Ficha Corrida

21/08/2016

Público na privada

Filed under: Cleptocracia,Maurício Macri,Panama Papers,Público na Privada,Plutocracia — Gilmar Crestani @ 7:55 pm
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macriA volta dos mortos vivos, muito vivos. Pensava-se que depois de Alberto Fujimori, Carlos Menem e FHC não haveria mais espaço para retorno da plutocracia viciada em jogar recursos públicos na privada. Mas roda da história gira, e a lusitânia, roda.

Os governos de esquerda pagam as dívidas, constroem empresa lucrativas e, com os lucros, investem em programas de inclusão social. Na Argentina do Grupo Clarin ou no Brasil da Rede Globo, ambos filiados a SIP, avó do Instituto Millenium, investir em programas de inclusão social é crime inafiançável.

A Rede Globo escalou seu magarefe para atacar as cotas raciais. Ali Kamel escreveu “Não Somos Racistas”. Claro, se pudessem caçariam a Princesa Isabel e revogariam a Lei Áurea. Como não podem, atiçam seus capitães de mato contra Lula.

Na Argentina a direita pelo menos teve a decência de vencer no voto. No Brasil, a cleptocracia foi ardorosamente defendida pela Marcha dos Zumbis recrutados pela Rede Globo. Não por acaso os principais personagens do golpe estão, como Maurício Macri, finanCIAdos pela Mossack & Fonseca, passando lua de mel no Panamá

Mais uma vez, tudo o que foi construído ao longo de 12 anos virou, para delírio do primeiro a ser comido, pó. Vem aí novos empréstimos no FMI e dinheiro do BNDES para financiar a compra do que não são capazes de administrar, quanto mais construir. Para os promotores do golpe paraguaio, a privataria tucana foi uma bênção. É a volta do público na privada.

É o efeito orloff, aconteceu na Argentina, acontece no Brasil.

 

