Ficha Corrida

26/04/2016

Por que os corruptos sempre têm apoio midiático, na Argentina e no Brasil?

OFFSHORE

No Brasil, como na Argentina, os maiores corruptos sempre contam com o acobertamento dos grupos mafiomidiáticos.  No Brasil a Rede Globo, além de ser a maior sonegadora individual, talvez perdendo apenas para a dupla gaúcha, RBS  & Gerdau, faz estrondoso silêncio sobre a sonegação das Copas de 2002 e 2006. Aparece na lista do Panama Papers sob a licença poética da Mossack & Fonseca. Já estava envolvida na sonegação da FIFA, quando um de seus principais parceiros de negociatas, foi preso nos EUA, J. Hawilla. Seus parceiros comerciais José Maria Marin, Ricardo Teixeira  e Marco Polo del Nero estão exilados no Brasil. Quem saiu, está preso. Mas não há vazamento da dupla MPF/PF que envolva a Rede Globo. As parcerias para caçar Lula servem exatamente para jogar uma cortina de fumaça sobre a atuação da parceira.

Por aqui não mais se ouve falar da Lista Falciani do HSBC, da Lista de Furnas, da Lista Odebrecht, da Operação Zelotes, da Pavlova e da Portocred. Fácil de entender. Não consta o nome de Lula e Dilma em nenhuma delas, mas seus caçadores aparecem em quase todas.

Na Argentina não é diferente. O principal grupo de mídia, o Clarín, também está sempre envolvido em escândalos financeiros. A única diferença é que na Argentina parece que as instituições não contam com estatuetas nem com um Instituto Innovare… Mas também é verdade que por lá investigam Cristina Kirchner, que não aparece em nenhuma lista, mas silenciam sobre Maurício Macri, que aparece em todas. Nem os subalternos de Macri são objetos de devassa. É por isso que a eleição de Maurício Macri foi tão festeja por todos os a$$oCIAdos do Instituto Millenium. A SIP é para a Argentina o que o Instituto Millenium é para o Brasil: o braço midiático do golpe. É o tal de Efeito Orloff

Lá como cá, os corruptos podem destituir honestos. Sob as bênçãos dos Pôncio Pilatos  dos STF.

Un hombre hecho a medida del Grupo Macri

El ex secretario de Hacienda durante los dos mandatos de Macri en la Ciudad tuvo una orden de captura internacional vigente hasta marzo pasado. Tiene otras causas por evasión en Brasil mientras se desempeñó como ejecutivo de Iecsa (Socma).

Por Nora Veiras

Desde que estalló el escándalo de los Panama Papers, Néstor Grindetti, uno de los hombres de más confianza de Mauricio Macri, pone cada día un poco más alta la vara del escándalo: durante ocho años manejó el tercer presupuesto del país mientras en los últimos cuatro pendía sobre él un pedido de captura internacional que recién caducó el 30 de marzo pasado. Ya instalado en la intendencia de Lanús, Grindetti sigue con nueve causas pendientes en la Justicia de Brasil por su trabajo como ejecutivo de Iecsa, la filial en ese país del Grupo Sociedad Macri (Socma). Fiel a la estrategia de minimizar todo conflicto, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, dijo ayer que “Grindetti ya dio las explicaciones y confiamos en esas explicaciones”. El propio Grindetti adjudicó a “una intencionalidad política” la difusión de su situación procesal y se amparó en el Presidente: “Hablamos (con Macri) por teléfono como para apoyarnos en esto, para darnos un poco de aliento. Estas cosas pasan y vamos a tener que trabajar en ese sentido”. A este paso se impone otra sesión con el gurú de la felicidad.

