Ficha Corrida

25/12/2015

Macri se faz, por decreto, macro bolivariano

Macri  governa por decretoPara lá dos significados da Ley de Medios está o método. Enquanto Nestor Kirchner buscava o diálogo na busca da pluralidade de informação, sua mulher, Cristina, haja vista as infrutíferas tentativas do ex-marido, impulsionou, via Congresso, a aprovação de uma Ley que impedisse a concentração dos meios nas mãos de uma única familia, a Herrera Noble.

Maurício Macri é de outra cepa. Descende, em linha ideológica reta, dos ditadores militares. Seu autoritarismo era por demais conhecido. Bastou se eleger e sua primeira medida foi um decreto para que o Clarín fosse voz única e porta-boss do novo governo.

As medidas que os associados da SIP e do Instituto Millenium chamam de bolivarianas nos governos Maduro, Cristina Kirchner e Dilma não passam de refresco diante da truculência do ato institucional com que obrigam seus ventríloquos baixarem como primeiro ato de governo.

No Brasil sabemos muito bem como isso acontece. Quando Sarney ficou presidente, a cota da Globo preencheu sozinha o Ministério das Comunicações, com Antônio Carlos Magalhães. Para se ver o verdadeiro caráter da Rede Globo, que vai “Muito Além do Cidadão Kane”, basta citar as famílias que fazem parte da rede de filiais: Sarney, no Maranhão; Jereissati, no Ceará; Garibaldi Alves, no Rio Grande do Norte; Collor de Mello, em Alagoas; ACM, na Bahia; J. Hawilla, no oeste de São Paulo; e Sirotsky, no Sul. Todos cúmplices da ditadura, com a qual se firmaram e cresceram. Acostumadas a criticarem o peso do Estado, sempre se socorrem de Bancos Estatais, como fez por exemplo a RBS, com o Banco do Brasil e o Banrisul, e a Globopar, com o BNDES.

Em São Paulo, nestes mais de 20 anos de PSDB, milhares de assinaturas da Veja, Estadão e Folha são distribuídos pelas escolas públicas. Caso Aécio Neves, candidato que abraçaram a “carreira”, fosse eleito veríamos o que está acontecendo na Argentina de Maurício Macri: o Estado a serviço do grupos mafiomidiáticos. Se em São Paulo o PCC governa, em Brasília o Marcola seria chefe da Polícia Federal, e Rodrigo de Grandis e Júlio Marcelo de Oliveira disputariam o a PGR.

Nos anos 90 ficou famosa uma campanha publicitária com a marca Orloff: “eu sou você amanhã”. Será que o Brasil de amanhã a Argentina de Maurício Macri?! Toc! Toc! Toc!

Decretamos

Por Santiago Marino *

Mauricio Macri decidió la intervención de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca) y la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y la Comunicación (Aftic), mediante el Decreto 236/2015. Tendrá una duración de 180 días (es un plazo prorrogable) y fue anunciada en conferencia de prensa por el ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, en la mañana de ayer, con anterioridad a la publicación del Boletín Oficial. Es la confirmación de la tendencia de tomar decisiones por decreto y sin consenso. La de impacto más profundo en las políticas de comunicación. Y la apertura a un escenario en que los actores potentes del mercado volverán a incidir en la configuración del campo.

El titular del ministerio creado por otro Decreto (el 13/2015 que había reformado los artículos 10 y 12 de la ley audiovisual) cumplió con su promesa de avanzar en la intervención de los organismos de aplicación de las leyes 26522/09 (mal llamada “de medios”) y 27078/14 (de telecomunicaciones, conocida como Argentina Digital). Por otro lado, alteró la forma y parte de la herencia del gobierno de Cristina Fernández en relación con los medios. Esto lo hace en línea con su afirmación reciente: “la ley de medios no va a subsistir a nuestro gobierno”.

Esta decisión implicó la reacción del presidente del directorio (que solicitó una medida cautelar y un hábeas corpus), de organizaciones vinculadas a la comunicación comunitaria y sin fines de lucro de Argentina y América latina y de todo el campo de la comunicación, que incluyó los trabajadores de los medios privados concentrados y hasta organizaciones de la sociedad civil no afines al kirchnerismo, como Fopea y ADC. Además de movilizaciones hacia la sede de Afsca.

Así, la política de comunicación de la Alianza Cambiamos toma forma. Mediante una serie de decretos avanzó en varias zonas de la estructura heredada: creó “el Sistema de Medios y Contenidos Públicos” (Decreto 12/2015) en reemplazo de Radio y Televisión Argentina (Canal 7, Radio Nacional, RAE, Télam, Bacua, la porción nacional de Telesur y los agregados Centro Cultural Kirchner y Tecnópolis) cuyas funciones y competencias se definieron en el demorado Boletín Oficial del día de ayer; designó nuevas autoridades en ARSat y definió que el Ministerio de Comunicaciones opere sus acciones y las de Correo Argentino.

El Decreto 236/2015 reforma una ley aprobada por amplias y diversas mayorías y con legitimidad robusta con una decisión del PEN que no es resultado de la búsqueda de consensos. Esto sienta un precedente peligroso, dado que con estos argumentos el PEN podría intervenir casi cualquier organismo. Y podría afectar incluso la generación de políticas a largo plazo, que trasciendan los cambios de gobierno. Su apelación a que la Afsca no cumplió en este tiempo el art. 47 de la ley audiovisual parece escaso. Más si es el único argumento con cierta solidez y que no se basa en supuestos ni condicionales.

El texto es una obra peculiar e incluye una serie de verbos en condicional que sorprende para un instrumento legal. Abundan los “se verificaría” y “se habría aprobado”. El primer considerando da cuenta del derecho de los consumidores (cita al art. 42 de la CN) en contraposición con el paradigma del Derecho a la Información que guía la ley audiovisual. El objetivo de intervenir los organismos se complementa con el de fusionarlos, en pos del desarrollo tecnológico sucedido tras la sanción de ambas leyes. En este aspecto desconoce que el art 14 de la ley audiovisual establece que el presidente y los directores de Afsca “sólo podrán ser removidos de sus cargos por incumplimiento o mal desempeño de sus funciones”. Y que la “la remoción deberá ser aprobada por los dos tercios del total de los integrantes del Consejo Federal de Comunicación Audiovisual”. A su vez, los avances que reclama para la ley Argentina Digital bien podrían ser resueltos con la sanción de su Decreto Reglamentario, nunca aprobado.

Nada de lo dicho hasta aquí desplaza las críticas que planteara oportunamente a la aplicación de la ley audiovisual desde su sanción. Y fundamentalmente desde 2013 cuando la corte validó si Constitucionalidad. Pero la decisión del presidente Macri implica intervenir dos organismos autárquicos cuya composición involucra representantes de las minorías del Congreso. En el caso de Afsca, además, avanza sobre un ente creado por una ley que incluyó la participación formal de la ciudadanía para con los tres poderes de la República: los foros ciudadanos convocados por el PEN; las Audiencias Públicas en la Cámara de Diputados y la de Senadores para discutir el proyecto; y las realizadas por la Corte Suprema en ocasión de decidir la constitucionalidad de la ley ante la denuncia del Grupo Clarín.

La figura del interventor para los organismos que regulan la comunicación en el país nos lleva hacia atrás. Y permite recordar que entre 1983 y 2009 el Comfer estuvo intervenido porque si no debía estar a cargo de un general, un almirante y un brigadier. Pero también hacia adelante, para pensar el contexto y las condiciones en que se podría dar el debate por una política convergente para un sistema que tiene como marco la disputa por el mercado de los grandes jugadores: el campeón “nacional” Clarín y el “extranjero” Telefónica.

Argentina cuenta con un sistema de medios fuertemente concentrado y con altos niveles de incidencia de capitales extranjeros. El marco regulatorio vigente fue resultado de un debate intenso y que no logró trasformar esos rasgos por haber sido aplicado poco y mal. El camino adoptado desde el 10 de diciembre parece habilitar la profundización de esos aspectos, e interpelar a la ciudadanía como lo hace el Decreto: solamente como “consumidores”. Cambiaron.

* Profesor investigador UNQ-UBA-San Andrés.

Un decreto para avanzar contra la ley

El Presidente desconoció los mecanismos de remoción establecidos por el Congreso y nombró a un ex legislador del PRO y a un familiar del ministro del Interior. Las autoridades de esos organismos presentaron una cautelar y el macrismo respondió con una denuncia penal.

Por Sebastian Abrevaya

Mediante un decreto simple, el presidente Mauricio Macri resolvió ayer intervenir la Afsca y la Aftic, dos organismos clave que regulan los medios audiovisuales y las telecomunicaciones. La medida desconoce los mecanismos de remoción establecidos por el Congreso Nacional y desplaza a sus respectivos presidentes, Martín Sabbatella y Norberto Berner, cuyos mandatos vencen en 2017 y 2019. El anuncio lo realizó el ministro de Comunicaciones, el radical Oscar Aguad, quien consideró que “existe como una rebeldía” de los funcionarios “para atenerse al nuevo régimen de ministerios”, fijado la semana pasada por Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU). Tanto la Afsca como la Aftic solicitaron a la Justicia una medida cautelar contra la resolución del Poder Ejecutivo, que designó en esos organismos a una persona claramente identificada con el macrismo y a un familiar del ministro del Interior. En la Afsca, se nombró a Agustín Garzón, ex legislador del PRO y en la Aftic a Mario Frigerio, tío de Rogelio Frigerio. Al conocerse la noticia, dirigentes y agrupaciones kirchneristas se manifestaron en las puertas de la Afsca mientras que organizaciones de Derechos Humanos, académicos y referentes del derecho expresaron su rechazo. En paralelo, el PRO presentó una denuncia penal contra Sabbatella por abuso de poder y usurpación del cargo, que recayó en el juzgado de Julián Ercolini.

Menos de quince días tardó Macri en avanzar contra la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, aprobada luego de años de debate en la sociedad civil y con un amplio consenso multipartidario: en Diputados obtuvo 146 votos a favor, 3 abstenciones y 3 en contra y en el Senado 44 votos a 24. La norma aprobada en 2009 contó también con el aval de la Corte Suprema, que declaró su constitucionalidad tras años de litigio por parte del Grupo Clarín. El multimedio todavía continúa su batalla judicial para impedir su adecuación a la ley. La Afsca había apelado el fallo del juez Pablo Cayssials, quién le dio la razón a Clarín respecto del proceso de adecuación de oficio. El nuevo interventor podría desistir de esa apelación, beneficiando así al grupo empresario conducido por Héctor Magneto.

El primer paso de Macri fue el DNU 13/15 de la semana pasada, en el que subordinó a la Afsca y la Aftic a la órbita del Ministerio de Comunicaciones y a éste último le otorgó facultades que eran propias de esos dos entes. El DNU fue cuestionado por el FpV en el Congreso pero continúa vigente ya que se necesita del rechazo de ambas cámaras legislativas para que sea derogado.

A ese decreto de necesidad y urgencia se le sumó el decreto simple publicado hoy en el boletín oficial. Sorpresivamente, en la página web correspondiente no figuró el boletín oficial del día hasta que Aguad anunció mediáticamente la intervención.

“Ambos organismos y sus autoridades no responden a la nueva estructura orgánica de la ley de ministerios”, sostuvo el ex diputado radical, apodado “el milico”, en un breve intercambio con la prensa. El ministro calificó como “rebelión” la continuidad de los funcionarios. “Obviamente estamos frente a un caos donde las decisiones se contraponen y se contradicen razón por la cual no podemos seguir funcionando de esta manera”, afirmó.

La intervención tiene un plazo de 180 días, aunque desde Cambiemos dejaron entrever que se buscará una modificación de la legislación vigente para unificar ambos organismos bajo el mando del ex secretario de medios porteño, Miguel de Godoy. El propio Aguad lo deslizó ayer al señalar que “por ahora” no se modifica la ley de medios y que van a “seguir tomando medidas sobre lo que es la regulación y la planificación estratégica de la Argentina”.

“Nosotros no pretendemos nombrar funcionarios en estos entes que perduren en el tiempo después del gobierno que viene. Cada gobierno tiene derecho a ejecutar sus políticas y nombrar sus funcionarios, para eso hay elecciones”, afirmó Aguad, en abierta contradicción con el artículo 14 de la LSCA. La norma buscó expresamente mayor independencia al desfasar el mandato del Poder Ejecutivo con los del directorio de la Afsca, tal como sucede en otros organismos similares del mundo, por ejemplo en Francia y Estados Unidos. De hecho, durante el debate parlamentario en 2009, los propios legisladores de lo que hoy se llama Cambiemos reclamaron otorgarle no menos sino más independencia del organismo respecto del Poder Ejecutivo.

De hecho, a partir de la intervención no sólo se removerá al titular de la Afsca, sino que Garzón concentrará atribuciones que hoy competen a los siete miembros del directorio del organismo, que tiene representantes de las tres principales fuerzas parlamentarias, de académicos y de un Consejo Federal compuesto por las 24 provincias.

En declaraciones a la prensa, Sabbatella detalló que se presentó una medida cautelar y un hábeas corpus preventivo para garantizar la libertad de trabajadores y funcionarios. En el organismo tomaron como un acto intimidatorio el despliegue policial montado en la zona del organismo, que incluyó un vallado y un operativo de infantería, finalmente retirado. El ministro sostuvo que se trató de “un error de información”, pero sin embargo anoche la policía ingresó al edificio de la Aftic para advertirle a los trabajadores que debían evacuar el lugar ya que pasados 10 minutos cortarían la luz. A los 10 minutos, el edificio se quedó a oscuras.

