Ficha Corrida

21/04/2015

Tríplice coroa

No mesmo dia em que aparecem mais ligações entre o Grupo Clarín, o irmão siamês da Rede Globo em golpismo, ambos filiados à SIP, avó do Instituto Millenium, com o golpista argentino, Maurício Macri, o Aécio Neves portenho, mas com menos pó, também se desmancha o castelo de areia envolto no caso Nisman & CIA e fundos podres que haviam se unido para derrotar Cristina Kirchner.

O Grupo Clarín, assim como a Rede Globo, foi parceira da ditadura e com ela se locupletou, inclusive no roubo de bebês. A herdeira do Grupo Clarin, D. Hernestina Herrera de Noble, adotou dois bebês cujos pais foram sumidos, muito provavelmente nos voos da morte, quando aviões jogavam presos políticos sobre o delta do Rio Paraná. Agora, assim como a Globo foi pega em sonegação, por isso tenta de todas as formas derrubar Dilma e por isso novamente se une a golpistas, também o Grupo Clarín vê em Maurício Macri a salvação que a Ley de Médios lhe negou. Recentemente a Revista Veja tentou fazer uma dobradinha com o Grupo Clarín, provavelmente muito bem finanCIAdos, dizendo que o filho de Cristina Kirchner tinha conta no exterior. O banco apontado pela Veja negou. E a Veja? Só negou…

Outro ponta deste tridente de hoje foi a descoberta da participação Fondos Buites, fundos podres, na armação com o procurador Nisman, muito bem alimentado pela CIA, na morte do procurador para incriminar o governo argentino. Os EUA tentaram de todas as formas envolver o Irã, na busca da construção de uma justificativa para mais uma cavalgada insana em busca do petróleo iraniano. Um ex-diretor da entidade judaica, AMIA, “Jorge Elbaum, quien publicó el sábado pasado una columna en Página/12 en la que vinculó al fallecido fiscal Alberto Nisman con los fondos buitre y reveló el contenido de una serie de reuniones del magistrado con directivos de la DAIA, periodistas e intelectuales que buscaban presionar para que las entidades de la comunidad judía tomaran una postura contraria al Memorándum de Entendimiento con Irán.” O engraçado no imbróglio dos fundos podres é que eles investiam em papéis públicos argentinos que, por ter alto risco, davam muito ganho. Quando a Argentina quebrou, eles não quiseram quebrar. É o tal de investimento de risco sem risco. Do tipo descoberto na Operação Zelotes, cujas cabeças conhecidas são a RBS e Gerdau.

O terceiro elo foi justamente o enterro da denúncia de Nisman segundo a qual Cristina Kirchner era acusa de acobertar o Irã no atentado à AMIA. Todos os três textos reproduzidos abaixo.

Assim como nós sabemos quem finanCIA o MBL e o Fernando Gouveia, a Argentina também sabe quem sustenta Maurício Macri e o Grupo Clarín. Por traz de tudo, os sempre escusos interesses dos EUA, a terra do terrorismo de Estado.  

 

El muro que levantó el Grupo Clarín y que la Justicia mandó derribar.

Con una millonaria ayudita de los amigos

Con el pretexto de la “urgencia” para reacondicionar vagones del subte, el gobierno porteño le alquiló el galpón al Grupo Clarín por un millón y medio de dólares por año.

Por Werner Pertot

Además de rehusarse a demoler el muro construido junto a la planta de impresión del Grupo Clarín, el gobierno de Mauricio Macri le alquiló un galpón en ese mismo lugar al holding empresarial por un costo anual de un millón y medio de dólares. Para hacerlo, sortearon mecanismos de control con el pretexto de la urgencia de conseguir un lugar para los vagones de subte de la línea B que debían ser reacondicionados. “Estamos acostumbrados a los manejos desprolijos e irregulares de Sbase, pero en este caso particular, se revela la especial relación del gobierno de Macri con el Grupo Clarín”, señaló el auditor porteño Eduardo Epszteyn.

