Republica bolivariana da Espanha

A parceria da Espanha com os EUA impede que os a$$oCIAdos do Instituto Millenium nos informe sobre o que acontece na terra de Franco. Uma famiglia real que enlameia em corrupção, governo direitista que caça juízes que lhe obedecem, indulto para corruptos. Assim tem sido a Espanha a velha mídia brasileira esconde. Imagine se metade disso estivesse acontecendo na Venezuela…

Garzón: “Un indulto de este Gobierno me denigraría. No lo hubiese aceptado”

El exjuez de la Audiencia Nacional, que no solicitó la medida de gracia, se toma "con humor" que le metan en el mismo paquete que Matas, Carromero o Muñoz

Natalia Junquera Madrid 11 JUL 2014 – 17:05 CET768

El exjuez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón. / ULY MARTÍN

El exjuez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón recibe en Monterrey (México) la noticia de la denegación de su indulto. "Un indulto de este Gobierno me denigraría. Nunca lo hubiese aceptado. Sería un insulto y además, una contradicción, porque yo no he cometido ningún delito", asegura a EL PAÍS. Garzón, condenado a 11 años de inhabilitación por las escuchas de Gürtel,  no había solicitado la medida de gracia. Lo pidió para él Medel, una asociación que agrupa a 15.000 magistrados, jueces y fiscales de la UE.

El Ministerio de Justicia ha denegado en bloque su indulto junto al del expresidente balear Jaume Matas, condenado por corrupción; el dirigente de Nuevas Generaciones Ángel Carromero, condenado en Cuba por un accidente en el que murieron dos de los ocupantes del coche que conducía; el ex alto cargo de Unió Democrática de Catalunya Lluis Gavaldá, que cooperó en la financiación ilegal de su partido; el torero José Ortega Cano, que cumple prisión por causar un accidente con su vehículo que costó la vida a otro conductor, y el exalcalde de Marbella Julián Muñoz, condenado por corrupción. Informado al respecto, Garzón responde: "Me lo tomo con humor  y como un gesto más de este vergonzoso Gobierno, que no ha tenido ni la honestidad de resolver el caso aisladamente. No creo que tenga mucho que ver con esas personas, con todos mis respetos".

Garzón asegura que la denegación del indulto no ha sido ninguna sorpresa y que solo lo siente por Medel, que había hecho "una petición muy trabajada y bien argumentada". Medel solicitó el indulto en mayo de 2012, pero el pasado enero se descubrió que el expediente había estado perdido. Durante 18 meses no se había realizado ni un solo trámite.

El exjuez de la Audiencia Nacional agradece el gesto de la asociación de jueces y fiscales europeos, pero insiste en que para él, lo más importante es el recurso que ha presentado en el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasbugo para demostrar su inocencia.

En cualquier caso, el exjuez de la Audiencia Nacional trabaja ahora en una fundación de defensa de los derechos humanos que lleva su nombre -la que acaba de llevarle a México-  y como abogado, entre otros, del líder de Wikileaks, Julian Assange. También acaba de participar en unas conferencias sobre jurisdicción universal ante 300 alumnos en la Universidad de Milldebury, en Vermont.

Garzón: “Un indulto de este Gobierno me denigraría. No lo hubiese aceptado” | Política | EL PAÍS

Cadáveres assustam mortos-vivos (Paulo Brossard que o diga…)

Paulo Brossard, que recentemente perpetrou um artigo defendendo a impunidade dos torturadores, foi o Ministro da Justiça do Coronel José Sarney. Cumpriu o edificante papel de procurar, no pasto, à laço, seus congêneres, os bois gordos. É que ele os reconhecia pelos chifres. Devido aos seus dotes com animais foi contratado pela RB$ para pastorear a manada que segue, bestificada e de modo bem bovino, as linhas amestradas da Zero Hora. Paulo Brossard era a oposição que ditadura gostava devido ao comportamento bovino.

Garzón, a los políticos: “¿Les dan miedo las víctimas del franquismo?”

El exjuez participa en un homenaje a los fusilados en la tapia del cementerio de La Almudena

Herreruela, 94 años: "Me duele el desconocimiento y el olvido al que nos quieren someter"

Natalia Junquera Madrid 12 ABR 2014 – 16:14 CET116

Baltasar Garzón saluda a Teófila Herreruela durante el homenaje hoy a los fusilados en la tapia del cementerio de La Almudena. / Fernando Alvarado (EFE)

"Se murió el dictador, se firmaron acuerdos, se aprobó una Constitución, se repitió un golpe de Estado, se consolidó una democracia, llegó el siglo XXI, pero nadie miró hacia las víctimas", ha denunciado Remedios Palomo, nieta de un alcalde republicano fusilado en la Guerra Civil, esta mañana en el acto de homenaje a los más de 2.600 fusilados en la tapia del cementerio de La Almudena, en Madrid. "El 26 de octubre de 2008, un hombre, un juez, se detuvo a mirar. Miró y vio esta y otras tapias. Estas fosas y aquellas cunetas. Tenía la justicia que necesitaban las víctimas y se dispuso a entregársela. No pudo ser. Y aunque la justicia ya no esté en su mano, Baltasar Garzón no ha dejado nunca de mirar hacia esta tapia y hacia aquellas cunetas. Quienes luchamos contra el olvido no debemos olvidar nunca quién fue la primera persona que miró hacia aquí, la que buscó justicia y perdió en el intento".

Tras la emocionada presentación de Palomo, y ante un público entregado, en el que abundaban muchos descendientes, ya ancianos, de los fusilados, Garzón ha recordado, con envidia, cómo hace unos días, mientras estaba en Buenos Aires, asistió a un homenaje a los exiliados del franquismo en la sede del Congreso argentino, un acto, que "contó con todo el apoyo de la cámara de los diputados y del senado y con una nutrida representación de la política" del país. Allí, en Argentina,  es "donde queda la única causa abierta del mundo para investigar los crímenes franquistas". "Ellos tratan de indagar donde nosotros fracasamos o donde no nos dejaron hacer, pero en esta ocasión la culpa no puede echarse a los políticos. La culpa la tuvieron los jueces, la justicia, que no supo estar a la altura de las víctimas".

"Dicen que en España ya hubo reconciliación, que ya se sabe todo, pero yo no sé nada. A mí no me enseñaron nada de la Guerra Civil en el colegio", ha denunciado. "Solo sé las historias que mi tío Gabriel me contaba sobre sus condenas a muerte. Jamás ha habido una política de memoria en España, ni de un Gobierno ni de otros. El miedo ha atenazado a unos y a otros. Siempre ha habido una justificación falsa. Y yo me pregunto: ¿a qué tienen miedo? ¿las víctimas dan miedo? ¿Qué es lo que puede suceder en España por que haya verdad, justicia y una verdadera reparación para las víctimas, en lugar de mendigarla cada día y que encima tengan que soportar que señores como [Rafael]  Hernando [diputado del PP], les digan que solo se acuerdan de sus familiares cuando hay subvenciones. ¡Es vergonzoso, repugnante!."

El exmagistrado de la Audiencia Nacional, procesado y finalmente absuelto por abrir una causa contra los crímenes del franquismo, ha comentado que en sus frecuentes viajes, especialmente a Latinoamérica, le preguntan por qué España no ha reparado convenientemente a las víctimas del franquismo. "No entienden lo que sucede en España, ni siquiera los gobiernos conservadores. Me dicen, ¿cuál es el problema, por qué no se hace justicia? Y el problema es que jamás se ha reconocido que el régimen franquista fuera un régimen fascista. Incluso ahora se dice que fue autoritario pero no totalitario. ¡Nos ha jodido!"." ¿No se dan cuenta de que nunca habrá una verdadera reconciliación, desde las tripas, hasta que no haya verdad, justicia y reparación para las víctimas?".

La intervención fue precedida por un largo aplauso, casi tan largo como el que recibió Teófila Herreruela, de 94 años. "Isabel Huelga tenía 62 años cuando fue ejecutada, el 31 de julio de 1939. Era madre de dos hijos, también en prisión". Herreruela se casó con uno de ellos, Antonio, pese a que el mismo día que sacaron a Isabel Huelga de la cárcel para fusilarla, cometieron la crueldad de decirle que habían sido ejecutados también. Era mentira. El pequeño, Joaquín, falleció años después en la cárcel de Porlier, de tuberculosis. Tenía 25 años. Y el mayor, Antonio, continuó en la cárcel  hasta el 16 de marzo de 1946. "Nos casamos el 9 de noviembre de 1945 en la prisión de Yeserías de Madrid", ha recordado Herreruela. "Estuvo siete años en prisión. Siete años sufriendo, unos tras las rejas y yo en la parte exterior, pero también presa". Antonio falleció el 10 de enero de 1960 por una enfermedad también contraída en la cárcel. Él y Teófila tenían tres hijos.

"Yo tengo 94 años y fui testigo de cómo el Régimen destruía vidas, saqueaba bienes… Recuerdo cuando ese ejército entró en Madrid vociferando desde sus camiones: ‘Nada tenéis que temer los que no tengáis las manos manchadas de sangre’. ¡Qué burda mentira! Muchos lo creyeron y cómo nada tenían que temer se quedaron en sus casas, como lo hicieron Isabel y sus hijos. Allí les detuvieron. No tenían por qué huir porque nada malo habían hecho. Pertenecer a un partido político no era un delito. Los que sí cometieron delito fueron ellos, que mataron a Isabel, se apoderaron de su casa…". Durante la II República, Huelga había sido funcionaria de prisiones en la misma cárcel en la que pasó sus últimas horas. "El sitio que fue su lugar de trabajo, la prisión de mujeres de Ventas, fue su lugar de reclusión y antesala de su muerte…" Estaba muy enferma cuando la mataron. "La sacaron de la enfermería para fusilarla ", ha explicado Herreruela.

Teófila ha concluido su discurso con un lamento: "Me duele el desconocimiento de lo sucedido e incluso el olvido al que nos quieren someter. Tengo 94 años y fui testigo de tanto horror. Nunca en mi vida de maestra pude explicar en clase la realidad de lo sucedido".

Celia Muñoz ha recordado a su padre, Gerardo Muñoz, maestro, ante la tapia de La Almudena donde eran fusiladas las víctimas, hoy repleta de claveles rojos y fotos de los ejecutados. "Lo mataron el 24 de junio de 1939. Dejó un verso escrito a su querida esposa, que dice todo en muy pocas palabras: ‘Cuando esto vean tus ojos, yo dejé de existir. Para todos, pero no para ti. La maldad de los hombres hizo presa en mis carnes. Padecí los horrores del odio y la barbarie. Recorrí mi calvario entero y con firmeza y solo tu sudario enjugó mi flaqueza. Vivimos honestamente nuestra vida. Digno llego a la muerte. Con honra. Nuestra canción eterna no se ha de interrumpir. Tú vives en la tierra. Yo siempre vivo en ti".

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Perseguição e cerco a Baltasar Garzón

Subsiste no poder judiciário espanhol influência do período franquista. Como se sabe Franco foi o ditador mais longevo dos tempos modernos na Espanha. Graças ao ditador Franco, o rei Juan Carlos é rei. Pero, no habla!!

