Ficha Corrida

05/09/2016

Tristeza não tem fim: Honduras, Paraguai, Brasil

Filed under: Argentina,Brasil,Golpe Paraguaio,Honduras,José Serra,Justiça — Gilmar Crestani @ 9:05 am
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Justiça_nProfessor de Direito Penal na Universidade de Buenos Aires se desencanta com o Direito. E justifica mostrando o que tem acontecido na América Latina. Na mesma toada e coincidentemente nesta mesma data, Juremir Machado da Silva conclui: “O direito é uma ideologia para ser usada conforme a ocasião.” Por razões diversas, a mesma sensação de desamparo quando se vê a própria OAB, pelas vias cloacais do Lamachia, se tornar braço jurídico do golpe paraguaio.

E aí aparece o Tarja Preta das Relações Exteriores querendo patentear o golpe para exporta-lo aos que ainda não foram golpeados:  “Serra quer exportar o golpe para o Mercosul

Volta uma velha sensação do direito romano retirado da Bíblia: “dar a César o que é de César”, modernizada com o “dar a cada um o que é seu”. Ao pobre, a pobreza; ao rico, a riqueza.

Gostaria de estar enganado, mas o direito me parece a única ciência cujo maior beneficiado é sempre o próprio cientista.

Tristeza não tem fim

Por Julio Maier *

Desconfío actualmente del Derecho, del orden jurídico y de sus instituciones prácticas. Esa falta de confianza comprende también a los operadores jurídicos, los jueces y funcionarios judiciales, los abogados y hasta los docentes en Derecho, y a los principios que adornan esos oficios, de modo genérico, esto es, sin intención alguna de injuriar a alguien en particular. Me pregunto yo a mí mismo: ¿cómo pude edificar mi vida alrededor de esta profesión y de sus instituciones? Una de mis conferencias, originada en una conversación con bachilleres con vocación de juristas, versaba sobre “¿Para qué sirve el Derecho?”. Hoy debería escribir lo contrario: el Derecho es inservible, al menos para los fines magnánimos para los cuales yo lo concebía. Es un mecanismo de dominación, de exclusión.

En efecto, a la vejez viruela, he venido a experimentar que no hace falta una intervención violenta, armada, contra las instituciones democráticas para anularlas en un santiamén. Nunca pude imaginar –a pesar de las amenazas pronunciadas y de la conciencia de que no todo estaba antes “bien hecho”– a un gobierno que en el mejor de los casos ganó una elección por un mínimo porcentaje de votos, en segunda vuelta y con todavía menor participación parlamentaria, en cuestión de horas o días podía desvalijar el trabajo de más de una década, regresar a épocas pasadas, ya transitadas y con resultados más que desastrosos para la población, todavía persistentes. Sirvan de ejemplo, en nuestro país, la derogación práctica, por decreto administrativo, de una ley de medios audiovisuales elaborada en años y alabada universalmente, la cercenación de los fondos sustentables de jubilaciones y pensiones universales y de otros beneficios sociales, el derrumbe de la paciente elaboración –de mayor antigüedad aún– de un mercado regional (Mercosur) y la trágica falta de aplicación de una de sus leyes básicas respecto de su administración (que sólo la R. O. del Uruguay, aparte del país excluido, osó defender como vigente e insustituible por otra solución ilegítima, de conformidad con la norma internacional de creación), el desmantelamiento de medios y oficinas estatales de auxilio para el juzgamiento de crímenes contra la humanidad, el reconocimiento inmediato, casi anticipado, de un gobierno de un país vecino, socio principal integrante del Mercosur, surgido de aquello que calificadas opiniones titulan como “golpe de Estado blando” –opiniones quizá discutibles pero nunca ignorables–, la pérdida de soberanía política y económica a favor de otro país dominante y su área de influencia, que incluye a los organismos financieros globales (FMI, Banco Mundial), el regreso de la desocupación de dos dígitos, alimentada por la propia administración pública (despidos masivos sin fundamento), de la inflación de porcentajes estratosféricos, del dólar como moneda nacional de ahorro y exportación de capitales, la calificación de inservible del Derecho laboral y sus convenciones colectivas, en fin, sólo unos pocos ejemplos de lo visto en medio año de gobierno. Más tristemente aún: todo ello contó con la colaboración –cuando no traición– de la oposición parlamentaria, incluso de parte del grupo político antes gobernante, que expresa verbalmente una cosa y hace otra, y con la cuasiomisión de las autoridades de la mayoría de las organizaciones sindicales. Pero, además, se reprime a organizaciones sociales como la Tupac Amaru, integrada por pueblos originarios, a la que se rotula como asociación ilícita, y se priva de libertad a sus dirigentes y colaboradores por la tamaña felonía de demostrar públicamente contra el gobierno.

A ello se suma lo sucedido ahora en Brasil, la mayor potencia económica, territorial y de población de nuestra América meridional, suceso anticipado en Paraguay y en Honduras a manera de ensayo: la utilización formal de un mecanismo constitucional de excepción como regla, para sustituir a una jefa de gobierno, que presidía el país votada por una inmensa mayoría del pueblo, sentencia de un tribunal integrado por legisladores elegidos popularmente, senadores nacionales, incluso algunos de ellos de la coalición política gobernante y varios sospechados formalmente por corruptos, cuasiconfesos de que la imputación contra la jefa de gobierno era inexistente o, cuando menos, no se había demostrado o no justificaba la condena. De nuevo era trágico, pero risible, payasesca, la exposición de fundamentos de los condenantes, la mayoría de los cuales no sólo no se atenía a la imputación deducida, objeto de la defensa practicada por la propia jefa de gobierno, sino que, antes bien, con claridad, ignoraba por completo la imputación deducida contra ella. Tan es así que no se alcanzó mayoría para condenar a la acusada a la pérdida de sus derechos políticos, sanción prevista en el ordenamiento jurídico-constitucional brasileño; sólo fue sustituida en su cargo de presidente del país.

Esto me afirma sin más en mi condena al Derecho como inservible o, mejor aún, servible a gusto y paladar de quien lo aplica prácticamente, sin reglas hermenéuticas claras y precisas, abierto a cualquier interpretación según los ideales (¿?), la necesidad o el interés de quien juzga. Un instrumento como éste no “hace justicia” en sentido alguno, sólo aplica poder, de modo similar a la violencia física, sin vergüenza o, mejor, sinvergüenzas o “canallas”, como dijera el legislador que señaló a uno de los condenantes con el dedo, según informó en este mismo diario un periodista brasileño, Eric Nepomuceno. Así sucede también en la vida común, fuera del ámbito político. Para muestra basta un botón: observen la imputación de fiscales y una organización social a la presidenta anterior y a su canciller por “traición a la patria” o, si les resulta mas sencillo, visiten una cárcel.

* Profesor titular consulto de DP y DPP, UBA.

Página/12 :: El mundo :: Tristeza não tem fim

19/10/2015

450 kg de hiPÓcrisia debaixo do tapete

justica-cega-21

Valente: se Protógenes foi demitido por expor prisão de Pitta, o que dizer da Lava Jato?

Por Fernando Brito · 18/10/2015

Esta semana, o ex-delegado da Polícia Federal Protógenes Queiroz foi, como manda a lei, demitido do cargo por sentença de instância final por vazar informações à TV Globo, no episódio da prisão do ex-prefeito Celso Pitta, em meio à Operação Satiagraha.

Não me apego ao fato de Protógenes ter assumido, de uns tempos para cá, comportamento polêmico, marcado pelo misticismo e por posições políticas diversas das que sustentou antes. É seu direito humano.

Mas reproduzo, por amor á verdade e horror à hipocrisia, a postagem de Rubens Valente, autor de Operação Banqueiro que, como bom repórter, não briga com fatos, mas jamais deixa de comparar comportamentos.

Quando se tratou de vazar o que servia à direita, não se deu a ninguém o tratamento que se deu a Protógenes Queiroz.

Se o mesmo critério leonino de punir “vazamentos” como elementos de contaminação de processo, não sobra uma gota na “Lava-Jato”.

Os pesos e as medidas

Rubens Valente, no Facebook

No livro “Operação Banqueiro”, lançado no ano passado, dediquei especial atenção a um vídeo gravado por uma equipe da Rede Globo e levado ao ar no “Jornal Nacional” logo após a deflagração da Operação Satiagraha, em julho de 2008. O vídeo documentou uma reunião ocorrida no restaurante El Tranvía, em São Paulo, entre o delegado da Polícia Federal Victor Hugo e dois emissários do banco Opportunity, Hugo Chicaroni e Humberto Braz.

Como havia sido realizada por uma equipe de TV e não pela Polícia Federal, a gravação gerou diversos questionamentos do banco Opportunity e de uma parte da mídia, segundo os quais a gravação teria configurado “fraude processual”.

Antes de entregar o vídeo ao juiz do caso, Fausto De Sanctis, o delegado editou as cenas de modo a cortar as imagens em que os jornalistas apareciam. Ao agir assim, segundo a versão amplamente espalhada na ocasião, ele teria “contaminado” ou falsificado as provas e induzido o juiz a erro. Caso a fraude fosse comprovada, poderia ruir a condenação em primeira instância de Daniel Dantas e outros pelo pagamento de suborno para funcionários públicos federais. Por isso este ponto é importante na história da Satiagraha.

Após analisar detidamente a questão do vídeo no restaurante, expliquei aos leitores de “Operação Banqueiro” que inexistia fraude processual. Na página 276, afirmei: “O vídeo gerou inúmeros questionamentos dos advogados do Opportunity, que passaram a dizer que Protógenes havia ‘terceirizado’ para a tevê o registro do ato do suborno. Entretanto, como sempre foi de conhecimento da Justiça e como pode ser facilmente verificado, as conversas foram todas captadas por equipamento próprio em poder do delegado Victor Hugo. São esses os arquivos analisados e transcritos por peritos criminais no processo que condenou Dantas por suborno. Na sentença condenatória, assinada por De Sanctis, a referência à gravação em vídeo, de tão inexpressiva que é no conjunto das provas, não passou de uma nota de rodapé. As imagens apenas corroboraram a existência do encontro, mas nada acrescentaram ao material gravado em áudio pela PF”.