Se trata de la planta denunciada por los legisladores Aníbal Ibarra y María Elena Naddeo por construir un muro que impide el paso en una calle pública. Los dirigentes y un vecino presentaron un amparo, ya que el gobierno porteño se negaba a demoler el muro. En la causa judicial, la gestión PRO argumentó que no sabía si el muro existía, que no tenía conocimiento de quién lo construyó y otra serie de argumentos de antología. La jueza Lidia Lago los desarmó uno por uno en un fallo en el que le ordenó al gobierno de Macri que demuela el muro en un plazo de diez días. La procuración porteña apeló para evitar tener que demoler un muro que corta el acceso a una calle pública, que es utilizada por la planta de impresión del Grupo Clarín como estacionamiento privado y depósito.

El conductor Víctor Hugo Morales sufrió una agresión la semana pasada, cuando fue a tomar imágenes del muro para su programa Bajada de línea, donde se dieron los primeros detalles de la relación entre Sbase y el galpón del Grupo Clarín. Según pudo reconstruir el equipo del auditor Epszteyn, la procuración porteña emitió un dictamen a posteriori del alquiler de parte de un galpón de 7000 metros cuadrados en Agustín Magaldi 2139 por la bicoca de 115 mil dólares más IVA por mes. El contrato de alquiler fue firmado por Sbase, la empresa estatal de subtes que controla el macrismo, con un fideicomiso de nombre LOMA XXI, que comparte la dirección fiscal con el Grupo Clarín y con AGEA.

El lugar fue alquilado para recibir los vagones que llegaron de Madrid para la línea B. Curiosamente, pese a que el gobierno porteño sabía con anticipación de la llegada de estos vagones, la contratación del galpón se hizo utilizando un mecanismo previsto para casos de urgencia, que evitó el dictamen previo de la procuración.

En su dictamen posterior, la procuración –que conduce Julio Conte Grand, un funcionario designado por Macri– encontró que varias de las cláusulas del contrato “colisionan con lo dispuesto en el Reglamento de Contrataciones” de Sbase. No encontró probada la excepcionalidad para firmar ese contrato ni por qué se hizo en moneda extranjera. “Considero que deberá acompañarse de un informe técnico por el cual se deberá invocar y justificar debidamente las razones por las que motivaron y tornaron necesario tales apartamientos respecto del Reglamento de Contrataciones de Sbase, considerando que se trata de un mecanismo contractual de excepción”, le marcó la procuración porteña a Sbase. “La actuación de la procuración es pública –detalló Epszteyn–. Mi equipo la encontró, ya que tenemos como costumbre buscar toda información pública relacionada con un tema que se esté auditando. Y justamente estamos auditando a Sbase.”

La resolución 2124/14 de Sbase, firmada por su presidente Juan Pablo Piccardo –a la que accedió Página/12–, corrobora lo planteado por el equipo de Epszteyn: el contrato se firmó el 14 de agosto de 2014, tiene una duración de 36 meses, y un canon de 115.500 dólares por mes a partir del 1° de marzo de este año. Y la frutilla del postre: la inmobiliaria que hizo las averiguaciones para Sbase se llevó otros 173.250 dólares en comisiones.

Página/12 :: El país :: Con una millonaria ayudita de los amigos

 

EL PAIS › LA DAIA EMITIO UN COMUNICADO PARA RESPONDER A LA PRESIDENTA Y AL EX DIRECTOR JORGE ELBAUM

Los nexos entre la denuncia y los buitres

Antes de partir hacia Rusia, la Presidenta subió a las redes sociales su análisis sobre lo revelado.

La entidad judía buscó desmentir lo revelado por su ex director ejecutivo en un artículo publicado en Página/12 sobre las presiones para derogar el memorándum con Irán.