En la página web del Diario de Justicia del Estado de Paraná, el equivalente al Centro de Información Judicial de la Argentina, aparecen seis causas penales y tres laborales en las que está involucrado Grindetti. Una de esas causas es la que derivó en el pedido de captura

de Interpol. El origen de la denuncia se remonta a comienzos del 2000, cuando Grindetti se desempeñó como ejecutivo de Iecsa y terminó procesado junto a otros ejecutivos, entre ellos Pablo Tomás Boero, por evasión impositiva. Tras sucesivas citaciones sin respuesta, en 2012 un juez de Curitiba dictó el pedido de captura internacional de los ejecutivos. Habitualmente esas órdenes se ejecutan en forma rápida, días apenas. En este caso, Grindetti tuvo suerte: pudo sortear varios viajes al exterior (en 2013 con Macri a Panama, en 2014 a Brasil para disfrutar del Mundial de Fútbol y en enero pasado para vacacionar en Punta del Este) y seguir a cargo de Hacienda en la Ciudad y encarar la campaña a intendente sin que nadie supiera de su pedido de captura. La orden salió de Curitiba pero aparentemente la Oficina Central Nacional (OCN), con sede en Brasilia, no hizo operativo el pedido de captura.

Boero, alto ejecutivo de Socma, tuvo menos suerte, el 22 de febrero pasado cuando fue a renovar su visa a los Estados Unidos le saltó el pedido de captura. Interpol lo detuvo y lo llevó al juzgado federal de Daniel Rafecas, de turno en ese momento. El ejecutivo pasó la noche en los calabozos de la calle Cavia y quedó en libertad luego de que la justicia brasileña informara que la causa había prescripto. En ese momento, abogados de Grindetti se presentaron ante el tribunal de Rafecas para averiguar si su cliente también aparecía en la causa. A Buenos Aires no había llegado información. Rápidamente se movieron en Brasil y el 30 de marzo pasado, los tribunales de Curitiba notificaron el sobreseimiento de Grindetti y Boero por prescripción, es decir el tiempo les jugó a favor y levantaron la orden de captura internacional. Esta vez en perjuicio de Grindetti, en otra vuelta de irregularidades inexplicables, el 7 de abril pasado, Interpol subió la orden de captura internacional contra Grindetti. Los abogados del intendente acudieron al juzgado de Rafecas y se labró entonces el acta en la que consta que la causa ya estaba cerrada. “Esta gente va dejando una buena imagen por el mundo”, ironizó un funcionario judicial.

“No me cabe duda de que hay una intencionalidad política por la fuerte polarización que se está produciendo. Uno mira los comentarios de Twitter y uno se da cuenta de dónde vienen los ataques, es muy claro”, dijo Grindetti y solo confesó su preocupación por “cómo juega Independiente”. El ex secretario de Justicia y candidato a intendente por el Frente para la Victoria de Lanús, Julián Alvarez, calificó como “tremendo” lo que pasa con el hombre que le ganó en los comicios: “Apareció con sociedades offshore en los Panama Papers, asociadas a cuentas en Suiza, ahora se difunde este pedido de captura internacional en Brasil en causas por evasión. Nuestro bloque va a insistir con un pedido de interpelación en el Concejo Deliberante y esperamos que esta vez el Frente Renovador nos acompañe” (ver aparte).

De bonos y offshores

“Todos los temas se van a poder ir aclarando a medida que se vayan explicando”, intentó justiciar ayer Peña cuando le preguntaron otra vez más por las andanzas de Grindetti. La diputada Elisa Carrió, integrante de Cambiemos, salió rauda a decir apenas aparecieron los Panama Papers que ella siempre pensó que el hombre elegido por Macri para manejar los fondos porteños era “un corrupto” y que le parecía “inexplicable” sus manejos en paraísos fiscales.

En 2010 el entonces ministro de Hacienda porteño comandó la colocación de los bonos Tango Serie 8. Los Panama Papers revelaron que poco después empezó a manejar una sociedad fantasma y una cuenta en un banco suizo.

Grindetti quedó a cargo del manejo de Mercier Internacional SA, una empresa de dueños desconocidos radicada en Panama, y también de una cuenta en un banco suizo vinculado con esa colocación de deuda. El dato reavivó las sospechas de que detrás de aquel endeudamiento por 475 millones de dólares hubo una maniobra de lavado de dinero que luego fue destinado a financiar la actividad política del PRO. En un minucioso escrito el ex candidato a vicejefe de Gobierno porteño por el FpV, Leandro Santoro, presentó una denuncia ante la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) para que tanto el ex secretario de Hacienda como Macri sean investigados

Según los documentos del estudio de abogados panameño Mossack Fonseca, Grindetti tuvo un poder para manejar la firma Mercier Internacional SA entre 2010 y 2013. En ese lapso el ahora intendente también figura como apoderado de la empresa para el manejo de una cuenta en el banco Clariden Leu AG, con sede en la ciudad suiza de Zurich.

