en la eliminación de entidades menores mediante su obligación de convertirse en financieras o bancos, o desaparecer.
Se favorecen, en el articulado definitivo, las entidades financieras “de amplio campo operativo” y de mayor patrimonio, limitándose la especialización y facilitando la expansión de las entidades “integrales”. También quedan relegadas las instituciones financieras regionales, al eliminarse los requisitos o las ventajas para atender ese segmento del mercado. Decenas de cajas de crédito, sociedades de ahorro y préstamo, o de crédito y consumo, desaparecieron o debieron fusionarse en compañías financieras o bancos que apenas pudieron durar uno o dos años más, para caer finalmente bajo el peso de la concentración financiera que sucedió a la aplicación de la ley.
Prohibido prohibir
La posición del Ministerio de Economía, absolutamente afín a los intereses de los grupos financieros más concentrados, quedó prolijamente expresada en la Exposición de motivos que acompañó la ley que aprobó el Ejecutivo. Allí quedaron transcriptos los criterios contrapuestos con los que el equipo comandado por Martínez de Hoz iba a considerar a las entidades menores (cajas de crédito) y a los bancos comerciales, llamados a ser los artífices de la concentración y actores principalísimos del proceso de valorización financiera que se ponía en marcha. En dicha Exposición puede leerse (facsímil en esta página):
Cajas de Crédito (Título II Capítulo 7)
“De las operaciones de esta clase de entidades se ha suprimido la facultad de recibir depósitos a la vista puesto que, como se ha expresado, el rol de intermediarios monetarias debe quedar reservado para los bancos comerciales.”
Operaciones prohibidas y limitadas (Título II Capítulo 9)
“Las operaciones prohibidas y limitadas a las entidades financieras (banca comercial) han sido reducidas a las que se consideran realmente incompatibles con su actividad. En consecuencia, queda implícitamente autorizado, por ejemplo efectuar inversiones en inmuebles que no sean de uso propio o que lo sea sólo parcialmente. De este modo, se atiende a una realidad sin hacer necesarios la búsqueda de complejas figuras. Además, previa autorización del Banco Central, las entidades autorizadas podrán ser titulares de acciones de otras entidades financieras, cualquiera sea su clase, con lo cual se promueve la coparticipación, la interacción y en definitiva la integración y concentración de entidades.”
Es, precisamente, lo que ocurrió en los años siguientes a la promulgación de la ley: un fuerte proceso de concentración del sistema bancario que posibilitó que las entidades más poderosas y con participación de capital extranjero, absorbieran a las entidades más nuevas que se formaron producto de la transformación de cajas de crédito o bancos regionales que habían intentado adaptarse al nuevo régimen.
Puertas abiertas
Este proceso, además, se vio favorecido por otra victoria obtenida por el equipo económico de Martínez de Hoz en la puja que se dio en la confección, en paralelo, de la Ley de Entidades Financieras y la de Inversiones Extranjeras: la pelea por la flexibilidad de acceso al capital extranjero.
Según consta en los archivos hallados en octubre pasado, el 17 de enero de 1977 tuvo lugar una reunión entre el ya mencionado Guillermo Walter Klein y representantes militares de la CAL, en la que se dio un fuerte cruce de opiniones en torno de las facultades del capital extranjero. De esa reunión se encontró una copia de la transcripción taquigráfica, en la que consta la preocupación del coronel Ernesto J. Tacchi, miembro de la CAL, por la posibilidad de que por vía de testaferros, empresas que aparecían como de capital nacional pudieran ser manejados por capitales extranjeros. Sostenía, en tal sentido, la necesidad de llevar un “registro rubricado” de quiénes asistían a las asambleas de accionistas y qué acciones representaba, y proponía su inclusión en la Ley de Inversiones Extranjeras. Este planteo fue rechazado por Klein con un argumento que, con los años, se transformó en un clásico del neoliberalismo: la inseguridad jurídica. El número dos de Martínez de Hoz le respondió al coronel Tacchi, según versión taquigráfica, que “la autoridad de aplicación (el Ministerio de Economía) no va a hacer distinciones o discriminaciones, no se va a aliar con el capital nacional para disminuir la proporción que tengan los accionistas extranjeros en las sociedades locales. Reitero que el fundamento no está en la Ley de Inversiones Extranjeras, sino en nuestra legislación nacional, y hace al principio de seguridad jurídica y a la justicia en materia patrimonial a que tienen derecho los inversores extranjeros para mantener sus posiciones relativas en los capitales de las empresas”. El texto definitivo quedó como pretendían Klein y Martínez de Hoz, a quien David Rockefeller llamaba familiarmente “Joe”.