Una vara de medir para cada juez, o los casos de Liaño y Garzón

Los informes de los fiscales a favor del indulto al exjuez Gómez de Liaño y en contra del de Garzón muestran llamativas diferencias de criterio

Natalia Junquera Madrid 4 MAR 2014 – 00:00 CET99

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La prevaricación (dictar a sabiendas una resolución injusta) es el delito más grave del que se puede acusar a un juez. “Probablemente por ello, no se tiene conocimiento de que en algunos de los pocos casos de condena por prevaricación judicial de la historia de los tribunales españoles se haya indultado al juez prevaricador”, recordaba el Tribunal Supremo en el informe por el que rechazó en el año 2000 que fuera indultado el exmagistrado de la Audiencia Nacional Javier Gómez de Liaño, ahora abogado defensor del extesorero del PP Luis Bárcenas.  Pese a todo, el entonces ministro de Justicia, el popular Ángel Acebes, firmó la medida de gracia para él.

Los casos son muy pocos, pero las diferencias de criterio de la fiscalía en los dos más célebres —el de Gómez de Liaño y el de Baltasar Garzón—, son llamativas.

Los hechos. 25 de febrero de 1997. El juez Gómez de Liaño incoa actuaciones penales contra Sogecable y Canal + (propiedad de PRISA, editora de EL PAÍS) tras recibir, el día anterior, una denuncia de Jaime Campmany, director de la revista Época y antes del diario Arriba, que sostiene que se han utilizado indebidamente los depósitos en garantía de los abonados de Canal +. Durante la instrucción, Gómez de Liaño dictará tres resoluciones que le llevarán al banquillo por prevaricación: su insistencia en mantener el secreto del sumario cuando le habían ordenado levantarlo; la prohibición a los directivos de Sogecable de salir del país y la imposición de una fianza de 200 millones de pesetas a Jesús de Polanco cuando ya sabía que Sogecable no había incurrido en delito alguno. La sala de lo penal de la Audiencia había revocado sus resoluciones y el Poder Judicial le había abierto expediente disciplinario e impuesto una multa de 350.000 pesetas por falta muy grave en relación a este caso.

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La víspera del inicio del juicio, el 13 de septiembre de 1999, Época publica estas declaraciones del entonces fiscal general del Estado, Jesús Cardenal: “Gómez de Liaño es inocente”. Pero, finalmente, el Supremo le condena a 15 años de inhabilitación y multa de 540.000 pesetas por un delito continuado de prevaricación.

Trece años después, en 2012, el Supremo sienta en el banquillo a Baltasar Garzón. En este caso, la acusación particular la componen Francisco Correa, cabecilla de la red corrupta Gürtel; Pablo Crespo, su lugarteniente, e Ignacio Peláez, abogado. Reclaman entre 10 y 17 años de inhabilitación para Garzón por intervenir sus comunicaciones en prisión.

El juez había ordenado esas escuchas en 2009 después de que —como recoge la sentencia del Supremo— la policía le hubiese informado de que abogados de los “máximos responsables” de la red corrupta podían estar “facilitando el blanqueo y la ocultación de importantes cantidades de dinero”. Dos fiscales Anticorrupción avalaron las escuchas, así como el juez del Tribunal Superior de Madrid Antonio Pedreira, que las prorrogó cuando sucedió a Garzón en la instrucción del caso Gürtel. Ni las fiscales, ni Pedreira recibieron por ello reproche alguno. El abogado de Garzón pidió que declarasen en el juicio pero el Supremo lo rechazó y finalmente, el 9 de febrero de 2012, condenó al magistrado a 11 años de inhabilitación por prevaricación.

Las peticiones de indulto. Tres días después de la condena, Gómez de Liaño solicitó su indulto. “Admito que mis resoluciones pudieron ser erróneas”, argumentaba, pero “es un trozo de historia, una parte minúscula de mi historia de juez”. “Ruego se examine mi hoja de servicios” en esta “solicitud de magnanimidad”.

Garzón no solicitó el indulto. Fue Medel, la asociación que agrupa a 15.000 magistrados, jueces y fiscales de la UE, quien lo hizo en mayo de 2012. La ley de indulto establece (artículo 19) que cualquier persona puede solicitar el indulto de un penado. Medel argumentaba “la severidad desproporcionada” de la pena impuesta a Garzón y su “abrumadora” actividad en la lucha contra el terrorismo, el narcotráfico…

La fiscalía. La trayectoria a veces importa y otras no, como el arrepentimiento. En sus respectivos informes, a favor del indulto a Gómez de Liaño, y en contra del de Garzón, los fiscales —José María Luzón y Antonio Narváez, respectivamente— se refieren, como es lógico en un asunto jurídico, a los mismos elementos, esto es, las “razones de justicia, equidad o utilidad pública” que la ley exige (artículo 11) para conceder el indulto. Pero ambos fiscales lo hacen con planteamientos radicalmente distintos.

En el caso de Gómez de Liaño, el fiscal apoya su informe favorable al indulto en “la notoria trayectoria profesional” del exjuez; el “clamor popular” a su favor — “absolutamente minoritario”, replicaría luego el Supremo— y en una arriesgada comparación: “Ha de tenerse en cuenta (…) si la pérdida del cargo, inevitable consecuencia de la pena de inhabilitación especial, es de cumplimiento instantáneo, irreparable como la, afortunadamente excluida de nuestro ordenamiento jurídico, pena de muerte”. Luzón se refería también al arrepentimiento, pero para decir que no hacía falta en el caso de Gómez de Liaño: “Ha mantenido la absoluta creencia de estar actuando legalmente, de modo que no es exigible” .

Sin embago, el fiscal Narváez sí le da mucha importancia en su informe desfavorable al indulto a Garzón: “Sigue entendiendo que obró conforme a derecho (…) no ha exteriorizado muestra alguna de arrepentimiento”. Y en el caso de la trayectoria es al revés, la de Garzón no importa: Sus “méritos personales y profesionales anteriores a la condena impuesta (…) son irrelevantes a los efectos de solicitar el indulto”. Narváez no compara, ni mucho menos, la inhabilitación con la pena de muerte, y en cambio asegura que indultar a Garzón “iría contra la democracia”. “En un Estado democrático y de derecho, las sentencias han de ser acatadas y ejecutadas en su integridad”. La actitud de la fiscalía, contraria al indulto, contrasta con la mantenida durante el juicio, cuando pidió la absolución del magistrado.

La última palabra. En ambos casos, el Supremo se opuso al indulto. Justicia ha concedido esta medida de gracia con todos los informes a favor, con algunos a favor y otros en contra o incluso con todos en contra. El ministro, Alberto Ruiz-Gallardón, tiene ahora la última palabra sobre el indulto a Garzón.

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Primeiro mundo, ou de onde vem a Zara!

Deve ser por isso que a mais alta corte da Espanha, equivalente ao nosso STF, caçou Baltazar Garzón!

Víctimas del franquismo celebran que Argentina les abra sus consulados

Los querellantes lamentan que la fiscalía española estime que los crímenes han prescrito

• Argentina abre sus consulados para las víctimas del franquismo

Alejandro Rebossio Buenos Aires 24 SEP 2013 – 22:42 CET525

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Dario Rivas Cando, de 93 años, en su casa de Buenos Aires. / ENRIQUE MARCARIAN (REUTERS)

Familiares de víctimas del franquismo y sus abogados celebraron este martes la noticia de que Argentina abrirá sus consulados en todo el mundo para recibir demandas por crímenes del régimen, de acuerdo con lo que ordenó la juez que en Buenos Aires está a cargo de la causa, María Servini de Cubría. En cambio, criticaron a la Fiscalía de la Audiencia Nacional de España por opinar en contra de la orden de detención que Servini envió contra cuatro imputados por presuntas torturas durante el franquismo: el exguardia civil Jesús Muñecas Aguilar, el exinspector José Antonio González Pacheco, alias Billy El Niño, el excomisario Ignacio Giralte y el exescolta de Francisco Franco y la Casa Real Celso Galván, ya fallecido.

En el juzgado de Servini y fuentes del Ministerio de Relaciones Exteriores confirmaron que este departamento del Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner había puesto en práctica la orden de la juez de abrir los consulados y así lo había informado el pasado viernes por una resolución interna a todas las delegaciones diplomáticas de su país. Esta medida había sido solicitada por los querellantes en marzo pasado porque algunas víctimas se habían encontrado con que el consulado argentino en Madrid no les tomaba declaración.

“El Gobierno [argentino] hizo lo que le correspondía”, dice Darío Rivas, de 93 años, hijo de un alcalde de Castro de Rei (Lugo) represaliado del franquismo que ha presentado una denuncia en la ciudad en la que reside desde los ocho años, Buenos Aires. “La jueza está actuando como la faculta la justicia internacional. A España no le cae bien, ya sabemos los personajes que se oponen”, opinó Rivas, que también criticó el escrito de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que esgrimió que los cuatro imputados están amparados en la Ley de Amnistía de 1977: “La amnistía no se puede oponer al juzgamiento de crímenes de lesa humanidad, que no prescriben. El fiscal quiere ser más que las leyes del mundo, es un franquista. Si prescribiesen, yo no hubiera podido haber hecho nada en Argentina. Esto es el resultado de 70 años de impunidad en España”, se quejó Rivas.

Uno de los abogados argentinos de las víctimas españolas, Máximo Castex, celebró la decisión del Gobierno de su país de abrir los consulados: “Se hace efectiva una posibilidad que venimos pidiendo, que se abran los consulados para recibir, como si el cónsul fuera un notario, las denuncias, que después se remiten a la juez. Es un nuevo canal para la presentación de las víctimas, para aquellas que no puedan viajar a Argentina. Otros preferirán presentarse cuando se haga la videoconferencia, que se suspendió en mayo. Con anterioridad a esta decisión del Ministerio de Exteriores, las víctimas se presentaban en el consulado en Madrid y no les recibían la denuncia”. En cuanto al escrito de la Fiscalía española, Castex dijo que desconocía si realmente existía, así como su contenido. “Primero hay que verlo y después emitir la opinión. Si llegan a esgrimir el argumento de que los delitos prescribieron, hay que decir que no es así porque son de lesa humanidad. Además, el fiscal puede opinar, pero no es el que decide si acepta o no la orden de detención. Eso lo hace el juez de allá”, explica el abogado argentino.

Víctimas del franquismo celebran que Argentina les abra sus consulados | Política | EL PAÍS

Baltazar Garzón defende reforma judicial na Argentina

 

BALTASAR GARZÓN | EXJUEZ

“En Argentina, la reforma judicial es una necesidad”

El exjuez español defiende los cambios que ha promulgado el Gobierno de Cristina Fernández y que han paralizado temporalmente los jueces

• Un fallo detiene la reforma judicial de Argentina

Francisco Peregil Buenos Aires 1 JUN 2013 – 16:46 CET231

Baltasar Garzón, en agosto de 2012. / Cristobal Manuel

El 14 de mayo nació en España el segundo nieto de Baltasar Garzón. A la semana siguiente, el antiguo juez viajó a México; unos días más tarde, a Bogotá, donde asiste a la fiscalía en el diseño de un manual de investigaciones criminales. Llegó el domingo 26 de mayo a Buenos Aires, donde dirige el Centro Internacional de Promoción de los Derechos Humanos. El viernes 31 de mayo tenía previsto salir hacia Florida para atender a una presa dominicana “injustamente condenada” en una cárcel de Miami. Garzón se ha comprometido a defenderla de forma altruista. Luego marcha a Seattle (Washington), en cuya universidad colabora con un proyecto de apoyo a organizaciones de derechos humanos en el Salvador.