La aparición de Grindetti y del propio Macri en los Panama Papers derivó en una denuncia judicial del diputado del FpV Darío Martínez que recayó en el juzgado de Sebastián Casanello. Ayer el fiscal Federico Delgado planteó la separación de las causas (ver aparte). En la Ciudad de Buenos Aires, el diputado porteño Marcelo Ramal (FIT) presentó un proyecto para que la Legislatura forme una comisión que investigue el caso de Grindetti, porque, recordó, colocó “475 millones de dólares a través de los Bonos Tango 08 por el cual el Credit Suisse cobró, junto a un operador del PRO, una exorbitante comisión”.

Sobre su participación en sociedades offshore, Grindetti reiteró que el tema “está en la Justicia” y que “en el corto plazo” va a poder “explicar con lujo de detalles lo que pasó”. Dijo que cuenta con el apoyo del Presidente. Grindetti empezó como cadete en el Grupo Macri y terminó como miembro del directorio. Habrá que ver hasta donde llega la carrera en común.

Página/12 :: El país :: Un hombre hecho a medida del Grupo Macri

22/12/2015

Ministro da Suprema Corte, por decreto, na Argentina do Marcri tem

O que Maurício Macri vem fazendo na Argentina mostra o que teria acontecido no Brasil se o Napoleão das Alterosas tivesse vencido as últimas eleições. Ambos são bons em atacar o bolivarianismo dos governos Dilma e Kirchner. Basta ver o que fazem quando assumem para se ter certeza de que atacam para se defenderem. Acusam de algo que fazem.

Se o playboy dos hiPÓcritas tivesse ganho as eleições Rodrigo de Grandis seria nomeado procurador-geral e para o STF desencavaria muitos outros Gilmar Mendes.

Nas próximas eleições, em 2018, lembrem-se do famoso “efeito orloff”, eu sou você amanhã, quando se dizia que tudo o que aconteceria na Argentina depois também aconteceria no Brasil.

Para el juez Alejo Ramos Padilla, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti no podrían asumir a menos que sus pliegos pasen por el Senado.

Freno a los jueces por decreto y “en comisión”

Con una medida cautelar se suspendió la posible asunción de los abogados designados por Macri para la Corte

Por Irina Hauser

La designación de dos jueces de la Corte Suprema por decreto y en comisión tuvo ayer la primera medida cautelar en contra y quedó en suspenso. El juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, sostuvo que puede ser nula y ordenó que el alto tribunal se abstenga de tomarles juramento a los elegidos, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti. La suspensión solo cesa, dice la resolución, si los pliegos son aprobados con mayoría especial por el Senado, la instancia que el Gobierno decidió saltear al firmar el decreto 85/2015. El fallo considera “arbitrario y abusivo” el método que se utilizó para los nombramientos, en base a una interpretación forzada del inciso 19 del artículo 99 de la Constitución Nacional, cuando existen –apunta– procedimientos específicos para cubrir vacantes en forma definitiva o transitoria. Buena parte de su argumentación se sostiene en fallos no muy lejanos de la propia Corte, en especial el que dice que hasta para ser conjuez supremo hay que obtener los dos tercios de los votos en el Senado, cuyo acuerdo “constituye un excelente freno sobre el posible favoritismo presidencial”, en palabras del encumbrado tribunal. “No sé si tiene valor el fallo, porque lo que hacemos nosotros es constitucional, y la decisión la tiene la Corte cuando llegue el momento de la jura, creo que a ellos no les aplica este tipo de fallos”, dijo el presidente Mauricio Macri. Todo indica que el Poder Ejecutivo apelará, con lo cual no está todo dicho.