La DAIA le respondió a través de un comunicado a la presidenta Cristina Kirchner y al ex director ejecutivo de esa entidad Jorge Elbaum, quien publicó el sábado pasado una columna en Página/12 en la que vinculó al fallecido fiscal Alberto Nisman con los fondos buitre y reveló el contenido de una serie de reuniones del magistrado con directivos de la DAIA, periodistas e intelectuales que buscaban presionar para que las entidades de la comunidad judía tomaran una postura contraria al Memorándum de Entendimiento con Irán. La Presidenta retomó el artículo y consideró que se trata de un “modus operandi global”. La DAIA expresó su “consternación y preocupación” ante lo dicho por Elbaum y volvió a calificarlo de falso. El ex directivo ratificó sus dichos y replicó a la DAIA, a la que consideró “una institución muy poco representativa”.

“En la Argentina se intentó que el Congreso no aprobara el Memorándum de Entendimiento. Cualquier similitud no es mera coincidencia y mucho menos casualidad”, afirmó CFK en un texto que subió a su página web durante el fin de semana. “Estamos ante un modus operandi de carácter global que no sólo lesiona severamente las soberanías nacionales interfiriendo y coaccionando el funcionamiento de los distintos poderes de los Estados, sino que además genera operaciones políticas internacionales de cualquier tipo, forma y color”, advirtió.

Lo de modus operandi tenía que ver con un artículo aparecido en el diario israelí Haaretz que revelaba cómo lobbistas pro israelíes operaban en estos días para que sancionen una ley para revisar el acuerdo nuclear que Estados Unidos firmó con Irán.

La DAIA emitió un comunicado, firmado por su presidente, Julio Schlosser, y su secretario general, Jorge Knoblovits, en el que consideró: “La representación política de la comunidad judía argentina expresa su consternación y preocupación respecto de imputaciones formuladas por la máxima autoridad del país, lamentablemente basadas en declaraciones de un ex empleado de la DAIA y actual funcionario del gobierno argentino, plagada de falsedades y mentiras sobre supuestas confabulaciones internacionales de las cuales sería parte la entidad”.

La DAIA destacó en su comunicado de repudio que “reafirma su inclaudicable lucha por la verdad y la justicia en el caso del atentado terrorista del que fuera víctima el 18 de julio de 1994 con el terrible saldo de 85 personas asesinadas”. Indicó que su “único ámbito de actuación respecto de ese luctuoso hecho es el de los tribunales de justicia”.

Elbaum ratificó luego sus dichos y se refirió a la DAIA. “Es una institución específica que es muy poco representativa, donde votan 120 personas cada 3 años”, por lo que “ha construido simbólicamente una imagen de representatividad de la cual carece”. “Lo primero que debemos hacer desde el Estado, pero también desde los judíos, es poner en evidencia que ellos representan a una porción de derecha conservadora, aliada con los fondos buitre.”

En su artículo, Elbaum había relatado una serie de reuniones en las que Nisman les habría dicho que podía conseguir la ayuda de Paul Singer. También señaló la intervención del periodista José “Pepe” Eliaschev, del jurista Daniel Sabsay, del filósofo Santiago Kovadloff y de Marcos Aguinis para torcer la voluntad de la dirección de la DAIA en contra de la iniciativa del Gobierno. La Presidenta dijo haber leído tres veces el artículo, “algo que nunca hago”.

Página/12 :: El país :: Los nexos entre la denuncia y los buitres

 

EL PAIS › EL FISCAL DE CASACION JAVIER DE LUCA DESESTIMO LA DENUNCIA DE NISMAN CONTRA LA PRESIDENTA CRISTINA KIRCHNER

“No hay delito alguno, ni consumado ni tentado”

De Luca insistió en que no existe delito en lo denunciado. Sólo resta que la Cámara de Casación firme una resolución dejando en pie el desestimiento de primera instancia del juez Rafecas para que la denuncia de Nisman se archive.