“Este decreto es ilegal, anticonstitucional y está violentando la ley. Macri no tiene facultades para hacerlo”, aseguró ayer Sabbatella, que calificó la situación como “un conflicto de poderes”. “Lo que están haciendo es una barbaridad, es un atropello brutal, por eso le pedimos al Poder Judicial que ordene esto”, aseguró y denunció que se busca evitar la aplicación de la ley de medios para favorecer a Clarín.

Desde la Afsca negaron que se encuentren “atrincherados” y adelantaron que acatarán la resolución del amparo. La causa quedó en manos del juzgado contencioso administrativo federal número 8, a cargo de la jueza subrogante, Cecilia Gilardi. En respuesta, el PRO presentó una denuncia penal contra Sabbatella, que recayó en el juzgado de Ercolini. El fiscal Carlos Stornelli le pidió al magistrado que allane el organismo. Según fuentes judiciales, Ercolini por el momento tomará algunas medias previas antes de dar inicio a la investigación.

La cautelar de la Afsca pide la “nulidad absoluta” del decreto 236 en virtud de su “arbitrariedad e ilegalidad manifiesta”. Además, solicita la nulidad del DNU 13/2015, que dispuso que las funciones y competencias de la Afsca pasaran al ámbito del nuevo Ministerio de Comunicaciones. En sus considerandos sostiene que se violan derechos constitucionales, el principio de división de poderes, el principio de razonabilidad y que esto lleva como “correlato la amenaza concreta del derecho a la libertad de expresión de todos los ciudadanos y ciudadanas”.

Al mismo tiempo se detalla que no se cumple con el mecanismo de remoción establecido en el artículo 14 de la LSCA: “El presidente y los directores solo podrán ser removidos de sus cargos por incumplimiento o mal desempeño de sus funciones o por estar incurso en las incompatibilidades previstas por la ley 25.188. La remoción deberá ser aprobada por los dos tercios del total de los integrantes del Consejo Federal de Comunicación Audiovisual, mediante un procedimiento en el que se haya garantizado en forma amplia el derecho de defensa, debiendo la resolución que se adopta al respecto estar debidamente fundada en causales antes previstas”, reza la norma.

En el escrito de la Afsca se señala también que el DNU que reformó la ley de ministerios no cumple con los requisitos establecidos en la constitución para que el presidente pueda emitir disposiciones de carácter legislativo. Según la presentación, se podría haber convocado a sesiones extraordinarias y no existe urgencia que impida seguir el trámite parlamentario.

Ayer organizaciones de derechos humanos como el CELS, además de colectivos de comunicadores y asociaciones de periodistas habían expresado su rechazo a la medida. Se espera que en los próximos días se realicen presentaciones judiciales en distintos puntos del país. Hubo, además, críticas de los dos bloques legislativos del Frente para la Victoria, así como del líder de Proyecto Sur, Fernándo “Pino” Solanas, de Libres del Sur, Humberto Tumini, y de la dirigente del Frente de Izquierda, Myriam Bregman.

Los diputados del Frente para la Victoria fueron a la sede de la Afsca para respaldar a Martín Sabbatella.

Un decreto para avanzar contra la ley

SUBNOTAS

EL PAIS › REACCIONES POLITICAS ANTE LAS INTERVENCIONES DE LA AFSCA Y LA AFTIC

“Empezó la devolución de favores”

Legisladores del Frente para la Victoria acompañaron al titular de la Afsca ante la intervención y la presencia de la policía. Desde otros sectores políticos también señalaron que las medidas fueron contrarias a la ley.

La decisión del Gobierno de intervenir la Afsca y la Aftic vía DNU y en contradicción con la ley de medios despertó rechazos de los principales referentes del peronismo. El bloque del PJ-FpV del Senado, en un comunicado unificado, sostuvo que Mauricio Macri “asumió con un mensaje de respeto a las instituciones, pero está haciendo todo lo contrario con medidas discrecionales”. El bloque de diputados, por su parte, calificó la medida de antidemocrática y varios legisladores se movilizaron hacia las oficinas de la Afsca. El decreto 236/15 fue repudiado por varios diputados y referentes no identificados con el FpV.

Máximo Kirchner, diputado nacional (FpV): “Se acabó la campaña y empezó la devolución de favores a Magnetto. Todo el avasallamiento institucional que se está viendo sólo es posible con asfixia mediática, pero la sociedad va a buscar las formas de comunicarse y mantenerse informada. Esta medida es el resultado de la soberbia y la ceguera de querer sobreactuar autoridad. Es curioso: Néstor, con el 22 por ciento de los votos, tuvo la autoridad necesaria para rechazar el pliego de condiciones de Claudio Escribano y La Nación, y Macri con el 51 por ciento, lo está siguiendo al pie de la letra”.

Wado de Pedro, diputado nacional (FpV): “El Presidente cierra su primera cadena de devolución de favores al poder económico, a un sector del poder judicial y al poder mediático. Intervino Afsca y Aftic, dos organismos que tienen su independencia garantizada por ley, otra vez utilizando el DNU. El objetivo es consolidar y ampliar el monopolio Clarín, reduciendo la pluralidad de voces para influir en la opinión de la gente”.

Héctor Recalde, diputado nacional (FpV): “El decreto viola tratados internacionales, la Constitución y la ley. Además invade todas las funciones del Congreso. No puede ser que gobiernen de facto. No vamos a permitir que se viole impunemente la Constitución”.

Juan Manuel Abal Medina, senador (FpV): “Macri ganó prometiendo diálogo y mayor calidad institucional. En 13 días de gobierno algunas de sus medidas apuntan en sentido contrario. Jueces de la Corte en comisión, la intervención de Afsca y Aftic y leyes importantes modificadas por DNU implican un retroceso institucional”.

Jorge Rivas, dirigente del Socialismo para la Victoria: “La decisión de Mauricio Macri de intervenir la Afsca exhibe un sesgo brutalmente autoritario, además de constituir un verdadero dislate jurídico. Lo que pone en evidencia es el patético servilismo con que el nuevo Gobierno paga a las grandes corporaciones mediáticas la protección informativa”.

Juliana Di Tullio, diputada nacional (FpV): “Sabbatella fue votado por acuerdo del Senado y para cumplir su función 4 años. No interesa quién sea el presidente de turno”.

Carlos Tomada, legislador porteño (FpV): “Se trata de un atropello institucional y judicial más grave aún que el decreto sobre los jueces de la Corte Suprema. Están borrando con el codo lo que escribieron en campaña en materia de discurso republicano e institucional. Nuestro apoyo a Sabbatella no sólo es por las coincidencias políticas sino también porque apoyarlo significa respaldar la ley de medios”.

Humberto Tumini, secretario general de Libres del Sur: “No parece muy respetuoso de las instituciones cambiar vía DNU artículos de la ley de medios, sin pasar por el Congreso, como anunciaron”.

Pino Solanas, senador (Proyecto Sur): “Si el PRO quiere corregir la ley de medios debería llevar su propuesta al Congreso”.

Gabriel Mariotto, diputado del Parlasur: “La ley de medios garantiza el derecho a la información. El Gobierno abusa del poder groseramente. Es un atropello a la democracia voltear la ley por DNU:”

Myriam Bregman, diputada nacional (PTS en el Frente de Izquierda): “Macri refuerza su dedazo, gobierno de los decretazos. Por eso no llamó a extraordinarias en el Congreso”.

Agustín Rossi, diputado del Parlasur: “La Corte completada por decreto, la Afsca intervenida, el diálogo y las formas republicanas, globitos de colores”.

Página/12 :: El país :: “Empezó la devolución de favores”

25/08/2014

Ley de Médios, urgente!

Imagen: Gentileza Espectador.com

SUBNOTAS

“Los latinoamericanos nos debíamos el debate sobre la función de los medios en el sistema democrático”

El periodista y abogado uruguayo asumirá su puesto en octubre. En esta entrevista, se pronuncia a favor de la regulación estatal de los medios de comunicación audiovisual, advierte sobre los monopolios de información tanto privados como estatales y traza las líneas de acción que se propone para fomentar la libertad de expresión en el continente. Los grupos más discriminados y las nuevas tecnologías.

Por Sonia Santoro

Desde octubre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tendrá un nuevo relator especial para la Libertad de Expresión. El elegido, después de un largo proceso que comenzó en diciembre del año pasado y al que se presentaron 49 postulantes, fue Edison Lanza, periodista y abogado uruguayo. Entre sus líneas de trabajo buscará construir principios y estándares para “ayudar a revertir los procesos de concentración, sin afectar la viabilidad de los medios de comunicación” y trabajar por la protección de periodistas en situaciones de riesgo y en la investigación de sus asesinatos. Se destaca su compromiso en desarrollar el vínculo entre el derecho a la libertad de expresión y la promoción de los derechos de grupos “que sufren o han sufrido discriminación (niñas y niños, mujeres, pueblos originarios, población lgbti, personas con discapacidad, etc.)”.

Lanza será designado por un período de tres años, renovable una vez, y asumirá el cargo el 6 de octubre de este año, en reemplazo de la colombiana Catalina Botero.

Desde el otro lado del río, respondió algunas preguntas acerca de los desafíos que tiene por delante.

–El 6 de octubre asume como nuevo relator. ¿Qué expectativas tiene en este nuevo rol?

–Estoy convencido de que se trata de una posición clave para la promoción y cumplimiento del derecho a la libertad de expresión y el derecho a la información en la región. Gracias al trabajo que han realizado de varios relatores y relatoras, la Relatoría se ha consolidado como una institución de referencia para el campo de estas libertades, los derechos humanos y la comunicación. Como expresé en la entrevista que mantuve con los comisionados y comisionadas, no vengo a trabajar contra nadie, sino con todos los actores del sistema democrático que tienen incidencia en estos temas, incluidos, por supuesto y fundamentalmente, los Estados. Creo que la Relatoría puede ayudar a encauzar los debates que están teniendo lugar en la región en torno de la libertad de expresión y la democratización de la comunicación; a mi juicio nuestros países tienen la madurez suficiente para debatir abiertamente sobre libertad de expresión, y sería algo sin sentido cerrarnos a reflexionar sobre la democracia, el pluralismo y la libertad de expresión, aun con los puntos de vista y los intereses más diversos.

–¿Cuáles serán sus líneas prioritarias de trabajo?

–Voy a tratar de sintetizar algunas líneas. La promoción de la diversidad y el pluralismo en la comunicación, en todas las direcciones, es un eje de trabajo. Promover regulaciones que limiten la formación de oligopolios y monopolios y la concentración de los medios de comunicación que afecten las posibilidades de divulgación de información y opiniones o el pluralismo. Y hablo tanto de concentraciones en el sector privado como en el estatal o público. Hay definiciones claras en el Sistema Interamericano sobre las consecuencias negativas de los monopolios y oligopolios, pero hay que profundizar estos estándares existentes: hay que construir principios y estándares para ayudar a revertir los procesos de concentración, sin afectar la viabilidad de los medios de comunicación. Por supuesto que siguen siendo una prioridad los problemas estructurales que en muchas regiones siguen sin ser superados. Promover una estrategia integral en contextos de agresiones y ataques a la integridad física de los comunicadores, en base a la prevención de la vulneración de sus derechos, la protección de periodistas cuyas vidas se encuentren en riesgo e investigación transparente de los asesinatos y agresiones ocurridos. La implementación eficaz de mecanismos de protección para los comunicadores amenazados forma parte de las obligaciones positivas del Estado. Pero desde una perspectiva más integral, tener escoltas y carros blindados es una solución simple, pero costosa para los Estados y compleja para un periodista en ejercicio. Se debe mirar de manera integral el fenómeno, apostando a medidas de promoción del derecho a la libertad de expresión y de prevención, protección y sanción. Si no avanzamos en la lucha contra la impunidad de los crímenes contra la libertad de expresión, mediante un trabajo de prevención de la comisión de estos delitos, las restantes medidas siempre serán insuficientes. También propongo desarrollar el vínculo entre la plena realización del derecho a la libertad de expresión y la protección y promoción de los derechos de distintos grupos que sufren o han sufrido discriminación (niñas y niños, mujeres, pueblos originarios, población lgbti, personas con discapacidad, etc.), afín con el fin de promover que los Estados adopten obligaciones positivas para revertir o cambiar situaciones discriminatorias existentes y que estos grupos puedan ejercer de manera plena la libertad de expresión y la protección de sus derechos frente a expresiones abiertamente discriminatorias. La vigencia y protección de la libertad de expresión en el mundo on line es una precondición que concierne y beneficia a todas las personas. Entre esas prioridades, es clave velar por y promover el acceso universal a este fabuloso espacio para la educación, la llegada a la información, la expresión personal y el entretenimiento. Y finalmente creo que hay que seguir insistiendo en acceso a la información pública y mecanismos para prevenir la censura indirecta.

–¿Cuáles son los principales problemas en las Américas relativos a la libertad de expresión? ¿Cuáles son específicos del Cono Sur?

