Ficha Corrida

21/08/2016

Público na privada

Filed under: Cleptocracia,Maurício Macri,Panama Papers,Público na Privada,Plutocracia — Gilmar Crestani @ 7:55 pm
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macriA volta dos mortos vivos, muito vivos. Pensava-se que depois de Alberto Fujimori, Carlos Menem e FHC não haveria mais espaço para retorno da plutocracia viciada em jogar recursos públicos na privada. Mas roda da história gira, e a lusitânia, roda.

Os governos de esquerda pagam as dívidas, constroem empresa lucrativas e, com os lucros, investem em programas de inclusão social. Na Argentina do Grupo Clarin ou no Brasil da Rede Globo, ambos filiados a SIP, avó do Instituto Millenium, investir em programas de inclusão social é crime inafiançável.

A Rede Globo escalou seu magarefe para atacar as cotas raciais. Ali Kamel escreveu “Não Somos Racistas”. Claro, se pudessem caçariam a Princesa Isabel e revogariam a Lei Áurea. Como não podem, atiçam seus capitães de mato contra Lula.

Na Argentina a direita pelo menos teve a decência de vencer no voto. No Brasil, a cleptocracia foi ardorosamente defendida pela Marcha dos Zumbis recrutados pela Rede Globo. Não por acaso os principais personagens do golpe estão, como Maurício Macri, finanCIAdos pela Mossack & Fonseca, passando lua de mel no Panamá

Mais uma vez, tudo o que foi construído ao longo de 12 anos virou, para delírio do primeiro a ser comido, pó. Vem aí novos empréstimos no FMI e dinheiro do BNDES para financiar a compra do que não são capazes de administrar, quanto mais construir. Para os promotores do golpe paraguaio, a privataria tucana foi uma bênção. É a volta do público na privada.

É o efeito orloff, aconteceu na Argentina, acontece no Brasil.

 