Tal cual como plantea acertadamente un documento preliminar elaborado por la Comisión de Derechos Humanos de la CNV, que participa en la clasificación y análisis de los documentos hallados por el Ministerio de Defensa, la defensa de los criterios a favor de la concentración económica y la apertura al ingreso del capital extranjero que levantaban como estandartes el equipo económico y entidades privadas representantes del poder económico y financiero, incluso enfrentándose a representantes de las Fuerzas Armadas, revela el rol central que jugaron estos intereses en el proceso “refundacional y reorganizador” de la última dictadura. Un proceso cuyo objetivo final no era otro que imponer una lógica de acumulación asociada a los intereses de los sectores hegemónicos del capital internacional, con consecuencias “que perduran hasta nuestros días”.
Documentos y borradores rescatados
por el Ministerio de Defensa.
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SUBNOTAS
EL PAIS › PAULA MARONI, DE HIJOS Y REPRESENTANTE DEL EJECUTIVO EN LA DIRECCION DEL ESPACIO PARA LA MEMORIA
“Ganarle a la muerte no es sencillo”
Fue el mayor campo de concentración, tortura y ejecuciones de la dictadura, con 17 hectáreas y 32 edificios que desde hace casi diez años se reconvierten en un lugar para la verdad y la justicia. La tarea, las prioridades, las dificultades.
Hace casi diez años, ese enorme predio que se erige sobre la Avenida Del Libertador dejó de ser la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) para convertirse en “la Ex ESMA”. Pocas veces un prefijo se vio en el desafío de sostener semejante carga simbólica, la que engloba el paso de ser el mayor centro clandestino de detención y exterminio de la dictadura, a ser Espacio para la Memoria, la Verdad y la Justicia. Como resumió Paula Maroni, de HIJOS, es “un lugar que históricamente fue una herramienta utilizada en contra del pueblo y se puso a disposición del pueblo argentino”. Maroni es hija de Juan Patricio, desa-parecido desde mayo de 1977, nieta de la Madre de Plaza de Mayo Enriqueta Maroni y representante del Ejecutivo en la dirección del espacio. El trabajo allí “nunca fue sencillo”, aseguró.
A casi una década de aquella conversión simbólica, Maroni repasó las etapas del camino concreto que la baja a tierra a diario. Desde la negación de los organismos de derechos humanos a siquiera pisar ese lugar de terror que les habían arrebatado a los suyos, a la emoción sin control que los empujó adentro. Y del presidente que pidió perdón en nombre del Estado, al desafío de convertir 17 hectáreas de muerte en un gigante potenciador de memoria.
“Es la forma que yo elegí para procesar mi historia”, resolvió sencilla Maroni ante el cómo es ser familiar de desaparecido en el mismísimo hoyo de-saparecedor. De a pasitos, fue problematizando: “Debió haber sido la manera que menos me dolía entender que no es algo que me pasó a mí sino que fue parte de un proyecto. Colectivizar la lucha y mientras eso sucede, aportar y dejar una huella en la sociedad”. La clave que la relaja y la empuja, acaso compartida por tantos otros, tiene que ver con el poder ser constructivo en el epicentro del plan destructivo que comenzó hace 38 años. “Tengo mucho orgullo de esto. Pienso en mis hijos y en la historia que les puedo contar a ellos sobre su familia y el país, y le encuentro una vuelta que está buena. Porque si no hubiera existido la lucha, hubiese sido ‘y entonces el abuelo desapareció’. Fin, ahí se cortaba un relato. Hoy es diferente. Tengo la oportunidad de decirles ‘y entonces tu abuelo y sus compañeros desaparecieron, pero detrás de esto vinieron las Madres, las Abuelas y nosotros e hicimos todo esto, logramos todo esto otro’”.
–¿Qué significa que la Ex ESMA sea hoy un espacio de derechos humanos?