Volverá a Argentina el 10 de junio y seis días después se marchará a Bogotá. Luego partirá hacia Haití para filmar un documental que produce la Fundación Internacional Baltasar Garzón, y que se enmarca dentro de una serie sobre la pobreza extrema y la crisis económica. Después, Nueva York; más tarde, a París, a una entrevista con la directora general de la Unesco, Irina Bokova; después a España. Y vuelta a empezar: una semana en Argentina, otra en Colombia, Estados Unidos… “y el resto en avión”. Mientras tanto prepara dos libros.

Antes de partir hacia Miami dispuso de media hora para pronunciarse sobre la reforma judicial que ha promulgado el Gobierno de Cristina Fernández.

Pregunta. ¿Por qué apoya la reforma?

Respuesta. Porque es una necesidad. En Argentina es necesario, por ejemplo, ampliar las salas de casación.

P. ¿Qué opina sobre el punto más polémico de la reforma? El Consejo de Magistratura, el órgano de gobierno de los jueces, pasará de 13 a 19 miembros y una docena de ellos serán elegidos mediante voto popular, con sus nombres inscritos en las papeletas de los partidos políticos.

R. Me tengo que referir a lo que escribí hace un año en un libro editado y publicado en España que se llamaba Actúa. Es una obra colectiva como continuación de otra que se llama Reacciona, un poco en la línea de ¡Indignaos!, de Stéphane Hessel. Ahí publico un artículo amplio, En el nombre del pueblo, la justicia. Y me pronuncio sobre la necesidad de que el Consejo General de Poder Judicial en España pase a ser un Consejo de elección directa por los ciudadanos, como mecanismo de verdadero control y participación del pueblo – que ya creo que somos mayores de edad – en el Gobierno de la Justicia. La Justicia emana del pueblo, lo dice la Constitución.

P. ¿No teme que ese tipo de elección directa genere cierta dependencia de los consejeros respecto al Gobierno?

R. No me ofrece más confianza un Consejo de la Magistratura que sea elegido por una mayoría de jueces. Porque eso es generar una especie de cápsula dentro de lo que es un sistema democrático. Y el argumento de decir “eso sería una barbaridad porque se atomizaría…”. Yo ya estoy un poco cansado de que cuando se habla de estos temas salgan los doctos señores y digan “es que los ciudadanos no saben de esto”. Sabrán o no sabrán, pero son los que sufren las consecuencias. Hasta ahora, las consecuencias y las falencias de lo que se ha ensayado las estamos viendo. Quizás es el momento de pensar que otra forma es posible.

P. No hay ningún otro país salvo Argentina donde se vaya a elegir a los miembros del órgano de gobierno de los jueces mediante voto popular, ¿no?

R. Probablemente. Lo cual no quiere decir que sea malo. Obviamente, no se trata de que cualquier persona esté ahí. Hay que establecer unos requisitos. Si un juez va a la política… ¿Es un buen político? Si un arquitecto va a la política… ¿Es buen político? Lo será o no en función de lo que haga cuando esté ahí. Nadie tiene el titulito de buen político. Porque, incluso, lo puedes tener y luego ser un desalmado o un corrupto. Prefiero a alguien que no sepa y que lo haga bien y honestamente a aquél que sabe y que sólo hace cosas raras.

P. La reforma judicial en Argentina nunca fue una prioridad para este Gobierno hasta que la Corte Suprema tuvo que pronunciase sobre la medida cautelar que ampara al Grupo Clarín. ¿No cree que fue así?

R. En las sociedades hay momentos históricos en los que se produce un cambio. Aquí en Argentina, obvio que hubo una confrontación que dura todavía entre una de las corporaciones más potentes, como es el grupo Clarín, y el Gobierno. No es el único país en que eso se ha producido. A partir de ahí vemos cuánta tinta se vertió en ver si el Gobierno controlaba o no controlaba. Y después hubo un tribunal que decidió paralizar la aplicación de esa ley. Sin embargo, hay cosas que me llaman la atención. La vinculación de ese medio con algunos jueces también es muy llamativa. Y da un poco de susto decir: aquí hay algo que no funciona bien. Ahora bien: ¿Eso quiere decir que la reforma judicial se produce como una especie de traje a la medida? Cualquier sistema democrático se puede defender de esto si fuera así, creo que la decisión del Ejecutivo de someter al Congreso esta iniciativa era necesaria. Y algo más: el Congreso ha estado cumpliendo su labor porque ese proyecto ha sido retocado y reformado. Al final quedará una reforma que no se compadece con lo que pretendían quienes la presentan y tampoco con los que no la quieren.

P. Dentro de pocas semanas podría ser la Corte Suprema quien se vea obligada a pronunciarse sobre la constitucionalidad de la ley, ¿no?

R. Yo creo que hay magistrados de una gran categoría y altura que cuando se pongan a trabajar lo harán lo mejor que puedan. ¿Cómo puedo dudar de un Raúl Zaffaroni, por ejemplo? Y de otros magistrados también. Lo importante es que esa independencia se produzca. Y que el contexto en el que se desarrolle tenga en cuenta la necesidad de esa reforma judicial. Volver hacia atrás es muy peligroso. Yo creo que los sistemas políticos en el ámbito judicial tienen que ir evolucionando hacia un modelo participativo.

P. Se podría dar el caso de que la Corte fallara que la reforma es inconstitucional.

R. La cuestión no se tiene que plantear entre quién pierde y quién gana. La decisión sólo ha de verse como lo que el sistema constitucional establece. Por tanto, todos tenemos que cumplirlo. Y a partir de ahí se ha acabado la discusión. Y cuando sea necesario o se tenga la mayoría suficiente para hacer otra cosa, se hará. Y de nuevo se producirá el ciclo.

P. Si la Corte se pronunciara sobre la inconstitucionalidad se podría producir una colisión de intereses con el Ejecutivo. Las elecciones primarias previas a las legislativas de octubre están previstas para agosto t ahí ya deberían haberse confeccionado las listas de consejeros a los que los ciudadanos tendrían que votar.

R. Tampoco es la primera vez que se puede producir una colisión entre poderes. Lo importante es que estén los mecanismos adecuados para que esas fricciones se resuelvan.

P. ¿Contempla la posibilidad de representar a Argentina en la Comisión de la Verdad compuesta por diez juristas internacionales que intentarán investigar en Irán el atentado sobre el centro judío de la AMIA?

R. Creo que ese tema va por otros derroteros. No tengo información pero sí puedo decir que conmigo nadie se ha puesto en contacto para eso.

“En Argentina, la reforma judicial es una necesidad” | Internacional | EL PAÍS

Justiça: falta na Espanha, sobra na Argentina

 

Garzón: “En Argentina hay justicia, aquí homenajes a la División Azul”

El juez valora la muerte en la cárcel del dictador Videla: "Nunca se arrepintió ni pidió perdón"

Lamenta la desprotección de las víctimas del franquismo: "La justicia española ha fracasado"

Natalia Junquera Madrid 18 MAY 2013 – 00:33 CET1081

Baltasar Garzón, el pasado jueves, en la presentación de un libro sobre las víctimas del franquismo. / GORKA LEJARCERGI

"Uno no se alegra del fallecimiento de nadie, pero cuando me he enterado de la muerte de  Jorge Rafael Videla [dictador argentino muerto este viernes en prisión] me he acordado de las víctimas argentinas, que se llevan la reparación de saber que la justicia se aplicó con todas las garantías; que no ocurrió como con Pinochet, al que la muerte le llegó sin haber sido sometido a un juicio. Y también he pensado en las víctimas de aquí, las del franquismo, porque allí realmente se hizo justicia, pero en España la justicia ha fracasado estrepitosamente. No las ha protegido”, ha declarado a EL PAÍS el juez Baltasar Garzón.

En 1996, Garzón imputó desde la Audiencia Nacional a Videla, Leopoldo Galtieri y otros 99 militares, policías y médicos argentinos, en aplicación del principio de jurisdicción universal. Hoy sigue alegrándose de que aquellas investigaciones en España sirvieran para impulsar los juicios en Argentina.“Las leyes de amnistía, olvido o punto final no son aplicables a los crímenes de lesa humanidad. España hizo un gran esfuerzo en la aplicación del principio de jurisdicción universal y conseguimos coadyuvar a que la acción de la justicia se llevara a Argentina”, recuerda. "Allí ha habido justicia y voluntad de reparar a las víctimas de la dictadura y en España se están haciendo homenajes a la División Azul, que luchó con Hitler", denuncia.

“Videla jamás pidió perdón, jamás mostró arrepentimiento y ha muerto en la cárcel, que es lo que correspondía. Se opuso a reparar a las víctimas. Si en Argentina se ha cumplido el derecho a la verdad no ha sido por la colaboración de los victimarios, sino por el esfuerzo de las víctimas y de un país que decidió en 2003, desde las instituciones políticas y judiciales, que tenía que repararlas", asegura. "En España, por desgracia, hubo un pacto de silencio y nunca ha habido voluntad de reparar a las víctimas, ni siquiera con la ley de memoria histórica, porque el esfuerzo no era compartido y hubo partidos, especialmente el PP, que no estuvieron a la altura".

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Na Espanha, Poder Judiciário está contra a justiça

Garzón: “La animadversión degeneró en un juicio al juez”

Acusa al tribunal de “refugiarse en tecnicismos legales” para frustrar su investigación

El País Madrid 14 MAY 2013 – 00:57 CET182

 

Quince meses después de su inhabilitación, el exjuez Baltasar Garzón ataca al Tribunal Supremo, cuya “animadversión” hacia él, asegura, “degeneró en un juicio contra el juez”. Lo hace desde el prólogo de un libro, Valientes (Aguilar), de la periodista de este diario Natalia Junquera, en el que defiende su intento de investigar los crímenes del franquismo y rememora los días de banquillo que le costó. “Experimenté múltiples sensaciones”, recuerda. “Pero de todas ellas, y poniendo por delante que mi actuación procesal no solo fue perfectamente legal, sino necesaria frente a la clara impunidad sobre aquellos crímenes, me queda la satisfacción íntima de haber oído los testimonios de las víctimas que, gracias a la petición de mi defensa, toda la sociedad pudo escuchar, para vergüenza de una justicia silente, en la sede del Tribunal Supremo. Algunos se retorcieron ante la contundencia del dolor de quienes no han sido reparados; otros estaban indignados ante tamaño desafío a las esencias franquistas, pero los millones de personas de buena fe, entre las que me cuento, lloramos internamente porque, a muy pequeña escala, contribuimos a que, por lo menos en ese momento, no existiera olvido ni impunidad”.