“Todas las partes y las autoridades públicas en particular tienen que respetar las decisiones de los jueces dictadas en marco de las causas sometidas a su jurisdicción, de lo contrario no habría forma de garantizar la división de poderes”, explicó el juez Ramos Padilla, consultado por Página/12. “Por lo tanto, la Corte se debe abstener de tomar el juramento, que es algo que corresponde a su función administrativa, que le otorga la Constitución, no a su función jurisdiccional”, añadió. Un tramo del fallo alude a la reunión que tuvieron Macri y el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, tras la cual anunciaron la postergación de la asunción de Rosenkrantz y Rosatti para febrero y con eso intentaron mostrar que la discusión estaba superada. Ramos Padilla dice que, aunque hasta la agencia de noticias de la Corte lo pintó así, el debate sobre la legalidad recién empieza. En eso radica, según justifica, la “urgencia” de una cautelar que frene la asunción: “si estamos frente a un proceso ilegítimo de designación, el mismo ya ha sido puesto en marcha, se encuentra en vías de ejecución” y sólo falta que la “Corte Suprema les reciba juramento a los designados”. Los supremos hablarían de esto hoy, en su acuerdo.

Ciudadanos, jueces, políticos

Hasta ahora se presentaron más de una docena de medidas cautelares contra el nombramiento de supremos por decreto en distintas provincias. Algunas provienen de organizaciones como el Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (Cepis), Abogados por la Justicia Social (AJUS), Movimiento de Profesionales para los Pueblos e HIJOS, pero las hay de ciudadanos sueltos. Una de ellas fue rechazada por la jueza Rita Ailán, por no tener un supuesto interés legítimo. Ramos Padilla, en cambio, aceptó la de un “ciudadano común”, Mariano José Orbaiceta. Alega que la “Corte Suprema tiene jurisdicción en los asuntos de todo el país y todos los ciudadanos pueden verse afectados si dos de sus cinco miembros son designados de manera unilateral por el Poder Ejecutivo sin acuerdo del Senado y sin siquiera poder ejercitar el derecho” que les ha otorgado el decreto 222/03 que autolimitó a las autoridades. Ese decreto faculta a “los ciudadanos en general” además de organizaciones, a formular las apreciaciones que quieran sobre los candidatos, pero no sólo se aplica en una primera etapa de impugnaciones ante el Ministerio de Justicia (que es la que puso en marcha el Gobierno), sino en una segunda que “se está eludiendo”: la que se desarrolla en el Senado, que incluye una audiencia pública, dice Ramos Padilla.

En el Gobierno celebraban que el fallo hubiera sido firmado por un juez al que pueden identificar con la agrupación crítica Justicia Legítima. Es un recurso al que fuerzas antikirchneristas recurren cuando quieren descalificar una decisión judicial sin más y dar a entender que sólo encierra una intencionalidad política. En el macrismo evalúan que les resulta funcional la lógica “amigo-enemigo” en casos así. Justicia Legítima, fuente de inspiración de reformas judiciales promovidas por el gobierno pasado, está en la otra vereda. Macri, el más despiadado, directamente llegó a decir que duda de que el fallo tenga algún valor y que un juez le pueda dar una indicación a la Corte sobre un acto administrativo. Ayer asumió Carlos Balbín como procurador del Tesoro (jefe de los abogados del Estado) y será quien se ocupe de analizar una posible apelación.

La Corte en su trampa

El día que, en pleno brindis de fin de año y homenaje a Carlos Fayt, Lorenzetti anunció que la Corte les tomaría juramento a los dos designados por decreto y que eran “bienvenidos”, en el mismo salón, los propios funcionarios y empleados del tribunal recordaban los fallos supremos que en distintos temas señalaron que no se puede obviar el Senado en el nombramiento de jueces, incluso subrogantes (como dice el fallo que declaró la inconstitucionalidad del sistema de subrogancias), y que la aprobación requiere una mayoría calificada en la caso de los cortesanos. La prórroga de la jura dio cuenta de una advertencia de la Corte al Gobierno: una versión le atribuye el enojo y desacuerdo a Elena Highton de Nolasco; otra al propio Lorenzetti. El hecho es que Ramos Padilla asienta una buena parte de su fundamentación en un fallo reciente del alto tribunal y lo pone en un brete. Es el que declaró la nulidad de una lista de conjueces que había sido aprobada por el Ejecutivo (entonces Cristina Kirchner) con acuerdo del Senado para cubrir cargos en la Corte en casos de que fuera necesario. Lo que cuestionó la sentencia es que la aprobación no había sido con la mayoría agravada que se requiere para los jueces máximos. Decía que eso “ponía en peligro derechos, garantías y hasta el propio diseño constitucional y republicano”.

Ramos Padilla razona que si los conjueces de la Corte, que suelen ser sorteados para intervenir en un solo caso, deben cumplir con los mismos requisitos de designación que cualquier miembro estable, más aún se debería aplicar esa regla a Rosatti y Rosenkrantz, que “habrán de intervenir en todos los procesos”. Luego cita tramos del fallo sobre los conjueces (“Aparicio”). Uno dice que el sistema de designación de jueces “encierra la búsqueda de un imprescindible equilibrio político, pues (…) el acuerdo del Senado constituye un excelente freno sobre el posible favoritismo presidencial”. Eso lo firmaron Lorenzetti, Highton de Nolasco, Fayt y Juan Carlos Maqueda. “El nombramiento de los jueces de la Nación con arreglo al sistema constitucionalmente establecido se erige en uno de los pilares de la división de poderes”, señala también aquel fallo. A partir de eso, Ramos Padilla, advierte que si se continúa con un procedimiento irregular se afectará –según dice la Corte– “la división de poderes, el sistema republicano, los equilibrios”, la imparcialidad e independencia” y podrían primar “los favoritismos”.

¿Por qué no es válido recurrir al inciso 19 del artículo 99 de la Constitución para designar jueces por decreto? Según el juez, si bien esa disposición autoriza a “llenar vacantes de los empleos, que requieran el acuerdo del Senado, y que ocurran durante su receso”, el concepto de “empleo” “no puede ser equiparable a la función de juez” ya que la expresión lleva implícita la “relación de dependencia”, pero los jueces pertenecen a otro Poder del Estado, razona. Considerarlos a los jueces empleados pone “en crisis todo el sistema republicano”, alerta. Agrega que no es cierto que la Corte no pueda funcionar con tres hasta que haya nuevos nombramientos: hay mecanismos para cubrir eventuales faltas, primero con los presidentes de Cámara. Cuestiona la equiparación, en el decreto, con precedentes donde se nombró en comisión a jueces inferiores, pero antes de la reforma constitucional de 1994, cuando –por ejemplo– se estableció el Consejo de la Magistratura para desterrar la designación política, a dedo, de los jueces.

Todas las voces

Al final hace un racconto de juristas de todo el arco ideológico que estos días cuestionaron la iniciativa de Macri: Raúl Zaffaroni (quien habló de abuso de autoridad), Daniel Sabsay (dijo que se elude el decreto 222), Andrés Gil Domínguez (dijo que hay gravedad institucional y que no hay razones de excepcionalidad), Ricardo Gil Lavedra (“la decisión es grave y no sostenible”), Alejandro Carrió (dijo que la Corte puede funcionar igual), León Arslanian (“no hay justificación”).

“Si el mecanismo de designación de los jueces del máximo tribunal de la Nación no es válido –indica Ramos Padilla–, si ello no surge del texto ni del espíritu de la Constitución, si con ello se afecta la división de poderes, la independencia de los jueces, la garantía del juez natural, las facultades del Congreso, la participación y control ciudadano y en definitiva, a la cabeza de uno de los poderes del Estado y por ende, a todo el sistema de justicia, resulta necesario que los mecanismos constitucionales se pongan en funcionamiento cuanto antes para frenar esa ilegalidad que afecta principios básicos sobre los que se asienta la república.” Por todo esto es que el fallo anticipa que la designación podría ser nula en una resolución sobre el fondo y corresponde suspenderla. Este estado de situación podría cambiar con la apelación del Ejecutivo (de acuerdo con cómo sea concedida seguirá suspendida la jura o no) o con una eventual aprobación del Senado.

Página/12 :: El país :: Freno a los jueces por decreto y “en comisión”

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