Estado bobo, privado rico

Por Alejandro Giuffrida
Una nueva ley de asociación público privada se cocina en el Congreso de la mano del PRO y a la medida de las multinacionales. El Estado siempre será minoría en las sociedades, los contratos escaparán a las regulaciones nacionales pero se beneficiarán de los fondos y las investigaciones públicas argentinas.
El gobierno de Mauricio Macri avanza en el Congreso con una ley que fija un nuevo régimen de inversión en la obra pública, que le abra las puertas de par en par al capital foráneo sin controles pero con garantías. La discusión comenzó la semana pasada en el Senado, pero el texto en debate es un caballo de Troya: se redactó en los escritorios de los bufetes de abogados de las grandes multinacionales. En esos estudios hablan de un texto de ley light para que lo aprueben los aliados legislativos de Cambiemos, y aseguran tener información de que luego de sancionada la ley, la reglamentación será pro-multinacionales por parte del Ejecutivo.
El esquema implica, en concreto, la prestación directa al usuario de un servicio público por parte de una empresa privada. Los apóstoles de este sistema se esfuerzan por despegarlo del término “privatización”, pero en los papeles hay muchos puntos en común. Uno de ellos es el retorno a los tribunales externos para la resolución de conflictos, es decir los juicios ante el Ciadi.
Denominado en la región tanto Asociación Público-Privada (APP) como Participación Público-Privada (PPP), el formato tiene como principales referentes latinoamericanos a las economías de México, Colombia y Perú. En la Argentina hubo algunos antecedentes pero no llegaron a aplicarse.
En los hechos, el proyecto en debate en el Senado anula las leyes de Obra Pública y de Concesión de Obra Pública. Es decir que las obligaciones que deberá afrontar el privado serán sólo aquellas que se encuadren en la ley que se está debatiendo (de contenidos generales y sin demasiado detalle, para habilitar una reglamentación a medida) y, sobre todo, las que fijen el contrato y el pliego de licitación de cada obra.
En otras palabras, el Ejecutivo tendrá frente a cada proyecto que quiera canalizar por el régimen de PPP la capacidad arbitraria de fijar las obligaciones que el sector privado tendrá que cumplir en esa operación. Además, si bien el régimen es de participación mixta, el Estado Nacional nunca podrá tener una posición mayoritaria en la asociación con un privado. Las reglas no las fijará el capital público.
Otro punto polémico es que las contrataciones podrán ser directamente en dólares o, si se trabaja con un esquema en pesos, el contratista podrá exigir la redeterminación del precio de la obra al momento de la ejecución, burlando plenamente el pliego y la oferta aprobada. Para esto, Cambiemos tuvo que cargarse la ley de convertibilidad de Cavallo, que tiene artículos específicos sobre la prohibición de indexaciones. Incluso, si la empresa se endeuda para hacer la obra licitada y después no puede hacer frente a sus obligaciones financieras, entonces el contrato pasa directamente a favor del acreedor.
El encargado oficial de avanzar sobre los PPP es Horacio Reyser, el hombre en Presidencia que tiene a su cargo transformar en realidad la “lluvia de inversiones” esperada. Su promesa hacia Macri fue consolidar un flujo de Inversión Extranjera Directa (IED) por sobre los 25.000 millones de dólares anuales.
Durante la campaña electoral, también el equipo de Daniel Scioli había adelantado su voluntad de crear un esquema público-privado, que es habitualmente impulsado por el Banco Mundial y otros organismos internacionales de crédito.
La pluma del abogado
El proyecto que ingresó el Poder Ejecutivo en la Cámara Alta –y que ya está en discusión en Comisiones- fue directamente armado por los bufetes de abogados de las grandes corporaciones, en consonancia con el rol que solían tener durante el menemismo.
Según pudo saber Nuestras Voces en palabras de una fuente del Senado, el proyecto tiene la pluma de dos estudios de abogados representantes de los grandes capitales extranjeros que operan en el país: Beccar-Varela y O’Farrell.
El Estudio Beccar Varela tiene como cartera de clientes al mundillo financiero local y externo. El Citi, Galicia, Itau, Merrill Lynch, J.P.Morgan, Credit Suisse, Deutsche Bank, por sólo citar a los más renombrados. Sus oficinas están en el tercer piso del Edificio República, aquel que alguna vez fuera sede del banco de Raúl Moneta.
El Estudio O’Farrell, en tanto, se destacó como el representante habitual de multinacionales, muchas de ellas con antecedentes de conflictos legales contra el propio país, y otras tantas ligadas al mercado energético y minero.
La plataforma de abogados es también la garantía de Cambiemos para llenar su mini cumbre de negocios internacional, bautizada Foro de
Negocios e Inversión.
A mediados de septiembre, el Gobierno reunirá en el Centro Cultural Kirchner (CCK) a banqueros y CEOS del Banco Mundial, Goldman Sachs, JP Morgan, Council of the Americas, el Citigroup, la CNN, Coca Cola, entre tantas otras multinacionales y organismos de crédito. Para ese entonces, aspiran a presentar una Ley de Participación Pública-Privada sancionada, o por lo menos a punto de…
En los centros financieros de Estados Unidos y Europa ya circula un documento, en el que directamente se asegura que el Gobierno de Macri presentó ante el Congreso un proyecto lavado, con poco detalle de regulación, para que una vez sancionado el Ejecutivo pueda incluir las cláusulas “necesarias para establecer un régimen global”, que “se espera que sea consistente con los más avanzados regímenes de otras jurisdicciones de América Latina”.
Los textuales pertenecen a una de las últimas presentaciones de la firma de abogados Clifford Chance, una multinacional con sede en Londres, que encabeza el listado de bufetes mundiales destinados a “Capital markets” y “Litigation & Dispute resolution”. La promesa de Macri de traer inversiones extranjeras venía silenciosamente acompañada de la pérdida de controles y regulaciones.
Nuestras Voces
http://www.nuestrasvoces.com.ar

Nota de tapa

08/11/2013

AT&T paga para a CIA; PSDB paga assinaturas da Folha, Estadão, Veja…

Mutatis mutandis, é assim que funciona a democracia made in USA: pagou, recebeu! Tudo de forma (deforma) republicana…

CIA paga US$ 10 mi por dados de operadora

Com repasse anual, empresa de telefonia AT&T dá acesso a registros de chamadas, inclusive feitas por americanos

Segundo funcionários do governo, cooperação da AT&T ocorre sem mandado judicial; CIA e empresa não comentam

CHARLIE SAVAGEDO "NEW YORK TIMES", EM WASHINGTON

A Agência Central de Inteligência (CIA) americana paga mais de US$ 10 milhões (R$ 23 milhões) por ano à operadora de telefonia AT&T por assistência em investigações sobre terrorismo no exterior, oferecendo acesso ao vasto banco de dados de registros telefônicos mantido pela companhia.