Logo mais adiante, asseverei: “O trabalho de [dos jornalistas da TV] Cerântula e William configurou, tão-somente, um grande furo jornalístico”.

Entretanto, com base no argumento da suposta “fraude processual” e de “vazamento de informações”, o delegado Protógenes Queiroz foi condenado em primeira instância na Justiça Federal com o apoio do Ministério Público Federal de SP. Com a eleição do delegado à Câmara dos Deputados, o processo seguiu para o STF. No tribunal registrou uma tramitação fantasticamente rápida, tendo sido julgado em uma das turmas em novembro de 2014. (Aliás, nesse caso todo marcado por fatos inéditos, foi a primeira vez na história do Supremo que um parlamentar foi julgado e condenado por uma turma, e não pelo plenário.)

A imprensa destacou, no dia seguinte ao julgamento, que Protógenes foi condenado por “vazamento de informações”. Com a exceção creio que da “Folha de S. Paulo”, nenhum outro veículo deu o necessário destaque ao segundo fato: a negação peremptória, pelo STF, de que houve a tão alegada “fraude processual”.

O acórdão da decisão foi publicado no Diário de Justiça em 2 de dezembro de 2014. Qualquer leitura isenta da decisão concluirá que os ministros do Supremo, por unanimidade, afastaram qualquer hipótese de fraude processual, exatamente como descrito em “Operação Banqueiro”.

Não há qualquer espaço para se falar em parcialidade nessa decisão. O ministro Teori Zavascki foi o mesmo que, como relator, condenou Protógenes por vazamento. Porém, ele escreveu: “De resto, não há sequer elementos suficientes para afirmar, com a segurança que a condenação penal exige, que a alteração pretendesse induzir a erro o juízo. A acusação, a quem competia tal ônus, dele não se desincumbiu e, ademais, está pedindo a absolvição quanto a essa imputação”.

O ministro acrescentou: “O Ministério Público Federal manifestou-se, acertadamente, pela atipicidade da mencionada edição de imagens, na consideração de que o fato de expungir aquelas partes que pudessem identificar a origem (Rede Globo) e de que a violação do sigilo para a filmagem não seria suficiente para caracterizar fraude”.

É isso mesmo, caros leitores, o Ministério Público Federal mudou de opinião (quantos fatos insólitos nesse processo). Embora os procuradores da República de primeira instância tenham solicitado a condenação do delegado por “fraude”, a Procuradoria Geral da República discordou e pediu a absolvição do delegado nesse ponto, explicando que a edição do vídeo nunca induziu o juiz De Sanctis a nenhum erro. E depois o Supremo concordou, claramente, que a PGR é que estava certa, não os procuradores de São Paulo.

Em seu voto, o ministro Celso de Mello, decano do Supremo, reiterou que o comportamento de Protógenes não induziu De Sanctis a erro nem afetou as provas da Satiagraha. “Vê-se, pois que a proposta de absolvição penal tem por suporte a ausência de tipicidade penal do comportamento imputado aos ora apelantes, eis que o preceito primário de incriminação, tal como definido no artigo 347, parágrafo único do Código Penal, supõe, para aperfeiçoar-se a existência de dolo (a finalidade de induzir a erro o juiz ou perito) e de comportamento artificioso, o que não restou comprovado nos autos.”

A ministra Cármen Lúcia foi igualmente taxativa. “[…] Também não consigo verificar a ocorrência de fraude processual tipicamente demonstrada nestes autos. […] De toda sorte, não há demonstração que possa levar a um juízo de condenação por ausência de provas, porque não se tem a conduta do primeiro apelante [Protógenes] como tento atuado no sentido de levar aquele corte de imagens e a transformar numa outra imagem, fraudando processualmente como alegado”.

A Satiagraha, portanto, não sofreu qualquer “fraude processual”, segundo o STF.

Resta falar sobre a condenação do delegado por vazamento de informações à imprensa, acusação que levou à sua demissão da PF. Tendo analisado com atenção todas as provas, concluo que o processo do STF não apresenta nenhum áudio de gravação telefônica, nenhuma imagem, nenhuma confissão tanto de Protógenes quanto dos jornalistas da Globo de que o delegado foi de fato a fonte de informações que permitiram à TV Globo gravar o encontro no restaurante e também chegar em primeira mão à calçada da rua do ex-prefeito Celso Pitta, filmado de pijama ao sair de casa em 8/7/2008. Os ministros do STF decidiram pela condenação do delegado com base em indícios, em especial os registros de que houve telefonemas (chamados de “bilhetagem”) trocados entre o delegado e jornalistas.

Entretanto, não se sabe o que foi tratado em tais telefonemas, que não foram gravados. Mesmo assim, o STF condenou o delegado. A meu ver, a decisão foi uma interpretação de circunstâncias.

Mais duas coisas devem ser ditas: a) nenhum desses dois vazamentos atribuídos a Protógenes prejudicou ou inviabilizou a deflagração da Operação Satiagraha. As imagens decorrentes do primeiro vazamento só foram levadas ao ar na TV após as prisões, e não antes, portanto não houve qualquer dano à investigação; o segundo vazamento ocorreu na manhã da própria deflagração da operação e não pôs em risco a apreensão de qualquer documento nem evitou qualquer prisão; b) vazamentos são parte da rotina de inúmeras operações policiais. Basta ligar a TV para ver suspeitos sendo presos e algemados em todos os cantos do país, inclusive em suas próprias casas. Vimos pela TV inúmeras vezes os empreiteiros e políticos sendo conduzidos pela PF na Operação Lava Jato, situação muito semelhante ao episódio Pitta. Não se trata de defender o policial que permite a gravação de uma pessoa sendo presa em sua residência, ressalto apenas a diferença de tratamento sobre casos semelhantes, ou seja, o emprego de dois pesos e duas medidas. Filmar Pitta de pijama (desde a calçada, é bom frisar, pois assim ele saiu de sua casa) foi visto como um crime que mereceu expulsão de um delegado dos quadros da PF, mas, por exemplo, acompanhar lado a lado uma equipe da polícia do Rio durante a apresentação de um suspeito black bloc, como ocorreu em 2013, é permitido e até estimulado. Passa até como um grande acontecimento.

Com a condenação pelo STF e a demissão da PF, o delegado Protógenes passa a uma condição única, especial. Ele é hoje a única pessoa condenada e punida em decorrência da própria operação que ajudou a desencadear. E durante a qual, aliás, ao lado de seu colega Victor Hugo, se recusou receber um suborno milionário. É inusitado, para dizer o mínimo, que o delegado tenha sido condenado e expulso por uma operação que o STJ já anulou, em 2011. Ou seja, as provas coletadas durante a investigação foram consideradas válidas para condenar e punir o delegado, mas não para condenar quem ele investigou e prendeu.

Como sabemos, em 2008, em decorrência de uma série de decisões do STF e do STJ, o delegado não conseguiu concluir sua investigação, o juiz De Sanctis não conseguiu julgar o processo e o Ministério Público Federal não conseguiu terminar sua investigação. Foram todos impedidos por forças maiores e mais ativas, para dizer o mínimo. Vejo que agora em 2015, com a saída de Protógenes da PF, quer se construir a versão de que a Operação Satiagraha não foi levada adiante tão somente por “problemas” criados pelo próprio “atrapalhado” delegado, que teria feito “teatrinhos”. Essa teoria simplória configura uma leitura reducionista da história e uma tentativa de reescrever o passado pelas conveniências do presente. Como se não houvessem ocorrido dois habeas corpus do STF em tempo recorde, o factoide de um suposto grampo telefônico que nunca apareceu e as acusações infundadas e mentirosas sobre o juiz De Sanctis ter mandado “grampear” o ministro do STF Gilmar Mendes. Todas essas acusações, com o apoio decisivo da cúpula da Polícia Federal, torpedearam e inviabilizaram o prosseguimento da Satiagraha. Atribuir tudo ao delegado é uma saída fácil, porém inegavelmente, ela sim, fraudulenta.

Valente: se Protógenes foi demitido por expor prisão de Pitta, o que dizer da Lava Jato? – TIJOLAÇO | “A política, sem polêmica, é a arma das elites.”

16/09/2015

Não tem petista, tá liberado

Filed under: CADE,Justiça — Gilmar Crestani @ 8:32 am
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justicadivinacega[5]Justiça manda anular maior multa da história do Cade

Pena de R$ 1,76 bi é revogada; cabe recurso contra decisão do tribunal

Juíza considerou ilegais as interceptações telefônicas feita só com denúncia anônima e as provas colhidas depois

MARIO CESAR CARVALHODE SÃO PAULO

A Justiça Federal em Brasília mandou anular a maior multa já aplicada na história do Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica), de R$ 1,76 bilhão, contra a White Martins, produtora de gases. Cabe recurso contra a decisão.

A pena havia sido aplicada em 2010 pelo órgão federal responsável pela defesa da concorrência no país.

As provas que sustentavam a acusação de que a White Martins integrava um cartel são ilícitas, segundo a juíza Liviane Soares de Vasconcelos.

A ilicitude das provas decorre, segundo a juíza, do fato de que elas foram coletadas depois que foram feitas interceptações telefônicas que tinham como base apenas denúncias anônimas.

É um caso similar à Operação Castelo de Areia, que investigou suspeitas de pagamento de propina pela empreiteira Camargo Corrêa em 2009. Dois anos depois, o STJ (Superior Tribunal de Justiça) anulou todas as provas da operação porque as interceptações haviam começado sem uma investigação preliminar.