–Considero que los problemas y desafíos que enfrenta la libertad de expresión en la región pueden agruparse en dos grandes dimensiones: los problemas estructurales que subsisten en algunas subregiones y una agenda emergente. Entre los problemas estructurales señalo algunos: la violencia y agresiones contra periodistas y defensoras y defensores de derechos humanos (presente en algunos países de América Central y América del Sur); el uso del derecho penal para criminalizar la expresión, o el derecho penal de excepción para acallar la protesta y la crítica; la escasa diversidad de medios y la falta de pluralismo en las voces representadas en el sistema mediático, sobre todo en algunos países; la debilidad de los medios públicos y la falta de reconocimiento a los medios comunitarios, y la batalla contra la cultura del secreto que persiste en todos los países de la región, aunque con avances importantes (adopción de leyes, instalación de órganos garantes, jurisprudencia local), pero con la preocupación de que algunos Estados extienden el secreto por razones de seguridad nacional y la persecución de informantes, que es la contracara de este avance. Luego tenemos la agenda emergente, a la que debemos prestar atención. Las múltiples discusiones sobre libertad de expresión e Internet. En 2013, la Relatoría incluyó en su informe anual un estudio vinculado a Internet y libertad de expresión, que contiene estándares para la evaluación y el análisis de las situaciones particulares. El desafío principal, entonces, pasa por consolidar Internet como un espacio de protección, promoción y respeto de los derechos humanos, así como también de denuncia de vulneración de los mismos. Deberíamos reflexionar más en clave regional, porque hay temas comunes a la subregión. Esta semana, la Corte Interamericana dictó una sentencia sobre el caso de dirigentes mapuches condenados por terrorismo, en la que se pronuncia sobre los tipos penales de contornos difusos y vagos que afectan la protesta social y la libertad de expresión, y que por lo tanto son incompatibles con la Convención. Me temo que es un buen punto que debería revisarse en los países del Mercosur. En la subregión se ha avanzado en la regulación de los medios audiovisuales; aunque cada país ha aplicado un ritmo y un modelo propios, parece buen momento para ver los resultados de la aplicación de cada uno de estos modelos. Progresivamente los países se vienen incorporando al concierto de naciones con leyes de acceso a la información pública que respetan los estándares de derechos humanos, esperemos que Argentina y Paraguay se sumen rápidamente a esta realidad. De todos modos, me parece que nuestros países tienen una agenda pendiente en materia de prevenir la censura indirecta, la asignación arbitraria de recursos desde el Estado hacia el sistema de medios y completar la reforma de los sistemas de medios audiovisuales, de acuerdos con los estándares construidos por el sistema interamericano. Luego hay situaciones particulares con el ejercicio del derecho a la libertad de expresión en contextos electorales, en fin, temas no faltan.

–¿La concentración de medios sigue siendo un obstáculo importante a la libertad de expresión en la región? ¿Cómo evalúa las nuevas leyes que intentan regular el universo mediático?

–América latina asiste a una discusión inédita sobre el papel del Estado en la regulación de los medios de comunicación audiovisuales, y la propia función de los medios en el sistema democrático, una discusión que personalmente considero válida si la damos en el marco de un efectivo respeto y promoción del derecho a la libertad de expresión y no como una excusa para controlar los medios. Es un debate que los latinoamericanos nos debíamos, porque heredamos problemas de larga data en relación con los sistemas mediáticos. Autores de la región, entre ellos valiosos aportes de expertos argentinos, explican este rezago: hubo una ausencia regulatoria del Estado durante décadas, lo que permitió que la comunicación quedara casi en las exclusivas manos del sector comercial, en muchos casos con índices de concentración y control de la propiedad muy elevados, algo atípico para democracias consolidadas. La región también muestra cierto rezago en la tarea de construir medios públicos independientes, y es un hecho que durante años fueron relegados al papel de Cenicienta, aunque ahora muchos Estados han comenzado a mejorar su financiamiento. Por otra parte, tenemos un sector social-comunitario excluido durante décadas, o reconocido a medias, de modo discriminatorio y sin políticas de promoción. Este combo produjo una producción audiovisual muy concentrada en las capitales de los países, en formatos de baja calidad, cuando no –como ocurrió en el caso uruguayo– consumimos durante mucho tiempo mayormente producción extranjera. En este menú, la concentración de medios es un ingrediente que no se puede ignorar, porque una vez que tenemos un sistema de medios concentrado se generan consecuencias negativas en el espacio público y relaciones complejas entre los medios y el sistema político, que además son poco transparentes. Frente a esta situación, los gobiernos, sobre todo en la última década, han desarrollado diversas estrategias. Las leyes de servicios de comunicación llegan en un momento en el que la industria ya está desarrollada, y consiguientemente se producen tensiones y reacciones. Claro, hay que observar con mucho cuidado estas leyes, porque deberían tener el objetivo de promover la transparencia en la asignación de frecuencias, la diversidad y el pluralismo, sin limitar el goce de la libertad de expresión. También hay que estudiar lo que viene sucediendo con países que han ido, gradualmente, primero habilitando al sector comunitario, buscando una transición ordenada hacia un sistema más plural en la televisión digital, como ha ocurrido en el caso uruguayo. Brasil, en cambio, comenzó por el intento de generar una televisión pública de calidad y de alcance nacional y regular mejor el sistema de televisión para abonados, pero mantiene no cambiada la estructura de sistema de medios comerciales. Todas estas experiencias son válidas, siempre que en nombre de la diversidad y el pluralismo no se generen restricciones innecesarias a la libertad de expresión, algo que la propia Convención Americana previene en su artículo 29. Este puede ser un buen momento para analizar las diversas experiencias y también cómo se han aplicado en la práctica estas normas, porque una cosa son los textos y la intención del legislador, y otra cosa es la aplicación.

–¿Qué desafíos a la libertad de expresión presentan los intentos de regulaciones de Internet y las nuevas tecnologías?

–Enormes. El desarrollo de Internet ha masificado la cultura, el entretenimiento, la circulación de información y ha permitido, como nunca antes, el ejercicio de la libertad de expresión a título individual y colectivo. Y esto ha sido posible por las características especiales de este nuevo espacio público, por su conformación de red, que lo hacen distinto de los restantes medios inventados hasta el presente. Por ello cada regulación que los Estados pretenden establecer tiene implicancias para la libertad de expresión y otros derechos humanos. Creo en la gobernanza multi stakeholder (N. de E.: Se refiere a la participación o consideración de los enfoques de todos los actores que importan en un sistema) de este espacio, y desde su lugar específico la Relatoría debe tener un rol. No voy a abundar aquí, pero hoy están sobre la mesa marcos normativos que implican hablar del manejo de los contenidos en la red, la responsabilidad de los intermediarios, el filtrado de información, el manejo de la red en el contexto de protestas sociales y/o políticas, en fin, es un tema inagotable. Sí apunto, además, que la región viene abordando este tema con leyes nacionales, como el Marco Civil de Brasil, o el marco regulatorio chileno, pero también hay un uso desmedido del derecho penal para intentar combatir abusos en la red.

–El informe de la relatoría para la libertad de expresión de 2013 incorporó un punto específico sobre la violencia que sufren las mujeres periodistas en el ejercicio de su libertad de expresión, especialmente en el caso de México. ¿Trabajará sobre la especificidad de las violencias que sufren las mujeres periodistas?

–La Comisión Interamericana ha señalado que los escenarios de violencia en América latina incluyen un componente de exacerbación contra las mujeres, en particular en el contexto de discriminación por razones de género que aún persiste en muchos países. No sería justo si no dijera que la actual relatora ha incorporado la perspectiva de género en sus informes sobre violencia contra periodistas y me comprometo a mantener esa línea de trabajo, tanto en los informes como en posibles casos que la Comisión decida admitir y eventualmente presentar ante la Corte Interamericana.

–Cuando algunos medios publican contenidos sexistas y son criticados por esto, se amparan en el derecho a la libertad de expresión para justificarse. ¿Cómo cree que se debería trabajar desde los distintos actores intervinientes –sociedad civil, Estado, periodistas, empresas– para desarticular estos argumentos y lograr cambios?

–Es cierto que los medios de comunicación en la región tienen, en muchos casos, una historia de mala práctica en relación con la discriminación contra las mujeres y otros grupos. ¿Cómo provocar cambios en esta práctica sin interferir en la libertad de expresión? Esta es una pregunta que todos nos hacemos y creo que hay muchas experiencias que nos pueden ayudar a resolver este dilema. En primer lugar hay que destacar el trabajo de las organizaciones de mujeres que decidieron utilizar el camino de la capacitación y la promoción de y hacia los comunicadores como forma de incidir, y han logrado paulatinos progresos; luego los observatorios y los informes críticos con el modo de hacer periodismo y publicidad creo que juegan un papel, al igual que las universidades, que deben trabajar profundamente en los aspectos éticos de la comunicación; finalmente la propia televisión desde la ficción puede promover la igualdad. La mejor forma de combatir el discurso discriminador es con argumentos y evidencia de peso. También estoy siguiendo con mucho interés algunas experiencias institucionales, como la Defensoría del Público argentina, cuya práctica de promoción, recepción de denuncias, audiencias públicas y mediación es una herramienta clave y parece estar comenzando a rendir frutos, sin acudir necesariamente a la punición de los medios. Sé que el movimiento feminista se pregunta sobre la pertinencia de penalizar las expresiones discriminatorias, y allí la Relatoría debe abrir un debate sobre cuál es el límite de los discursos protegidos por la libertad de expresión y cuáles constituyen discursos de odio, que ingresan dentro de la prohibición del 13.5 (incitación a la violencia contra grupos de personas por motivos de discriminación).

Página/12 :: Dialogos :: “Los latinoamericanos nos debíamos el debate sobre la función de los medios en el sistema democrático”

03/07/2014

Vamos empastelar ou vais continuar comendo ração?!

Filed under: Bandidagem,BANDidos,Grupos Mafiomidiáticos,Ley de Medios — Gilmar Crestani @ 9:20 am
Tags: ,

Só a docilidade bovina da manada não vê que receberam ração estragada. Não fossem vira-latas, tivessem algum pedigree mental, e empastelariam a velha máfia midiática.

Wanderley e os Medios: Dilma colheu o que não semeou

O PiG disseminou um mundo incompatível com a realidade dos fatos.

O Conversa Afiada reproduz excelente artigo do professor Wanderley Guilherme dos Santos :

Dilma Rousseff colheu o que não semeou


A presidenta colheu precisamente os resultados do que não semeou: não promoveu a emergência de um sistema democrático de informação.
Wanderley Guilherme dos Santos
Aproveitando a vaia pornofônica que singularizou a participação dos reacionários e distraídos na abertura da Copa das Copas, a oposição saiu-se com o comentário de que a presidenta Dilma Roussef colheu o que semeou. Pensou que estava abafando. Não estava. Para além da falta de compostura e civilidade, a oposição errava outra vez no diagnóstico. A presidenta colheu precisamente os resultados do que não semeou: não promoveu a emergência de um sistema de informação democratizado.
A falta de pluralismo nos meios de comunicação não é ambição de esquerdas partidárias. Trata-se da prestação de um serviço privado, pago por consumidores, atualmente fraudados em suas aspirações de consumo. Ler um jornal, uma revista ou assistir ao noticiário da televisão faz parte da pauta de itens que a vida moderna põe, ou devia por, à disposição de quem os deseje usufruir. E os consumidores têm o direito de protestar. Assim como os passageiros urbanos reclamam da qualidade dos serviços pelos quais pagam, os leitores e espectadores insatisfeitos se julgam ludibriados pelos fornecedores da mercadoria que compram.
Os jornais, revistas e emissoras de televisão registraram com olhos complacentes os quebra-quebras aleatórios propulsionados pela carestia e falta de qualidade dos transportes em circulação. Não seria bom para a democracia, tal como não o eram os destemperos de violência, que os desgostosos com o pífio padrão do jornalismo, minorias como as de junho do ano passado ou maiorias como a queda de audiência e circulação atestam, empastelassem jornais ou ocupassem estações de televisão, exigindo participação e honestidade de gestão.
Durante o período que antecedeu a Copa das Copas e não somente em relação a ela, os meios de informação sonegaram centenas, milhares de notícias altamente relevantes para a vida dos leitores e espectadores. Mais do que isso, disseminaram incansavelmente uma visão de mundo incompatível com a realidade dos fatos. Era falso que os aeroportos, estádios, avenidas e metrôs não iriam ficar prontos. Era falso que os gramados não drenariam as chuvas, as comunicações não funcionariam, os holofotes não acenderiam. Era falso que os turistas seriam assaltados, que não haveria segurança, que conflitos gigantescos ofuscariam os jogos nos campos de futebol pela pancadaria generalizada nas arenas do lado de fora. Tudo falso. Moeda falsa. Produto estragado vendido a preço de luxo.
As trombetas da derrocada econômica, da inflação sem controle, do afinal bem vindo desemprego, são igualmente serviço fraudulento. Os leitores estão sendo diariamente lesados em sua boa fé, duplamente: não são informados do que ocorre efetivamente na sua cidade, no seu estado e no país, e são levados a acreditar que há um pesadelo à espreita assim que puserem os pés fora de casa. Quando não o vêem não é porque não exista, mas porque ainda não chegou a alguns lares: inflação, desemprego, falta de saúde e de educação; pior, falta de perspectiva.
A lição é terrível. Dela sabiam os tiranos da antiguidade, os tiranos da contemporaneidade os imitaram: um sistema articulado de falsidades pode produzir os delírios fantasistas ou as angústias aterradoras de uma droga, se absorvido por tempo suficiente. Uma imprensa oligopolizada é nada menos do que uma droga. Eficientíssima, capaz de produzir o pessimismo sem fundamento das análises econômicas, tanto quanto o desvario irracional das vaias pornofônicas. Ao se manter indiferente à péssima qualidade do serviço pago, inclusive com as bondades das concessões e outras benfeitorias, a presidenta Dilma Roussef colheu o que não semeou.