O pacote inclui telefonemas internacionais de cidadãos americanos, segundo funcionários do governo.

A cooperação é conduzida sob um contrato voluntário, e não como resultado de intimações ou mandados judiciais que forcem a companhia a participar.

A CIA fornece números de suspeitos de terrorismo no exterior e a AT&T responde com registros de chamadas para esses telefones, que podem ajudar a identificar comparsas estrangeiros.

O programa traz uma nova dimensão ao debate sobre espionagem governamental, até então focado nos programas da Agência de Segurança Nacional (NSA).

O caso mostra como outras agências usam metadados –registros de datas, duração e números de telefone em uma chamada, mas não sobre seu conteúdo– a fim de analisar conexões entre pessoas

Como a CIA é proibida de espionar as atividades de americanos no país, a agência impõe salvaguardas de privacidade ao seu programa, disseram os funcionários.

A maioria dos registros de chamadas fornecidos pela AT&T envolvem telefonemas de estrangeiros a estrangeiros. No entanto, quando a companhia passa dados de telefonemas nos quais um dos interlocutores está nos EUA, ela não revela a identidade e "mascara" dígitos de seus números de telefone.

Ainda assim, a CIA pode encaminhar esses números ao FBI, que, por sua vez, pode intimar a AT&T a fornecer os dados sem censura.

A história do programa da CIA é obscura. Ele começou em algum momento anterior a 2010, foi suspenso em algum ponto e depois retomado, de acordo com os funcionários. Eles disseram que os comitês de inteligência da Câmara e do Senado estavam informados de sua existência.

Dean Boyd, porta-voz da CIA, se recusou a confirmar o programa. Mas declarou que as atividades de coleta de informações da agência são legais e "sujeitas a extensa fiscalização".

Porta-voz da AT&T, Mark Siegel disse que não comentaria "questões relacionadas à segurança nacional".

Enquanto Washington discute se deve ou não restringir atividades da NSA em solo americano, governos da Europa exigem mais transparência da parte das companhias e ameaçam impor restrições.

A AT&T estuda adquirir a operadora europeia de telefonia móvel Vodafone, e autoridades regulatórias prometeram examinar cada detalhe de um possível acordo.

12/08/2013

Essa o Dinho Ouro Preto também não sabia

No Brasil, o padrão Globo é elogiar tudo o que vem de fora, especialmente se for dos EUA. É o tal do complexo de Vira-Latas. A Rede Globo e seus papagaios só não elogiam a entrada da mídia americana, aí, claro, seria dar um tiro não no pé, mas no ouvido. Por isso a Globo mantém de lobby contra a entrada de veículos estrangeiros. O pior nisso tudo são os papagaios que repetem tudo o que ouvem, vêem ou lêem através dos veículos da  Globo. O que seria destes ventríloquos se não existisse uma grupo como a Rede Globo para tele-guiálos?!

O Dinho Ouro Preto é o cara que resolveu criticar o Beira-Rio porque teria dinheiro público. O entorno, tem. Mas o entorno não  é o Beira-Rio.

O dinheiro público na construção de estádios nos EUA

Enviado por luisnassif, seg, 12/08/2013 – 09:36

Sugerido por implacavel

Do blog Ouro de Tolo

Made in USA – “Estádios com Dinheiro Público nos EUA: alguns casos”

Rafael Rafic

Nesta quarta feira, a coluna do advogado Rafael Rafic retoma o artigo anterior e mostra alguns casos de estádios e praças esportivas construídas com dinheiro público nos Estados Unidos.

Estádios com Dinheiro Público nos EUA: alguns casos

Na coluna de hoje, irei arrematar o assunto que ficou no ar no fim da última Made in USA: a falácia do modelo completamente privado dos esportes americanos.