–Ganarle a la muerte no es sencillo, llenar este espacio de vida, 17 hectáreas, 32 edificios, no es sencillo. Después de diez años, con mucho esfuerzo, amor y compromiso, que este espacio esté abierto y con un camino ya avanzado de apertura que profundizamos cada día más, indica que esto es un proyecto de país. Es un lugar al servicio de un proyecto de país, y en ese sentido, sumamente importante para toda la sociedad. Los organismos de derechos humanos en este espacio fueron y son esenciales; fueron los primeros que se animaron a entrar, a plantar bandera y a decir que acá debían suceder cosas. Pero ellos (nosotros, porque me incluyo), como parte de la idea de no apropiarse de este espacio, sino de abrirlo instalando actividades para todos. La tecnicatura de música popular de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora; la de periodismo deportivo que funciona en la Casa de la Militancia de la Agrupación HIJOS, las actividades gratuitas del Centro Cultural Haroldo Conti. Cada uno de los que están acá propone algo abierto al público y de nivel, ésa es la mejor manera de saldar el desafío: que la gente se vaya animando a entrar.
–¿Por qué aún cuesta tanto?
–La manera en que la gente se va apropiando de este lugar acompaña la línea histórica del país. Desde que se abrió este espacio, siempre tuvo mucho público la visita al ex Casino de Oficiales, lo que fue el núcleo duro del centro de tortura y exterminio. El público busca transitar esa experiencia particular: lo que fue el centro clandestino de detención. Este año pasaron por ahí 150 mil personas. Cuesta más que la gente llegue en busca de una actividad cultural o educativa. Que haga la resignificación del espacio. Aunque todos los días se gana un poquito, es una batalla que no está saldada. Para eso, consideramos fundamental entender qué pasa con los tres mil hombres y mujeres que llegan a diario a la Ex Esma para trabajar en todas las instituciones que hay acá y que no están directamente relacionados con los organismos. Son parte de la sociedad, tienen familias y amigos y replican lo que sucede aquí. Los integrantes de las cooperativas de Argentina trabaja que están restaurando los edificios, trabajadores y trabajadoras de diverso origen que aportan mucha riqueza a la nueva esencia de este espacio, son un aspecto más que hace a este lugar muy particular. Siempre fue un lugar particular la ESMA: en la dictadura fue particular y en la recuperación de los espacios también lo es.
–¿Siempre estuvo presente la resignificación?
–Hace diez años, en el local de HIJOS debatíamos si entrábamos o no a la ESMA: “¡No entramos y no vamos a entrar porque eso todavía es un centro clandestino de detención porque no hay juicio y castigo!”, asegurábamos. El día que Néstor (Kirchner) estuvo acá y abrió las puertas, nos abalanzamos. Después de haber tenido diez horas de debate… Una vez que se abre la puerta a la emoción y lo que te sucede es tan poderoso… Las Madres tampoco iban a entrar. Y sin embargo lo hicimos. Y dejamos flores, y lloramos, y lo sentimos. Y escuchamos un presidente que nos pedía perdón en nombre del Estado, otra cosa que tampoco imaginamos. Debates existieron y van a existir siempre. Muy pocos han podido anticipar lo que estamos viviendo. Cuando ya tenés dos mil personas trabajando en este espacio, mil cooperativistas y la vida, el día a día te salda el para dónde. No todo se puede planificar, estructurar. Los debates se saldan en la práctica.
–Qué te sorprende más de todo lo que sucede hoy en el Espacio para la Memoria que funciona en la Ex Esma…
–Hay muchas cosas que están sucediendo y que no hubiera sido posible siquiera charlar porque no las habríamos ni imaginado. Pero la presencia de las cooperativas de trabajo aquí es increíble. Es algo que Martín (Fresneda, el secretario de Derechos Humanos de la Nación) le propuso a Alicia (Kirchner, ministra de Desarrollo Social), que fue una de las primeras que nos tendieron su mano. Hubiera sido imposible plantearlo en un debate siquiera. Aquí el programa Argentina Trabaja funciona de manera ejemplar. Son mil trabajadores y trabajadores dedicados a poner en valor todos los edificios del predio mientras aprende a realizar cada trabajo: revoca mientras aprende a revocar, coloca un cemento alisado mientras aprende a hacerlo. Al mismo tiempo, participan de talleres de derechos humanos. Todos saben dónde están trabajando, porque es la manera de darle sentido. Tiene mucha mística, por más de que no sea la manera más rápida de poner a punto el espacio. Tiene mucho sentido reconstruir la Ex ESMA así. Fue recuperada para el pueblo y está siendo reconstruida por el pueblo argentino.
–¿Cuáles fueron los desafíos más grandes de mantener vivo el debate entre los diferentes integrantes del Ente?