Navalha

O PiG (*) noticia nesta quinta-feira (3) que o infalível vice-presidente Michel Temer vai exigir que, no programa de Governo da coligação PT-PMDB, não constem a Ley de Medios e a revisão da Lei da Anistia.

A Ley de Meios faz parte integral do programa do PT, aprovado em Congresso, cantada e decantada nos pronunciamentos do presidente do Partido, Ruy Falcão, nos comícios que lançaram Dilma Rousseff à reeleição.

Começou a batalha…

Michel Temer, o amigo navegante há de se lembrar, foi o fio condutor da pressão da Globo sobre a CPI do Carlinhos Cachoeira: quando ouvir falar em “Veja” entenda “imprensa”; quando ouvir falar “imprensa”, entenda “a Globo”…

Foi o que um dos filhos do Roberto Marinho – eles não têm nome próprio – disse ao ilustre vice-presidente, segundo reportagem de Leandro Fortes, na Carta Capital.

E assim fez a CPI, que odarelou …

O Caneta e a Globo estão aí, serelepes.

(O Temer também.)

Paulo Henrique Amorim

Wanderley e os Medios: Dilma colheu o que não semeou | Conversa Afiada

03/11/2013

Quem ganha com a ditadura, como o Grupo Clarín e Grupo Globo, não sabe perder

Daniel Paz & Rudy

EL PAIS › ENTREVISTA EXCLUSIVA A MARTIN SABBATELLA

“NO VAMOS A ESPERAR NI UN MINUTO PORQUE YA ESPERAMOS CUATRO AÑOS”

Por Victoria Ginzberg

Bajó 18 kilos desde que está al frente de la Afsca. “Vienen con la inercia de creer que pueden estar por encima de la ley”, dijo Sabbatella a Página/12. Explicó que Clarín tiene quince días para confirmar el inventario de propiedades, luego serán tasadas y se seleccionarán las señales o bienes que irán a concurso. Finalmente entrarán los nuevos licenciatarios .

“Vienen con la inercia de creer que pueden estar por encima de la ley”

Lo que se viene: tasación, selección y concurso de las licencias. Las otras empresas. Los medios comunitarios. “Que (el Grupo Clarín) siga queriendo generar palos en la rueda es muy posible, pero se les van acabando las posibilidades”, asegura Martín Sabbatella.

Por Victoria Ginzberg

Está flaco. “Bajé 18 kilos”, dice, sonriente, Martín Sa-bbatella. Pero la cara de satisfacción parece estar más ligada a la decisión de la Corte Suprema de, finalmente, convalidar la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. “Se terminó la incertidumbre. Lo que hay que hacer ahora es aplicarla íntegramente.” “No vamos a esperar ni un minuto, porque ya se perdieron cuatro años y es una deuda de hace 30”, dice a Página/12 en su despacho, donde se destacan dos pantallas en las que se ven todos los canales de noticias. No hay mucho más en la oficina. En el escritorio, delante de sus papeles, una foto suya con la Presidenta y, al lado, un pequeño busto blanco del ex presidente Néstor Kirchner. El presidente de la Afsca (Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual) reconoce que es posible que el Grupo Clarín se resista a cumplir con la decisión del máximo tribunal, pero asegura que la adecuación de oficio del multimedios está en marcha y explica los detalles de ese proceso.

–¿Cómo sigue lo que se inició el jueves durante la reunión en Clarín?

–Lo que hicimos fue notificar el proceso de adecuación de oficio del Grupo Clarín. El Grupo Clarín tiene ahora 15 días para ratificar la información que le hemos dado. Le llevamos lo que en la Afsca figura que es de ellos. Luego pasa al proceso de tasación. Una vez que están tasadas las licencias se selecciona cuáles son las licencias y los bienes afectados al uso de las mismas para concursar, se concursa, se adjudica y los nuevos licenciatarios tienen que hacerse cargo de las empresas. El licenciatario anterior tuvo que haber garantizado el servicio, para no perjudicar desde ningún punto de vista al público y al mismo tiempo tiene que haber garantizado el conjunto de las fuentes de trabajo, porque en las cláusulas del concurso está la continuidad de los trabajadores.

–¿Cree que Clarín buscará seguir ganando tiempo especulando con un cambio de gobierno?

–Ellos hicieron medidas dilatorias porque sabían que la ley era constitucional y querían sostener su situación de privilegio. Fueron poniendo palos en la rueda. Una parte de la Justicia fue parte de ese plan. La Cámara (Civil y Comercial) hizo un fallo a medida del Grupo Clarín en el que determinaba que era legal y se podía aplicar todo lo que afectaba a los competidores del Grupo Clarín y era inconstitucional y no se podía aplicar todo lo que afectaba al Grupo Clarín. Eso agudizaba la situación de injusticia en el mercado de la comunicación. Esas prácticas dilatorias tenían el objetivo de sostener su situación de privilegio esperando un contexto político que los favoreciera. En muchos casos, el acuerdo político que podía tener el Grupo Clarín y su CEO, (Héctor) Magnetto, con determinados sectores del arco opositor, era poner el aparato comunicacional al servicio de las estrategias opositoras a cambio de generar contextos políticos que le permitan evitar el cumplimiento de la ley. Eso continúa.

–¿Es posible entonces que Clarín consiga un nuevo amparo que frene la aplicación de la ley?

–Hubo un litigio judicial, había incertidumbre. Se terminó. Chau. Final. A cumplir la ley. Si me pregunta si Clarín va a seguir insistiendo para evitar cumplir con la ley, es muy posible que lo haga. Hay antecedentes, por ejemplo, el no cumplimiento de algo que no tiene discusión judicial como es la grilla, y también desobedecen órdenes judiciales. Es un elemento para pensar que seguirán queriendo resistir el cumplimiento de la ley, porque vienen con la inercia histórica de creer que pueden estar por encima de la ley. Su poderío comunicacional y económico lo utilizaban para extorsionar a los poderes públicos y para definir no sólo qué leyes cumplen y cuáles no, sino para definir qué leyes tienen que salir y cuáles no. Pero sus posibilidades se reducen muchísimo. Un proceso histórico que vive la Argentina, no sólo por la ley de medios, sino por la ampliación de derechos, produce la alegría de quienes son sujetos de esos derechos y la bronca y el odio de quienes pierden privilegios.

–¿Qué pasa con el resto de las empresas que deben adecuarse a la ley?

–Paralelamente a la adecuación de oficio del Grupo Clarín está la adecuación voluntaria del conjunto de empresas que se presentaron y eso está en distintas etapas. En tratamiento de estudio técnico, en algunos casos ya tienen aprobación del directorio, en otros están en plena transferencia, que es la venta que ellos hacen.

–¿Quiénes son?

–En distintos momentos está todo el resto: Vila-Manzano, Telefe, Indalo…

–Uno de los principales argumentos de Clarín es que sólo se les exige a ellos la adecuación…

–Eso es falso. Mentira. La ley es para todos. ¿Por qué se habla del Grupo Clarín? Porque es el único que no quiere cumplirla y es el que más se excede de los límites de la ley. Tiene 237 licencias de cable y se puede tener 24. La ley es para todos, no es para Clarín. Pero el resto de las empresas está en el proceso de adecuación. Es más, el socio de Clarín en Cablevisión se presentó y dijo “no quiero que mi socio me arrastre a la ilegalidad”, pero no puede expresar la voluntad del grupo porque solo tiene el 40 por ciento de Cablevisión.

–¿De qué se debería desprender Clarín? ¿Cuáles serían sus opciones, si quisiera presentarse voluntariamente?

–Para la Afsca la adecuación de Clarín es una adecuación de oficio, porque el plazo para la presentación de adecuaciones voluntarias está vencido. La Corte lo dijo.

–¿Qué pasa si mañana hacen una presentación?

–La adecuación de oficio está en marcha. Lo que puede hacer el Grupo Clarín es tomar como propio lo que presentó su socio minoritario el 5 de diciembre. Si completa esa presentación, si la expresa el conjunto del grupo, como si tomara una reserva hecha por su socio minoritario y la continuara, eso lo puede hacer. La Afsca estaría dispuesta a evaluarlo y a tenerlo en cuenta. Pero eso tiene que ser más o menos rápido porque el proceso de adecuación de oficio avanza y la viabilidad de una propuesta que retome lo presentado por su socio depende del avance de la adecuación de oficio.

–En la audiencia pública había mencionado algunas de las posibilidades que tenía Clarín en caso de haberse presentado voluntariamente.

–Lo que comenté en la audiencia fue un ejemplo de lo que hubiesen podido hacer. Nosotros todavía no definimos nada. Es un ejemplo que no sé si es lo que va a pasar, porque la Afsca tiene que estudiar después de la tasación qué es lo que selecciona para concursar para que la empresa esté en regla. No es solamente lo que excede de la cantidad de licencias, sino también de la cuota de marcado y evitar las superposiciones que están prohibidas en el marco de la ley. La Afsca no decidió qué se va a concursar. Pero volviendo a un supuesto caso, lo que dije en la audiencia es que si hubiese venido Clarín voluntariamente podría haberse quedado con canal 13, con FM 100, radio Mitre, con la señal TN y una empresa de cable del 35 por ciento por fuera de las áreas de cobertura de las otras licencias. Y es una empresa gigante. No es insustentable de ninguna manera. Pero es un supuesto. No hemos definido nada. Lo que sí hay es un criterio de que lo que se va a seleccionar para concursar es lo que cause menor perjuicio posible a la empresa, dejándole lo de mayor valor económico y lo de mayor valor simbólico.

–¿En una adecuación voluntaria Clarín podría haber creado otra empresa para venderse entre socios o accionistas? ¿Podrían haberse dividido el grupo entre ellos?

–Cualquier ley antimonopólica permite que los socios se dividan y cada uno tenga empresas del tamaño que permite la ley. Pero tiene que haber una división de verdad. Tienen que ser unidades productivas y económicas distintas con administraciones distintas, gerencias distintas, estudios distintos… empresas distintas.

–¿Aunque mantengan los mismos intereses?

–Pueden ser amigos y juntarse a comer asados, pero no pueden funcionar como grupo, no pueden tener un vínculo económico. Los socios se pueden dividir, eso lo puede hacer Clarín o cualquiera. Eso tiene que ser verificado por las áreas de fiscalización nuestra y por Defensa de la Competencia.

–¿Pueden ser empresas de padre e hijo?

–La ley no prohíbe que dos familiares se dediquen a la misma actividad. Lo que sí prohíbe es que conformen un grupo.

–Hay un reclamo de los medios comunitarios para que se apliquen otros aspectos de la ley, vinculados a la adjudicación de licencias a medios sin fines de lucro. ¿En qué está ese proceso?

–La ley busca democratizar la palabra y tiene dos grandes aspectos para lograrlo. Uno es la generación y fomento de nuevas herramientas comunicacionales en el conjunto del territorio nacional para que nuestro pueblo pueda tomar la palabra. Esas herramientas son nuevas productoras de contenidos audiovisuales, nuevas señales, canales, emisoras radiales, tanto del mundo privado como del mundo público, como de asociaciones comunitarias sin fines de lucro. Otro aspecto es el que venimos hablando que es la adecuación para enfrentar las tendencias monopólicas, las posiciones dominantes que no permiten que estén todas las voces porque se constituyen en un elefante toma todo que lesiona el resto. Uno de estos aspectos era el que estaba controvertido en la Justicia, el otro aspecto se ha desarrollado muchísimo estos cuatro años. Por ejemplo, hay más de cinco mil horas de producción de contenidos audiovisuales, hay más de 900 series de ficción, cantidad de nuevas señales, nuevas radios y entre otras cosas la transformación de la comunicación en forma directa o indirecta ha generado más de cien mil puestos de trabajo. Esto desmiente a los que dicen que la aplicación de la ley va contra la creación de nuevos puestos de trabajo. No solamente protege las fuentes actuales sino que genera nuevos puestos. Por supuesto que esto es un proceso, hay mucho más por hacer. Lograr el 33 por ciento de organizaciones comunitarias sin fines de lucro en el espectro es un proceso. Estamos avanzando bien, pero es cierto que en algunas zonas el espectro está ocupado y para ocupar el 33 por ciento hay que ordenarlo, o, a medida que vayan caducando licencias del sector público o privado, se pueden ocupar con organizaciones sin fines de lucro, porque el espectro es finito. No va a ser de un día para el otro. Lo importante es que el proceso está en marcha y que se vayan dando pasos importantes. Estuve la semana pasada en Bariloche, donde se inauguró el primer canal de pueblo originario. Hay cantidad de radios y señales de televisión en universidades y escuelas o en organizaciones, hace pocos días reconocimos canales de baja potencia. Hago un balance altamente positivo. Pero es cierto que la posibilidad de aplicar la ley integralmente potencia todos sus aspectos. Es más fácil la generación de nuevas voces cuando se va desconcentrando.

–¿Hay en el mercado potenciales compradores de las empresas de las que los empresarios de medios ya conocidos deben desprenderse?

–Nosotros creemos que sí. El mundo de la comunicación audiovisual es un mundo que crece permanentemente y es muy atractivo para las inversiones.