El fiscal ante la Cámara de Casación, Javier De Luca, ayer, Por Raúl Kollmann e Irina Hauser

@El fiscal ante la Cámara de Casación, Javier De Luca, desistió ayer del recurso de Casación por la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman contra la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, el canciller Héctor Timerman, el diputado Andrés Larroque y varios dirigentes sociales. De Luca tenía la obligación de fundamentar su desistimiento y lo hizo en un escrito de 27 páginas en los que afirma que en la denuncia de Nisman “por más que se recorran todas sus hipótesis una y otra vez, no se logra encontrar delito alguno a averiguar y demostrar”. De Luca sostiene que no existe delito en la firma del memorándum ni en la constitución de una Comisión de la Verdad, todo lo cual fue votado por el Congreso. “Sostener que firmar un tratado constituye un plan criminal es un absurdo desde el punto de vista jurídico. Las supuestas motivaciones, móviles o ultra-intenciones no son delito”, remata el fiscal. Tras la presentación del escrito de De Luca, la Sala I de la Cámara de Casación seguramente dirá que el recurso no fue sostenido, lo que deja firme el desestimiento original del juez Daniel Rafecas. Será el final de una denuncia que naufragó desde el principio (ver aparte).

Tratado

Aunque se pretenda descalificar a De Luca por su pertenencia a la agrupación Justicia Legítima, lo cierto es que el fiscal no sólo siguió los lineamientos del fallo de primera instancia de Rafecas y de dos de los tres jueces de Casación –Jorge Ballestero y Eduardo Freiler–, sino que convalidó los mismos argumentos que públicamente explicaron juristas de la talla de Raúl Zaffaroni, León Arslanian, Ricardo Gil Lavedra, Julio Maier o Luis Moreno Ocampo. Todos coincidieron en que en la denuncia de Nisman no existe delito o que tenía más de denuncia política que judicial.

El fiscal dice: “Véase que la conformación de una ‘Comisión de la Verdad’ y la notificación a Interpol de la celebración del acuerdo internacional están escritas en el mismo memorándum, totalmente a la vista, y fueron ratificados por el Congreso de la Nación. Es decir, nuestros legisladores, en el ejercicio de su potestad constitucional, dispusieron esas cláusulas. No queda resquicio alguno para operaciones encubiertas o la realización de móviles ocultos, porque está todo a la vista. Un tratado es equiparable a una ley. Fue votado por el Congreso. Es el soberano el que decide. Hay tratados que eximen de extradición, que modifican regímenes de excarcelaciones y todo ello está dentro de las facultades del Legislativo y el Ejecutivo, que luego promulga. No puede haber delito en eso”.

Interpol

Ya está demostrado que la Cancillería no pidió el levantamiento de las alertas rojas. Las pruebas exhibidas fueron categóricas: la carta a Interpol advirtiéndole que la firma del memorándum no cambiaba el status de las capturas; la respuesta de Interpol ratificando que no habría cambios; las declaraciones de Ronald Noble.

Sin embargo, De Luca resalta que ni el Ejecutivo ni el Legislativo argentino tenían facultades para incidir en el levantamiento de las órdenes de captura, incluso si se hubiera hecho alguna gestión. “No existe en Interpol el mecanismo de solicitudes u órdenes de los poderes ejecutivos –afirma De Luca–. No es un procedimiento reglado para bajar las alertas rojas. Ni Argentina ni Irán tienen capacidad legal de bajar alertas. Sólo los jueces son quienes pueden solicitar a Interpol las altas y las bajas de las capturas internacionales de personas imputadas de delitos, que dan lugar a un procedimiento reglado de Interpol. Los otros poderes de los respectivos Estados no tienen una competencia específica para incidir en el proceso interno de la Interpol al respecto, ni para darles el alta ni para darles la baja.”