–Acá se debate todo mucho. Siempre atado a la práctica, porque ése es el límite, pero la manera de coexistir es debatiendo todos los días cómo hacer para que cada cosa que suceda acá tenga sentido y no sea porque sí. Cada cosa que se hace acá es un rompecabezas lleno de sentidos en el cual somos muy cuidadosos. Cada paso que se da tiene un fundamento. El pasado fin de semana dio un recital Miguel Angel Estrella. Pero no fue un recital nomás: tocó Miguel Angel (pianista tucumano, secuestrado en Uruguay víctima del Plan Cóndor, militante reconocido por los derechos humanos) en el sector del predio en donde está ubicada la instalación de la Carta Abierta de Rodolfo (Walsh), realizada por León (Ferrari)… Todo está entretejido de sentido. La historia después dirá en qué nos equivocamos. Lo que siempre tendremos es un argumento para darle, en el que creímos fervientemente.
–¿Cuánto afectó ese funcionamiento interno el intercambio mediático que se dio a partir de la difusión del asado con miembros del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos?
–Nos dolió sobre todo el mal uso de ese debate. Nos dolió ver a TN levantando esa noticia, ver a los compañeros en los medios de comunicación que trabajan para el poder concentrado económico de Clarín, de La Nación al servicio de hacerse agua la boca con este debate, que tiene que ser respetuoso, que se puede dar en otros ámbitos para que tenga sentido y poder sacarle el jugo a discusiones que son válidas, por más que uno no acuerde. Eso nos dio mucha lástima. Más allá, el asado, a esta altura, ya se convirtió en un concepto. Estamos convencidos de que hay tantas cosas para hacer acá que aquéllas cuyas discusiones aún no están saldadas preferimos no hacerlas. Podemos no hacer un asado si aún hay quienes se ven ofendidos. Incluso si para quien vive todos los días en la Ex ESMA, el que te la rema en dulce de leche porque labura 12 horas por día acá porque cree, porque milita todos los días ahí, hacer un asado no significa faltarle el respeto a nadie. Insisto, uno respeta en la práctica, en las convicciones, y en la lucha que uno lleva adelante. No creemos que haya una biblia sobre qué está bien, qué está mal o cómo conmemorar a nuestros muertos, tan nuestros como lo son de aquellos que piensan distinto. Preferimos no entrar en ese terreno, respetamos. Los sobrevivientes son algo muy importante para nosotros porque son los que están llevando adelante los juicios de lesa humanidad, porque son el testimonio, el dato que nosotros no tenemos.
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EL PAIS › OPINION
La “cuestión civil” en el proceso de justicia argentino
Por Gastón Chillier y
Lorena Balardini *
En los últimos años la expresión “dictadura cívico-militar” comenzó a instalarse en el discurso público, jerarquizando el rol desempeñado por la plana civil en esta etapa de nuestra historia reciente. La idea de complicidad de determinados sectores de la sociedad con las Fuerzas Armadas para llevar adelante el plan sistemático de desaparición y exterminio perpetrado entre 1976 y 1983 fue afianzándose en el plano político, social y judicial.
La consolidación del proceso de justicia, su extensión en el tiempo y la información que se produce en el marco de los juicios ampliaron los límites de la investigación penal. Comenzó a evidenciarse que la atribución de responsabilidad no se agota en el juzgamiento de las Fuerzas Armadas que condujeron el aparato estatal y de las fuerzas de seguridad operacionalmente subordinadas, sino que hoy es necesario que la Justicia avance sobre la otra parte del cuadro: el aporte, en algunos casos fundamental, de sectores civiles al accionar represivo.
Este proceso de justicia que se encuentra activo hace más de diez años avanzó hacia dimensiones de la responsabilidad civil nunca antes alcanzadas, como lo demuestran los procesamientos a empresarios y funcionarios del Poder Judicial. Sin embargo, es importante analizar estos alcances porque este tipo de investigaciones presenta complejidades y su avance tampoco es homogéneo.
Los “tipos” de actores civiles acusados en diferentes causas por su responsabilidad en los delitos son diversos: funcionarios del Poder Ejecutivo y Judicial, profesionales de la salud, personal civil de inteligencia (PCI), integrantes de la Iglesia Católica, empresarios y, por supuesto, apropiadores de menores. A marzo de 2014 son 297 los civiles investigados, el 13 por ciento del total de 2239 imputados.
Sin embargo, mientras las cifras del universo de civiles involucrados en los casos demuestran que se profundizaron las investigaciones hasta llegar a un número significativo, un análisis exhaustivo indica que la Justicia actúa con diferentes criterios frente a este tipo de responsabilidad.