É verdade que nos seus negócios do dia-a-dia os clubes funcionam como empresas e são privados. Porém quando estudamos o assunto “construção de estádios”, algo essencial para qualquer time das quatro ligas principais dos EUA, o aspecto privado do modelo de negócios se torna nebuloso.

Não irei tecer maiores comentários, apenas contarei alguns episódios sobre o assunto. Alguns deles causaram polêmica e protestos por parte de contribuintes das respectivas cidades, que se inconformaram com o financiamento público de negócios privados.

Mais uma vez começarei com o New York Yankees. O novo Yankee Stadium, inaugurado em 2009, foi o estádio mais caro do mundo na época, custando US$ 1,5 bilhão. Hoje ele é o segundo mais caro, já que em 2010 o Metlife Stadium custou US$ 1,6 bilhão. Porém o Metlife teve algo único: a divisão de custos pelos 2 times que o usam: o Giants e Jets, ambos da NFL.

Houve um escândalo na época porque, por mais que o Yankees orgulhosamente anunciasse que ele estava construindo um estádio próprio com dinheiro próprio, todo o financiamento das obras no entorno do estádio foi financiado pela prefeitura de New York. Entre garagens, novas estações de trem e metro, o investimento foi superior a US$ 300 milhões.

Só que as pessoas mais atentas perceberam que, especialmente no caso das garagens, a prefeitura iria financiar em incentivos fiscais um negócio privado que daria lucros apenas para o operador das garagens, que por sua vez deveria pagar uma taxa ao Yankees.

Obviamente isso resultou em um escândalo público na época do financiamento. Para completar a confusão, com os altos preços de estacionamento aliado às novas estações de trem e metrô em frente ao Yankee Stadium, a taxa de ocupação das vagas está em míseros 40% e o operador fez uso de uma cláusula do contrato que o permite alargar ainda mais o pagamento dos incentivos fiscais. Enquanto isso, os contribuintes de New York pagam as garagens ociosas.

Está em negociação a venda de algumas áreas de garagem para uma construtora, já que está demonstrado que ela não será necessária, para ajudar a ressarcir a prefeitura de New York.

Para terminar o estádio o Yankees (em nome próprio) ainda pegou dinheiro emprestado do companhia da prefeitura que age igual ao BNDES, emprestando a juros subsidiados. Pelo menos, o estádio está gerando altos lucros que compensam em impostos gerados os juros subsidiados.

Outro caso curioso é o Marlins Park (já o citei aqui superficialmente na mesma coluna citada semana retrasada sobre o cartão de crédito dos ex-donos do Dodgers).

Após uma longa disputa entre o dono do Florida Marlins (MLB), Jefrey Lloria, e o condado de Miami-dade, na qual várias vezes foi ameaçada a retirada do time da cidade de Miami, foi aprovada a construção do estádio por uma votação apertada.

Resultado: dos US$ 634 milhões do estádio, US$ 376 foram bancados pelo condado de Miami-dade e US$ 132 milhões pela cidade de Miami. O resto, bancado pelo time, ainda foi emprestado ao mesmo com juros subsidiados.

Os contribuintes de Miami odiaram o acordo e em recalls (referendo para manter ou não governantes) derrubaram tanto o prefeito da cidade Miami como o “prefeito” do condado por apoiarem a construção do estádio.

Logo após a derrubada de ambos, o novo prefeito da cidade, que fora um dos votos contra o projeto, revelou detalhes do acordo que demonstravam que a cidade ainda seria a responsável por pagar despesas como impostos anuais de US$ 2 milhões sobre áreas que foram alugadas ao Marlins e uma ajuda na manutenção do estádio no valor de US$ 250 mil ao ano sem qualquer contrapartida por parte do time.

Mas pelo menos o time foi rebatizado para Miami Marlins e o dono, que não investia 1 centavo no time dando como desculpa a falta de estádio, passaria a comprar grandes jogadores e tirar o Marlins da eterna lanterna que ocupava.

Pois bem, o time ainda se chama Miami Marlins. Só que Lloria investiu bastante em jogadores no início de 2012, ano de inauguração do estádio, apenas para o time continuar perdendo e ele trocar todos os bons jogadores caros por jogadores ruins baratos, tal qual como ocorria antes do estádio.

Em tempo: o Marlins foi o lanterna incontestável de sua divisão em 2012 e continua na mesma posição em 2013.