Garzón se refiere a los hijos y nietos de fusilados que, a petición de su abogado, acudieron aquellos días del juicio al Tribunal Supremo para explicar por qué habían acudido a la justicia. “La dureza de los testimonios y la fuerza de las voces inquebrantables pero serenas de las víctimas llenaron y continuarán llenando por siempre las paredes de un tribunal que no ha sabido protegerlas”, denuncia el juez.

El magistrado, que fue finalmente absuelto por esta causa pero condenado a 11 años de inhabilitación por las escuchas a la trama Gürtel, acusa a la cúpula del Tribunal Supremo de “refugiarse en tecnicismos legales totalmente rebatibles” para impedir “la auténtica y verdadera reconciliación en España”. “No solo el ejemplo de la experiencia de otros países sino el propio sentido común indica que la reconciliación de un país tras acontecimientos como los que vivió España no puede estar basada en el olvido. Cada vez que se ha intentado, la experiencia ha sido negativa. Se tiene que impartir justicia y establecer la verdad de lo que ocurrió, ya no solo por la obligación que se tiene respecto a las víctimas, sino por la propia memoria histórica del país”.

Baltasar Garzón.

“La indiferencia más cobarde”

“Es evidente”, asegura Garzón, “que a pesar de lo que puedan decir muchos desde la indiferencia más cobarde, la investigación de lo ocurrido durante esos años no abre heridas, sino que precisamente contribuye a cerrarlas. Las heridas siempre han estado abiertas y quienes las infirieron nunca han deseado que se cierren y siempre han negado toda posibilidad de una reparación auténtica e integral desde el Estado; y a tal inaceptable situación han contribuido resoluciones judiciales como la de la sala segunda del Tribunal Supremo por las que se prohíbe toda investigación de los crímenes franquistas”.

El juez no solo critica al Supremo. “Que tras el horror de la guerra que sufrió España por la acción ilegal encabezada por el general Franco y la impunidad más rampante durante toda la dictadura se impusiera el olvido oficial en la Transición y en la democracia, con la sola atenuante de la ley de memoria histórica (iniciativa absolutamente insuficiente); que no se haya permitido hacer justicia a las aproximadamente 150.000 víctimas, ajenas al conflicto armado, no tiene justificación de ningún tipo”. “Ningún esfuerzo se ha hecho por construir una memoria de las víctimas. Ningún gobierno se ha preocupado por recopilar documentos. Ningún monumento existe a la memoria de las víctimas mientras tenemos que seguir sufriendo el escarnio del Valle de los Caídos. Ningún programa ha buscado la creación de una comisión de la verdad. Solo el esfuerzo de las víctimas sigue siendo visible para vergüenza de unas instituciones que, a día de hoy, y salvo en algunas comunidades autónomas y municipios, no han sabido dar una respuesta integral y a nivel general a las víctimas, ni desde la legalidad ni desde la moral que deben vertebrar ese mismo Estado”, afirma en el prólogo del libro.

Valientes, que Garzón presenta este martes a las ocho de la tarde en el Círculo de Bellas Artes, recoge las historias de un centenar de víctimas del franquismo: de los que fueron fusilados y arrojados a fosas comunes, pozos y cunetas, y de los que les sobrevivieron, las viudas y huérfanos que ni siquiera pudieron celebrar un funeral por ellos o enterrarlos en un cementerio. El libro recupera también testimonios de supervivientes de cárceles de exterminio, donde se enviaba a los presos a morir de hambre y de frío, así como las últimas cartas que algunos condenados a muerte escribieron a sus familias antes de ser ejecutados. E incluye el retrato de una veintena de hombres y mujeres irrepetibles, como una mujer que se acostumbró a vivir con una pastilla de cianuro en el bolsillo para suicidarse antes de que la obligaran a hablar, un japonés que cruzó el mundo para ayudar a desenterrar una historia con la que nada tenía que ver o un hombre que vivió 68 años con una bala pegada al corazón.

Garzón: “La animadversión degeneró en un juicio al juez” | Política | EL PAÍS

Garzón desafia Papa Francisco

 

Garzón invita al papa Francisco a abrir los archivos argentinos del Vaticano

El exjuez afirma en Buenos Aires que la Santa Sede tiene documentos de la dictadura militar

Alejandro Rebossio Buenos Aires 22 MAR 2013 – 02:36 CET437

Baltasar Garzón, el martes en El Salvador. / R. ESCOBAR (EFE)

El exjuez español Baltasar Garzón, asesor de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de Argentina, planteó este jueves en Buenos Aires que Francisco, el nuevo papa argentino, “puede abrir los archivos del Vaticano para conocer la información de la época de la dictadura” militar (1976-1983) de este país sudamericano “en la que se enviaron mensajes de aquí”, en referencia a la nunciatura apostólica (embajada de la Santa Sede), “hacia allí”. “Sería una forma de cooperar con las víctimas”, propuso Garzón, que participó en un acto de homenaje a los inmigrantes que padecieron bajo el régimen de Argentina.

“Como Estado con representación diplomática, los diplomáticos del Vaticano rendían informes”, cuenta Garzón, que en la década del 90 inició causas contra los violadores de los derechos humanos en Argentina por una lista de 576 víctimas españolas de aquella dictadura. Extranjeros de otras nacionalidades también padecieron en aquellos tiempos: uruguayos, paraguayos, chilenos, brasileños, bolivianos, peruanos, cubanos, alemanes, franceses y suecos, entre otros. “En aquel tiempo las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo dirigieron misivas a Juan Pablo II. Sería bueno que se hiciera una investigación por iniciativa del papa (Francisco)”, se refirió al exarzobispo de Buenos Aires, Jorge Bergoglio.

“Quienes se pueden dirigir al Vaticano son los jueces” que investigan los crímenes del régimen militar, según Garzón. El exjuez de la Audiencia Nacional española considera que la información archivada en el Vaticano puede resultarles de mucha ayuda en sus indagaciones. “Yo, como juez, lo haría”, opinó sobre una eventual solicitud de datos.

Sobre Bergoglio pesa una sospecha de que supuestamente delató a dos curas de su orden, la Compañía de Jesús, ante las autoridades militares, pero esa versión fue desmentida este miércoles por uno de esos sacerdotes (el otro falleció en 2000). “Estos son los hechos: Orlando Yorio y yo no fuimos denunciados por Bergoglio”, escribió Francisco Jalics, que vive en Alemania. Ambos permanecieron detenidos ilegalmente durante medio año, periodo durante el cual sufrieron torturas. “Antes me inclinaba por la idea de que habíamos sido víctimas de una denuncia. Pero a fines de los 90, después de numerosas conversaciones, me quedó claro que esa suposición era infundada. En la congregación jesuita argentina y en círculos católicos se extendieron en los años previos (a mi secuestro) informaciones falsas que indicaban que nos habíamos mudado a los barrios carenciados porque pertenecíamos a la guerrilla. Pero ese no era el caso. Supongo que estos rumores fueron motivados por el hecho de que no fuimos liberados inmediatamente”, sostuvo Jalics, en contraposición a la creencia de la hermana del otro cura, Yorio, de que Bergoglio fue el autor intelectual de la detención de ambos. La familia de la primera presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo también critica a Bergoglio por presunta falta de colaboración con la búsqueda de una desaparecida embarazada. Bergoglio ha declarado ante la justicia como testigo en este caso y en el de los curas, pero nunca ha sido imputado judicialmente. A propósito de esta polémica por el pasado del papa, también se han conocido en los últimos días casos de perseguidos por el régimen que sí fueron asistidos por el entonces jefe de los jesuitas argentinos para recuperar la libertad, esconderse o huir de su país.

El premio Nobel de la Paz argentino Adolfo Pérez Esquivel, que recibió el galardón en 1980 por su lucha contra la dictadura, visitó este jueves en Roma a Francisco. Tras la reunión, en la que hablaron sobre el combate contra la pobreza, Pérez Esquivel, un católico de izquierdas que fue secuestrado en tiempos del régimen, declaró: “El papa no tuvo nada que ver con la dictadura, no fue cómplice de la dictadura, no fue de los obispos que estuvieron más en la avanzada por la defensa de los derechos humanos, aunque prestigió más una diplomacia silenciosa, de pedir por los desaparecidos y los presos”. Al día siguiente de la designación del nuevo papa y ante la polémica por su pasado, Pérez Esquivel había escrito: “Es indiscutible que hubo complicidades de buena parte de la jerarquía eclesial en el genocidio perpetrado contra el pueblo argentino, y aunque muchos con exceso de prudencia hicieron gestiones silenciosas para liberar a los perseguidos, fueron pocos los pastores que con coraje y decisión asumieron nuestra lucha por los derechos humanos contra la dictadura militar. No considero que Jorge Bergoglio haya sido cómplice de la dictadura, pero creo que le faltó coraje para acompañar nuestra lucha por los derechos humanos en los momentos más difíciles”.

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E Baltasar Garzón foi punido… por investiga-los

 

Más de 300 políticos españoles están imputados en casos de corrupción

Baleares y Valencia son las comunidades que están a la cabeza de implicados en casos turbios

La mayoría ha abandonado la actividad pública, aunque hay excepciones en Valencia y Baleares

EP Madrid2 ENE 2013 – 00:20 CET275

Jaume Matas (derecha), expresidente balear, en el juicio del ‘caso Palma Arena’. / TOLO RAMÓN

Más de 300 políticos españoles están imputados en presuntos casos de corrupción que se extienden por todo el territorio y que afectan sobre todo a las comunidades del arco mediterráneo, con Baleares y la Comunidad Valenciana a la cabeza, seguidas de cerca por otras autonomías  como Cataluña o Galicia. Además, están en marcha investigaciones sobre la gestión de distintas entidades financieras como Bankia o la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), de cuyos consejos de administración formaban parte diversos políticos.

Los casos de corrupción afectan a todos los niveles de la Administración y las investigaciones en marcha salpican tanto a quienes han sido miembros del Gobierno, como a dirigentes autonómicos y numerosos alcaldes y responsables municipales.

También en el ámbito autonómico son numerosos los casos abiertos en la Comunidad Valenciana. De hecho, en las Cortes autonómicas hay nueve diputados del PP con imputación formal por casos relacionados con delitos de corrupción, mientras que Pedro Hernández renunció a su escaño el pasado día 4 tras ser condenado a tres años de prisión por su gestión al frente del ayuntamiento de Torrevieja.

Hace pocas semanas dimitió también en la Comunidad Valenciana José Manuel Vela como consejero de Hacienda por la presunta filtración de un documento que había pedido el juzgado. Diversos ex altos cargos de la Administración de Francisco Camps están implicados también en los numerosos casos abiertos en la comunidad, entre los que destacan investigaciones tan importantes como la operación Gürtel o el caso Noós.

Alguno de los casos más llamativos de corrupción descubiertos en el seno de una comunidad autónoma son los abiertos en Baleares y que suman casi un centenar de imputados entre cargos y ex altos cargos públicos. La mayoría tuvieron lugar durante la última legislatura del expresidente Jaume Matas, imputado por alrededor de una docena de casos relacionados con la corrupción y la financiación irregular del PP balear durante su mandato.