Por ejemplo, en relación con los responsables de la Iglesia Católica, son 7 los sacerdotes implicados y sólo uno de ellos está condenado, a pesar de todo el conocimiento y documentación existente sobre los vínculos de la Iglesia con la dictadura desde la transición hasta la actualidad. También es escasa la investigación respecto del personal civil de inteligencia (PCI), los civiles más cercanos al aparato clandestino de represión. En 2010 se hicieron públicos listados con miles de nombres, un material que en cuatro años no fue analizado en detalle. Aun considerando que no todos los nombres que allí figuran estuvieron efectivamente involucrados en las tareas represivas, lo cierto es que los listados permitieron demostrar la dimensión de la maquinaria estatal montada para ejecutar los secuestros e instrumentar la desaparición de los cuerpos. No obstante, son sólo 70 los PCI actualmente investigados por el proceso de justicia.
Los funcionarios judiciales y los integrantes de empresas o grupos económicos son los dos tipos de civiles sobre los que se avanzó con mayor firmeza en los últimos dos años. Atribuir responsabilidad penal a esta clase de imputados significó la incorporación de dimensiones novedosas a la persecución penal ya instalada en nuestro país respecto de los crímenes llamados “de sangre”.
En relación con los funcionarios del Poder Judicial, las cifras son contundentes: hoy constituyen más del 20 por ciento de los civiles investigados. De todas formas, hasta la fecha, similar a lo que ocurre con los miembros de la Iglesia, la Justicia consideró que la participación de sus funcionarios en la represión no fue orgánica, aun cuando se presentó en distintas regiones del país y de manera muy similar. Sin embargo, en numerosos fallos se destaca un fenómeno que contradice ese supuesto accionar aislado: el rechazo masivo de hábeas corpus, las costas, el archivo o la falta de solicitud de medidas de prueba evidencia que el Poder Judicial negó sistemáticamente el acceso a la justicia de las víctimas, habilitando un terreno de desprotección que facilitó el accionar represivo. No obstante, las resoluciones más contundentes en la atribución de responsabilidad se basaron en conductas extremas y no en el cotidiano de la función judicial, tales como el contacto directo con jefes militares, la visita a centros clandestinos de detención y la participación en interrogatorios. El juicio que se realiza actualmente en Mendoza es una oportunidad histórica de sentar precedente respecto de la contribución del Poder Judicial al plan represivo.
Otra dificultad que persiste es la obstaculización o dilación de las investigaciones que involucran a ex funcionarios judiciales, quienes muchas veces explotan los vericuetos legales o recurren a los vínculos que mantienen con los actuales jueces y fiscales para evitar el avance de las investigaciones, como ocurrió en los casos de Pedro Hooft y Ricardo Lona.
También tuvieron relevancia los procesamientos a miembros de empresas que colaboraron con el plan clandestino de represión. En 2013 muchas causas que se encontraban obstaculizadas avanzaron, como fue el caso de Ford y el procesamiento de sus directivos. Algunas comenzaron a dar señales de movimiento, como la causa Acindar, mientras que otras permanecen estáticas, como la emblemática causa Mercedes Benz, de la que se recogieron una decena de testimonios durante el Juicio a las Juntas y se encuentra en curso desde 2002. En otros aspectos, como la complicidad de ciertos sectores del sindicalismo con el secuestro de los trabajadores o la desprotección que éstos sufrieron durante la dictadura, los avances de la Justicia son casi nulos. La experiencia de los juicios por las causas Ledesma y La Veloz del Norte, que podrían comenzar este año, será clave para analizar el rumbo de estos casos.
La investigación penal de la complicidad civil es una oportunidad única para reflexionar sobre el rol de determinadas instituciones, como la Iglesia Católica en el marco de una sociedad democrática. También abre múltiples interrogantes sobre el rol de la Justicia y el lugar que ocupan los grupos económicos en los proyectos de país. Si bien este debate está comenzando a dirimirse también en el ámbito judicial, sin dudas trascenderá las responsabilidades penales que se establezcan y permitirá sumar a los procesos de producción de conocimiento sobre nuestra sociedad en aquellos años y a la reconstrucción política y social de lo que fue el terrorismo de Estado.
* Director ejecutivo y coordinadora del Area de Investigación del CELS. Este artículo es un adelanto del libro Derechos Humanos en Argentina. Informe 2014, del CELS
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