Para completar, a MLB advertiu o Marlins por mau uso do dinheiro recebido das “revenues sharings” da liga, o que aumentou as suspeitas, já fortes, que o clube usou essas receitas para pagar suborno para políticos virarem favoráveis ao financiamento do estádio.

Por fim, um caso um tanto diferente: o do Cowboys Stadium, agora At&T Stadium, caso do Dallas Cowboys da NFL (foto).

O estádio custou US$ 1,15 bilhões (mais de dois Maracanãs), o que lhe dá a marca de terceiro estádio mais caro da história e foi construído em grande parte com dinheiro do próprio time e da NFL. Porém a cidade de Arlington (fronteiriça com Dallas) ajudou com US$ 350 milhões e para conseguir esse dinheiro a cidade aprovou um aumento de 0,5% no imposto de vendas, de 2% no imposto de ocupação de hotéis/motéis e de 5% no imposto de aluguéis de carros.

Felizmente o Cowboys Stadium está indo muito bem, gerando muita receita em impostos para a cidade e o empréstimo está se pagando com sobras. Mas eu imagino a gritaria que ocorreria no Rio se a prefeitura anunciasse um aumento de 0,5% no ISS para ajudar a financiar um estádio de futebol para algum time da cidade.

Apenas apresentei aqui três exemplos recentes e diferentes entre si para demonstrar a minha afirmativa anterior, mas esse tipo de ajuda pública a times privados é tão comum nos Estados Unidos que eu poderia escrever mais 2 ou 3 colunas apenas com mais exemplos parecidos.

Vocês ainda acham que o esporte é um caso meramente privado nos EUA como costuma ser vendido?

O dinheiro público na construção de estádios nos EUA | Brasilianas.Org

09/08/2013

A melhor defesa é o ataque

Filed under: Carmen's Club,Público na Privada,STF — Gilmar Crestani @ 8:53 am
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Se a teoria do “domínio do fato” fosse aplicada aos Ministros do STF, não sobraria um meu irmão. A cada dia que passa fica mais claro que o julgamento da Ação 470 foi uma farça montada no STF sob encomenda dos grupos mafiomidiáticos. Todos os julgadores com dedod em riste estão aparecendo envolvidos em episódios muito mais vergonhosos do que aqueles que imputava aos réus daquela ação. Que o diga Carmen Lúcia e Joaquim Barbosa

Cármen Lúcia tinha "domínio do fato" no TSE?

:

Ministra do STJ Nancy Andrighi rebate acusação de ser a responsável pela decisão que liberou dados dos eleitores para a Serasa e culpa a presidente do tribunal pelo episódio. Declaração foi confirmada pela corregedora-geral da Justiça Eleitoral, Laurita Vaz, que disse que a Presidência da corte tinha ciência do repasse de informações pessoais de 141 milhões de eleitores à empresa privada

9 de Agosto de 2013 às 06:37

247 – A versão da ministra do STF Cármen Lúcia, de que não estava ciente sobre o acordo firmado entre o TSE e a Serasa, foi confrontada pela ministra do STJ Nancy Andrighi. Ela encaminhou ontem ofício a todos os ministros do Tribunal Superior Eleitoral para rebater acusação de ser a responsável pela decisão que liberou dados dos eleitores para a empresa de proteção ao crédito. Indiretamente, culpa a presidente do tribunal, Cármen Lúcia, pelo episódio.

No texto (leia abaixo na íntegra), Nancy diz que parecer dado por ela, quando na corregedoria-geral, "se limitou a uma estudo quanto à viabilidade legal do pedido” e que adotá-lo ou não era "atribuição exclusiva da presidência". "Infere-se a existência, no mínimo, de falha de comunicação entre o diretor-geral e a presidente”.

A declaração foi confirmada pela corregedora-geral da Justiça Eleitoral, Laurita Vaz, que disse nesta quinta-feira, 8, que a Presidência da corte, ocupada pela ministra Cármen Lúcia, tinha ciência do repasse de informações pessoais de 141 milhões de eleitores à empresa privada que gerencia os dados sobe a situação de crédito dos consumidores do País.