AMIA

Hay un punto del dictamen de De Luca que va a uno de los meollos del memorándum. El fiscal explica que el tratado no detuvo nada de la causa judicial argentina, que siempre estuvo en las manos de un juez, Rodolfo Canicoba Corral, y delegada en un fiscal, Nisman. De Luca analiza que el expediente afrontaba un problema sin solución: los prófugos no podían ser indagados porque ni se presentaban voluntariamente ni podían ser aprehendidos. “No se podía avanzar –señala De Luca–. En ese contexto, se desprende de la simple lectura del memorándum que el acuerdo no pretende otra cosa que traer a derecho a esas personas para que declaren ante el juez de la causa. La historia judicial argentina está plagada de búsqueda de soluciones, porque no se trata de un conjunto de normas pétreas. Los poderes del Estado competentes buscan e instauran un mecanismo que destrabe una situación. Y la solución puede ser criticada por los políticos, la doctrina, las partes, pero es lo que pudieron y supieron concretar quienes dirigen las políticas exterior y criminal de la República.” Esto no significa –redondea De Luca– que el Ejecutivo o el Legislativo hayan entorpecido la causa judicial, que siempre estuvo a cargo de un magistrado. No se afectó el trámite judicial en la Argentina. Tampoco significó ayuda para los prófugos, no les facilitó la elusión de la Justicia.

Comisión

De Luca responde al argumento de que la creación de la Comisión de la Verdad, en el marco del Memorándum, sea una ayuda a los prófugos y, por lo tanto, un delito. “De la lectura misma del memorándum –dictamina De Luca– surge que el juez y el fiscal a cargo de la etapa de investigación no están obligados ni vinculados por las acciones y conclusiones de la llamada ‘Comisión de la Verdad’, de modo que no tiene efectos sobre el proceso porque siempre dependerán de la decisión autónoma que tomen los magistrados a cargo. La intervención de la Comisión no tiene mayor valor que el que pudieran tener las infinitas opiniones, estudios, investigaciones y conclusiones que sobre el atentado hubo desde el primer día. Y ello conduce a visibilizar que el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, al concretar este acuerdo, con esa redacción, de ningún modo entorpecieron la marcha del proceso penal que, reitero, en nuestro país está a cargo de un magistrado que pertenece a otro poder del Estado.”

Delito

El fiscal de Casación, en su desistimiento del recurso, polemiza con lo que llama una falacia “consistente en sostener que la hipótesis del denunciante (Nisman) puede dar lugar a un delito o puede dar lugar a un no delito, lo cual demanda investigación para su dilucidación”. El fiscal rechaza ese proceder: “Si se reciben denuncias del tipo ‘en la casa de al lado se trafican estupefacientes’, o que ‘Fulano mató a Mengano’, o de un robo de una cartera, etcétera, debemos investigarlas porque se parte de la base de que traficar estupefacientes, matar a otro, o robar, son delitos. Pero si la denuncia consiste en tratar de probar si Fulano es infiel a su mujer porque tiene manceba, esa investigación está vedada porque el adulterio no es más delito en la Argentina. En este caso, como ya se dijo, el supuesto intento de hacer caer las alertas rojas y la creación de una comisión que opinaría sobre el caso, no pueden constituir la base de un delito, porque no son una ayuda para los prófugos y se inscriben en la competencia constitucional de los otros poderes del Estado”. Es decir que hubo un tratado y una ley, que –como señaló la Cámara Federal– pudo haberse considerado inconstitucional, pero no un delito.

Finalmente, el fiscal les responde a quienes dicen que hay que investigar e iniciar un proceso de recolección de pruebas. “Nuestra ley –remata De Luca– exige que lo que se denuncie e investigue sean hechos que constituyan delitos y no cualquier hecho de la vida. En este caso no estamos ante hechos que no se pudieran probar, sino que lo que se pretende probar son hechos que no podrían configurar un delito.”

Página/12 :: El país :: “No hay delito alguno, ni consumado ni tentado”

2 Comentários »

  1. […] Source: fichacorrida.wordpress.com […]

    Pingback por Tríplice coroa | psiu... — 21/04/2015 @ 7:36 pm | Responder

  2. […] No mesmo dia em que aparecem mais ligações entre o Grupo Clarín, o irmão siamês da Rede Globo em golpismo, ambos filiados à SIP, avó do Instituto Millenium, com o golpista argentino, Maurício Macri…  […]

    Pingback por Tríplice coroa | EVS NOTÍCIAS... ... — 21/04/2015 @ 7:36 pm | Responder


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