–Otro de los argumentos de Clarín es que se los van a vender a “amigos del gobierno”…

–En la adecuación voluntaria es el propio empresario que elige a quién le vende. En la adecuación de oficio se concursa. Ni el Estado ni la Afsca lo deciden. Es otra de las falsedades, como cuando decían que nos íbamos a meter con los contenidos. La ley busca que estén todas las voces, las que te gustan, las que no, los que mienten, los que no, todos.

–También dicen que la adecuación de oficio incumple el fallo de la Corte…

–Es otro disparate. Hay dos formas: la adecuación voluntaria y la adecuación de oficio. La de oficio está contemplada. Los plazos de la adecuación voluntaria están vencidos. Lo dijo la Corte. Fue contundente. Clarín tiene la posibilidad de adecuarse voluntariamente a través de la presentación que hizo su socio minoritario. Y si no, sigue la de oficio. No vamos a esperar ni un minuto porque ya se perdieron cuatro años. Y es una deuda de la democracia de hace 30. Lo dijo Leopoldo Moreau en el homenaje a Raúl Alfonsín que hizo el jefe de Gabinete. Dijo que ellos presentaron una ley hace 25 años y por la presión de las corporaciones no lo pudieron lograr. El problema de la concentración mediática en la Argentina y la lesión que le hace la concentración a la libertad de expresión y a la democracia no es un invento nuestro, es un dato histórico.

–La Corte dice que podría haber lugar para una indemnización. ¿Cómo sería eso?

–Tanto en la adecuación voluntaria como en la de oficio el dinero de la transferencia se lo queda el licenciatario anterior, por lo tanto recupera la inversión. En el caso de la adecuación voluntaria, la empresa que vende elige el comprador y en otro caso es por concurso, pero siempre la plata llega al licenciatario. La Corte dice que si se siente perjudicado puede hacer una demanda, como cualquiera. La ley prevé que por única vez podés vender, para dar cumplimiento a la ley. El resultado de esa venta se lo queda el licenciatario anterior. Para la ley, con eso se cubre la situación. Si igual creés que no te alcanzó, tenés derecho a hacer una demanda, lo que no significa que tengas razón.

–¿Se vende con los bienes?

–Cuando lo vende el licenciatario lo arregla él. En el caso del concurso, se concursan las licencias y los bienes afectados al uso de la misma. Todo lo que se necesita para que el servicio funcione.

–¿Las personas que trabajan en ese lugar siguen trabajando ahí?

–En la transición, el licenciatario anterior tiene que garantizar las fuentes de trabajo y el nuevo licenciatario tiene que darle continuidad a las fuentes de trabajo en las condiciones de las negociaciones colectivas.

–Una vez que la Afsca avance con la adecuación, ¿hay vuelta atrás? Hay diputados que ya anunciaron su voluntad de cambiar la ley.

–Toda ley puede ser modificada por otra ley, todo decreto puede ser modificado por otro decreto. Por eso es cierto que, más allá de la ley de medios, puede haber intentos de distintos sectores de frenar este rumbo de profundas transformaciones, esta ampliación de derechos que vive la Argentina. En ese sentido, es cierto que el pasado está a la vuelta de la esquina. Por eso la importancia de seguir teniendo mayorías en el Congreso para profundizar y ampliar la democracia.

–El 10 de diciembre vence su mandato al frente de la Afsca, ¿se queda o se va?

–No es decisión mía, es de la Presidenta de la Nación.

Página/12 :: El país :: “Vienen con la inercia de creer que pueden estar por encima de la ley”

01/01/2013

Lei de meios

Filed under: Ley de Medios,Liberdade de Expressão,Vladimir Safatle — Gilmar Crestani @ 9:04 am

VLADIMIR SAFATLE, na Folha

Nas últimas semanas, a Argentina voltou ao noticiário brasileiro devido aos imbróglios relativos à aplicação da chamada "Lei dos meios", responsável pela nova regulamentação dos serviços de comunicação. Alguns viram, no caráter antimonopolista da Lei, a expressão de uma sanha estatal visando limitar a liberdade de expressão, principalmente devido à arquirrivalidade entre o governo Kirchner e o maior grupo de mídia do pais: o grupo Clarín.

No entanto, há um debate importante que deve ser feito de maneira desapaixonada. Ele passa pela resposta à pergunta: "Precisamos ou não de leis que restrinjam a concentração da propriedade de canais de comunicação?". Ou seja, podemos afirmar que a concentração da mídia não afeta necessariamente o funcionamento da democracia?

Neste sentido, vale a pena lembrar que o mercado de mídia é, atualmente, um dos mais oligopolizados do mundo. Como vimos através do recente caso de Rupert Murdoch, isto não é sem consequências para nossa vida política.

Murdoch detinha um império mundial de TVs, jornais, editoras, revistas, rádios, estúdios de cinema, portais de internet que lhe dava uma capacidade de moldar o debate, pressionar governos e de intervir na política a ponto de prometer a um general norte-americano (David Petraeus) apoio irrestrito de seu império caso ele aceitasse concorrer à Presidência norte-americana.

Situações como esta não são exclusivas do mundo anglo-saxão. As últimas décadas conheceram uma tendência brutal à concentração de mídia que interfere, de maneira nociva, não apenas na política, mas também na cultura. Um grupo como Time Warner, por exemplo, controla, ao mesmo tempo, a produção, a difusão e o desenvolvimento das técnicas de reprodução. Por isto, podemos dizer que leis que impeçam a formação de oligopólios são uma forma da sociedade defender-se da uniformização forçada de opiniões e do silenciamento de perspectivas.

Pode-se contra-argumentar dizendo que a pulverização das mídias as deixa mais vulneráveis às pressões dos governos. Este é um argumento relevante. No entanto, a solução para esse problema não está na perpetuação de outro problema. Há de se pensar ações que impeçam os governos de moldarem as informações a partir de seus interesses.

No caso brasileiro, isso pede a limitação da capacidade de influência dos governos através da drástica limitação da publicidade governamental (reduzida apenas a campanhas de utilidade pública), do respeito à proibição de políticos e seus grupos operarem concessões de mídia, assim como de critérios absolutamente isonômicos de usos de verbas publicitárias de empresas estatais.

VLADIMIR SAFATLE escreve às terças-feiras nesta coluna.

26/12/2012

La libertad, esa tensión…

Filed under: Ley de Medios,Liberdade de Expressão — Gilmar Crestani @ 8:23 am

 

LA VENTANA › MEDIOS Y COMUNICACION

La libertad, esa tensión… 1

Marta Riskin recorre el camino de las ideas y los debates sobre libertad de expresión y libertad de información, experiencias y situaciones para aportar otra mirada sobre la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y la contribución que, al margen de los debates jurídicos, ya hizo a la sociedad argentina alentando diálogos ciudadanos desde la diversidad.

Por Marta Riskin *

Desde Rosario

La primera imprenta de Buenos Aires fue la de los Niños Expósitos. Allí se editaron, entre otros, el Himno Nacional, la Gazeta de Mariano Moreno y el Correo de Comercio de Manuel Belgrano, pero no todas sus páginas fueron gloriosas.

El 19 de julio de 1821, La Gazeta de Buenos Ayres festejaba que “murió el abominable Güemes al huir de la sorpresa que le hicieron los enemigos”.

También por entonces, los buitres eran buena compañía para ciertos connacionales y, en 1824, todavía gracias a Rivadavia, la vieja imprenta fue enviada a Salta para evitar expresiones patrióticas.

Con el tiempo, sus tipos de plomo serían fundidos y convertidos en balas, pero aun así, sus restos perduraron y formaron parte de nuevas instalaciones gráficas.

Quien apoya la dependencia nacional a alguna corona considera al Estado un cómplice o un subordinado y enemigo a gobiernos como el de don Martín Miguel de Güemes, que no se someten a sus intereses. Aún visten máscara republicana y condicionan la libertad pública al diseño de sus negocios y usan intrigas y cautelares a medida. Un buen ejemplo al respecto es la instalación de la confusión mediática entre libertad de expresión, libertad de imprenta y libertad de prensa.

La libertad de expresión es reconocida universalmente como derecho humano a la libertad de pensamiento y la palabra. La libertad de prensa alude a la existencia de garantías ciudadanas para editar contenidos impresos sin censura previa y la libertad de imprenta es el derecho de cualquier persona a poseer, operar y dedicarse al oficio de la imprenta, si posee los medios materiales para hacerlo.

No son sinónimos. El primer derecho es inseparable de la condición humana, el segundo del trabajo y el último de la propiedad privada; pero sobre todo, la libertad de prensa e imprenta no incluyen al espectro radioeléctrico, es decir las frecuencias de radio y televisión transportadas por el espacio aéreo y soberano de la Nación, propiedad y administración exclusiva del Estado Nacional.

La ley de medios audiovisuales sólo reglamenta la distribución de frecuencias y sus contenidos, pero se la acusa de coartar las libertades de expresión, prensa e imprenta. La obstinación en la mentira demuestra que el monopolio de la palabra, la deconstrucción de los recuerdos y la institucionalización de los olvidos son condiciones ineludibles para lograr el canje de las ideas por el consumo de baratijas.

La búsqueda de la libertad de John Locke tiene poca relación con el “… liberalismo agresivo, que es un dogma y ahora una ideología de guerra”2, y cuyos cortesanos, por dinero o por ilusión de pertenencia a “clases superiores” de intelecto o linaje, suministran guiones; aunque no puedan “aceptar que la democracia tiene tres poderes” sin asegurarse la servidumbre de alguno o afirmen que “la sociedad padece importantes problemas olvidados por sus gobernantes” y silencien las causas.

Sin embargo, tanto detrás del rechazo como del reclamo popular por la plena vigencia de la ley de medios, crece y se extiende una certeza clave: la información, la educación y la cultura no son mercancías de lujo, sino derechos humanos lisos y llanos y más temprano que tarde, las injusticias e infamias, simplemente… se ven.

Como en un cuadro de Caravaggio, el largo conflicto por la aplicación de la Ley 26522 ha desplegado frente a la opinión pública aquello “de lo que no se habla” y “qué defiende cada quien”.

La aparición de voces alternativas ya permitió el reencuentro de acciones con discursos.

La ciudadanía comprueba los intereses sectoriales que se venden como colectivos, a los magistrados que de lo jurídico sólo lucen la toga, y a los representantes de trabajadores o funcionarios que eluden las leyes.

También, los propietarios de vidas y haciendas sinceran sus opiniones preiluministas: desde la predilección por el voto calificado y la convicción de ser fuentes divinas de toda verdad y justicia hasta la cosmovisión de mundo inequitativo que proponen los raptores de la Fragata Libertad, el juez Griesa y los pajarracos locales.

La práctica social es de suma imperfecta.

En el cruce de verdades relativas se fortalece al colectivo democrático. Es todo un cambio. Se puede, como aquel protagonista del cuento de García Márquez, estar “tan resignado a morir, que acaso muera de resignación” o incorporarse al desafío; pero ya no se trata de un acto reflejo sino de una elección consciente.

La libertad de expresión posee larga historia y costumbres de paciencia y espera. Espera de esperanza.

Las balas siempre se transforman en palabras.

* Antropóloga. Universidad Nacional de Rosario

1 Elías Canetti: La provincia del hombre, Cuaderno de notas, 1942-1972.

2 Merleau-Ponty: Humanismo y terror.

Página/12 :: La ventana :: La libertad, esa tensión… 1

15/12/2012

Justiça põe batata da Globo para assar (na Argentina)

Filed under: Grupos Mafiomidiáticos,Ley de Medios,PIG,UDN — Gilmar Crestani @ 11:30 pm

Será a Ley de Medios brasileira a Lei Áurea ?

Como se sabe, o Brasil foi o último país do mundo a abolir a Escravidão.
Abolir, em termos, porque a Casa Grande continua de pé.
E seus capatazes em plena atividade.
O Brasil se comprometeu com a Inglaterrea a abolir o tráfico negreiro em 1850.
E levou 38 anos para abolir a escravidão, por obra e graça de D Pedro II, que, agora, historiadores visigoticos tentam reabilitar.
Na Inglaterra, a Ley de Medios virá com o apoio entusiasmado do Economist, aquela revista arqui-conservadora, que quer a Urúbologa no lugar do Mantega, segundo a respeitada enquete do Conversa Afiada.
Inglaterra, Estados Unidos, Alemanha, França, Equador … e agora a Argentina, onde a Magistratura considera constitucional o que o Legislativo vota.
(Aqui, como se sabe, o Legislativo legisla quando o Supremo autoriza.)
Vamos ver se a Ley de Medios será a nova Lei Áurea.
Viva o Brasil !
Clique aqui para ler na Carta Maior.

Paulo Henrique Amorim

Justiça põe batata da Globo para assar (na Argentina) | Conversa Afiada

Grupo Clarín perde mais uma

Filed under: Grupo Clarin,Grupos Mafiomidiáticos,Ley de Medios — Gilmar Crestani @ 9:22 am

A lógica da Folha é de uma clareza meridiana: “Segundo a empresa, sentença "desconhece flagrantes direitos constitucionais de liberdade de expressão"”. A falta de liberdade de expressão é tão avassaladora que o Grupo Clarín pode se insurgir contra uma decisão judicial alegando conhecimento constitucionais, os quais nega a um juiz. E tudo pode ser publicado e divulgado sem nenhum impedimento…

Será que a Folha poderia dar um exemplo de algo que o Grupo Clarín tenha pretendido publicar e que não pode por falta de liberdade de expressão?