Estado bobo, privado rico

Por Alejandro Giuffrida
Una nueva ley de asociación público privada se cocina en el Congreso de la mano del PRO y a la medida de las multinacionales. El Estado siempre será minoría en las sociedades, los contratos escaparán a las regulaciones nacionales pero se beneficiarán de los fondos y las investigaciones públicas argentinas.
El gobierno de Mauricio Macri avanza en el Congreso con una ley que fija un nuevo régimen de inversión en la obra pública, que le abra las puertas de par en par al capital foráneo sin controles pero con garantías. La discusión comenzó la semana pasada en el Senado, pero el texto en debate es un caballo de Troya: se redactó en los escritorios de los bufetes de abogados de las grandes multinacionales. En esos estudios hablan de un texto de ley light para que lo aprueben los aliados legislativos de Cambiemos, y aseguran tener información de que luego de sancionada la ley, la reglamentación será pro-multinacionales por parte del Ejecutivo.
El esquema implica, en concreto, la prestación directa al usuario de un servicio público por parte de una empresa privada. Los apóstoles de este sistema se esfuerzan por despegarlo del término “privatización”, pero en los papeles hay muchos puntos en común. Uno de ellos es el retorno a los tribunales externos para la resolución de conflictos, es decir los juicios ante el Ciadi.
Denominado en la región tanto Asociación Público-Privada (APP) como Participación Público-Privada (PPP), el formato tiene como principales referentes latinoamericanos a las economías de México, Colombia y Perú. En la Argentina hubo algunos antecedentes pero no llegaron a aplicarse.
En los hechos, el proyecto en debate en el Senado anula las leyes de Obra Pública y de Concesión de Obra Pública. Es decir que las obligaciones que deberá afrontar el privado serán sólo aquellas que se encuadren en la ley que se está debatiendo (de contenidos generales y sin demasiado detalle, para habilitar una reglamentación a medida) y, sobre todo, las que fijen el contrato y el pliego de licitación de cada obra.
En otras palabras, el Ejecutivo tendrá frente a cada proyecto que quiera canalizar por el régimen de PPP la capacidad arbitraria de fijar las obligaciones que el sector privado tendrá que cumplir en esa operación. Además, si bien el régimen es de participación mixta, el Estado Nacional nunca podrá tener una posición mayoritaria en la asociación con un privado. Las reglas no las fijará el capital público.
Otro punto polémico es que las contrataciones podrán ser directamente en dólares o, si se trabaja con un esquema en pesos, el contratista podrá exigir la redeterminación del precio de la obra al momento de la ejecución, burlando plenamente el pliego y la oferta aprobada. Para esto, Cambiemos tuvo que cargarse la ley de convertibilidad de Cavallo, que tiene artículos específicos sobre la prohibición de indexaciones. Incluso, si la empresa se endeuda para hacer la obra licitada y después no puede hacer frente a sus obligaciones financieras, entonces el contrato pasa directamente a favor del acreedor.
El encargado oficial de avanzar sobre los PPP es Horacio Reyser, el hombre en Presidencia que tiene a su cargo transformar en realidad la “lluvia de inversiones” esperada. Su promesa hacia Macri fue consolidar un flujo de Inversión Extranjera Directa (IED) por sobre los 25.000 millones de dólares anuales.
Durante la campaña electoral, también el equipo de Daniel Scioli había adelantado su voluntad de crear un esquema público-privado, que es habitualmente impulsado por el Banco Mundial y otros organismos internacionales de crédito.
La pluma del abogado
El proyecto que ingresó el Poder Ejecutivo en la Cámara Alta –y que ya está en discusión en Comisiones- fue directamente armado por los bufetes de abogados de las grandes corporaciones, en consonancia con el rol que solían tener durante el menemismo.
Según pudo saber Nuestras Voces en palabras de una fuente del Senado, el proyecto tiene la pluma de dos estudios de abogados representantes de los grandes capitales extranjeros que operan en el país: Beccar-Varela y O’Farrell.
El Estudio Beccar Varela tiene como cartera de clientes al mundillo financiero local y externo. El Citi, Galicia, Itau, Merrill Lynch, J.P.Morgan, Credit Suisse, Deutsche Bank, por sólo citar a los más renombrados. Sus oficinas están en el tercer piso del Edificio República, aquel que alguna vez fuera sede del banco de Raúl Moneta.
El Estudio O’Farrell, en tanto, se destacó como el representante habitual de multinacionales, muchas de ellas con antecedentes de conflictos legales contra el propio país, y otras tantas ligadas al mercado energético y minero.
La plataforma de abogados es también la garantía de Cambiemos para llenar su mini cumbre de negocios internacional, bautizada Foro de
Negocios e Inversión.
A mediados de septiembre, el Gobierno reunirá en el Centro Cultural Kirchner (CCK) a banqueros y CEOS del Banco Mundial, Goldman Sachs, JP Morgan, Council of the Americas, el Citigroup, la CNN, Coca Cola, entre tantas otras multinacionales y organismos de crédito. Para ese entonces, aspiran a presentar una Ley de Participación Pública-Privada sancionada, o por lo menos a punto de…
En los centros financieros de Estados Unidos y Europa ya circula un documento, en el que directamente se asegura que el Gobierno de Macri presentó ante el Congreso un proyecto lavado, con poco detalle de regulación, para que una vez sancionado el Ejecutivo pueda incluir las cláusulas “necesarias para establecer un régimen global”, que “se espera que sea consistente con los más avanzados regímenes de otras jurisdicciones de América Latina”.
Los textuales pertenecen a una de las últimas presentaciones de la firma de abogados Clifford Chance, una multinacional con sede en Londres, que encabeza el listado de bufetes mundiales destinados a “Capital markets” y “Litigation & Dispute resolution”. La promesa de Macri de traer inversiones extranjeras venía silenciosamente acompañada de la pérdida de controles y regulaciones.
Nuestras Voces
http://www.nuestrasvoces.com.ar

Nota de tapa

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