Pelos termos do documento assinado pelo TSE e Serasa, o tribunal passaria os dados à empresa em troca de certificados digitais, que são uma espécie de CPF eletrônico que permite acesso a processos judiciais.

"A Diretoria-Geral, diretamente subordinada à Presidência desta corte, é o órgão administrativo responsável pela formalização de acordos", afirmou Laurita no despacho de ontem. "Depois de obter decisão favorável da então corregedora-geral (Nancy Andrighi), minha antecessora, o sr. diretor-geral efetivou a cooperação técnica com a referida empresa, em vigor desde 23/7/2013."

Veja abaixo a íntegra da nota divulgada por Nancy Andrighi:

"Tornou-se público, no dia 23 de julho último, o Acordo de Cooperação Técnica entre o Tribunal Superior Eleitoral – TSE e a SERASA S/A, que atingiu grande repercussão social, sendo objeto de inúmeras manifestações de Órgãos de Imprensa e autoridades – inclusive alguns magistrados do TSE –, quanto à sua legalidade e conveniência, que vincularam, indevidamente, a celebração desse acordo à minha atuação como Corregedora-Geral.

Cabe então esclarecer, para a perfeita configuração das responsabilidades na questão, que o pedido formulado pela SERASA S/A, de acesso aos documentos, foi a mim submetido, na condição de Corregedora-Geral da Justiça Eleitoral, tão somente para avaliação de sua adequação técnica, às possibilidades de acessos e compartilhamento de dados já definidos pelo pleno do TSE, por meio da Resolução 21.538/2003.

Assim, tanto em 30/06/2011 – quando analisei e apontei a inviabilidade do primeiro pedido formulado pela SERASA S/A de compartilhamento de dados –, quanto em 25 de outubro de 2012, quando verifiquei a adequação de novo pedido àquela Resolução, não determinei a celebração de convênio ou acordo, mas apenas avaliei sua possibilidade legal, sob a ótica dos limites firmados pelo próprio TSE, em 2003.

Cito o teor do que decidi:
“dado o exposto, considerando os termos da pretensão firmada pela requerente e os permissivos legais, entendo que não existe óbice ao fornecimento de relação contendo o nome do eleitor, número de inscrição e informações a respeito de óbitos, desde que sem ônus para a Justiça Eleitoral.

Reitero, portanto, os fundamentos assentados na decisão por mim proferida relativamente ao documento de protocolo 14.016/2011-TSE, de interesse da mesma peticionária, sem prejuízo da realização de procedimento inverso, qual seja, cruzamento de dados previamente fornecidos pela interessada como o cadastro eleitoral e retorno das informações sobre eventual óbito do titular e registro de CPF.

Forte nessas razões, remeta-se o expediente à Diretoria-geral, para os encaminhamentos devidos.”. (sem grifos no original).
Como se vê, o parecer considerou legal o compartilhamento, apenas e tão somente, do nome e do número de inscrição dos eleitores. Já o número do CPF e óbitos seriam objeto de procedimento inverso, vale dizer: mediante prévia consulta, o TSE se limitaria a confirmar a veracidade dos dados, sem no entanto, corrigir eventuais inconsistências.

A conveniência quanto à celebração de acordos de cooperação técnica é competência exclusiva da Presidência do TSE, por meio de procedimentos administrativos por ela fixados, enfeixando-se, nessa competência, inclusive, a possibilidade de consulta ao Pleno do TSE.

Destaco, também, que as tratativas necessárias à implementação desse acordo foram todas realizadas sem minha participação ou mesmo consulta quanto ao seu alcance. E, quanto a esse, releva evidenciar que extrapolou os limites da opinião legal fixada em minha manifestação, porquanto o acordo firmado permite a validação de nome da mãe do eleitor e data de nascimento, matérias não tratadas em minha avaliação técnica, bem como não sujeitando ao procedimento inverso de validação, as informações sobre óbitos.
Como magistrada, por quase quarenta anos, cumpro, então, o dever de informar ao povo, a verdade real dos procedimentos judiciais que deram ensejo à celebração desse acordo de cooperação técnica.

Nancy Andrighi
Ministra do Superior Tribunal de Justiça – STJ e ex-Corregedora-Geral da Justiça Eleitoral"

Cármen Lúcia tinha "domínio do fato" no TSE? | Brasil 24/7

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