Justiça argentina dá aval à Lei de Mídia

Grupo Clarín, que pode perder concessões, afirma que vai recorrer da decisão proferida pelo juiz Horacio Alfonso

Segundo a empresa, sentença "desconhece flagrantes direitos constitucionais de liberdade de expressão"

SYLVIA COLOMBODE BUENOS AIRES

A Justiça argentina determinou ontem que a Lei de Mídia é constitucional.

Desta forma, cai a cautelar obtida pelo grupo Clarín para adiar a aplicação de dois artigos antimonopólio, o 45 e o 161, que estavam suspensos desde a edição da lei, ainda em 2009.

Agora, o conglomerado, assim como outros 21 grupos multimídia, terá de apresentar planos de desinvestimento e abrir mão de licenças de rádio e televisão no prazo máximo de um ano.

A decisão do juiz Horacio Alfonso foi divulgada no final da tarde por meio da agência de notícias oficial Télam. Trata-se de uma decisão de primeira instância, portanto cabe recurso.

O grupo Clarín anunciou ontem mesmo que vai recorrer da decisão de Alfonso.

Há dissenso sobre os prazos para cumprir a lei. O governo diz que, se os planos de desinvestimento não forem apresentados assim que os artigos entrarem em vigor, as concessões já poderiam ir a leilão. Mas, para o Clarín, começaria então um prazo de um ano -ou seja, não seria necessário abrir mão de nenhum dos meios agora.

"A lei dá espaço para as duas interpretações. Cabe à Justiça definir se o processo deve começar imediatamente ou se o grupo tem ainda 365 dias", afirmou à Folha o advogado especialista em mídia Alejandro Pereyra.

Entre os itens que o Clarín pode perder estão o canal de TV aberta El Trece e a companhia de cabo Cablevisión.

"O Clarín tem várias alternativas, e a mais sensata seria vender as licenças excedentes a sócios ou empresários amigos. O governo, porém, poderá julgar que essa solução não é satisfatória", diz Pereyra.

COMUNICADO

Uma vez apresentado o plano de desinvestimento, a Afsca (órgão regulador da Lei de Mídia) tem 180 dias para aceitar ou não.

Em comunicado divulgado na noite de ontem, o Clarín disse que a decisão "desconhece flagrantes direitos constitucionais de liberdade de expressão, igualdade diante da lei, legalidade, propriedade e livre competição".

Também declara considerar "chamativo, para não dizer materialmente impossível, que uma causa de tanta complexidade tenha sido resolvida em poucas horas".

O governo e o Clarín estão em disputa há três anos. Desde então, o kirchnerismo começou uma campanha contra o conglomerado.

Entre suas ações está a promulgação da Lei de Mídia, que estabelece um limite de 24 licenças de rádio e TV.

O grupo Clarín possui mais de 200 e atua nas áreas de TV a cabo, TV aberta, rádio, internet e jornais.

Na época, o Clarín, para impedir a aplicação dos artigos polêmicos, obteve uma liminar -que perderia validade no dia 7 de dezembro.

O governo, então, passou a chamar essa data de 7D e a divulgar que, se o Clarín não apresentasse um plano de desinvestimento nessa ocasião, suas licenças excedentes iriam a leilão.

No dia 6, o Clarín obteve a prorrogação da liminar até que a Justiça determinasse a constitucionalidade ou não dos dois artigos.

DISPUTA

O episódio abriu uma disputa entre o governo e a Justiça. A presidente Cristina Kirchner acusou o Judiciário de não atuar de forma democrática e de "não respeitar a vontade popular".

Anteontem, propôs um plano para reformar o sistema, colocando a Justiça sob maior controle do Executivo.

10/12/2012

Dilma, Cristina, el salmón y el control remoto de la tele

Filed under: Cristina Fernández de Kirchner,Dilma,Ley de Medios,Lula — Gilmar Crestani @ 8:44 am

Faltou dizer que o controle remoto não remove uma “ficha falsa” nem uma montagem grosseira de Lula pela Veja. A mídia adora a subserviência da Dilma e odeia que Lula não dê a mínima aos que o atacam. Cristina, por sua vez, aplica a mídia a lei de talião, dente por dente, olho por olho. É de talião, mas lei. E lei é lei. Há que se cumprir-las ou burlarlas. O Grupo Clarín e seu apego à ditadura não gosta de cumprir as leis.

Dilma, Cristina, el salmón y el control remoto de la tele

Por: Juan Arias| 09 de diciembre de 2012

Dilma Rousseff y Cristina Kirschner son dos mujeres fuertes, presidentas de dos países poderosos de América Latina, como lo son Brasil y Argentina.

Cristina es mandataria de un país que ya fue más desarrollado culturalmente que Brasil y hoy, económicamente, Dilma le gana a Cristina en poderío.

Ambas mujeres fuertes, se encontraron el viernes en Brasilia con motivo de la cumbre del Mercosur. Una foto de ambas refleja mejor que mil palabras, en el lenguaje no hablado de los gestos, las diferencias entre ambas.

Dilma y Cristina en Brasilia
Cada lector podrá podrá analizar esa y otras fotos de ambas presidentas latinoamericanas para entender mejor el carácter de las dos mandatarias.

Hace unos días, expertos de la comunicación, alertaban aquí en Brasil a los ejecutivos para que estuvieran atentos a los gestos tanto del rostro como de las manos y hasta del cuerpo porque en ellos nos retratamos y, además, engañan menos que las palabras porque son más incontrolables y subconscientes.

Dilma y Cristina (Argentina)
Diferentes en los gestos y diferentes en las metáforas
. En Brasilia sorprendió a los periodistas una metáfora curiosa de Cristina. Habló del salmón patagónico como imagen de su acción de gobierno: “Nadando contra corriente, los salmones llegan al lugar donde ponen los huevos. Después mueren pero acaban produciendo y siendo cada vez mejores” explicó.

Los periodistas quisieron saber si se estaba refiriendo a su lucha contra el imperio de Clarín. Cristina respondió que no, y explicó la metáfora: “Significa que se puede ir contra el modelo liberal que produce desastres y tener éxito al mismo tiempo”.

Cristina (8)
Sin que nadie le advirtiera que el salmón yendo contra corriente acaba  muriendo, Cristina se adelantó y respondió: “No se preocupen que no tengo vocación de suicida” y recordó que lo que ella pretende es “gobernar permanentemente a favor del pueblo”, y también “soportar presiones y reprimir algunos deseos”.

En el aire se respiraba en Brasilia la tensión que existe en Argentina con la Ley de Medios. Cristina se llevó, sin embargo, un regalo del Partido de los Trabajadores (PT) que es el partido del gobierno junto con otros 10 partidos aliados. El PT emitió una nota elogiando la Ley de Medios del gobierno argentino como ejemplo para Brasil.

Dilma
Dilma no tocó el asunto, porque todos saben que en ese campo ella siempre se ha apartado de los que  en su partido desearían controlar los medios también en Brasil.

Justamente, de ella es también ya famosa otra metáfora. Cuando llegada al poder le preguntaron  si era a favor del “control social de los medios” apoyado por algunos líderes de su partido, Dilma sonrió y respondió: “La verdad es que yo sólo conozco el control remoto de la televisión”.

Dos mujeres, dos estilos, dos grandes países de los que dependen muchas cosas del presente y del  futuro de este rico y esperanzador continente latinoamericano, en busca de mayor democracia, enseñanza de mejor calidad, menos injusticia socialmenos impunidad y menor desigualdad.

Dilma, Cristina, el salmón y el control remoto de la tele >> Vientos de Brasil >> Blogs Internacional EL PAÍS

09/12/2012

A toga a serviço da caneta

Filed under: Grupo Clarin,Grupos Mafiomidiáticos,Ley de Medios — Gilmar Crestani @ 10:39 am

 

Historia del caso

Por Fernando Krakowiak

El Juzgado y la Cámara se mostraron siempre permeables al multimedios en un proceso cuestionado por la participación de jueces jubilados, el sorteo irregular de magistrados y denuncias por dádivas.

Por Fernando Krakowiak

El Juzgado y la Cámara se mostraron siempre permeables al multimedios en un proceso cuestionado por la participación de jueces jubilados, el sorteo irregular de magistrados y denuncias por dádivas.

La cautelar que operó como blindaje

El Juzgado y la Cámara se mostraron siempre permeables al multimedios en un proceso cuestionado por la participación de jueces jubilados, el sorteo irregular de magistrados y denuncias por dádivas.

Por Fernando Krakowiak

La extensión de la cautelar que le permite al Grupo Clarín eludir el cumplimiento de la cláusula antimonopólica de la ley de medios surgió de un expediente que se inició cuando la ley ni siquiera había sido aprobada por el Congreso. Desde entonces, el Juzgado de Primera Instancia y, fundamentalmente, la Cámara Civil y Comercial se mostraron permeables a las demandas de la empresa, con el aval de la Corte Suprema. Primero se declararon competentes en un tipo de denuncia que suele ser resuelta por el foro contencioso administrativo, y después otorgaron una medida cautelar por más de tres años, en un caso que incluyó la participación de jueces jubilados, sorteos irregulares de magistrados y denuncias por dádivas.

– El origen. El 1º de octubre de 2009, cuando el proyecto de ley de medios todavía se debatía en el Senado, el Grupo Clarín solicitó ante el Juzgado Nacional Civil y Comercial Nº 1 a cargo de Edmundo Carbone una cautelar con el objeto de que se “ordene la suspensión del tratamiento legislativo del proyecto”. La empresa argumentó que el trámite en Diputados había estado “plagado de irregularidades” y que el texto aprobado era inconstitucional por vulnerar derechos de propiedad y de libertad de expresión. Ese mismo día, el juez Carbone se declaró incompetente por considerar que la denuncia debía ser resuelta por el fuero contencioso administrativo. Clarín apeló ante la Cámara Civil y Comercial, y apenas tres días después ésta revocó lo resuelto por Carbone con los votos de los jueces Francisco de las Carreras y Martín Farrell, pese a que el fiscal había recomendado ratificar el fallo. Finalmente, el 9 de octubre, Carbone rechazó la cautelar con el argumento de que no podía intervenir como árbitro en una contienda que se estaba llevando adelante en el Congreso.

Al día siguiente, el Senado aprobó la ley y Clarín se presentó de nuevo ante Carbone para reformular la cautelar. El juez respondió que la cuestión ya era abstracta, pero el multimedios apeló una vez más a la Cámara, la cual afirmó que Carbone había incurrido en un “innecesario rigor formal”, dejó sin efecto lo resuelto y le remitió las actuaciones. Clarín presentó entonces el pedido de suspensión formal de la aplicación del artículo 41, que regula la transferencia de acciones, y del 161, que fija el plazo de adecuación a la ley. Finalmente, el 7 de diciembre, Carbone les otorgó la cautelar. El magistrado estaba por jubilarse cuando tomó la decisión. Cristina Fernández de Kirchner le había aceptado la renuncia el 3 de noviembre y debía trabajar hasta fin de año, pero luego el juez se ofreció para cubrir su propio cargo como subrogante y la Cámara lo aceptó. Lo justificó por la falta de jueces, pero nombrar jubilados supone un riesgo porque están a salvo de sanciones por parte del Consejo de la Magistratura en caso de cometer irregularidades.

– Apelaciones. El 4 de febrero de 2010, el gobierno apeló la cautelar ante la Cámara Civil y Comercial. El 14 de mayo, De las Carreras y María Najurieta revocaron la suspensión del artículo 41, pero mantuvieron la del 161 por considerar “sorpresivo, breve y fatal” el plazo de un año fijado para adecuarse a la ley. El 31 de mayo, el gobierno interpuso un recurso extraordinario ante la Corte, pero el máximo tribunal desestimó el pedido porque todavía no había una sentencia definitiva y resolvió mantener al Grupo Clarín exceptuado del artículo 161. Cinco de los siete supremos advirtieron además que era conveniente fijar un límite para la vigencia de la cautelar, pero en lugar de hacerlo trasladaron la responsabilidad a las instancias inferiores, con la única sugerencia de que el plazo fuese “razonable”.

El 19 de octubre de 2010, el gobierno se presentó ante Carbone y solicitó el levantamiento de la cautelar o al menos la fijación del plazo “razonable”, pero el juez rechazó los dos pedidos. El gobierno apeló y el 13 de mayo de 2011, siete meses después de la advertencia de la Corte, la Cámara Civil y Comercial estableció que la cautelar debía seguir vigente hasta diciembre de 2013. De las Carreras y Najurieta argumentaron que 36 meses era un plazo adecuado. Además decidieron que debía contar desde el 17 de noviembre de 2010, cuando al gobierno le notificaron formalmente la demanda, y no desde el 7 de diciembre de 2009, pese a que la demora en la notificación fue a pedido de Clarín. La empresa primero obtuvo la cautelar por un pedido de no innovar, luego promovió la demanda y recién en una tercera instancia la amplió.