En las Cortes valencianas hay nueve parlamentarios con imputación formal

Entre las operaciones en marcha en las Islas Baleares destacan casos como el que investiga las actividades presuntamente irregulares cometidas a través del Instituto Nóos, que presidía Iñaki Urdangarin, o el caso Over Marketing, en el que está implicado el popular Pere Rotger, que recientemente dimitió de su cargo como presidente del Parlamento autonómico aunque mantiene el escaño.

Otro de los procesos con más repercusión pública durante los últimos meses es el de los ERE fraudulentos de Andalucía, en el que hay imputadas cerca de 70 personas entre ellas el exconsejero de Empleo de la Junta Antonio Fernández, el exviceconsejero Agustín Barberá, los exdirectores generales de Trabajo y Seguridad Social, un exparlamentario socialista o el exdelegado provincial de Empleo.

Sin embargo, la mayoría de los casos de corrupción abiertos en España se despliegan por sus más de 8.000 municipios, en los que hay casi medio centenar de exalcaldes y una treintena de alcaldes en el poder que están siendo investigados judicialmente. Algunos de estos mandatarios envueltos en casos judiciales son alcaldes de ciudades tan importantes como Murcia, Alicante, Lugo, Valladolid o Sabadell. A estos se suman varias decenas de concejales también implicados en estos escándalos locales.

La mayoría de los regidores municipales están imputados por delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, fraude o tráfico de influencias, casi todos por causas relacionadas con el urbanismo y la adjudicación de obras públicas. Es el caso de los casos Pretoria o Mercurio, abiertos en Cataluña, que investigan presuntas tramas de corrupción en Santa Coloma de Gramanet, Sant Andreu de Llavaneres y Sabadell.

También en Galicia son numerosos los casos judiciales que afectan a diversos municipios y que han llevado a la imputación a alrededor de una docena de sus alcaldes; además de provocar la dimisión de otros alcaldes como los de Santiago de Compostela, Gerardo Roa, que dejó el cargo después de no haber declarado 291.000 euros en concepto de IVA de la venta de unas viviendas de su promotora.

También concentran varios casos de corrupción los municipios de Canarias, donde hasta una decena de regidores están imputados en diferentes casos judiciales, además de varios que ya han dejado el bastón de mando.

Hay casi medio centenar de exalcaldes y una treintena de alcaldes en el poder investigados judicialmente

Mientras, en la Comunidad de Madrid el caso de mayor corrupción abierto es Gürtel, que ha salpicado a cuatro alcaldes de la comunidad y tres exdiputados autonómicos. También está imputado el exalcalde de Getafe y ex alcalde de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Pedro Castro.

Los escándalos de corrupción afectan además a numerosas localidades como Camas (Sevilla), donde el exalcalde y dos concejales han sido condenados a 14 meses de cárcel; Piélagos (Cantabria), Plasencia (Cáceres), La Muela (Zaragoza), Cabrales (Asturias) o Águilas (Murcia).

La mayoría de estas operaciones están relacionadas con delitos urbanísticos, aunque hay casos curiosos como el del municipio gallego de Melón, con sólo 1.400 habitantes y en el que la alcaldesa -que relevó en el cargo a su marido inhabilitado- ha sido imputada por supuestamente participar en la manipulación de una hoja de control de trabajos comunitarios a un vecino que no los cumplía.

También en Galicia, el exalcalde de la localidad coruñesa de Santa Comba fue inhabilitado para cargo público por conceder hasta 43 licencias de tablaos flamencos en el municipio para prolongar la hora de cierre de los locales de hostelería.

También está el caso del municipio cántabro de Las Rozas de Valdearroyo, en el que el alcalde nombró al inicio de la legislatura actual como concejal del Medio Ambiente a Juan Carlos Lantarón Pérez, condenado en febrero de 2006 a seis meses de cárcel y el pago de una multa tras declararse culpable de un delito de incendio forestal.

También hay casos más llamativos, como el del concejal de Burgos que dimitió tras gastar 207.000 euros en dos meses con el teléfono móvil del Ayuntamiento, o el del Ayuntamiento de Torrevieja, en el que algunos ediles utilizaron sus terminales para hacer llamadas a prostitutas o suscribirse a un canal porno.

En algunos casos, la corrupción afecta al seno de los partidos políticos, como es el caso de la ya extinguida formación Unió Mallorquina, desaparecida después de que sus dirigentes, con Maria Antonia Munar a la cabeza, estén relacionados con hasta nueve casos de corrupción.

En Cataluña está abierto el caso Millet, que estudia la presunta financiación irregular de CDC a través del Palau de la Música y del enriquecimiento de la cúpula de esta centenaria institución cultural barcelonesa. Además del expresidente de la entidad, Fèlix Millet, y el exdirector financiero, Jordi Montull, están imputado el extesorero de CDC, Daniel Osàcar, y el exsecretario de Comunicación y actual director de Comunicación del Ayuntamiento de Barcelona, Mar Puig.

Dentro de los casos que están siendo investigados en España hay que destacar los del Bankia y la CAM, en los que están imputados exmiembros de sus consejo de administración que han ostentado cargos públicos, entre ellos los exministros Rodrigo Rato y Ángel Acebes, ex secretarios de Estado, exdiputados o exalcaldes. También está en manos de la Audiencia Nacional investigaciones sobre el Banco de Valencia, Novacaixa Galicia y Caja Castilla-La Mancha.

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Ou do porquê Baltasar Garzón foi afastado pelo Supremo espanhol

 

Justicia y el fiscal anticorrupción frenan el archivo del ‘caso Gürtel’

La Abogacía del Estado se opone a la nulidad de la instrucción por las escuchas de la cárcel

El juez Ruz rechaza el sobreseimiento del caso

• Tras cuatro años, dos condenados y muchas causas abiertas

José Manuel Romero Madrid30 DIC 2012 – 20:35 CET2159

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Camps y Rajoy en un mitin en Valencia en 2009. / CARLES FRANCESC

Cuatro años después del estallido del caso Gürtel,una trama de corrupción masiva vinculada a más de una decena de Gobiernos del PP y numerosos dirigentes de ese partido político, entre ellos su extesorero nacional, los abogados de los principales imputados —hay más de 70 implicados en toda la causa— intentan el sobreseimiento de la misma.

Los abogados se basan en las escuchas a los corruptos en la cárcel que ordenó el juez Baltasar Garzón, prorrogó el juez Antonio Pedreira, y los tribunales consideraron nulas un año después por vulnerar el derecho de defensa, dado que en muchos casos hablaban con sus letrados. Esa prueba nula, según los defensores del archivo del caso, contamina todas las demás pruebas en las que se sujeta la acusación.

Pablo Ruz, el juez de la Audiencia Nacional que instruye ahora la parte principal de esta causa, rechazó el pasado 17 de diciembre un nuevo recurso del abogado Ignacio Peláez pidiendo el sobreseimiento para su defendido, el empresario José Luis Ulibarri, imputado por delitos fiscales relacionados con la trama corrupta.

El cierre fue pedido por el abogado que denunció a Garzón ante el Supremo

Este empresario logró, por ejemplo, una adjudicación de terrenos en Boadilla del Monte, municipio madrileño gobernado por el PP, a cambio supuestamente del pago de una comisión ilegal de tres millones de euros.

El abogado Peláez fue grabado en la cárcel cuando habló con el cabecilla de la trama corrupta, Francisco Correa. Por este motivo, se querelló contra el juez Baltasar Garzón, al entender que había ordenado unas escuchas ilegales que vulneraban el derecho de defensa. La querella acabó con la condena en el Tribunal Supremo a Garzón por prevaricación, lo que causó su expulsión de la carrera judicial.

Desde entonces, Peláez intenta en la Audiencia Nacional que se archive la causa contra su defendido, el empresario Ulibarri, argumentando, entre otras cuestiones, que las pruebas conseguidas contra él “son nulas y están viciadas por la forma en que se obtuvieron”.

Argumenta que las pruebas contra su defendido son nulas

Si la Audiencia Nacional aceptara el motivo de nulidad que alega el abogado Peláez, no solamente quedaría exculpado su defendido sino muchos otros y el caso Gürtel perdería todo el fundamento, pues en aquellas conversaciones de la cárcel, grabadas a partir del 18 de febrero de 2009, los jefes de la trama corrupta se referían a decenas de personas que están imputadas y sobre las que pesan numerosos indicios de delito.

Tanto la Fiscalía Anticorrupción como la Abogacía del Estado, dependiente del Ministerio de Justicia, remitieron a mediados de diciembre sendos escritos al juez Ruz donde fundamentan su rechazo al sobreseimiento solicitado. “El alcance de la nulidad de esas pruebas”, esgrime el abogado del Estado Edmundo Bal Francés, “ha quedado ya determinado en esta causa penal y afecta a un mínimo acervo indiciario incriminatorio que ha sido separado de la causa en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Los indicios racionales de criminalidad que se le imputan [al empresario Ulibarri] no traen causa de aquellas pruebas declaradas nulas”.

En los 13 días entre las detenciones y las escuchas se tomaron muchas pruebas

“Resulta imposible una proyección de la nulidad hacia atrás”, señala por su parte el escrito de la Fiscalía, “es decir, a pruebas obtenidas con anterioridad a las conversaciones anuladas”.

El juez Ruz hace suyas estas argumentaciones para rechazar el archivo y mantener la imputación del empresario Ulibarri.

Entre las detenciones y registros de las sedes donde operaban los cabecillas de la red Gürtel, ocurridas el 6 de febrero de 2009, y la orden para la intervención de comunicaciones en la cárcel de los jefes de la trama (19 de febrero de 2009), pasaron 13 días. En ese periodo de tiempo, la policía intervino numerosa documentación, en la que se sostiene una parte principal de la causa que se instruye en la Audiencia Nacional. Además, la investigación del caso se había iniciado al menos seis meses antes, con intervención de las comunicaciones de los sospechosos en las que se sostienen también muchas de las acusaciones. Junto a ellas, decenas de testimonios recabados en la causa sin relación con las escuchas en la cárcel suponen nuevos indicios sólidos contra los imputados.

El abogado Peláez presentó la semana pasada un nuevo recurso de apelación ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional contra la decisión del juez Pablo Ruz. Hace solamente dos meses, los magistrados ya rechazaron un recurso similar del mismo abogado y por parecidos motivos.

Cuatro años de expolios

Cuatro años después de que el juez Baltasar Garzón desarticulara una trama de corrupción masiva en instituciones gobernadas por el PP en al menos cuatro comunidades autónomas, ninguno de los principales responsables de la red corrupta permanece en la cárcel y la instrucción está lejos de terminar. El caso ha dejado ya dos condenados por cohecho: el exvicepresidente Víctor Campos y el ex alto cargo del Gobierno valenciano Rafael Betoret, que aceptaron haber recibido regalos de la trama corrupta —trajes, fundamentalmente— por su trato de favor en distintos contratos. En esa misma causa, el jurado absolvió por cinco votos a cuatro de los delitos de cohecho al expresidente valenciano Francisco Camps y al ex secretario general del PP valenciano Ricardo Costa. Las ramificaciones de la trama que dirigía Francisco Correa son múltiples y la instrucción de las distintas operaciones delictivas sigue su curso. Estas son las principales.