A ideia por trás da decisão sobre a White Martins e a Camargo Corrêa é que a interceptação telefônica é uma medida invasiva demais para ser tomada exclusivamente com uma denúncia anônima. Ela só poderia ser requerida à Justiça se houvesse outros indícios de crime.

No caso da acusação sobre o suposto cartel de gases hospitalares, que chegou ao Cade em 2007, as cinco empresas acusadas de integrar o cartel, como a Aga, Air Liquide e Air Products, foram multadas em R$ 2,94 bilhões.

Até então, a maior multa do órgão havia sido de R$ 352 milhões, contra a Ambev.

A decisão, divulgada nesta terça (15), só vale para a White Martins. As demais podem pedir à Justiça que a anulação da multa seja estendida a elas.

A ILEGALIDADE

A Justiça considerou ilícitas tanto as interceptações telefônicas como os documentos que foram coletados a partir das conversas gravadas.

De acordo com a decisão da juíza, "uma vez excluídas as provas obtidas por meio de interceptação telefônica, bem como os documentos apreendidos nas sedes das empresas investigadas (…), não subsistem outros elementos para a manutenção da decisão proferida pelo Cade".

O pedido de interceptação foi feito pelo Ministério Público Federal de São Paulo.

A decisão afirma que, apesar de o Cade ter outros indícios da prática de cartel, não teria chegado à multa sem os grampos telefônicos e os documentos apreendidos.

O advogado Sergio Bermudes, que defende a White Martins, diz que a decisão mostra que as agências do governo não podem ser onipotentes e arbitrárias.

O Cade afirma que só irá se pronunciar quando for informado da decisão judicial.

13/09/2015

inJustiça

Filed under: Auxílio Educação,InJustiça,Juízes,Justiça — Gilmar Crestani @ 9:27 am
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justica dNum Estado com milhões de favelados e sem condições de frequentarem sequer o ensino fundamental, a decisão do TJ/RS é o exemplo pronto e acabado da doença da nossa sociedade, a apropriação do Estado por uma elite inescrupulosa. A falta de sintonia com os reais problemas da nossa sociedade é fruto da nossa República dos Doutores. Eles deveriam criar uma bolsa de ensino sobre o bom uso de recursos públicos, sobre viver em sociedade e sobre ética social. Não se trata de avaliar o impacto financeiro, mas do exemplo de como se deve tratar os recursos públicos. Com que isenção podem julgar crimes contra o patrimônio?

A concessão desta benesse é mais uma bofetada no rosto dos que lutam por políticas de inclusão social. E logo neste momento de crise. A desconexão com a realidade é a única explicação para este tipo de atitude.

Tribunal do Rio começa a pagar auxílio-educação

Dependentes de magistrados de 8 aos 24 anos têm subsídio de R$ 953,47

Desembargadores e juízes passam a ter sete benefícios; tribunal do Rio é o mais rico do país e tem fundo próprio

MARCO ANTÔNIO MARTINS, DO RIO, para a FOLHA

O Tribunal de Justiça do Rio iniciou, na terça (8), o pagamento de um auxílio-educação a funcionários que tenham filhos entre 8 e 24 anos.

Com a medida, passam a ser sete os benefícios concedidos a juízes e desembargadores lotados no tribunal mais rico do país.

Da adoção ao funeral, os magistrados têm garantido o auxílio com dinheiro público. Isso sem contar diárias por viagens, além de gratificação por exercer funções nas eleições ou dirigir fóruns. O salário base de um desembargador no Rio é de R$ 30.471,08.

"A perda de poder aquisitivo não conhece rubrica, vitimando a todos indistintamente. O auxílio serve como estímulo", afirmou o desembargador Luiz Fernando Ribeiro de Carvalho, presidente do TJ do Rio, ao justificar o pedido do benefício, em maio, à Alerj (Assembleia Legislativa).

Para juristas e magistrados ouvidos pela Folha, o auxílio, chamado de "penduricalho", garante um aumento nos vencimentos da categoria no Rio.

O dinheiro para o pagamento do auxílio sai do Fundo Especial do TJ. Até a sexta (11), a arrecadação do fundo chegava a R$ 1 bilhão. O impacto do novo benefício no orçamento do tribunal será de R$ 130 milhões em 2016, segundo o próprio TJ.

Até o momento, 359 dependentes de magistrados estavam inscritos para obter o benefício. Cada um receberá um auxílio-educação de R$ 953,47.

Os benefícios para educação, alimentação e moradia vêm sendo tema de discussão no plenário do CNJ (Conselho Nacional de Justiça). Há um projeto para incluí-los na Lei Orgânica da Magistratura, que rege a atuação de juízes, desembargadores e ministros de tribunais superiores.

Diferentemente dos tribunais de outros Estados, que têm a verba sob gestão dos governadores e recebem percentuais para seus gastos, o TJ do Rio tem um fundo próprio.

"O dinheiro do fundo se destina a melhorias na Justiça e não à educação de filhos de magistrados. Os juízes ficam inventando penduricalhos que servem apenas para aumentar nosso desgaste diante da sociedade", disse o desembargador Siro Darlan, contrário ao pagamento do benefício.

04/09/2013

TRF solta os Pinto da galinha dos ovos de ouro

Filed under: Bancos,Justiça — Gilmar Crestani @ 7:50 am
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Com provas, a justiça solta banqueiro, de Salvatore Cacciola passando por Daniel Dantas até chegar no seu  Pinto. Sem provas, a justiça cria a teoria do domínio do fato para condenar adversário políticos. E ainda dizem que a Justiça é cega…

"O que é assaltar um banco, comparado com fundar um banco ?"  [ Bertold  Brecht ]  Eu acrescentaria, no Brasil e com esta justiça, melhor que fundar é afundar!

TRF libera executivos do Nacional, presos 11 anos após condenação

Condenados em 2002, eles aguardam o julgamento de recursos; penas chegam a 17 anos

Caso envolveu a criação de contas fantasmas e empréstimos falsos para encobrir rombo no banco a partir de 1986

MARCO ANTÔNIO MARTINSDO RIO

O banqueiro Marcos Catão Magalhães Pinto, 77, ex-dono do Banco Nacional, e mais três ex-diretores do banco foram presos na manhã de ontem, no Rio. À noite, a defesa conseguiu, na Justiça federal, um habeas corpus que garantia sua liberação. Até a conclusão desta edição, eles ainda não haviam sido soltos.

Condenados em 2002 por gestão fraudulenta do Banco Nacional, eles chegaram a ficar, na ocasião, 14 horas presos, mas aguardam em liberdade recursos que retardam o cumprimento das penas.

O habeas corpus foi concedido pelo juiz federal Ivan Athié, da Primeira Turma Especializada. De acordo com o Tribunal Federal Regional do Rio, a decisão do juiz se fundamenta no fato de não haver trânsito em julgado das sentenças, além da idade avançada dos réus.

Os quatro têm idades entre idades entre 78 e 56 anos.

A prisão de ontem deveu-se a sentença de 27 de agosto, na qual o juiz Marcos André Bizzo Moliari determinou a prisão do ex-presidente do banco, dos ex-vice-presidentes Arnoldo de Oliveira e Clarimundo Sant’Anna, e do ex-controlador financeiro Omar Bruno Corrêa.

Outro ex-vice-presidente, Nagib Antônio, teve sua prisão determinada, mas está viajando e seria detido quando voltasse. Com a decisão do TRF, a prisão foi suspensa.

A defesa do banqueiro e dos executivos argumentou que o processo, iniciado em 1997, prescreveu e que ainda não foram julgados todos os recursos.

Já o Ministério Público Federal afirmava que os recursos ainda pendentes não impedem a execução da pena.

ENTENDA O CASO

Os quatro presos foram condenados por gestão fraudulenta, informações falsas a sócio investidor ou a repartição pública e inserção de elementos falsos em demonstrativo contábil de instituição financeira. Com a exceção de Magalhães Pinto, eles foram também condenados por formação de quadrilha.

O caso começou em 1986. Na época, o Banco Nacional apresentou um rombo de US$ 600 milhões, superior ao patrimônio líquido, de US$ 250 milhões.

Na tentativa de encobrir o rombo, o banco abriu mais de 600 contas fantasmas e forjou empréstimos falsos, contabilizados como ativos bons, o que equilibrou o balanço.

As operações foram sendo renovadas e ampliadas, resultando em um rombo de US$ 9,2 bilhões em 18 de novembro de 1995. Com a constatação da fraude, o Banco Central interveio.

O Ministério Público Federal denunciou 33 acusados em 1997 –18 foram presos em 2002, entre eles, Magalhães Pinto e os três executivos. Com os anos e os recursos, os crimes dos outros envolvidos prescreveram ou eles foram retirados do processo.

Marcos Magalhães Pinto foi condenado a 12 anos e dois meses. Clarimundo Sant’Anna, a 15 anos e 1 mês; Arnoldo Oliveira, a 17 anos e 1 mês; e Omar Bruno Correia, a 8 anos e 10 meses de prisão.

Magalhães Pinto passou o dia na Cadeia Pública Pedrolino Werling de Oliveira. Sant’Anna, Oliveira e Correia ficaram em outra unidade.

    19/05/2013

    Justiça: falta na Espanha, sobra na Argentina

    Filed under: Baltasar Garzón,Justiça — Gilmar Crestani @ 11:30 am
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    Garzón: “En Argentina hay justicia, aquí homenajes a la División Azul”

    El juez valora la muerte en la cárcel del dictador Videla: "Nunca se arrepintió ni pidió perdón"

    Lamenta la desprotección de las víctimas del franquismo: "La justicia española ha fracasado"

    Natalia Junquera Madrid 18 MAY 2013 – 00:33 CET1081

    Baltasar Garzón, el pasado jueves, en la presentación de un libro sobre las víctimas del franquismo. / GORKA LEJARCERGI

    "Uno no se alegra del fallecimiento de nadie, pero cuando me he enterado de la muerte de  Jorge Rafael Videla [dictador argentino muerto este viernes en prisión] me he acordado de las víctimas argentinas, que se llevan la reparación de saber que la justicia se aplicó con todas las garantías; que no ocurrió como con Pinochet, al que la muerte le llegó sin haber sido sometido a un juicio. Y también he pensado en las víctimas de aquí, las del franquismo, porque allí realmente se hizo justicia, pero en España la justicia ha fracasado estrepitosamente. No las ha protegido”, ha declarado a EL PAÍS el juez Baltasar Garzón.

    En 1996, Garzón imputó desde la Audiencia Nacional a Videla, Leopoldo Galtieri y otros 99 militares, policías y médicos argentinos, en aplicación del principio de jurisdicción universal. Hoy sigue alegrándose de que aquellas investigaciones en España sirvieran para impulsar los juicios en Argentina.“Las leyes de amnistía, olvido o punto final no son aplicables a los crímenes de lesa humanidad. España hizo un gran esfuerzo en la aplicación del principio de jurisdicción universal y conseguimos coadyuvar a que la acción de la justicia se llevara a Argentina”, recuerda. "Allí ha habido justicia y voluntad de reparar a las víctimas de la dictadura y en España se están haciendo homenajes a la División Azul, que luchó con Hitler", denuncia.

    “Videla jamás pidió perdón, jamás mostró arrepentimiento y ha muerto en la cárcel, que es lo que correspondía. Se opuso a reparar a las víctimas. Si en Argentina se ha cumplido el derecho a la verdad no ha sido por la colaboración de los victimarios, sino por el esfuerzo de las víctimas y de un país que decidió en 2003, desde las instituciones políticas y judiciales, que tenía que repararlas", asegura. "En España, por desgracia, hubo un pacto de silencio y nunca ha habido voluntad de reparar a las víctimas, ni siquiera con la ley de memoria histórica, porque el esfuerzo no era compartido y hubo partidos, especialmente el PP, que no estuvieron a la altura".

    Garzón: “En Argentina hay justicia, aquí homenajes a la División Azul” | Política | EL PAÍS

    19/01/2013

    Todos são iguais, menos os (in)diferentes

    Filed under: Educação Pública,Justiça — Gilmar Crestani @ 11:04 am

    Uma chapuletada nos vira-latas e vira-bostas nacionais.

    Todas as crianças são iguais, mas algumas são mais iguais que as outras

    Paulo Nogueira19 de janeiro de 201322

    Crianças educadas em escolas particulares levam imensa vantagem sobre as saídas do precário ensino público

    Formandos como estes, do colégio paulistano Santa Cruz, terão grandes vantagens sobre as crianças educadas em escolas públicas

    Michael Gove, ministro da Educação do Reino Unido, é um conservador. Faz parte do gabinete do premiê David Cameron. Não há nele, portanto, nenhum resquício do que o PIB, o Perfeito Idiota Brasileiro, classificaria de esquerdismo.

    Considere, diante disso, o que Gove disse a respeito da mobilidade social entre os britânicos.

    Gove colocou o foco na educação. Apenas 7% dos britânicos são educados em escolas privadas. São os filhos das famílias ricas, é claro.

    O que acontece, então? Os alunos saídos das escolas particulares têm, na vida adulta, imensa vantagem sobre os demais.

    “Mais do que em quase todo país desenvolvido, na Inglaterra o berço dita o progresso da pessoa”, disse Gove. “Aqueles que nasceram pobres provavelmente permanecerão pobres e aqueles que herdaram privilégios provavelmente transmitirão os privilégios a seus filhos. Para aqueles de nós que acreditam em justiça social, esta estratificação e esta segregação são moralmente indefensáveis.”

    Justiça social?

    Nosso PIB tremeria diante dessa expressão de comunistas ateus que comem criancinhas e amordaçam a “imprensa crítica”, para usar a nova e engraçada expressão usada pela Folha de S. Paulo. E correria para ler o que Reinaldo Azevedo diz sobre “justiça social”, para se sentir protegido e reassegurado em suas convicções.

    Mas atenção. Michael Gove é, repito, conservador, exclamação. Jornalista de formação, articulista do Times, de Murdoch, Gove é 100% capitalista.

    Mas, ao longo da história, muitas vezes homens públicos liberais como Gove se viram na obrigação de defender o capitalismo dos capitalistas.

    Ted Roosevelt, presidente americano do começo do século 20, foi um caso clássico. Ele inaugurou a chamada Era Progressista, nos Estados Unidos, ao longo da qual os monopólios foram desfeitos e os direitos dos trabalhadores e dos negros começaram a ser afirmados.

    Seus amigos magnatas reclamaram dele, e Roosevelt lamentou, certa vez, que eles não percebessem que ele estava agindo em benefícios dos queixosos mesmos, para evitar transtornos sociais que poderiam levar à esquerdização do país.

    O Instituto Millenium, reduto da vanguarda do atraso nacional, poderia ouvir Michael Gove.

    O Millenium, uma espécie de Tea Party caipira,  fala em meritocracia, mas como você pode falar nisso, sem cair no ridículo, quando você vive num país cuja transmissão de privilégios pela via da educação em escolas privadas é muito maior do que aquela descrita pelo ministro da educação da Inglaterra?

    Considere agora.

    Onde está esse debate no Brasil? Me refiro à perpetuação de privilégios pelo berço e pela escola, e pela intrínseca negação à meritocracia encerrada nela?

    Em nenhum lugar?

    Talvez fosse o momento então de iniciá-la.

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    Paulo Nogueira é jornalista e está vivendo em Londres. Antes de migrar para o jornalismo digital e dirigir o site Diário do Centro do Mundo foi editor assistente da Veja, editor da Veja São Paulo, diretor de redação da Exame, diretor superintendente da Editora Abril e diretor editorial da Editora Globo.

    Diário do Centro do Mundo – Todas as crianças são iguais, mas algumas são mais iguais que as outras

    19/03/2012

    Onde fazer justiça

    Filed under: Argentina,Ditadura,ESMA,Justiça — Gilmar Crestani @ 8:10 am

     

    EL PAIS › EVALUAN REALIZAR EN LA EX ESMA EL PROXIMO JUICIO POR DELITOS COMETIDOS EN ESE CENTRO CLANDESTINO

    El debate sobre dónde hacer justicia

    El Programa Verdad y Justicia propuso juzgar a los represores en el lugar donde cometieron sus crímenes. Para algunas víctimas del terrorismo de Estado, tendría fuerte impacto simbólico. Para otras, sería “perverso”. Una delegación de jueces ya visitó el predio.

    Por Irina Hauser

    El predio de la ex Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), que actualmente es un espacio de promoción de los derechos humanos, recibió el miércoles pasado una visita peculiar. Una delegación integrada por jueces, miembros del Consejo de la Magistratura y del Ministerio de Justicia, llegó cerca de media mañana con un objetivo impactante: evaluar si alguno de los edificios del predio es apto para hacer allí el próximo juicio por los crímenes cometidos en ese mismo lugar, donde funcionó el mayor centro de extermino de la última dictadura. El proyecto, que está en etapa de análisis y discusión, genera reacciones diversas entre las víctimas querellantes. Están los que piensan que sentar a los represores en el banquillo en el escenario de sus propias aberraciones sería de un fuerte simbolismo frente a la sociedad; pero también hay sobrevivientes y familiares de desaparecidos que ven un sufrimiento adicional en tener que revivir los hechos en el lugar donde ocurrieron.

    La comitiva era grande y contaba con algunas presencias de peso para el caso, como los propios integrantes del Tribunal Oral Federal N° 5 (TOF 5), Daniel Obligado y Adriana Palliotti, quienes deben llevar adelante el segundo juicio por los crímenes cometidos en la ESMA. También estaban los jueces de la Cámara de Casación Penal Ana María Figueroa, Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Juan Gemignani; el presidente del Consejo de la Magistratura, Manuel Urriza; el representante del Poder Ejecutivo en ese organismo, Hernán Ordiales, y el director de Infraestructura, Francisco Toscano. Quien logró juntarlos allí fue Beinusz Szmukler, del Programa Verdad y Justicia, que depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. De él había nacido la idea.

    Szmukler enumeró a Página/12 tres razones por las que propuso la ex ESMA como lugar para el gran juicio: “Cuando se planteó que podría tener por lo menos 60 imputados y más de 700 testigos, se hizo evidente que el Poder Judicial no tiene un lugar adecuado para un proceso de esa magnitud. Además, la mayor aspiración de todo tribunal es la de tener la máxima proximidad posible con el lugar de los hechos. Y por último, hacer las audiencias allí tendría una fuerte carga simbólica no sólo importante para el movimiento de derechos humanos sino para toda la sociedad, ya que se juzgaría a los imputados de los crímenes más horrendos de la historia argentina en el mismo lugar que los cometieron”. El Programa Verdad y Justicia, explicó Szmukler, tiene entre sus metas la de “colaborar para acelerar el trámite de los juicios por crímenes de lesa humanidad y resolver necesidades de los tribunales, además de dar protección a testigos, querellantes y funcionarios judiciales”. También aclaró que “aún está pendiente debatir el tema con los organismos de derechos humanos”. “Seguro que habrá resistencias, tanto de los testigos, que pueden sentirse mal de volver a ese lugar, como del Poder Judicial”, dijo.

    Miradas y propuestas

    Entre las querellas –que son más de una decena– hay posturas contrapuestas. Andrea Bello, sobreviviente de la ESMA y querellante por Justicia Ya!, hizo objeciones. “Me parece una idea perversa, no se me ocurre otro adjetivo. Sería una medida solo efectista. Es un lugar que, además, se debe preservar. Seguro que el Estado puede dar otra solución”, dijo. “Yo todavía trato de evitar lo más posible volver allí; por más fortaleza que uno haya adquirido en todos estos años, me resulta difícil. No me imagino tampoco a las madres de compañeros desaparecidos yendo a revivir allí lo ocurrido. Vamos a necesitar un colectivo de psicoanalistas. No me gusta usar la palabra revictimización, pero en este caso sería eso. Además me parece favorable a los imputados, porque en ese lugar fue donde se sintieron fuertes”, explicó Bello.

    Víctor Basterra, otro de los querellantes, ex detenido y uno de los miembros del Instituto Espacio para la Memoria (IEM), piensa distinto. “Prefiero la presencia de los milicos en el propio escenario donde cometieron sus atrocidades, siendo juzgados y probablemente condenados ahí. Es todo un impacto. Mejor eso que la política del tachín tachín y la alegría. Digo esto porque en el predio se desarrollan muchas actividades con las que no estoy de acuerdo y, sin embargo, me las tengo que tragar. Hubiera querido que fuera un lugar de reflexión y recogimiento. Lo que no hay que perder es la reflexión de lo que pasó. Las cosas hay que mirarlas de frente. Ahí sucedieron cosas espantosas, que tampoco hay que banalizar detrás de una murga o un festival”, argumentó. Seguramente, se anticipó, no sólo se opondrán algunas víctimas a hacer el juicio en la ex ESMA, sino los propios imputados.

    A los jueces del TOF 5 les pareció una alternativa válida la de hacer el juicio en el lugar donde funcionó la ESMA, según dijeron a Página/12 allegados a los jueces. Si bien mostraron cierto entusiasmo, aún no tendrían posición definitiva sobre la conveniencia. En lo formal, son ellos quienes tienen que pedir la habilitación y acondicionamiento de alguno de los edificios del predio. Además, tienen que dar su aval el ente público que maneja el espacio para la memoria. Y la Cámara de Casación debería aprobar esa solicitud, de ahí la presencia –la semana pasada– de varios jueces de ese tribunal.

    La visita al viejo centro de exterminio, de la que participaron ambos tribunales, tenía el objetivo de ver y evaluar cuáles de los 35 edificios que hay en el lugar, que en total tiene 17 hectáreas, serían aptos para realizar las audiencias. Miraron tres de ellos en detalle. Recorrieron un área de talleres, el pabellón COI (que formó parte del circuito represivo) y otro sector, que concluyeron que era el sitio más apropiado, donde funcionaron un enorme cine y un salón, y que actualmente se encuentra cedido al Centro Internacional de Derechos Humanos de Unesco.

    Próximos pasos

    Algunos de los integrantes del grupo no conocían la ex ESMA, por lo que aprovecharon la ocasión para preguntar de todo, pispear cada rincón y llevarse folletos. El arquitecto Francisco Toscano, que es director de Infraestructura del Consejo de la Magistratura, deberá ahora hacer un informe que precise todas las reformas que habría que hacer para poder trasladar allí (íntegro) el TOF 5 y realizar un megajuicio. Le pidieron que precise cuánto tiempo demoraría la obra y cuánto costaría. Sumarán su aporte el administrador del organismo y el director de Tecnología, que formaron parte de la comitiva. Se supone que para la semana próxima tendrían los resultados. Lo que plantearon los jueces del TOF 5 es que no quieren que la reforma del lugar para adaptarlo al juicio demore el inicio de las audiencias. El cálculo que hacen es que debería estar listo en agosto, de lo contrario habrá que buscar otras opciones. La misma cuestión se trató el jueves en el plenario del Consejo de la Magistratura, donde se planteó como “plan B” pedir la sala del Juicio a las Juntas del Palacio de Justicia.

    La falta de salas de audiencia es un problema generalizado en tribunales. Los jueces del TOF 5, Obligado y Palliotti, venían reclamándole a Casación una sala de uso permanente, pero no obtuvieron respuesta. Por eso, hacer el juicio en la ex ESMA se les presentó como una posible solución. De todos modos, arrastran otros problemas adicionales. Hasta el miércoles último eran solo dos magistrados, faltaba uno, además de un suplente. Es decir, no podían resolver grandes cuestiones. Ahora se sumará Leopoldo Bruglia, del TOF 4, que juzgó, por ejemplo, los hechos del centro clandestino llamado El Vesubio, el enriquecimiento de María Julia Alsogaray y el accidente de LAPA. Y un asunto clave aún no resuelto en la causa ESMA es si se hará un juicio único con 61 imputados y más de 700 testigos o si se va a dividir en varios juicios, como plantearon los fiscales Pablo Ouviña y Mirna Goransky.

    La propuesta de llevar el juicio a la propia ex ESMA generó mucho entusiasmo en distintas áreas y niveles del Gobierno. Todo parece indicar que faltan aún varios pasos burocráticos y que empieza un debate amplio sobre las implicancias.

    Página/12 :: El país :: El debate sobre dónde hacer justicia

    12/02/2012

    El caso Garzón

    Filed under: Baltasar Garzón,Justiça — Gilmar Crestani @ 10:56 am

    Por Santiago O’Donnell

    Hay algo que no cierra en el caso Garzón. Ya sabemos que fue un gran juez, quizá el más importante del último siglo. Que hizo avanzar al derecho a través de sus sentencias. Junto a sus colegas impulsores del principio de Justicia Universal estableció doctrinas que fueron adoptadas por Constituciones y cortes en todo el mundo, para que la Justicia pueda llegar hasta donde antes no podía llegar, hasta el corazón del poder, para levantar el manto de impunidad que existía sobre el terrorismo de Estado. No fue el único pero sí el más efectivo, porque entendió que la etapa de hablar sólo a través de las sentencias había pasado y supo usar su alto perfil mediático como un contrapeso efectivo contra estos grandes poderes, porque, como ya sabemos, la Justicia evoluciona de acuerdo con los tiempos políticos. Entonces nos enteramos de que tiene pinta, que le gustan los toros, la caza y la política. Y nos vamos enterando de sus hazañas, por ejemplo, que sus simpatías por el socialismo español no le impidieron investigar a funcionarios de ese partido por terrorismo de Estado. O que fue tan implacable con la ETA como con los dictadores de la derecha que persiguió por todo el mundo, hasta meter preso al mismísimo Pinochet. En suma, un juez ecuánime, valiente e innovador.

    Bueno, como ya sabemos, a ese tipo acaban de condenarlo a once años de inhabilitación. Dicen que al investigar los crímenes del franquismo pateó un hormiguero y la clase política no se lo perdonó. Sería como meterse con la ley de amnistía acá en la Argentina como hicieron los K, pero mucho peor, porque la amnistía de los españoles regía desde la década del setenta. Dicen que los acusadores son unos fachos medio truchos con buenos contactos dentro del sistema judicial. El mismo Garzón dijo que la sentencia es una barbaridad, que no la acepta de ninguna manera. “Rechazo frontalmente la sentencia. Lo hago por entender que me condena de forma injusta y predeterminada”, declaró el ahora ex juez. Hasta un par de Altos Comisionados de las Naciones Unidas salieron a hablar en su favor. Encima a la opinión pública española no le gustó que lincharan a su juez preferido. En fallo dividido, decidió que había sido víctima de una persecución política.

    En este escenario, uno espera encontrarse con una sentencia payasesca emitida por un tribunal al borde del ridículo, una versión burda de la mayoría automática de Menem, con un comisario de presidente, un tenista cheto de vice, un representante del Opus Dei, algún rezagado de la Corte anterior y un par más para hacer negocios. Uno espera un fallo medio dividido, generoso con Garzón en los considerandos, lleno de mamarrachos jurídicos pero medio pícaro, como para cumplir con la orden de Rajoy, salvar las apariencias y limitar el papelón.

    Pero resulta que nos encontramos con que el fallo lo emitió el mismo Tribunal Supremo que lo declaró competente a Garzón y otros jueces españoles para perseguir a dictadores por todo el mundo. Un tribunal tan pionero a nivel Corte como Garzón a nivel juez, en la aplicación del principio de Justicia Universal. Un tribunal que no es cuestionado por la sociedad española y que no recibió ningún pedido de juicio político por juzgar y/o condenar a Garzón, ni nada que se le parezca.

    El abogado de Garzón, Francisco Baena Bocanegra (foto, izq.), sonó tímido al hablar del fallo en comparación con la indignación que habían expresado otras personas en todo el mundo con menos acceso al expediente. De hecho, el letrado eludió una crítica del fallo para apuntarle a la instrucción. “Una sentencia como ésta necesita una reflexión profunda y yo aún no la he leído atentamente, pero el rastro que ha dejado esta instrucción, de denegación de pruebas, indefensión, recusaciones no aceptadas, permite recurrirla sin dudas”, dijo Baena.

    Entonces vamos al fallo. Un fallo durísimo, que no se ahorra la palabra “totalitaria” al calificar la conducta del acusado. “La sentencia ha sido adoptada por unanimidad por los siete juzgadores. Al presidente, Joaquín Jiménez y, al magistrado Andrés Martínez Arrieta se les atribuían posiciones menos beligerantes contra Garzón. Sobre la posición del ponente, Miguel Colmenero, considerado el jefe del sector conservador de la sala, y de los magistrados del mismo sector Ramón Berdugo y Francisco Monterde no había demasiadas dudas. Y respecto de los jueces Manuel Marchena y Luciano Varela, que se han significado como instructores de otros proceso contra Garzón, sus inclinaciones eran inequívocas, dice el diario español El País. Por cierto, el matutino pro Garzón expresa cierta sorpresa ante la firmeza y unanimidad de un tribunal al que describe como más bien heterogéneo.

    Entonces vamos a lo que dice el fallo. No lo encuentro completo en El País pero sí por suerte en la página del derechista ABC. No voy a aburrir con detalles, pero hay distintas maneras de contar lo que pasó. Quienes queremos y admiramos a Garzón solemos decir que fue condenado por pincharles los teléfonos a políticos corruptos del partido de la derecha en el poder con el fin de desarticular una poderosa red de lavado de dinero con vinculaciones en las altas esferas del poder. Es cierto, pero no es toda la verdad. Para ser más precisos, Garzón ordenó pinchar conversaciones entre unos presos y sus abogados. Parece que la ley española es bastante clara al respecto y que sólo se puede hacer de manera excepcional en casos de terrorismo, y sólo si hay indicios firmes de que los abogados estaban cometiendo crímenes. Garzón dijo que los pinchó porque había indicios y porque no había otra manera de encontrar el dinero que los presos escondían a través de sus abogados. El Tribunal dijo que Garzón ignoró el tema del terrorismo y nunca dijo qué indicios tenía en contra de los abogados. Más aún, dijo que cuando cambiaban los abogados, Garzón automáticamente pinchaba al abogado nuevo, por lo cual era casi imposible que Garzón ya tuviera indicios sobre un abogado que acababa de conocer.

    Garzón se defendió diciendo que en el Congreso español había un proyecto de ley para reformar el Código Penal para extender pinchaduras de abogados más allá del terrorismo. El tribunal contestó que ese proyecto no sólo nunca se aprobó, sino que el Congreso terminó rechazándolo. Otro argumento muy difundido en los medios que usó Garzón es que los fiscales y un par de jueces locales de primera instancia avalaron sus pinchaduras. Es cierto y es de esperarse que esos funcionarios sean juzgados con la misma vara y de acuerdo con el nivel de sus responsabilidades. Pero como argumento jurídico no resiste el contrafáctico “mal de muchos consuelo de tontos”.

    Claro que los jueces del Tribunal tenían que dar por probado no sólo que Garzón había violado la ley, sino que lo había hecho a propósito, pues de eso se trata el delito de prevaricato. A mí me parece que en el fondo de su corazón Garzón está convencido de que no violó la ley a sabiendas, tal como él entiende La Ley. Pero es entendible también que el Tribunal no se deje llevar por mi corazonada. Fallaron que Garzón sabía lo que hacía por dos razones: primero, porque al ordenar las pinchaduras invocó la ley antiterrorista, sabiendo que no investigaba terrorismo sino lavado. Segundo, porque la pinchadura automática de los abogados nuevos demuestra que no tenía indicios de actividad criminal de los abogados, aunque escribió que tenía esos indicios sin explicitarlos. Todo medio complicado pero hasta ahí lo pude entender.

    No soy abogado. No voy a criticar la sentencia que nadie más criticó, ni siquiera el abogado de Garzón, en medio de un océano de críticas en contra del proceso. Tampoco soy tan ingenuo como para pensar que la Justicia es independiente de la política. Pero reconozco que la política puede tener un peso relativo en las sentencias del más alto tribunal de una democracia consolidada, en relación con el peso de las evidencias y lo que dice la ley. Así funciona el sistema.

    Como se ha dicho muchas veces en estas páginas, nada de esto borra la historia. Garzón será por siempre el gran juez del siglo veinte y los argentinos le estaremos eternamente agradecidos. ¿Pero es posible decir desde la defensa de los derechos civiles, sobre todo de los sectores más vulnerables como son las poblaciones carcelarias, aun en un caso en que los reos son unos empresarios ricos y bien conectados, y que el juez en cuestión es un ídolo, podemos decir que pinchar teléfonos de abogados vulnera el derecho de defensa? Porque cuando se pierde esa protección, los que más lo sufren son los inocentes, los perejiles y los ladrones de gallinas. ¿Podemos decir desde ese lugar que hemos perdido a un gran juez, quizá entre otras cosas porque Garzón, en su afán de justicia, de tan creativo y ambicioso en el buen sentido que es, humano como es, cometió un error? ¿Se puede decir que en las grandes ligas de la política internacional donde supo brillar Garzón, esos errores se pagan caro? ¿Se puede decir, sin falsos maniqueísmos y sin entrar en el juego de nadie? Ojalá que sí.

    sodonnell@pagina12.com.ar

    Página/12 :: El mundo :: El caso Garzón

    28/01/2012

    La revancha del odio

    Filed under: Baltasar Garzón,Ditadura,Franco,Justiça — Gilmar Crestani @ 8:46 am

    Por Luis Bruschtein

    El caudillo Francisco Franco murió a fines de 1975, cuando en la Argentina se veía venir la sombra de la dictadura. La salida del franquismo se hizo sobre la base de la amnistía de los crímenes cometidos por el régimen, como quiso hacer aquí la dictadura en 1982. En España se realiza ahora un juicio vergonzoso contra el juez Baltasar Garzón, el hombre que reivindicó para la Argentina, Chile y España la primacía de la justicia sobre la impunidad de los dictadores. Son caminos paralelos sobre un mismo tema y hasta resultan llamativos los parentescos de protagonistas entre cierto republicanismo conservador que en la Argentina respaldó a la dictadura y luego obstaculizó los juicios, y los fascistas españoles. O los políticos democráticos de uno y otro lado que (por necesidad o convicción) negociaron o tuvieron que negociar amnistías y luego se enfurecieron con otros políticos y juristas más democráticos que las abolieron.

    Manos Limpias (versión española), la organización que aparece denunciando a Garzón, aduce virginalmente que su principal campo de actividad es la lucha contra la corrupción, pero todas sus querellas han sido presentadas exclusivamente en contra de políticos socialistas o nacionalistas catalanes y vascos. Manos Limpias quiere favorecerse con el prestigio que tuvieron en Italia los jueces que llevaron adelante Mani Puliti, pero usan la lucha contra la corrupción para desprestigiar a políticos que no piensan como ellos. Cualquier parecido con los denunciadores profesionales argentinos es pura casualidad. Manos Limpias es uno de los dos acusadores del juez español Baltasar Garzón que impulsó el juicio contra Pinochet y contra los represores argentinos cuando aquí y en Chile no querían hacerlos. Abrió de esa manera una luz para la justicia y aliento de esperanza para los familiares de las víctimas.

    A pesar de que Manos Limpias se define como un sindicato de funcionarios públicos, su principal y único dirigente, y hasta es posible que sea también el único afiliado, es el abogado Miguel Bernad. El hombre fue responsable de la organización del partido Frente Nacional (tiene el mismo nombre que el de Le Pen en Francia) y es Caballero de Honor de la Fundación Nacional Francisco Franco. Sin embargo, uno de sus planteos legales fue contra el diario El País, porque en uno de sus editoriales la publicación lo calificó de dirigente de ultraderecha. Bernad rechazó que fuera cierto, pero “aunque lo fuera –se atajaba–, el artículo 14 de la Constitución impide que cualquier persona sea discriminada por religión, raza o ideología política”.

    A muchas personas de derecha no les gusta que las identifiquen con esas ideas, a pesar de que las practican y defienden. Prefieren pasar por apolíticos y su forma de hacer política de derecha es presentando denuncias y querellas al punto que han desprestigiado esa práctica en España. No discuten las ideas del otro sino que buscan ensuciarlo y desprestigiarlo”.

    El abogado Bernad prácticamente no ha podido evitar que la mayoría de sus presentaciones judiciales haya sido rechazada. Sorprendentemente en este caso contra Garzón, la acusación de Manos Limpias fue aceptada. Esta organización de ultraderecha fue la iniciadora de la causa contra Garzón por haber investigado los crímenes del franquismo. Luego se le agregaron otras dos agrupaciones de derecha: Libertad e Identidad y la Falange Española.

    Al sistema español posfranquista, fundado en la complicidad y el olvido de los crímenes de la dictadura, le resultaba poco operativo que el querellante fuera la Falange porque quedaba muy en evidencia el trasfondo político del juicio. Entonces el juez de instrucción, Luciano Varela, rechazó el escrito de acusación de esa agrupación porque básicamente era un discurso político basado en la negación de la existencia de los crímenes del franquismo y en una reivindicación del caudillo falangista. Varela rechazó el escrito y dio dos días de plazo para presentar uno nuevo, pero la Falange quedó fuera de la querella.

    El escrito de Manos Limpias era igual de inepto, pero el juez Varela se tomó el trabajo de explicarle cómo debía hacerlo. Con los consejos del juez, Bernad rehízo la denuncia. Alejándose del discurso fascista, Manos Limpias asegura ahora que sólo la guía el interés de “saber si el funcionario había cumplido con sus funciones”, algo que aquí en la Argentina sonaría tan republicanista como algunos de los que ejercen de denunciadores “independientes”.

    Obviamente que Bernad también piensa que no existieron los crímenes de Franco, quien, según su visión, se habría limitado a defender a España del comunismo, una justificación que aquí han usado otros supuestos republicanos para justificar los crímenes de la dictadura (resulta extraño verificar cómo algunos supuestos republicanos de aquí se parecen tanto a los fascistas de allá). Pero aconsejado por el juez, Bernad se cuidó mucho de poner este pensamiento en la acusación contra Garzón. Según Gonzalo Martínez-Fresneda, defensor de Garzón, el juez de instrucción le dijo a Bernad que sacara del escrito todo el rollo político y que dejara sobresalir en pocas páginas el hecho de que Garzón había ordenado realizar acciones, sabiendo que estaban prohibidas por la ley de amnistía.

    Aunque el sentido de este juicio es la defensa de la impunidad para los crímenes cometidos por el franquismo, se cuida mucho de mostrarlo y por lo tanto se centra en la chicana jurídica sobre prevaricato que el juez Varela aconsejó al señor Bernad.

    Esta ha sido la historia que denunció Fresneda en su defensa de Garzón y por lo tanto cuestionó la parcialidad demostrada por el juez Varela y por otros cinco jueces que fueron apartados del tribunal por considerar que tenían prejuicios en contra del acusado. Durante toda la instrucción, Martínez Fresneda había presentado hasta doce recursos contra pedidos de Varela y todos fueron rechazados por estos cinco jueces, por lo que fueron acusados de no ser imparciales.

    En consonancia con gran parte del sistema político español, incluyendo un sector del socialismo, Varela estaba más interesado en el juicio contra Garzón que el propio Bernad. Y su interés por mejorar la acusación puso de manifiesto su falta de imparcialidad. La defensa argumenta que si apartaron a cinco jueces que demostraron parcialidad por haber defendido todas las actuaciones del juez Varela, entonces las actuaciones de éste también deberían ser anuladas por la misma razón. Más allá de todo el palabrerío legal, lo que está diciendo Martínez Fresneda es que toda la causa está armada sobre la base de enemistades políticas contra Garzón.

    Solamente en España quedan franquistas o personas que por omisión u obligación o convicción fueron parte del régimen y ahora no quieren ni recordarlo. Solamente en España quedan protagonistas de un sistema político que debió negociar amnistías. Para el mundo que no tiene franquistas ni conoce a esos políticos, el juicio contra Garzón es una gran fantochada, la defensa de uno de los regímenes más desprestigiados de la historia moderna.

    En la Argentina, donde queda el esqueleto de aquel pensamiento elitista y autoritario que dio luz a la dictadura, es más fácil entender el odio que estos sectores pueden generar. Es el odio de un sector privilegiado que se desplegó siempre cobijado por la impunidad que le dio el poder político, militar y económico, y amparado por las jerarquías eclesiásticas. Es un odio que se desata cada vez que sienten que esos privilegios de impunidad son puestos en peligro. Es el mismo odio que se desató aquí cuando comenzaron los juicios y que después se mezcló en las movilizaciones del “campo”. Es el odio que secuestró a Julio López y que está esperando una revancha como la que tuvieron en España contra Garzón. Es un odio que nunca se acaba. Por suerte, tampoco se acaba la lucha por la justicia.

    Página/12 :: El país :: La revancha del odio

    20/01/2012

    O escritor Mempo Giardinelli fala da e de Justiça

    Filed under: Argentina,Justiça,Mempo Giardinelli — Gilmar Crestani @ 9:59 am

     

    ¿De qué hablamos cuando hablamos de Justicia?

    Por Mempo Giardinelli

    En mi reciente libro, Cartas a Cristina, dedico un capítulo al lamentable estado de la Justicia en la Argentina. Algunos amigos, juristas que respeto, consideraron que el texto es excesivamente duro y me cuestionaron ciertas “generalizaciones”. Y puede que tengan razón, no obstante lo cual el estado de la Justicia en nuestro país no deja de ser calamitoso.

    Ahí está esa esposa de gobernador que se habría cargado al marido de un balazo. Por celos, por desplazamiento del rol de primera dama, por cuernos o lo que sea, todas las crónicas y testimonios describen un balazo en la cara y a pocos centímetros, cuando el tipo estaba acostado. Emoción violenta o no, si hay solamente dos personas en un ambiente y una de ellas muere de un tiro sin que haya entrado un tercero, etcétera, etcétera. Desde Edgar Allan Poe sobra buena literatura al respecto.

    Pero llevamos casi tres semanas viendo un trato que no tendría nadie que no esté vinculado con el poder. Vemos un supremo rionegrino que debió por lo menos callarse la boca. Vemos la falta de jueces definitivos y abogados que cuentan con ventajas que ya quisieran sus colegas en cientos de otros casos. Basta leer las notas de Raúl Kollmann en este diario.

    Todo eso no es más que el enésimo botón de muestra de un sistema de Justicia que se acerca a lo deplorable. Hace poquito, en La Plata hubo un horrible cuádruple crimen, con un claro sospechoso, y en Lincoln fue asesinado un chiquito llamado Tomás, todo indica que a manos de su padrastro. En ambos casos lo que parecía estar clarísimo se oscureció. Como el caso de otro chico, Gastón Bustamante, y luego el de la maestra Silvia Prigent. En todos, el sistema, con su infinito laberinto de chicanas, más parece que en lugar de hacer justicia hace agua por todos lados.

    Hay cientos de otros casos similares en todo el país: el asesinato de Manuel Roseo en el Chaco, hace un año; o hace cinco el nunca esclarecido de Nora Dalmasso en Río Cuarto; o el ya delirante affaire García Belsunce, que parece magullado a pitutazo limpio.

    Hay un común denominador: pésimas investigaciones policiales, sumarios lentos y “empiojados”, dudosos sorteos de juzgados, demoras inexplicables, recursos infinitos y fuegos artificiales tan mediáticos como vergonzantes. La mayoría de los casos termina en previsibles e indignantes “faltas de mérito”, condenas risibles o fallos absurdos como en el caso reciente de la mujer que, con su marido enfermo, cayó en manos de usureros que la desvalijaron, cobrándole intereses hasta del 680 por ciento. En primera instancia se condenó a los usureros, pero la Cámara de Apelaciones modificó el fallo con el argumento de que la mujer no fue forzada y entonces la culpa era de ella misma. Los usureros aún celebran.

    Las injusticias se cuentan de a miles, y son cada vez más irritantes. Ya es obvio que en la Argentina la Justicia es para los giles, los ladrones de gallinas y los pibes chorros. No es exageración: hay unos 30 mil presos sólo en la provincia de Buenos Aires y, aunque la ley lo prohíbe, el 93 por ciento de los jóvenes presos estuvo dentro de una comisaría, el 22 por ciento en celdas con mayores de edad.

    La capacidad de alojamiento del sistema penitenciario es de 15.600 plazas, pero en marzo de 2011 había 26.971 presos en 55 cárceles, y otros 2433 en más de 300 comisarías. La violencia interna es impresionante: 585 casos mensuales. En 2009 hubo 117 muertes en las prisiones bonaerenses, y 133 en 2010. Las condiciones son infrahumanas porque allí rige todavía el sistema instaurado por el genocida Ramón Camps durante la dictadura. La tortura sigue siendo práctica generalizada: submarino seco, picana eléctrica, palazos, manguerazos y el aislamiento como castigo son prácticas vigentes. El 25 por ciento de las mujeres sufrió agresiones y, en la Unidad de Melchor Romero, el 60 por ciento de las detenidas denunció ataques físicos por parte del personal.

    Todo está documentado en la Comisión Provincial por la Memoria.

    Si se piensa en los tres pibes militantes asesinados en Rosario, en el caso de los qom de Formosa o incluso en la nunca aclarada desaparición de Julio López luego de ser testigo de cargo, no es descabellado concluir que la Justicia es un desastre, y los juristas no tendrían que ofenderse cuando se dicen estas cosas. Que saben mejor que nadie.

    Y el poder político tampoco, porque todo el cinismo, hipocresía, dobles mensajes y corrupción que inficionan al Poder Judicial en su conjunto están dañando las bases de la República. Cuestión, por cierto –y también hay que decirlo–, de la que casi ningún “republicano” de la oposición dice ni jota.

    Hace años escribí en otro libro, El país de las maravillas, algo que también fue criticado: “Restaurar una Justicia confiable es urgente y es posible, sobre todo si la planteamos desde una perspectiva moral antes que política (…). La depuración tiene un único camino: replantear el funcionamiento de la Justicia en todos los fueros, en todo el sistema, con bases nuevas, claras y limpias, y tribunales examinadores irreprochables. Quizás, incluso, esa depuración requiera una medida extrema, casi quirúrgica, que desde 1995 he propuesto pública y reiteradamente: considerar la declaración en comisión de todo el sistema de Administración de Justicia”.

    Está claro que es una medida riesgosa –en 1949 se practicó y con resultados discutibles–, pero algo habrá que hacer. Porque a nuestra Justicia ya no la salvan los honrosos tribunales, jueces, fiscales y funcionarios que hoy son excepción, ni los irreprochables abogados y juristas decentes que todavía hay en esta República. No alcanza con ellos. Como no alcanza con algunas buenas intenciones que mostró el kirchnerismo al mejorar el sistema con más presupuesto, informatización y refacciones edilicias.

    En Pergamino, un agente de seguridad hiperceloso conmina al novio de su hija –un chico de 16 años– a salir por la ventana, y acaso lo golpea y lo arroja. El chico cae desde un sexto piso y muere. Y en Río Negro, el juez Chirinos dice que “lo presionan” para que meta presa a la primera dama presunta asesina, como si no hubiera sospechas suficientes. Y el gobierno santafesino “pide” a la Justicia que restrinja las “salidas transitorias” que se conceden a represores como Víctor Brusa. Y hay más y más, haciendo obvio que no impera la Justicia.

    La frutilla del postre es el proxeneta y ex agente de la SIDE Martins, denunciado en este diario por su propia hija Lorena, que reclama infructuosamente el apartamiento del juez Oyarbide por ser amigo de su padre, lo cual es por lo menos altamente probable. Todos sabemos que se trata de uno de los delitos más repugnantes del mundo, sobre el cual la Justicia argentina tiene una larguísima historia… de silencio e ineptitud.

    ¿De qué exageraciones hablamos, entonces?

    Página/12 :: El país :: ¿De qué hablamos cuando hablamos de Justicia?

    02/11/2011

    InJustiça

    Filed under: Justiça,Kayser,RBS — Gilmar Crestani @ 10:58 am
    Tags:

     

    Que injustiça!

    Blog do Kayser

    25/09/2011

    A justiça é cega mas o Congresso, não!

    Filed under: Boi Barrica,Castelo de Areia,CNJ,Justiça,Satiagraha,STF,STJ — Gilmar Crestani @ 4:41 pm

     

    Congresso chama STJ às falas. Satiagraha, Castelo, Boi Barrica

      Publicado em 24/09/2011

    Peluso quer aumento; Francischini quer explicações

    Saiu no Estadão, pág. A10:
    “Ministros do STJ podem ter de se explicar na Câmara”

    O deputado e delegado federal Fernando Francischini (PSDB-PR) apresentou requerimento à Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado para que ministros do Superior Tribunal de Justiça dêem explicações em audiência pública no Congresso sobre os motivos por que tentam destruir as Operações Satiagraha (Daniel Dantas e Naji Nahas), Castelo de Areia (Camargo Corrêa) e Boi Barrica (Fernando Sarney).
    Nos três casos e com a mesma tecnologia, os ministros do STJ tentam destruir as provas recolhidas pela Polícia Federal, sempre com autorização judicial.
    No caso da Satiagraha e da Castelo de Areia, a autorização veio do destemido Juiz Fausto De Sanctis, implacavelmente perseguido por Gilmar Dantas (*), que deu dois HCs Canguru, em 48 horas, para libertar Daniel Dantas (afinal condenado a dez anos e ,ainda, provisoriamente, em liberdade).
    O deputado Francischini deveria aproveitar e convocar o brindeiro Procurador Geral Roberto Gurgel, e perguntar se ele tem a intenção de recorrer ao Supremo para ressuscitar as Operações que o STJ tenta destruir.
    O amigo navegante deveria ler, também o excelente artigo de Wálter Maierovitch, na pág. 23 da Carta Capital desta semana, que trata exatamente disso, com o título “O Judiciário de confiança abalada”.
    Maierovittch destaca o papel dos Ministros Gilson Dipp e Laurita Vaz, que, no STJ, consideraram que as provas da Satiagraha eram legais.
    Diz Maierovitch:

    “Para os ministros julgadores (o relator foi o Ministro Macabu, cujo filho trabalha no escritório de um dos 2001 advogados de Dantas – PHA), a participação de agentes de ABIN, órgão oficial e subordinado à Presidência da República (para procurar endereços no Google – PHA) foi ilegal e contaminou toda a apuração. Em outras palavras, o acessório a caracterizar, no máximo, uma irregularidade, valeu mais do que a prova-provada da corrupção: Daniel Dantas, conforme uma enxurrada de provas e gravações feitas com acompanhamento da equipe da Rede Globo (veja o vídeo do jornal nacional sobre o momento do suborno, que Gilmar Dantas (*) ignorou – PHA) procurou, por interpostos agentes, corromper policiais em apurações na Satiagraha. Na casa de um dos enviados de Dantas, a Policia Federal apreendeu 1,1 milhão de reais.”

    Esse renovado papel do Legislativo – chamar o Judiciário às falas – pode vir a suprir lacuna institucional gravíssima.
    A suspeita de que algumas forças da treva tentam fechar o Conselho Nacional de Justiça, através de um artifício corporativista: levar ao CNJ as denúncias de corrupção na Justiça depois e tão somente depois que os tribunais tiverem esgotado TODAS as instâncias de investigação.
    Não, o Ministro Peluso não permitirá que isso venha a acontecer !
    Mas, se acontecer (no Brasil, como se sabe, urubu voa de costas), será fundamental que o Legislativo desempenhe esse papel que, hoje, não cabe a ninguém nesta República (dita) Democrática (Viva o Brasil !): vigiar a Justiça ?
    Quem vigia o Supremo ?
    Em tempo:
    Enquanto isso, segundo o mesmo Estadão, na mesma pág. A10, o presidente do Supremo insiste em re-indexar a moeda e provocar inflação:
    “Dilma resiste ao Supremo e mantém Orçamento para controlar reajustes”.
    Segundo o Estadão, o presidente do Supremo, Ministro Cezar Peluso, mandou à Presidenta da República um oficio em “tom de intimidação” para perguntar se aumento do Judiciário fazia parte do Orçamento.
    Não faz.
    O simples aumento do Judiciário, diretamente, provocará um gasto de R$ 8,3 bilhões, além da correção automática de um sem-número de outros salários.
    É a correção monetária de que o Plano Real (do Itamar) nos livrou.
    O Ministro Peluso talvez não assista ao jornal nacional e não saiba que o mundo vai acabar com a crise na Europa e nos Estados Unidos – menos em certos gabinetes em Brasília.

    Paulo Henrique Amorim

    (*) Clique aqui para ver como um eminente colonista do Globo se referiu a Ele. E aqui para ver como outra eminente colonista da GloboNews e da CBN se refere a Ele.

    Congresso chama STJ às falas. Satiagraha, Castelo, Boi Barrica | Conversa Afiada

    16/09/2011

    Mais juízes

    Filed under: Juízes,Justiça — Gilmar Crestani @ 8:44 am
    Tags: ,

    Diz-se que no leito de morte Goethe pedia só “luz, mais luz”. Aliás, há uma constatação no editorial do Estadão que passa quase desapercebido: “o número de novos processos nas Justiças Estaduais, Federal e Trabalhista vem caindo”. No âmbito da Justiça Federal, em que a União é parte, a constatação parece ser óbvia. Na medida que temos governos que cometam menos irregularidades, menos planos econômicos  desastrosos e mirabolantes, há menos ações contra o Estado. Então, por óbvio, melhor governo, menos ações. Quando os aposentados começaram a ser tratados como cidadãos, não como “vagabundos”, como fez o prof. Cardoso(vide vídeo), há menos necessidade de demandas judiciais em busca dos direitos:

    Um vagabundo sempre acha que os outros também são.

    16 de setembro de 2011 | 0h 00

    – O Estado de S.Paulo

    Há menos de um mês, a presidente Dilma Rousseff deixou claro que a União não tem disponibilidade financeira para atender a todas as pretensões do Poder Judiciário, em matéria de reajustes salariais e gastos de investimento e custeio, mas a instituição não para de ampliar suas propostas e reivindicações.

    Há uma semana, em sessão plenária fechada, a última instância da Justiça Federal começou a discutir a possibilidade de aumentar o número de ministros, com o objetivo de criar uma nova secção, dedicada a julgar questões previdenciárias e de consumo. O debate foi motivado por uma sugestão do ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal (STF). Alegando que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) está abarrotado de processos e seus integrantes não conseguem dar conta sequer dos pedidos de habeas corpus, que têm preferência regimental, Mello sugeriu a duplicação do quadro de magistrados da Corte, que passariam de 33 para 66.

    "Minha ideia partiu do caos. É só conversar com advogados para saber o que vem ocorrendo no STJ", diz Marco Aurélio. Os especialistas em orçamento afirmam que, se essa proposta for acolhida, a folha de pagamento do STJ aumentará em mais de 70%.

    Como alguns ministros endossaram a sugestão do colega do STF e outros a consideraram exagerada, considerando que bastaria a criação de apenas mais dez cargos para descongestionar o STJ, o presidente da Corte marcou uma sessão para a próxima semana, com o objetivo de retomar a discussão. A Constituição de 88 diz que o STJ deve ser integrado por 33 ministros, "no mínimo". Considerada um dos mais luxuosos "palácios" do Judiciário, a sede do STJ foi inaugurada em 1995 com uma área destinada a abrigar 66 magistrados. Cada um dos 33 ministros ocupa um gabinete duplo.

    Uma semana depois que o STJ começou a debater a proposta de dobrar o número de ministros, o Conselho da Justiça Federal aprovou um anteprojeto de lei que amplia a composição dos cinco Tribunais Regionais Federais (TRFs), criando mais 144 cargos de desembargador. A justificativa é de que os cinco TRFs recebem cerca de 450 mil recursos por ano, em média, e haveria uma desproporção entre o número de juízes de primeira e de segunda instâncias, por causa da instalação de 230 novas varas federais, até 2014.

    Pela proposta do Conselho da Justiça Federal, que agora será remetida para o STJ e, em seguida, para o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), o TRF da 1.ª Região deve receber mais 32 desembargadores; o TRF da 2.ª Região, 20; o TRF da 3.ª Região, 56; o TRF da 4.ª Região, 20; e o TRF da 5.ª Região, 16. Cada desembargador federal tem um automóvel à disposição, além de motoristas, seguranças, assessores e secretárias.

    A segunda e a terceira instâncias da Justiça Federal estão abarrotadas de recursos, como dizem os integrantes dos TRFs e do STJ. Contudo, eles se esquecem de que o número de novos processos nas Justiças Estaduais, Federal e Trabalhista vem caindo – foram 25,5 milhões, em 2008, e 24,2 milhões, em 2009, como foi divulgado pelo CNJ. Além disso, as últimas inovações processuais – como a súmula vinculante, a cláusula impeditiva de recursos e o princípio da repercussão geral – continuam sendo implantadas e os resultados ainda não apareceram. Esses mecanismos têm por objetivo agilizar a tramitação das ações na primeira instância e reduzir o número de recursos impetrados na segunda instância. Como lembram os processualistas, a médio prazo a súmula vinculante e o princípio da repercussão geral reduzirão drasticamente os conflitos de massa – as ações que mais abarrotam os tribunais.

    Por isso, pode não fazer sentido a reivindicação de mais ministros e desembargadores, uma vez que a previsão é de queda do número de ações nos escalões intermediários da magistratura. O mais sensato é esperar que as inovações da EC 45 comecem a dar resultados e, a partir daí, avaliar melhor as reais necessidades de ampliar a segunda e a terceira instâncias da Justiça Federal.

    Mais juízes – opiniao – versaoimpressa – Estadão

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