– Plazos. El Gobierno cuestionó el plazo fijado por la Cámara e interpuso otro recurso extraordinario ante la Corte. El 22 de mayo de 2012, un año después del fallo de la Cámara, el máximo tribunal afirmó que el plazo “no resulta irrazonable y se ajusta a los tiempos que insume la vía procesal”. No obstante, se mostró en desacuerdo con el modo en que se computó. Dijo que los 36 meses no debían contar desde el 17 de noviembre de 2010 sino desde el 7 de diciembre de 2009, cuando la cautelar entró en vigencia. De ese fallo surgió la fecha que el gobierno popularizó como 7D. Clarín afirmó que recién a partir de ese momento empezaría a correr el plazo de desinversión de un año, pero eso no se desprende del fallo de la Corte: “A partir del 7 de diciembre de 2012 vence la suspensión del artículo 161 de la Ley 26.522 y se aplica a la actora (Grupo Clarín). De ahí que estando su plazo para adecuarse a las disposiciones de la ley, vencido el 28 de diciembre de 2011, sea plenamente aplicable a la actora con todos sus efectos a partir de la fecha indicada”, dice el texto. Igual, el máximo tribunal dejó una rendija para una nueva extensión de la cautelar. “Lo aquí decidido en cuanto al plazo de vigencia de la medida podrá ser revisado en caso de que se verificasen conductas procesales orientadas a obstaculizar el normal avance del pleito.”

– Sorteos. El 15 de septiembre de 2011, Carbone finalmente se jubiló y lo que hizo la Cámara fue aplicarle a ese juzgado un régimen de “subrogancias rotativo” que ya venía implementando en otros cuatro. Todos los jueces de primera instancia ocupaban los juzgados acéfalos a razón de uno por semana y cuando el expediente estaba listo para que se dicte sentencia se sorteaba el magistrado que debía hacerlo. Ese procedimiento, ya de por sí irregular, se alteró aún más cuando los camaristas Ricardo Recondo y Martín Farrell firmaron un acta que designó al juez jubilado Martín Te-ttamanti como el encargado de dictar sentencia en el expediente Clarín. En el acta se consignó que el sorteo fue “mediante un procedimiento manual”. El gobierno denunció la maniobra y la Comisión de Disciplina del Consejo de la Magistratura abrió una investigación. Una vez que estalló el escándalo, Tettamanti renunció. Entonces la Cámara aplicó el criterio de la [ey 26.346, que antes había considerado “inviable”, y el 18 de octubre el titular del Juzgado

Nº 2, Horacio Alfonso, quedó también a cargo del 1, donde está la causa Clarín.

– Viajes. Como el juez Alfonso se hizo cargo de la causa casi sobre el 7D, era difícil que hubiera una sentencia definitiva antes de esa fecha. Entonces, la disputa quedó concentrada en la Cámara Civil y Comercial, donde el Grupo Clarín había pedido una extensión de la cautelar. El 2 de noviembre, el gobierno denunció a Francisco de las Carreras, juez de la Sala 1 que interviene en el expediente desde el primer momento, por haber viajado a Miami en mayo invitado por la ONG Certal, cercana a Clarín, y pidió su recusación. Lo mismo hizo con otros colegas que participaron del mismo viaje. Para probar el vínculo entre Certal y Clarín, el Gobierno detalló que al menos cinco ejecutivos y asesores del multimedios ocupan cargos relevantes en Certal. De este modo, la Cámara quedó virtualmente paralizada.

– Prórroga. Debido a que la Cámara no podía resolver la extensión de la cautelar, Clarín realizó el pedido a la Corte. El 27 de noviembre, el tribunal lo declaró “inadmisible” porque se encontraba en trámite ante la Cámara, a la cual le ordenó que proceda al sorteo de los jueces subrogantes. También le solicitó al juez Alfonso que dicte sentencia definitiva de “inmediato”. A partir de esa resolución de la Corte, la Cámara designó subrogantes y en tres días rechazó las recusaciones de Ricardo Guarinoni, Guillermo Antelo, Graciela Medina y Francisco de las Carreras. Lo que siguió fue la extensión de la cautelar.

fkrakowiak@pagina12.com.ar

Página/12 :: Economía :: La cautelar que operó como blindaje

A guerra de versões para beneficiar o Grupo Clarín

Filed under: Grupo Clarin,Grupos Mafiomidiáticos,Instituto Millenium,Ley de Medios — Gilmar Crestani @ 9:25 am

Se, como escreve Clóvis Rossi, a lei de regulamentação audiovisual foi aprovada pelo Congresso e “é bastante ponderada e, acima de tudo, necessária”, porque o Grupo Clarín não cumpre? É resto é balela de quem dá mais valor ao MAS do que à lei. É lei é boa mas… O pecado de Cristina Kirchner reside em exigir que a lei seja cumprida. O resto é conversa fiada.

A guerra de Cristina e a verdade

Desconcentrar propriedade, em qualquer setor, é bom; o problema é a vingança contra o grupo Clarín

Como em toda guerra, a verdade está sendo a primeira e maior vítima do insano combate entre a presidente Cristina Kirchner e o grupo Clarín. Primeira verdade abatida no combate: a Lei de Mídia, regulamentação do audiovisual aprovada pelo Congresso, é antidemocrática e visa a impor uma ditadura na mídia.

Falso. A lei é bastante ponderada e, acima de tudo, necessária. Busca evitar a concentração de propriedade dos meios de comunicação, o que é altamente saudável.

Basta pensar no Brasil e nos danos que provocou na Bahia e no Maranhão, por exemplo, a hegemonia midiática das famílias Antônio Carlos Magalhães e José Sarney.

O problema com a lei não é ela em si, mas o fato de que está sendo usada para destilar ódio contra o grupo Clarín. E, aqui, entra-se em terreno movediço porque não está clara a razão real do ódio.

Afinal, todas as pessoas razoavelmente informadas na Argentina sabem que, nos tempos de Néstor Kirchner, marido de Cristina e presidente entre 2003 e 2007, havia frequentes reuniões na quinta presidencial de Olivos entre o casal Kirchner e Héctor Magnetto, diretor-executivo do Clarín, nas quais se gabavam de ser o trio mais poderoso do país.

Néstor, aliás, autorizou na véspera de deixar o cargo a fusão de duas operadoras de TV a cabo, com o que o grupo Clarín ficou com a posição dominante que, agora, a lei pretende recortar.

A explicação sempre usada para a ruptura é a de que o jornal pôs-se ao lado dos ruralistas no confronto com Cristina, em 2008.

Não parece motivo tão forte para instalar em Cristina tamanho ódio. Minha sensação -e admito que toda sensação pode ser enganadora- é a de que a presidente está apenas deixando aflorar a clássica tendência peronista de radicalizar amizades e inimizades até o limite da eliminação física, às vezes dentro do próprio peronismo, como aconteceu reiteradamente nos anos 60/70.

Uma segunda vítima dessa guerra é a ideia de que, se for quebrado o que governo chama de "monopólio" do Clarín (que não existe), vozes "progressistas" preencherão o espaço.

Quem avançará é o grupo Uno, de José Luis Manzano, assim descrito por Mario Antonio Santucho, simpatizante da lei e de Cristina, em texto para "Carta Maior", sítio amplamente kirchnerista: "É um ex-funcionário menemista, neoliberal e corrupto de primeira hora". Além disso, "seus empreendimentos comunicacionais são conhecidos pelos maus-tratos e pela exploração aplicados aos jornalistas e técnicos, assim como pelo escasso interesse social de sua programação".

Não dá para esquecer que a etiqueta peronista que Cristina usa carimbou desde os fascistas da Aliança Anticomunista Argentina até os revolucionários Montoneros, capazes de condenar à morte um dos seus, o poeta Juan Gelman, só por ter tido, em certo momento durante a ditadura, a coragem de reconhecer o óbvio: a luta armada fora derrotada e era preciso encontrar outro caminho.

Voltar, agora, a um maniqueísmo parecido é o pior que pode ocorrer à Argentina.

crossi@uol.com.br

A mídia contra Cristina

Filed under: Grupo Clarin,Grupos Mafiomidiáticos,Instituto Millenium,Ley de Medios — Gilmar Crestani @ 8:38 am

Os marginais da mídia reduzem tudo ao próprio interesse. Como acontece nas democracias, quem sempre bem conviveu com ditaduras e ditabrandas, têm dificuldades com a diversidade de poderes. Um lei proposta pelo Executivo, aprovada pelo Congresso e referendada pela Suprema Corte argentina não serve aos interesses dos grupos mafiomidiáticos. A SIP já havia cantado a pedra e veio ao Brasil pedir o apoio aos a$$OCIAdos do Instituto Millenium. Na hora difícil as máfias são solidárias, não importa que sede seja Chicago, Corleone, Calábria, Nápolis ou Rússia. Os perseguidores são descarados exatamente porque se arvoram em serem os únicos a não precisaram respeitar a lei. A lei só vale para os outros?

EDITORIAIS

editoriais@uol.com.br

Cristina contra a mídia

A adoção de regras para evitar que se formem monopólios nos meios de comunicação é mecanismo reconhecido em países democráticos. O que se vê na Argentina em relação a esse tema, entretanto, vai muito além -ou está muito aquém- da legítima aplicação de uma norma republicana.

Trata-se de descarada perseguição movida pela presidente Cristina Kirchner contra um grupo de mídia, o Clarín, cujo principal pecado é publicar reportagens e opiniões que a desagradam.

Demonstração cabal de que as preocupações da presidente com a regulamentação do mercado de comunicação movem-se ao sabor de rancores e conveniências, e não de princípios, é o fato de que seu marido, Néstor Kirchner (1950-2010), manteve excelentes relações com o referido grupo durante seu governo, entre 2003 e 2007.

Foi em 2008, quando Cristina iniciava seu primeiro mandato, que as desavenças começaram. A presidente não perdoou a posição do Clarín favorável aos ruralistas, que se mobilizavam contra o aumento do imposto sobre a exportação de produtos agrícolas.

Desde então, move verdadeira cruzada contra o grupo. Chegou a insuflar uma campanha para pressionar a viúva Herrera de Noble, principal acionista, a fazer exame de DNA de seus filhos adotivos, pretendendo provar que os pais eram desaparecidos políticos -o que não se confirmou.

Foi nesse clima de intimidação que se aprovou a Lei de Mídia, em 2009. Pelo texto, nenhum conglomerado pode possuir mais do que 24 concessões de rádio e TV.

A presidente fixou a data de 7 de dezembro como prazo para que os grupos afetados, entre os quais o Clarín, começassem a se desfazer das licenças excedentes. "Será o fim das calúnias", declarou, deixando evidentes suas motivações.

Aspectos da legislação foram questionados na Justiça pelo Clarín, que obteve medida cautelar a seu favor. Agora, um tribunal federal interrompeu os efeitos da norma até que a Suprema Corte decida sobre a constitucionalidade da lei.

O governo já recorreu, dando sinais de que a vertiginosa queda de popularidade da presidente não refreará, por ora, seu ímpeto -que já não se volta apenas contra o grupo Clarín. São patentes e inquietantes os sinais de que Cristina Kirchner não tolera toda e qualquer opinião divergente.

08/12/2012

O Grupo Clarín, segundo um de seus apoiadores

Filed under: Argentina,Ditadura,Grupo Clarin,Grupos Mafiomidiáticos,Ley de Medios — Gilmar Crestani @ 9:12 am

 

Las claves del caso Clarín

Los puntos esenciales de la compleja batalla judicial contra el grupo mediático

Francisco Peregil / Alejandro Rebossio Buenos Aires8 DIC 2012 – 01:46 CET20

A continuación se detallan los puntos esenciales de la compleja batalla judicial que mantiene el Gobierno contra el mayor grupo mediático de Argentina.

¿Qué es la Ley de Medios?

Oficialmente se denomina ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Fue promulgada en 2009 para remplazar la legislación que había impuesto la última dictadura de Argentina (1976-1983) sobre radio y televisión. Surgió a partir de la iniciativa de organizaciones sociales y fue tomada después como bandera por el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner en plena batalla contra el Grupo Clarín. La ley establece que deberá dividirse el espacio radioeléctrico en tres partes iguales entre el Estado, el sector privado y las organizaciones sin fines de lucro (sindicatos, cooperativas, universidades, fundaciones y organizaciones religiosas, entre otras). La norma también limita la cantidad de licencias de radio, televisión y servicios de TV de pago. Además, establece que las compañías extranjeras solo pueden poseer el 30% de cualquier medio audiovisual. También indica que el 60% de lo que se difunde por los canales de televisión en abierto debe ser producido en Argentina. El 30% de la música transmitida por radio también deberá ser local.

¿Por qué algunos defensores de la Ley de Medios han criticado la forma en que el Gobierno la está aplicando?

El Partido Socialista y otras organizaciones de izquierda la habían apoyado. Pero critican que no se han concedido suficientes licencias a organizaciones sociales. También critican que no se trate con la misma vara a Clarín que a sus competidores, como Telefónica y empresarios argentinos amigos del Gobierno.

¿Cómo es de grande el grupo Clarín?

Es el principal grupo de comunicación de Argentina. Posee el diario de mayor circulación y otros cinco periódicos. Es dueño del segundo canal de TV abierta en audiencia de Buenos Aires, El Trece. Y en las provincias cuenta con ocho más. Dispone del servicio de televisión de pago más grande de Argentina y de nueve señales de TV por cable. Es propietario de Mitre, la segunda emisora de Onda Media más escuchada de Buenos Aires; cuenta con otras dos en provincias y dos emisoras de FM. También es el accionista mayoritario de la fábrica Papel Prensa, compañía que vende el papel con el que se imprimen el resto de los periódicos. El grupo Clarín compró Papel Prensa tras llegar a un acuerdo con la última dictadura militar de Argentina (1976-1983).

¿Es el único medio crítico en Argentina?