Corrupción en AENA. La Audiencia Nacional investiga y mantiene imputados a ex altos cargos de AENA, el organismo aeroportuario y de navegación aérea dependiente del Ministerio de Fomento, por adjudicar contratos a dedo a las empresas de la trama Gürtel a cambio de comisiones ilegales. El ministro de Fomento en la época en la que ocurrieron los hechos, Francisco Álvarez Cascos, no está imputado en esta causa.

Expolio en la visita del Papa. El juez Pablo Ruz ha conseguido testimonios clave para a El juez Pablo Ruz ha conseguido testimonios clave para acreditar el amaño de un concurso que la televisión valenciana convocó para adjudicar la instalación de pantallas de televisión y altavoces en las calles de Valencia durante la visita del Papa. Una constructora leonesa sin ninguna experiencia en esos trabajos se llevó el contrato de 6,4 millones de euros; gastó tres millones en pagar a empresas subcontratadas y expertas y el resto lo repartió supuestamente entre la trama corrupta y los políticos que facilitaron el trabajo.

Cientos de contratos ilegales en la Comunidad de Madrid. Los últimos interrogatorios llevados a cabo por el juez Ruz durante el mes de diciembre en la Audiencia Nacional tienen que ver con la adjudicación de cientos de contratos a dedo, muchos sin un mínimo expediente, a las empresas de la trama Gürtel para organizar actos de autobombo en los que intervenía la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre. Todas las declaraciones de los técnicos autonómicos ante el juez apuntan al mismo culpable: Alberto López Viejo, exconsejero de Deportes y mano derecha de Aguirre para sus actos institucionales.

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Líderes de 2012

Baltasar Garzón es magistrado.

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BALTASAR GARZÓN. La coherencia del deber

El País23 DIC 2012 – 00:30CET

El afamado juez vio interrumpida su carrera a principios de año por una sentencia del Tribunal Supremo por las escuchas del ‘caso Gürtel’.

Por María Garzón

La gente nos debe juzgar por nuestros actos, no por las opiniones de algunos. Cuando me preguntan cómo es ser hija de Baltasar Garzón, recuerdo a un padre cariñoso, divertido y estricto con el estudio y la obligación de cumplir la ley; con quien discutía con esa facilidad, entre los que se quieren, de olvidar cuando uno dice la última palabra. Le estoy agradecida por su entusiasmo, su idealismo, su empatía; por jamás perder el buen humor, ni el recuerdo de sus raíces; por enseñarme la responsabilidad, la coherencia, el deber. He comprendido aquello que tanto me decía: “Cuando tomes decisiones difíciles debes tomarlas de acuerdo a tus convicciones, no a las consecuencias que puedan traer”. Seguiremos denunciando un sistema corrupto al que solo podemos salvar los ciudadanos. Lo ocurrido con el juez Garzón es un ataque directo a un tipo de justicia cercana a las víctimas y que nos afecta a todos.

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María Garzón es hija de Baltasar Garzón y ha publicado el libro ‘Suprema injusticia’ (Planeta).

• Foto:Cristóbal Manuel

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PATRICIA DE OLIVEIRA AZEVEDO. Al mando de los pacificadores

El País23 DIC 2012 – 00:30CET

Con un centenar de agentes a sus órdenes, esta brasileña es la primera mujer al mando de una Unidad de Policía Pacificadora en las favelas.

Por Juan Arias

La mayor Patricia de Oliveira Azevedo fue la primera mujer al frente de una Unidad de Policía Pacificadora, la de la favela Santa Marta. A sus 34 años, Patricia tiene a su mando 120 policías. Se entrenó en Israel en técnicas militares. Su coraje, demostrado ya en 2007 cuando fue secuestrada por dos traficantes de droga y consiguió huir tres veces de ellos, es casi un mito. Fue premiada por el Departamento de Estado Norteamericano como mujer coraje, galardón que recibió de manos de la primera dama Michelle Obama y de la secretaria de Estado estadounidense, Hillary Clinton. Evangélica fervorosa, afirma que se puso a rezar ante sus secuestradores y que su fe le salvó de la muerte.

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Juan Arias es corresponsal de EL PAÍS en Río de Janeiro.

Líderes de 2012 | Fotorrelato | El País | EL PAÍS

Baltasar Garzón compara dimensão de julgamento na Argentina com Nuremberg

Para magistrado espanhol, não houve decisão de tamanha envergadura sobre crimes contra humanidade desde Segunda Guerra

No segundo dia do julgamento dos crimes cometidos pelo grupo de tarefas da ESMA (Escola de Mecânica da Armada), nesta quinta-feira (30/11), o juiz Baltasar Garzón afirmou que as penas serão um exemplo de como responder a crimes contra a humanidade.
Wikicommons
"Depois de Nuremberg [que definiu as penas de participantes da Segunda Guerra Mundial], acho que não houve um julgamento desta envergadura por crimes contra a humanidade. É muito importante não só para a Argentina, como para o mundo inteiro”, disse ao jornal Tiempo Argentino o juiz, conhecido pelo desempenho em processos de crimes contra a humanidade, devido aos julgamentos do ditador chileno Augusto Pinochet e do ex-oficial da Marinha argentina Adolfo Scilingo, que confessou ter participado de dezenas de “voos da morte”.
[Conhecido por dar duras sentenças em crimes contra a humanidde, Baltasar Garzón acompanha julgamento na Argentina]
"Volto a me encontrar com os rostos de muitos dos que investigamos na Espanha”, afirmou Garzón, que condenou alguns dos 68 réus julgados pelos crimes no principal centro de prisão clandestina da ditadura argentina (1976-1983). “Muitos foram processados por mim na Espanha e vê-los submetidos a julgamento é o que qualquer juiz aspira, principalmente por fatos tão graves como este”, afirmou o magistrado, que esteve acompanhado da presidente da associação Avós da Praça de Maio.
Para Garzón, os julgamentos a repressores, restabelecidos na Argentina após o derrogamento das leis de anistia, em 2003, são “um exemplo de como se deve responder a crimes massivos em defesa e proteção das vítimas e do futuro, [mostrando] que ninguém está por cima da lei”.

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Iniciado nesta quarta-feira (28/11), o segundo julgamento de crimes cometidos pelo grupo de tarefas da ESMA é o maior da história argentina no que diz respeito a violações aos direitos humanos, mortes e desaparecimentos na ditadura do país. Ao todo, os casos de 789 vítimas serão analisados. Entre os réus, estão membros da Marinha, Exército, Polícia Federal, Prefeitura naval e do Serviço Penitenciário, e dois civis.
Entre os crimes julgados, além de assassinatos, também estão o roubo de bens de prisioneiros, violência sexual, tortura e sequestro e adoção ilegal de bebês nascidos em maternidades clandestinas da ESMA.
Voos da morte
Oito dos réus são julgados por participação nos “voos da morte”, prática utilizada por militares para o desaparecimento de prisioneiros políticos, que eram sedados e jogados no Rio da Prata, do alto de aviões. A prática, mantida em sigilo por anos, apesar dos rumores de sua existência e da aparição de cadáveres no litoral uruguaio, foi detalhadamente descrita e ganhou repercussão a partir da entrevista do jornalista Horacio Verbitsky ao próprio Scilingo, que resultou no livro “El vuelo”, publicado em 1995.
Na entrevista, Scilingo afirma que os voos não eram perpetrados por um grupo, mas sim por toda a Marinha. “Se o senhor acha que um grupo de dez caras pode mobilizar aviões da Prefeitura Naval e da Marinha, está um pouco enganado. Era uma força armada que estava se mobilizando”, afirmou ele, que também garantiu que existiam listas de mortos da prisão clandestina.
O ex-oficial da Marinha também descreveu a Verbitsky um dos voos que participou: “Fui ao porão, onde estavam os que iam voar. Aí informaram que eles seriam transferidos ao Sul e que por esse motivo iam receber uma vacina… quero dizer, uma dose para deixá-los tontos, sedados. Aí eram adormecidos”, detalhou, sobre o momento prévio a transportar os prisioneiros políticos ao aeroporto militar. “A partir daí carregaram os subversivos como zumbis e os embarcaram no avião”, relatou.

Opera Mundi – Baltasar Garzón compara dimensão de julgamento na Argentina com Nuremberg

Perseguido na Espanha por julgar os crimes do franquismo, Garzón se exila na Argentina

 

Garzón recibe el DNI argentino

El exjuez residirá entre Buenos Aires, España, Colombia y Ecuador

Cristina Fernández lo recibe como un representante “del derecho a vivir con ilusión”

Alejandro Rebossio Buenos Aires 1 DIC 2012 – 00:39 CET117

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Cristina Fernández de Kirchner junto a Garzón con su nuevo carné. / HO (AFP)

Baltasar Garzón recibió este jueves de manos de la presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, su DNI de residente extranjero en ese país. El exjuez adquirió la residencia por un año y renovable, porque trabajará como asesor de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de Argentina. No es que Garzón vaya a residir solo en Buenos Aires. También seguirá desarrollando sus actividades en España, en Colombia —donde asesora a la Fiscalía General— y en Ecuador, donde elabora un informe para una reforma judicial.

“Baltasar Garzón nos ha hecho el honor de pedir su residencia aquí, en la República Argentina, y también como un representante de una justicia que no es solamente de los derechos humanos vinculados con las terribles dictaduras que asolaron a nuestros países, sino que habla de los derechos humanos de segunda, tercera, cuarta, quinta generación, como le llaman, y que yo lo sintetizaría en el derecho a vivir con esperanza y con ilusión”. Con estas palabras, presentó Fernández a Garzón entre los aplausos de los asistentes al acto en la Casa Rosada, sede de la presidencia argentina.

El antiguo magistrado asistió al tercer juicio sobre la ESMA

El también asesor del Tribunal Penal Internacional de La Haya había comparecido horas antes, entre el público, en la segunda sesión del tercer juicio sobre los crímenes cometidos por la última dictadura argentina (1976-1983) en la Escuela Mecánica de la Armada (ESMA), uno de los mayores centros clandestinos de detención del régimen.

“Después de Núremberg, no creo que haya habido un juicio de esta envergadura por crímenes de lesa humanidad. Eso es muy importante no solo para Argentina, sino para el mundo entero”, comentó Garzón a la prensa. El tercer juicio sobre la ESMA es el mayor de todos los procesos emprendidos contra el terrorismo de Estado en Argentina por la cantidad de acusados, unos 68, la de delitos juzgados, unos 789, y la de testigos, casi 900, que desfilarán a lo largo de dos años por los estrados.

Entre los acusados figuran personas que persiguió en los años 90

Entre los 68 acusados figuran algunos de los exmilitares y expolicías argentinos que Garzón persiguió en los años 90 del siglo pasado y principios de este siglo, bajo el criterio de justicia universal y cuando en el país sudamericano aún regían las amnistías que se suprimieron en el Gobierno de Néstor Kirchner (2003-2007). Garzón se encontraba en un balcón que tiene la sala del juicio. En la pantalla gigante allí instalada podía ver los rostros de los imputados, pero ellos no podían observarlo a él. “Para mí, [este acto] es volver a encontrarme con los rostros de muchos de los que en España investigamos, especialmente de Ricardo Cavallo. Muchos de los que están aquí fueron procesados por mí, y verlos sometidos a juicio es a lo que cualquier juez aspira, sobre todo por hechos tan graves como estos. Que [el juicio] se esté haciendo en Argentina es un triunfo para todos y sobre todo para las víctimas”, concluyó el exjuez.

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Garzón llegó al juicio en compañía de la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, que sigue buscando a cientos de bebés de desaparecidas que nacieron en cautiverio y que fueron entregados a entonces integrantes de las fuerzas de seguridad o a personas vinculadas a ellas. En los últimos meses, el exjuez ha recibido homenajes en varias ciudades de Argentina. También se ha reunido con diversos políticos y ha respaldado algunas medidas del Gobierno de Fernández, como la ley contra la concentración de medios audiovisuales o la lucha contra los acreedores litigantes por la suspensión de pagos de Argentina en 2001. También ha apoyado, por ejemplo, al juez de Jujuy (noroeste del país sudamericano) que procesó a uno de los empresarios más poderosos de Argentina, Carlos Pedro Blaquier, por presunta colaboración en crímenes de la dictadura.

Garzón recibe el DNI argentino | Política | EL PAÍS

Baltasar Garzón: Direito à comunicação fora dos monopólios

Imagen: Leandro Teysseire

SUBNOTAS

• “Estados Unidos focalizó esta persecución”
  Por Nora Veiras

“Los grupos monopólicos atacan la libertad de información”

El magistrado, que convirtió en hechos la Justicia universal, destacó que “la comunicación es el arma más poderosa que puede haber y tiene que ser regulada”. Garzón dijo que “es vergonzoso que España no sea capaz de revisar su historia”.

Por Nora Veiras

Cuando en la Argentina la posibilidad de hacer justicia estaba mutilada, el juez español Baltasar Garzón abrió un camino a base de convicciones y audacia. Desafió al poder establecido. Lo dejaron avanzar. Logró que Londres aceptara detener a Augusto Pinochet cuando el dictador chileno era todavía senador vitalicio. Avanzó, cimentó la Justicia universal, hasta que en su país se atrevió a indagar en los crímenes del franquismo. El año pasado fue separado de su puesto en la Audiencia Nacional e inhabilitado a ejercer la magistratura por más de una década. Apeló el fallo pero no se amilanó ante esa nueva adversidad. Recorre el mundo como asesor de la Corte Penal de Justicia Internacional de La Haya y de distintos gobiernos de Latinoamérica. Llegó a Buenos Aires, como siempre, dispuesto a tomar posición en los temas que imantan el debate político y judicial. “Aquí hay una ley, hay una regulación y todos tienen que cumplirla, y si no la cumplen pues tendrán que recibir las sanciones que prevé esa ley”, dice sobre la nueva ley de medios.

“Tráeme, por favor, un té con miel”, pide antes de sentarse y abunda: “Ya me operaron dos veces de las cuerdas vocales. Llevo tres días hablando…”. Los tres días que estuvo en la Argentina. Se entrevistó con Martín Sabbatella, titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, dio una charla en la Universidad Nacional de Avellaneda, viajó a Mendoza y terminó el periplo en la Comisión de la Memoria bonaerense y en una charla con el vicegobernador Gabriel Mariotto, Hebe de Bonafini y el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Martín Fresneda.

–En el avance de nuevos derechos, el derecho a la comunicación aparece como un derecho humano. Usted llegó a la Argentina en medio de una fuerte tensión por la aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, ¿cómo analiza la situación?

–He comprobado esa tensión, comprendo que la haya, pero no alcanzo realmente a asimilar la intensidad de la misma. Creo que es una intensidad artificial, mantenida por aquellos a los que les interesa que exista esta polémica. A mí me preocuparía si se comprobara que hay un riesgo real que afecte a la libertad de información, a la libertad de expresión, o al de recibir información veraz, que son los tres ámbitos del derecho a la información en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en todos los instrumentos internacionales. Yo no veo en peligro ninguno de esos derechos con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. He comprobado con la lectura de la misma que hay una articulación de lo que es el mercado de la comunicación, donde se establece algo que vengo defendiendo desde hace más de doce años: que no puede haber grupos monopólicos ni que tengan el control como negocio de la comunicación porque, precisamente, eso es lo que ataca a la libertad de información, a la libertad de expresión y a la propia recepción de información veraz. Cuando se contraponen intereses económicos y corporativos a los de la comunicación siempre sale perdiendo ésta. Me parece que es absolutamente necesario que exista una regulación de ese mercado, mucho más cuando vivimos en la era y en el siglo de la comunicación. ¿Cómo no va el Estado a preocuparse por un ámbito tan importante donde los que pueden resultar perjudicados son los propios ciudadanos? Otra cosa sería que se intentara cercenar la libertad de expresión o poner cortapisas, pero la ley apunta exactamente a lo contrario. La Corte Suprema ya ha emitido su juicio y, sin duda, se pronunciará cuantas veces sea necesario. Insisto, creo que es una garantía y no un peligro o un ataque a ese derecho fundamental.

–El Grupo Clarín, que resiste la aplicación de la ley, anticipó que no va a aceptar el plazo establecido para su cumplimiento, desde el Derecho, ¿cómo analiza esa postura?

–Los desafíos al estado de derecho siempre salen mal. Como esto no es el viejo oeste, no es lógico que uno de los contrincantes cite a duelo a otro en el Valle de la Muerte. Esto no es así, aquí hay una ley, hay una regulación y todos tienen que cumplirla, y si no la cumplen pues tendrán que recibir las sanciones que prevé esa ley. Así de sencillo y así de claro. Yo no puedo decir, yo no acepto que me impongan una pena de veinte años si mato a una persona.

–En Argentina quizás está exacerbada esta tensión, pero en varios países de Latinoamérica habrá visto esta situación…

–(Se apresura) Fíjese que el relator de Naciones Unidas para la libertad de expresión, Frank La Rue, vino aquí y ha defendido esta normativa y ha dicho que es un buen ejemplo a seguir. Yo conozco a La Rue, no me ofrece ninguna duda su ecuanimidad y su independencia. Si personas que no somos argentinos y que –hombre– de una u otra forma nos hemos caracterizado por una independencia de criterio opinamos de forma parecida, a lo mejor y sólo a lo mejor –ironiza–, tenemos razón. A mí no me va ningún interés en esto. Si quieren hacer un ejercicio miren mis archivos acerca de la primera vez que escribí que no debería ocurrir la acumulación de poder en los medios de comunicación. No es lo mismo que una empresa petrolera o azucarera, la comunicación es el arma más poderosa que puede haber y tiene que ser regulada con igualdad de oportunidades para que todos puedan tener acceso a ese ámbito. El día que un periodista pueda escribir con libertad diciendo que el presidente de la compañía a la que pertenece el periódico no es trigo limpio hablaremos en otros términos.

–Mi pregunta apunta al nivel de confrontación entre los grandes medios de comunicación y gran parte de los gobiernos de Latinoamérica como un patrón común…

–Aunque amigos míos del mundo de la comunicación puedan discrepar con lo que voy a decir: creo que se está produciendo una clara confrontación entre el poder político democrático que, por primera vez, ha decidido ejercer como tal, frente a un mundo al que nadie era capaz de acercarse sin salir mal parado: que es ese ejercicio abusivo de la comunicación y el control de la comunicación. Creo que en la defensa de los ciudadanos que le compete al Estado, no puede haber espacios donde no haya una regulación equilibrada y protectora de los derechos. Para mí la comunicación es uno más, es el más sensible, por eso tiene que tener una regulación. Ojo, que en el momento que se perciba que hay un intento de control, de censura, los primeros que estaremos seremos nosotros para decir: “Eso no es”. Lo mismo cuando defendemos a los periodistas que se juegan la vida en situaciones de conflicto o en el crimen organizado, yo desde hace tiempo reivindico para ellos la calificación de crimen contra la humanidad. Soy partidario de que esa regulación exista con control y vigilancia judicial.

Pasado y futuro

Garzón empezó hace dieciséis años a investigar el genocidio de las dictaduras en Argentina y Chile. El presente de ese pasado coincidió con su presencia en Buenos Aires: murió el ex ministro del Interior de la dictadura, Albano Harguindeguy, en Córdoba procesaron a ex jueces complacientes con el terrorismo de Estado, y desde España, el juez Pablo Ruz, quien lo reemplaza en la Audiencia Nacional, dictó el pedido de detención de siete ex integrantes de la DINA, la policía secreta de Pinochet, acusados de asesinar al diplomático español Carmelo Soria.

–Yo incluí el caso de Carmelo Soria dentro del procesamiento y abrimos una causa específica, y cuando dejé el juzgado por la suspensión estaban ya solicitadas investigaciones por ese caso y ahora mi compañero ha ordenado detenciones porque Chile no investigó.

–¿Cómo analiza este desenlace cuando muy pocos creían en el avance de las causas que usted inició?

–Ese es el ejemplo más vivo de la importancia de la jurisdicción universal, de cómo a través de la aplicación de este principio cuando en un país no se puede investigar, hay impunidad, hay otro que toma esos casos de crímenes contra la humanidad o de personas especialmente protegidas como el caso de Camilo Soria –que además era español–. Parecía que ya se había cerrado el caso Pinochet, en el año 2000, y doce años después continúa produciéndose efecto por la actuación de la Justicia ante crímenes que son imprescriptibles: es la grandeza de la jurisdicción universal y la importancia que propicia la cooperación para evitar que hechos tan graves queden impunes. El juez tomó esa decisión porque en Chile no se investiga el caso.

–Como visitante habitual de la Argentina, ¿cómo ve el de-sarrollo de los juicios? Acaba de estar en Mendoza, donde la connivencia con el Poder Judicial ha obstaculizado los procesos…

–Estamos en un momento de inflexión. Usted mencionaba el Poder Judicial investigado por su colaboración con la dictadura, eso es muy importante: que la acción judicial se mire a sí misma y reconozca que contribuyó en forma decisiva a los hechos que se produjeron entre el ’76 y ’83 es muy importante. Es un punto de inflexión porque tenemos que avanzar en forma decisiva, rápida y eficaz para que el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación, sea integral. No puede dilatarse la acción judicial porque llega un momento en que se aleja tanto que es difícil discernir las pruebas como las responsabilidades: se ha avanzado tanto, tenemos que hacer un esfuerzo más para ir concluyendo esa etapa con una protección integral para las víctimas.

–Desde que fue suspendido en Madrid está en la Corte Penal Internacional…

–He estado también en la Misión de Paz en el proceso de paz en Colombia y ahora estoy trabajando con el fiscal general de Colombia para el diseño y apoyo de investigaciones macrocriminales.

–¿Está interviniendo también en las negociaciones de paz que se acaban de iniciar en Noruega?

–Hay una prenegociación entre la guerrilla y representantes del gobierno, mi ámbito de trabajo es otro: es el diseño de investigaciones, el apoyo a fiscales para establecer criterios de persecución de estas redes criminales. Dar lugar al cumplimiento del derecho de las víctimas y las consecuentes reparaciones.

–¿El tema es el terrorismo de Estado o el narcotráfico?

–El narcotráfico es el tema que subyace en la criminalidad organizada pero también en la guerrilla y en el fenómeno paramilitar. Continúo trabajando en el marco de la ley de justicia y paz, justicia transicional para los paramilitares y aquellos guerrilleros que se han desmovilizado y apoyando también las investigaciones de las redes, bandas criminales y también de las acciones de las guerrillas y demás actores del narcotráfico. En definitiva, el fiscal lo que ha hecho es emitir una directiva para cambiar todo el sesgo de la investigación criminal en Colombia, dinamizarla, priorizando una serie de casos de los que tenían mando en las operaciones, financiación, blanqueo, violencia de género. Eso estoy haciendo ahora y trabajando en mi fundación en temas relacionados con la Justicia universal, con la ayuda a comunidades indígenas y también en la lucha contra la corrupción.

–¿Cómo influye en su vida el haber sido separado del juzgado?

–Sigo trabajando con la misma convicción y planteamientos de siempre. Tanto dentro como fuera de España el reconocimiento y el cariño es enorme, no me puedo quejar de que en algún momento me haya sentido o encontrado solo. Tengo desafección por la cúpula judicial española porque creo que cometieron un gran atropello que no voy a analizar ahora. Hubo de todo menos justicia. Eso es tiempo pasado y seguiremos combatiendo en los tribunales pero al margen de ello me preocupa la justicia y estoy tratando de apoyar en todo lo necesario a las víctimas del franquismo, promoviendo la comisión de la verdad. No es justo, ni digno, y es vergonzoso que España no sea capaz de revisar su historia.

–¿No va a volver a la política?

–Uy…¡qué complejo! Tengo demasiadas cosas que hacer. A mí me gusta estar al tanto de los acontecimientos políticos, me gusta opinar, analizar, pero es evidente que no estoy en la política activa, ni lo voy a estar. Lo cual no quiere decir que no quiera participar en el debate que se está dando. Hay una desafección de parte de los ciudadanos respecto de la clase política, es una realidad. A la vez el gobierno da la espalda a los ciudadanos, es una realidad también. Eso tiene que cambiar, la única forma es cambiar de paradigma, de mecanismos, de hacer más próxima la democracia. Terminar con este capitalismo autoritario que nos está agobiando, caminar hacia un modelo diferente de redistribución.

–¿Cree que el gobierno de Rajoy decepcionó incluso a los que lo votaron?

–Lo votaron mayoritariamente, su responsabilidad es mucho mayor y si no la cumple se lo recordarán.

Página/12 :: El país :: “Los grupos monopólicos atacan la libertad de información”

Assange y su abogado, Baltasar Garzón, comparecen hoy en la embajada

Wikileaks no aclara cómo hablará su fundador, que no puede pasar de la puerta de la legación

El australiano hablará a las tres de la tarde (hora española) y el letrado, a mediodía

Patricia Tubella Londres19 AGO 2012 – 01:01 CET115

Julian Assange el pasado diciembre ante la Corte de Justicia de Londres. / SUZANNE PLUNKETT (REUTERS)

En medio de la grave crisis diplomática que ha provocado su obtención del estatuto de asilado político, bajo la cobertura del gobierno de Ecuador, Julian Assange se dispone a comparecer públicamente a las tres de la tarde de este domingo (hora española) en la embajada del país latinoamericano en Londres. Antes, a las doce y media, hablará ante los medios en la propia embajada su abogado, Baltasar Garzón.

Los portavoces de Wikileaks no han precisado si Assange se dirigirá a los periodistas desde una ventana o apostado en el marco de la puerta de entrada a la legación, porque traspasar siquiera un centímetro el perímetro de la legación significaría su automático arresto por parte de la policía británica.

La expectación es enorme cuando la compleja situación del exhacker australiano, de 41 años, apunta a un desenlace incierto y muy dilatado en el tiempo, según admite el propio secretario del Foreign Office y primer ministro en funciones, William Hague. Assange es desde el jueves un asilado que no puede huir de la sede diplomática hacia Ecuador sin traspasar territorio británico y, por lo tanto, ser detenido y extraditado a Suecia. Su caso ha envenenado las relaciones entre el Reino Unido y el gobierno de Rafael Correa, ambos objeto de crítica por parte del grueso de la prensa británica por el modo en el que han gestionado la crisis.

Los diarios nacionales han cargado contra la decisión de Quito por considerar que Assange no requiere de una protección especial y en cambio sí está obligado a presentarse ante la justicia sueca para ser interrogado sobre cuatro presuntos delitos sexuales, que no son de índole política. Dado que el país nórdico es una de las democracias más desarrolladas del planeta, subrayan, sus derechos e integridad física están garantizados. Si Estados Unidos pretende presentar cargos contra él, argumentan además medios como The Guardian o The Independent, no se entiende porqué no ha solicitado la extradición al Reino Unido, un país aliado y especialmente comprensivo hacia los intereses de Washington.

Las autoridades británicas tampoco se salvan de la censura de los medios del país, que han visto como un traspiés impropio del Foreign Office la amenaza que profirió de irrumpir en la delegación, violando su condición de territorio diplomático. Si bien es cierto que el Acta sobre Recintos Diplomáticos y Consulares, aprobada en 1987, avalaría esa drástica acción, las consecuencias de saltarse a la torera la Convención de Ginebra sólo resultaría contraproducente.

El ex embajador en Rusia (2004-8) sir Tony Brenton ha declarado que revertir de forma “arbitraria” el estatus diplomático de la embajada de Ecuador haría la vida “imposible” para los representantes del servicio exterior del gobierno británico y amenazaría los intereses nacionales en aquellos países carentes de escrúpulos.

Assange y su abogado, Baltasar Garzón, comparecen hoy en la embajada | Internacional | EL PAÍS

 

Apoyo bolivariano por el asilo para Assange

A horas de que Assange hable en público por primera vez desde que Ecuador le otorgara asilo diplomático, los cancilleres del ALBA preparaban un documento en respaldo de Quito. Para hoy se espera el pronunciamiento de la Unasur.

Los cancilleres de los países de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) se reunieron ayer para analizar el asilo político otorgado por Ecuador al fundador de Wikileaks, Julian Assange.

La Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) se reúne hoy, día elegido por Assange para hacer una declaración pública.

El encuentro se llevó a cabo en la ciudad costera de Guayaquil, Ecuador, con la presencia del presidente de este país, Rafael Correa. Los cancilleres del ALBA –una alianza subregional de países conformada por Venezuela, Cuba, Bolivia, Nicaragua, Dominica, Ecuador, San Vicente y las Granadinas, y Antigua y Barbuda– sólo tenían en la agenda el tratamiento del conflicto derivado entre Ecuador y el Reino Unido a raíz del otorgamiento por parte de Quito del asilo al fundador de Wikileaks, que permanece refugiado en la sede diplomática ecuatoriana en Londres y es reclamado por la policía inglesa para ser deportado a Suecia por un caso de abuso sexual. El temor del periodista australiano pasa por una posible deportación desde el país escandinavo a Estados Unidos, donde podrían condenarlo incluso a pena de muerte por los secretos de Estado difundidos a través de Wikileaks. “Esto debe merecer una respuesta contundente, unánime de todos los países que defendemos los principios del derecho internacional”, dijo Correa. Además, expresó que esa “inaudita amenaza” es “un precedente nefasto para el resto de países porque lo que ha ocurrido es extremadamente grave no sólo para Ecuador sino para América latina, para la Patria Grande y para el planeta entero”. El canciller de Venezuela, Nicolás Maduro, en nombre de los países de este bloque regional, expresó ayer que el conflicto de Ecuador con Gran Bretaña no es bilateral. “Precisamente estamos en una batalla que no le corresponde darla sólo al Ecuador”, dijo. “Ecuador es nuestro hermano y cuando un hermano es amenazado lo que cabe es juntarnos y hacer valer en términos prácticos la palabra solidaridad”, señaló. Al cierre de esta edición, los cancilleres iniciaron la reunión en presencia de medios de comunicación. Luego, deliberarán a puertas cerradas para definir una declaración conjunta.

Hoy será el turno de la Unasur, compuesta por la Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela. A petición de Ecuador, y en una sesión extraordinaria de cancilleres, este bloque debatirá el tema. La situación de Assange es seguida de cerca también por la Organización de Estados Americanos (OEA) que aprobó el viernes la propuesta de Ecuador de convocar a sus cancilleres a una reunión de urgencia en Washington para discutir la crisis entre Quito y Londres. La resolución para celebrar el encuentro, que se realizará el viernes en Washington, fue aprobada por 23 votos a favor y tres en contra: Estados Unidos, Canadá y Trinidad y Tobago.

En declaraciones realizadas ayer, el presidente ecuatoriano, Rafael Correa, calificó como “inaceptable, intolerable, grosero y desconsiderado”, que Londres evalúe la posibilidad de ingresar por la fuerza a la embajada ecuatoriana para detener a Julian Assange, quien se encuentra como asilado diplomático. “En Ecuador hay un gobierno soberano que no se arrodilla ante nadie”, afirmó el mandatario. “No se enteraron que América es libre y soberana y que no aceptaremos injerencias ni colonialismos de ninguna especie”, señaló. En tanto, el primer ministro sueco, Fredrik Reinfeldt, defendió la independencia del sistema judicial de su país, después de que Ecuador concediera el jueves el asilo político a Assange, reclamado por la Justicia sueca. Sin embargo, el coordinador de la defensa de Assange, el ex juez español Baltasar Garzón, teme que si es extraditado a Suecia pueda ser entregado a Estados Unidos, donde se lo requiere por presunto espionaje tras la publicación de documentos secretos del Pentágono y el Departamento de Estado, por lo cual cree que puede ser condenado a cadena perpetua o pena de muerte. En Londres, un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores británico declaró que Gran Bretaña está decidida “a trabajar con los ecuatorianos para resolver este caso amistosamente”.

Pese a que fue advertido de que sería detenido apenas ponga un pie fuera de la embajada de Ecuador, Assange confirmó que hoy hará una declaración pública “delante de la embajada”, sin especificar si lo hará desde un balcón o desde el marco de la puerta de la representación. “Estamos al corriente de esta posibilidad (de que Assange salga del edificio). Actuaremos de manera apropiada en función de lo que ocurra”, declaró un portavoz de la policía londinense, que tiene a varios agentes frente a la legación. La embajada ecuatoriana está situada en uno de los apartamentos de un edificio del elegante barrio londinense de Knighstbridge, donde hay otras dependencias, entre ellas la embajada de Colombia. Assange podría optar por hablar en las escaleras, aunque el Ministerio de Relaciones Exteriores británico indicó que las partes comunes del edificio, incluyendo el vestíbulo, están consideradas como territorio británico, por lo que el australiano podría ser detenido. Otra posibilidad sería salir al balcón o incluso que Assange apareciera en una televisión que retransmitiría su mensaje en directo desde el interior de la embajada, como informó ayer el tabloide inglés Daily Mail.

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