Hay otros periódicos como La Nación y el económico El Cronista que también se muestran muy críticos con el Gobierno. También hay que tener en cuenta alguna que otra emisora de radio como Continental, perteneciente al grupo Prisa. En el panorama televisivo también hay algún canal, aparte de los de Clarín, donde se pueden encontrar voces críticas contra el Gobierno. Pero la inmensa mayoría mantienen una línea editorial afín al Gobierno. Telefé, el canal perteneciente a Telefónica, es el primero en audiencia, pero basa casi toda su programación en el entretenimiento. Sus informativos distan mucho de considerarse una molestia para el Gobierno.

¿Por qué se enfrentaron el Gobierno y Clarín?

Nunca quedó del todo claro. Lo que sí es cierto es que la ruptura se produjo a partir de 2008, con la llamada guerra del campo. Clarín, que había mantenido una estrecha relación con la dictadura, supo conseguir licencias para ampliar sus negocios durante los Gobiernos de Raúl Alfonsín (1983-1989), Carlos Menem (1989-1999) y el kirchnerismo (desde 2003). Pero en los tres casos acabó distanciándose de las autoridades de turno. Fuentes vinculadas a Clarín reconocen que en 2008 el expresidente Néstor Kirchner pidió al consejero delegado del grupo, Héctor Magnetto, que lo apoyara en su cruzada contra los colectivos agrarios, pero éste se puso del lado de estos últimos. El periódico Clarín tiene un suplemento semanal sobre agricultura y organiza cada año la feria más importante de este sector clave en la economía argentina. Las fuentes citadas también admiten que al mismo tiempo Magnetto le pidió a Kirchner que le facilitara la compra de Telecom Argentina (propiedad de Telecom Italia), pero éste se negó. Otras fuentes, ajenas a Clarín, señalan que hubo desavenencias de orden económico entre Néstor Kirchner y Héctor Magnetto.

¿Qué otros grupos deberán desinvertir?

Se calcula que unos 21 grupos deberán desprenderse de 330 licencias de televisión, radio y servicios de TV de pago. Unas 150 o 200 pertenecen a Clarín. Entre los otros 20 grupos figuran Telefónica, la norteamericana DirectTV, el empresario Cristóbal López (de histórica relación con los Kirchner). Prisa (editora de EL PAÍS), presentó un plan que contempla la transferencia de varias licencias de radio de provincias, a cambio de consolidar su posición en la cadena Continental en Buenos Aires.

¿Qué se supone que debería haber sucedido el 7-D?

Ese día vencía el plazo que la Corte Suprema había otorgado a Clarín para realizar las desinversiones exigidas por los artículos 41 y 161 de la Ley de Medios. Pero los jueces de la Cámara Civil y Comercial de Argentina Francisco de las Carreras y María Susana Najurieta ordenaron una prórroga de la medida cautelar hasta que se dicte una sentencia definitiva sobre la constitucionalidad de los artículos denunciados por Clarín.

¿Quién debe pronunciarse sobre la constitucionalidad de los dos artículos de la Ley de Medios?

En Argentina, igual que en Estados Unidos y buena parte de Latinoamérica, cualquier juez federal puede decretar la constitucionalidad o no de una norma. Por tanto, ahora es el juez de primera instancia Horacio Alfonso quien debe determinar si son constitucionales los dos artículos de la ley de medios que obligan a los 21 grupos a desinvertir. Si alguna de las partes recurriesen su sentencia, sería la Cámara quien debería pronunciarse sobre la constitucionalidad de la norma. Y, finalmente, la Corte Suprema.

¿Qué va a ocurrir ahora?

La Corte Suprema ha ordenado al juez Horacio Alfonso que trabaje incluso en fines de semana y festivos para determinar lo antes posible si los dos artículos en litigio son constitucionales. Mientras tanto, la batalla jurídica continúa en otro frente. Tras conocer el dictamen de la Cámara emitido el jueves seis de diciembre, el Gobierno presentó al día siguiente un recurso extraordinario ante la Corte Suprema para revocar la extensión de la medida cautelar. La Corte tiene que decidir primero si admite o no el recurso del Gobierno. En caso de que lo admita, deberá estudiar si mantiene o anula la extensión de la medida cautelar dictada por la Cámara.

Las claves del caso Clarín | Internacional | EL PAÍS

06/12/2012

“Ni un día más sin ley de medios”

Filed under: Argentina,Ley de Medios — Gilmar Crestani @ 8:26 am

La tradicional manifestación para recordar a las víctimas de la dictadura tendrá otro condimento este año.

Imagen: Bernardino Avila

EL PAIS › HOY SE REALIZA LA MARCHA DE LA RESISTENCIA, CON EL EJE PUESTO EN EL 7D

“Ni un día más sin ley de medios”

Los organismos de derechos humanos se movilizarán a Plaza de Mayo desde las 15. “Todos los años hay una temática de contexto y esta vez es pedir por la plena vigencia de la ley de medios”, explicó Taty Almeida, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora.

“Nosotros jamás nos vamos a bajar en cuanto al recuerdo de nuestros hijos”, sostuvo la referente de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Taty Almeida, de cara a la 32ª Marcha de la Resistencia, que se hará hoy, desde las 15, en Plaza de Mayo. La movilización, que suele desarrollarse el 10 de diciembre, este año tendrá lugar antes del llamado 7D. “Todos los años hay una temática de contexto –explicó Almeida– y esta vez es pedir por la plena vigencia de la ley de medios.”

El jueves 10 de diciembre de 1981, un grupo de madres y familiares de desaparecidos, y organizaciones sociales, políticas, estudiantiles y gremiales se reunieron en Plaza de Mayo para realizar una ronda de 24 horas alrededor de la Pirámide central. Bajo la consigna “aparición con vida”, tuvo así lugar la primera Marcha de la Resistencia. Desde entonces, año tras año las organizaciones de derechos humanos Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Abuelas de Plaza de Mayo, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, Hermanos, e Hijos convocan para esa fecha a movilizarse nuevamente en memoria de las víctimas de crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura. La titular de Asociación de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, quien dejó de participar en el 2006, recuerda sobre aquella primera manifestación que “cuando se hizo la noche sólo quedamos 70 madres rodeadas de cientos de milicos”. En ese momento un periodista francés se les habría acercado para expresarles que “si resisten esta noche, les habrán ganado la batalla a los militares”.

Esta 32ª edición del encuentro se hará en otra fecha porque tiene un condimento especial. Se realizará hoy, a un día del 7D, cuando termina de regir la medida cautelar que exime al Grupo Clarín de cumplir con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. “Este año hacemos la marcha el 6 (de diciembre) para leer públicamente un documento que exprese nuestro apoyo a la ley de medios”, explicó Taty Almeida, integrante de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, en diálogo con Página/12. No obstante, aclaró que más allá de que “todos los años hay una temática de contexto y esta vez es pedir por la plena vigencia de la ley, jamás vamos a renunciar al verdadero motivo de la marcha, que es la resistencia y la lucha por la memoria de nuestros hijos y nietos”. Además, adelantó que se distinguirá con la entrega de pañuelos blancos a miembros de varias radios comunitarias. “Las respaldamos –afirmó– y pensamos que con la vigencia total de la ley serán más escuchadas.”

El acto comenzará alrededor de las 15 en la intersección de Avenida de Mayo y Bolívar. Encolumnados detrás de la histórica bandera que lleva los rostros de los detenidos-desaparecidos, marcharán alrededor de la Pirámide de Mayo hasta las 20.30, cuando se leerá un documento expresando el pronunciamiento público de los organismos de derechos humanos a favor de vigencia y total aplicación de la ley sancionada por el Congreso en 2009. Animará la jornada el colectivo artístico Choque Urbano, que realizará una obra relacionada con la temática del encuentro. Además tocarán en forma gratuita los conjuntos musicales Arbolito y La Chilinga.

En la organización del evento también participa Hijos, cuyos miembros consignan, en la convocatoria, que “con lucha y militancia mantenemos viva su memoria, levantando sus banderas por un país más justo y solidario”. Y en relación con el 7D añaden: “Resistimos a las corporaciones y seguimos por una patria con todas las voces. ¡Ni un día más sin ley de medios!”. Fuentes de la agrupación contaron que hace rato tienen el día “bien marcado en la agenda, porque todavía existen sectores ante los cuales batallar”.

Informe: Juan Manuel Frías.

Página/12 :: El país :: “Ni un día más sin ley de medios”

04/12/2012

Clarín resiste à Ley de Medios

Filed under: Grupo Clarin,Grupos Mafiomidiáticos,Instituto Millenium,Ley de Medios,SIP — Gilmar Crestani @ 8:12 am

Por João Peres, na Rede Brasil Atual:
Faltando menos de cinco dias para o momento decisivo da implementação da Lei de Meios, 14 grupos empresariais argentinos apresentaram seus planos de adequação. No total, são 20 as empresas que estão acima dos limites de concentração de mercado permitidos pela legislação sancionada em outubro de 2009.

Esgota-se em 7 de dezembro, na visão do governo, o prazo para que todas estas corporações apresentem como e em que prazo pretendem adaptar-se à nova realidade. A Autoridade Federal de Serviços de Comunicação Audiovisual (Afsca), responsável por organizar e colocar em curso a Lei de Meios, decidiu estender a todos o prazo dado pela Suprema Corte ao Grupo Clarín, o principal conglomerado midiático e o único que não manifestou intenção de apresentar um cronograma.

“Até agora, todos os grupos menos um demonstraram vontade de apresentar seu plano de adequação”, afirmou o presidente da Afsca, Martín Sabbatella. O Clarín diz ter em seu favor uma liminar de primeira instância emitida ainda em 2009 que lhe garante a suspensão do artigo 161, que define os limites da concentração de mercado. Na visão do governo, porém, uma decisão da Suprema Corte proferida em maio de 2012 determina que a medida cautelar é válida apenas até o dia 7 deste mês, uma leitura que tenta evitar o adiamento abusivo do cumprimento da legislação. “Esperamos que também quem disse que não cumpriria com a norma se dê conta de que a lei é para todos. Ninguém pode estar fora da lei”, acrescentou Sabbatella.
Entre os planos de adequação divulgados ontem pela Afsca destaca-se o do grupo Uno Medios, que descumpre nove pontos da Lei de Meios. Entre os mais sérios estão a participação, na sociedade, de empresários que possuem ações de concessionárias de serviços públicos, e o excesso de licenças. Atualmente, o Uno chega a 37,6% da população argentina com suas rádios e a 37,5% com suas emissoras de televisão aberta, frente a um limite de 35%.
O grupo tem ainda 28 concessões de rádio e televisão, contra um máximo permitido de 10, e 49 emissoras de televisão por assinatura, 25 a mais que o tolerado pela legislação. Em nível local, o Uno Medios excede o número de licenças em sete cidades, algumas delas as de maior população, como Mendoza, Córdoba e Rosario.
No plano de adequação, o grupo apresenta a proposta de realizar uma divisão societária dos negócios atuais, transferir 11 licenças e vender outras 16, além de três registros de TV por assinatura que têm caráter excludente, ou seja, que não permitem ser dono de qualquer concessão.
“Estamos trabalhando para que todos os grupos que devem adaptar-se à norma apresentem seus planos esta semana, antes do dia 7, porque temos a esperança de que todos cumprirão com a lei. A lei é para todos”, afirmou o presidente da Afsca. O órgão deve se pronunciar nos próximos dias sobre cada uma das propostas, e os titulares terão dez dias para darem resposta às observações. No caso do Uno Medios, a ideia é fatiar a empresa em quatro grupos empresariais, mas alguns parentes foram apontados como novos presidentes das corporações criadas, o que pode criar uma ressalva por parte da autoridade federal sobre o uso de "laranjas" para garantir a manutenção do atual poderio. As novas empresas não poderão, porém, compartilhar estrutura e mão de obra.
Se o governo levar adiante sua determinação de cumprir o prometido no 7D, o Clarín passará à ilegalidade em seis aspectos criados para evitar concentração de mercado. Atualmente, o conglomerado alcança 41,88% da população com emissoras AM e FM e 38,78% com os canais de televisão aberta. Nos canais por assinatura, chega-se a 58,61% do total de 6,5 milhões de clientes,contra um máximo de 35%.
Quanto às concessões em nível nacional, o Clarín goza de 25, contra um máximo de dez permitidas. A Lei de Meios autoriza um mesmo grupo empresarial a controlar 24 licenças de TV a cabo, frente a 237 do maior grupo midiático argentino. Outra possível irregularidade diz respeito às chamadas “licenças excludentes”: um grupo que tenha um registro de sinal de TV a cabo não pode ter mais nada – só neste campo o Clarín ostenta nove registros. Em nível local, o máximo que se pode ter são três licenças, sendo uma de cada tipo (AM, FM, TV aberta, TV fechada). Só na província de Buenos Aires e na capital federal são 19 cidades que precisariam de adaptação, com outras seis em Córdoba e quatro em Santa Fe.
A Afsca deverá determinar quais concessões podem ser colocadas em licitação caso o Clarín não apresente seu plano de adequação. Trata-se do passo mais importante até agora da Lei de Meios, já que permite dar andamento aos mecanismos criados para garantir a desconcentração de mercado e a circulação de novas vozes. A legislação prevê dividir o espectro eletromagnético em três fatias iguais: privado com fins comerciais, privado sem fins comerciais e público.
* Com informações do Página12.

Altamiro Borges: Clarín resiste à Ley de Medios

Próxima Página »

Blog no WordPress.com.

%d blogueiros gostam disto: